Nancy Jazmin López Altamirano

Expediente 271/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
271/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Nancy Jazmin López Altamirano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 271/2021 III-B, promovido por ***, contra el acto que reclama del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y otras autoridades. I. ANTECEDENTES La promovente del amparo refiere que no ha cometido delito alguno. No obstante lo anterior, indica que Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron a su domicilio a ejecutar una orden de arresto dictada en su contra, la que refiere fue ordenada por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente familiar 465/2016, aparentemente derivado de una determinación emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el incidente de Que en el referido juicio de amparo, tiene la calidad de tercero interesada. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **, presentó un escrito el doce de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Con el carácter de autoridad responsable ordenadora señalo: CIUDADANO JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO EN EL ESTADO DE OAXACA. CIUDADANO JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA. Con el carácter de autoridad responsable ejecutora señalo: C. COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL EDE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. C. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE OAXACA. C. DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON RESIDENCIA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable ordenadora reclamo la orden de arresto librada en mi contra. De las autoridades responsables ejecutoras reclamo la inminente ejecución material de dicha orden de arresto." La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca en la fecha de su recepción; en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se registró con el número 265/2021 y al haber sido señalado como autoridad responsable, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del asunto. El dieciocho de marzo del presente año, se recibió la demanda de mérito; el diecinueve posterior se registró con el consecutivo 271/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de siete de abril del año en curso, se ordenó emplazar al tercero interesado Giovanni Guillermo Solórzano Labastida, lo que se llevó a cabo el trece posterior. Seguido el trámite del presente juicio, la audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado emana de un expediente familiar y la autoridad responsable se ubica dentro la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama, lo siguiente: Del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca: La orden de arresto decretada en su contra. Del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y del Director de la Policía Municipal, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca: La ejecución de la orden de arresto reclamada. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA Al rendir informe justificado, el Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, negó el acto que se le atribuyó, precisando que dicho órgano jurisdiccional no ha librado orden de arresto en contra de la quejosa. Sin embargo, indicó que mediante resolución interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil veinte, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 299/2020, promovido por Giovanni Guillermo Solórzano Labastida, se concedió la medida precautoria para que entre el menor S.G.S.L. y el nombrado, se verifique el régimen de convivencia física decretado en el expediente 465/2016 del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, elevado a categoría de sentencia definitiva. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente del amparo, está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca haya emitido la orden de arresto que reclama, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que de las documentales allegadas al expediente, es palpable que no tuvo injerencia en la emisión de los mismos. VI. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 212775, que al rubro y texto dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido de los informes justificados. El Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, aceptó el acto que se le atribuye. Al respecto, indicó que el arresto decretado en contra de Nancy Jazmín López Altamirano deriva del cumplimiento a la suspensión definitiva de veintinueve de mayo de dos mil veinte, dictada en el cuaderno incidental 299/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la cual se concedió al progenitor no custodio Giovanni Guillermo Solórzano Labastida, la medida precautoria para que se verifique la convivencia física con su menor hijo S.G.S.L. Lo anterior, se corroboró con las copias certificadas del expediente 465/2016, que acompañó el Juez Familiar responsable en apoyo a su informe de ley, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia de la diligencia reclamada. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sirve de apoyo, para tener como plenamente probados en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Respecto de la orden de arresto reclamada por Nancy Jazmín López Altamirano atribuida al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)." Como es de verse, el precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio en la vía indirecta, en contra de resoluciones que se emitan en los juicios de amparo o en su ejecución. Ahora bien, de las constancias allegadas al expediente, destacan las siguientes: Incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 299/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca Mediante resolución interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, se concedió la medida cautelar solicitada por Giovanni Guillermo Solórzano Labastida para que entre el menor S.G.S.L. y su progenitor se verifique el régimen de convivencia física decretado en el controvertido 465/2019 de la estadística del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Expediente familiar 465/2019 del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca En proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la aquí quejosa para que dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a su legal