Nancy Gladis Rojas Vásquez

Expediente 147/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
147/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Nancy Gladis Rojas Vásquez
  • Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Iv de la Fiscalía del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de quince de febrero del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de trece de septiembre del año en curso, se desechó de plano el escrito inicial, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO. MESA I-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que *********, pretende dar cumplimiento a la prevención contenida en proveído de nueve de febrero del año en curso; en consecuencia, se tiene por atendido el citado requerimiento y se dicta la determinación que corresponde al citado libelo. En ese contexto, del ocurso aclaratorio se desprende que la justiciable con motivo de la prevención efectuada el nueve de febrero actual (i) precisa la solicitud que formuló en su escrito de petición que presentó ante la autoridad ministerial responsable el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, (ii) señala bajo protesta de decir verdad que todos los hechos que relataron en la demanda constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación y (iii) manifiesta que tiene el carácter de ofendida en la carpeta de investigación 32378/ETLA/2021; por tanto, se tiene por cumplida la citada prevención y se emite el pronunciamiento relativo en cuanto al libelo inicial. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Nancy Gladis Vásquez Rojas, porque en relación con el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, consistente en la omisión de ejercer acción penal en la carpeta de investigación 32378/ETLA/2021, y su consecuencia jurídica materializada en la dilación en la integración de esa indagatoria se actualiza la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el medio de defensa innominado establecido por el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. Cabe señalar que el supuesto de inejercitabilidad invocado obliga a acatar el citado principio sin distinguir la naturaleza de la autoridad responsable de quien se reclama el acto, por lo que su observancia opera tratándose de Tribunales judiciales (del Poder Judicial de la Federación cuando actúan como autoridad de instancia y los del fuero local, ya sean civiles o familiares), administrativos (Tribunales federales y locales de justicia administrativa, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales, locales o burocráticos). En ese contexto, el quejoso previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Enseguida debe destacarse que la aludida causal de improcedencia establece cuatro supuestos de excepción al principio de definitividad. La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis dado que los actos reclamados aun cuando emanan de un procedimiento penal tienen una naturaleza jurídica distinta a las actuaciones descritas. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal, mientras que la cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso, supuestos en los que tampoco se ubican los actos atacados en tanto que éstos no tienen como finalidad causar una afectación a la libertad personal del justiciable. La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección federal sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento, lo que tampoco sucede en la especie en razón de que el solicitante del amparo no se ubican en esos supuestos, dado que en la carpeta de investigación de origen tiene la calidad de parte ofendida y compareció a esa indagatoria a denunciar la comisión de diversos delitos, lo que revela que tuvo conocimiento de las actuaciones que integran dicho asunto. En ese sentido, es necesario destacar que el justiciable no se encuentra dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que lo faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige a los actos reclamados establece. Ahora, el disidente reclama al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, consistente en la omisión de acordar el escrito de treinta de noviembre del año próximo pasado dentro la carpeta de investigación 32378/ETLA/2021, y como consecuencia la dilación en la integración de esa indagatoria, actos en contra de los cuales procedía el medio de defensa innominado previsto por el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el arábigo 211 del código invocado, el procedimiento penal está compuesto de las etapas siguientes: Primera. La fase de investigación, que abarca los estadios siguientes: a) la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y, b) la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Segunda. La etapa intermedia o de preparación del juicio, que abarca desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Tercera. La fase de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Por otro lado, el normativo 21, primer y segundo párrafos, de la Constitución General de la República establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél cuando realice esa función y que el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales es una facultad conferida al mencionado representante social. En otro punto, de los ordinales 212, 213, 214, 216 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierten los siguientes aspectos: La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se entere a la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un ilícito. Tratándose de informaciones anónimas la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que considere conducentes para este efecto. De confirmarse la información se iniciará la investigación correspondiente. Cuando la fiscalía tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de una querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará a ésta por escrito y de inmediato a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. La investigación tiene por objeto que el fiscal reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba que le permitan sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados por la ley. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido podrán solicitar al representante social todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. La autoridad investigadora podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar indagación alguna cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé la codificación señalada. A su vez, del contenido de los arábigos 16, décimo cuarto párrafo, y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna se obtiene que en el proceso penal acusatorio y oral la víctima o el ofendido tienen el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño y para hacer viable el ejercicio de esa prerrogativa el Constituyente Permanente estableció que los Poderes Judiciales contarán con Jueces de Control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de las medidas cautelares, las providencias precautorias y las técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. En congruencia con esas bases constitucionales el legislador secundario dispuso en los normativos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el procedimiento penal la víctima u ofendido tendrán el derecho de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos por ese ordenamiento y por las demás disposiciones legales aplicables; asimismo, estableció que las determinaciones del fiscal sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes podrán impugnarlas ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución correspondiente y que en estos casos el órgano jurisdiccional convocará a una audiencia para decidir en definitiva citando al efecto a la víctima u ofendido, al representante social y, en su caso, al imputado y a su defensor; por otro lado, dispuso que en el supuesto de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de que sean debidamente convocados, la autoridad judicial declarará sin materia la impugnación y la resolución que el órgano jurisdiccional dicte en las hipótesis señaladas no admitirá recurso alguno. En otro aspecto, es necesario señalar que el dieciocho de abril de dos mil diecinueve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló la contradicción de tesis 233/2017, en cuya ejecutoria estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio son impugnables ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, señaló que los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del código invocado otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del representante social en sus funciones de investigación, en los términos previstos en la propia codificación; asimismo, puntualizó que el arábigo 16, décimo cuarto párrafo, del Pacto Supremo, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el Alto Tribunal del País indicó que el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; así, precisó que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones del representante social en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea argumentativa, el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación sostuvo que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del fiscal que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación sea ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De acuerdo con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual -precisó- debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En ese sentido, la Superioridad puntualizó que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el dispositivo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, estableció que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto se debe agotar ese medio ordinario de defensa, en observancia al principio de definitividad. Las consideraciones establecidas en la ejecutoria dictada en el diferendo de criterios señalado dieron origen a las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, de contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En otro aspecto, es necesario señalar que la jurisprudencia dictada por los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación es una fuente formal de derecho y un medio de control constitucional tendente a garantizar la supremacía de la Norma Fundamental. En esa línea, es factible sostener que las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) insertas en los párrafos anteriores son vinculantes para este órgano de control constitucional, en términos de lo dispuesto por el precepto 217 de la Ley de Amparo, los cuales deben aplicarse en el caso particular porque el contenido de esos criterios tienen relación con el supuesto de improcedencia que se examina, ya que de no hacerlo implicaría desconocer una interpretación que es acorde a una realidad jurídica, que proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente Permanente al máximo y último intérprete del Pacto Federal; además, la adopción de esa postura da certeza y seguridad jurídica al sistema judicial y permite que esa determinación sea congruente con la interpretación más reciente realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con base en lo anterior, es viable sostener que los actos reclamados al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, consistente en la omisión de acordar el escrito de petición de treinta de noviembre del año próximo pasado dentro la carpeta de investigación 32378/ETLA/2021 y como consecuencia la dilación en la integración de esa indagatoria son susceptibles de impugnarse ante el Juez de Control a través del medio de defensa innominado previsto por el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se sostiene lo anterior, porque la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al fallar la contradicción de tesis 233/2017 estableció que el aludido dispositivo prevé la posibilidad de combatir las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal y precisó que en general se trata de actuaciones del representante social que tienen como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; en este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones en las que incurra la fiscalía en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio y oral encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que los ofendidos -la quejosa tiene acreditada esta calidad ante la responsable en la carpeta de investigación 32378/ETLA/2021- pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el normativo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por tanto, el justiciable previamente a la promoción de este juicio constitucional debió agotar ese mecanismo ordinario de defensa en observancia al principio de definitividad, sin que haya atendido esa carga procesal. Efectivamente, de acuerdo con lo expuesto es factible sostener que en las normas constitucionales y legales citadas está reglamentada la impugnación de las omisiones en las que incurra el representante social en la atapa de investigación del procedimiento penal, por lo que si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación de la parte quejosa de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente. Por las consideraciones expuestas se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dado que el disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el medio de defensa innominado establecido por el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las actuaciones reclamadas. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo este Juzgador determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Nancy Gladis Vásquez Rojas en contra de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, consistente en la omisión de acordar el escrito de petición de treinta de noviembre del año próximo pasado dentro la carpeta de investigación 32378/ETLA/2021 y como consecuencia la dilación en la integración de esa indagatoria, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

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