notificación, manifestara bajo protesta de decir verdad, si es cierto o no que cambió de domicilio junto con su menor hijo; apercibida que de incumplir, se le impondría un medio de apremio consistente en veinticinco unidades de medida y actualización. En auto de trece de enero posterior, se tuvo a Nancy Jazmín López Altamirano desahogando en tiempo, pero no en forma, el requerimiento de mérito, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento al que se le conminó y se le impuso la multa ordenada. Además, se ordenó al actuario para que al momento de notificar a la nombrada el proveído en comento, la requiriera para que dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a su legal notificación, manifestara bajo protesta de decir verdad si es cierto que ha cambiado de domicilio junto con su menor hijo y de ser verdad proporcione éste; apercibiéndola que en caso de incumplir, se le impondría un medio de apremio consistente en un arresto por doce horas, en términos del artículo 79, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se hizo constar que la aquí quejosa no desahogó el requerimiento que se le hizo, por lo que se ordenó ejecutar el medio de apremio impuesto y se giró oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y/o Comisionado de la Policía Estatal para que procediera a ejecutar el arresto decretado. El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se ordenó librar nuevamente oficio al Comisionado de la Policía Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, para que procediera a ejecutar el arresto que se hizo efectivo a Nancy Jazmín López Altamirano. El diez de febrero pasado, se giró oficio recordatorio al Director Jurídico de la Policía Estatal de Oaxaca, con conocimiento al Secretario de Seguridad Pública y Comisionado de la Policía Estatal para que dentro del plazo de cuatro horas, siguientes al en que tengan conocimiento oficial del acuerdo en comento, comisionen a una unidad o patrulla para dar cumplimiento a la orden de arresto. Mediante comparecencia espontánea en el Juzgado Familiar responsable, el dos de marzo de dos mil veintiuno, la aquí quejosa manifestó, entre otras cosas, que ahora radica en Cancún, Quintana Roo. Como se reseñó con anterioridad, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 299/2020, concedió la medida cautelar solicitada por Giovanni Guillermo Solórzano Labastida para que entre él y el menor S.G.S.L. se verifique el régimen de convivencia física decretado en el expediente 465/2016 del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. En dicha resolución, se requirió al Juez responsable para que dentro del plazo de tres días, acreditara el cumplimiento a la suspensión decretada. Por lo que el homólogo federal, con la finalidad de hacer cumplir la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión 299/2020 de su estadística, realizó diversos requerimientos al Juez Familiar responsable para que informara las medidas adoptadas para cumplir con la medida cautelar. Lo que realizó el aludido Juez de Primera Instancia, como se relató en las líneas que anteceden. Además, para que informara respecto a la ejecución de la orden de arresto impuesta a la aquí quejosa y las gestiones realizadas para lograr el cobro de la multa que se le impuso previamente. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, debido a que el acto que se reclama deriva de una resolución dictada con motivo del cumplimiento a una suspensión definitiva dictada dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 299/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. En el entendido de que la causa de improcedencia que se analiza, comprende no solo las resoluciones durante la tramitación el juicio de amparo, sino también las emitidas en el incidente de suspensión. Da cuenta de lo anterior la tesis aislada 1a. LXX/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, con número de registro 182624, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Además, cabe destacar que los Jueces de Distrito, al conocer de los juicios de amparo ejercen función de control constitucional, por la investidura que les da la ley, por lo que no es jurídicamente factible combatir mediante este medio de control actos derivados de otro juicio de derechos fundamentales o incidentes de suspensión porque, de lo contrario, se desnaturalizaría la única vía establecida para ejercer la reclamación de inconstitucionalidad de actos, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Lo anterior no impide que se vulnere el derecho humano a un recurso eficaz, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con lo dispuesto en los ordinales 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que admitir lo contrario generaría inseguridad jurídica, pues el propósito del establecimiento de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las resoluciones dictadas en un juicio de amparo diverso, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. Es ilustrativa de lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable con el registro 2018315, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ." Sin que con la anterior determinación, se deje sin defensa a la peticionaria de amparo Nancy Jazmín López Altamirano, ya que al tener el carácter de tercera interesada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 299/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, tuvo a su alcance los medios de defensa o recursos previstos por la Ley de Amparo para impugnar la determinación que considera le genera perjuicio; esto es, en el caso de la suspensión definitiva, el recurso de revisión, de conformidad con el artículo 81, fracción I, inciso a), de la ley de amparo. VIII. DECISIÓN. En razón de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia precisada con anterioridad, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo solicitado por Nancy Jazmín López Altamirano. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en términos de los apartados V y VII, de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto que el tercero interesado ***, se imponga del contenido de los autos que integran el presente juicio de amparo, así como de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las constancias que remitieron. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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