Nancy Herrera Santibañez
Expediente 1232/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Nancy Herrera Santibañez
Actuaciones
- Principal
Se agregan al expediente los oficios del: Agente del Ministerio Público Orientador adscrito a la unidad de Orientación, Análisis y resolución Inmediata 04, modulo Uno, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata; Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, modulo tres; Agente del Ministerio Público Orientador, adscrito a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata 04, modulo cuatro, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; Agente del Ministerio Público Orientador, adscrito a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata 04, modulo cinco, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; y, Directora de Mandamientos Judiciales; en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado y del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por los cuales rinden los informes justificados que les corresponden. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, modulo tres, informa que no existe el modulo seis. Atento a lo anterior, se ordena hacer del conocimiento de la quejosa la inexistencia de la autoridad señalada como Agente del Ministerio Público Orientador Número Seis adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, y se le requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al que sea legalmente notificada de este proveído, corrija o aclarare el nombre de la citada autoridad que designó como responsable o en su caso, acredite que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le sancionará declarándola inexistente.
- Incidental
Se agregan al incidente los oficios del: Agente del Ministerio Público Orientador adscrito a la unidad de Orientación, Análisis y resolución Inmediata 04, modulo Uno, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata; Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, modulo tres; Agente del Ministerio Público Orientador, adscrito a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata 04, modulo cuatro, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; Agente del Ministerio Público Orientador, adscrito a la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata 04, modulo cinco, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; y, Directora de Mandamientos Judiciales; en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado y del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por los cuales rinden sus informes previos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos para resolver este incidente. Por otra parte, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, modulo tres, informa que no existe el modulo seis. Atento a lo anterior, se ordena hacer del conocimiento de la quejosa la inexistencia de la autoridad señalada como Agente del Ministerio Público Orientador Número Seis adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, y se le requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al que sea legalmente notificada de este proveído, corrija o aclarare el nombre de la citada autoridad que designó como responsable o en su caso, acredite que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le sancionará declarándola inexistente.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos promovida por *****, por propio derecho contra actos del Agente del Ministerio Público Orientador Número Uno adscrito a la Fiscalía General de Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Entonces, debido a que la demanda cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite el juicio con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Apertura del incidente de suspensión Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; al cual deberá glosarse copia certificada de este acuerdo. Notificación del fiscal adscrito. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a las autoridades responsables que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberán remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrán rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a las responsables que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Solicitud de antecedentes. Además, se requiere a las autoridades responsables que manifiesten si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Informe de terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se solicita a las autoridades responsables para que en el plazo de cinco días , contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en la causa penal o carpeta de investigación), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. En caso de que el acto reclamado haya sido emitido por una autoridad judicial, de manera adicional, deberán proporcionar el nombre del fiscal encargado de la carpeta de investigación o que haya intervenido en la audiencia correspondiente, así como el domicilio señalado por éste para recibir notificaciones. Emplazamiento de terceros interesados. Una vez que se reciban los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, habrá de proveerse respecto del emplazamiento de alguna persona a la cual pudiera recaerle dicho carácter (en su caso), en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo vigente. Notificación de la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a las responsables, que en el presente juicio solo les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificará por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. Audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con veintidós minutos del veinte de enero de dos mil veinte, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. El no cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). En el entendido que el apercibimiento de multa establecido en este acuerdo, es inaplicable a las autoridades federales. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda, y quedan autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas mencionadas en la demanda de amparo porque no fueron autorizados en términos amplios del mencionado numeral. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
- Incidental
Como se ordenó en esta fecha en el expediente principal y con dos copias de la demanda de protección de derechos, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1232/2019, promovido por ***, contra actos del Agente del Ministerio Público Orientador número Uno adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. INFORME PREVIO. En términos de los artículos 128, 130, 136, 138, 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiera a las autoridades responsables para que rindan informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, rendirse por duplicado y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de este auto, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente, para lo cual se les envía copia de la demanda de amparo con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá por separado una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO A LAS RESPONSABLES. De resultar cierto el acto reclamado, en términos del artículo 168, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables informen: La naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados a la parte quejosa, y si fuere de carácter patrimonial, deberán informar el monto del daño causado y si este ya fue cubierto a la parte agraviada. Si el delito imputado es de aquéllos considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional. En caso de ser ajeno a los supuestos de oficiosidad de la prisión preventiva, deberán precisar las razones consideradas para establecer la necesidad de cautela en la emisión de la orden de captura reclamada. Asimismo, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace al aquí quejoso o por otra persona, en su nombre y representación, y, de ser así, remitan copia certificada de las resoluciones correspondientes, apercibidas que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. AUDIENCIA INCIDENTAL. Además, con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Ahora, de la demanda de protección se advierte el reclamo de una orden de búsqueda, aprehensión, detención o presentación. Al respecto, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 162, 163, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las responsables se abstengan de privar de la libertad a la impetrante con motivo de la orden de búsqueda, aprehensión, detención o presentación dictada en su contra. La quejosa queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Pero si la orden reclamada se refiere a delitos cuya gravedad y conforme a la ley secundaria aplicable se prohíbe en forma expresa conceder este beneficio, la suspensión en mención sólo producirá el efecto de que una vez realizada la aprehensión, quedará a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea recluida, y a disposición del juez de la causa para la secuela del procedimiento. Por consiguiente, la quejosa continuará a resolución del juez de la causa para el trámite del procedimiento que le instruya, con la única salvedad de que la autoridad judicial deberá comunicar al director del centro penitenciario donde se interne a aquella, que deberá mantenerla recluida en un área de prisión preventiva, distinta de la asignada a los sentenciados. Por otra parte, si la orden reclamada deriva de un procedimiento emitido conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional en los siguientes términos: Si se estuviere en el supuesto de la fracción I del citado artículo 166, esto es, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la constitución federal, la suspensión provisional sólo producirá el efecto de que una vez detenida la quejosa, ésta quedará a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea aprehendida, y a disposición del juez de la causa para continuar el procedimiento que se le instruya. De estarse en el supuesto de la fracción II del citado artículo 166, es decir, si se trata de delitos ajenos a la prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y la quejosa no sea detenida, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal, hasta que las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva. Por su parte, con fundamento en los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades ministeriales y ejecutoras responsables que den cumplimiento o materialicen la orden reclamada, si ésta fue emitida en un procedimiento seguido en términos de las normas jurídicas vigentes y acordes con el nuevo sistema penal acusatorio, se concede la suspensión provisional en los términos siguientes: Si la orden ya fue ejecutada o llevada a cabo por autoridades administrativas distintas del ministerio público en contra de la quejosa por la comisión de algún delito, la suspensión se concede para que sin demora cese la detención, así como se ponga a dicha peticionaria del amparo a disposición del ministerio público, a fin de determinarse por ésta sobre su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos permitidos y previstos por el artículo 16 de la constitución, o bien, su consignación ante el juez correspondiente. Cuando en el supuesto especificado en el párrafo precedente, la presentación efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión se concede para el efecto de que la quejosa sea puesta en libertad. De consistir el acto reclamado en la orden de búsqueda, aprehensión, detención o presentación y se encuentre a disposición del ministerio público, la suspensión se concede para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en inmediata libertad o consignada ante el juez penal correspondiente. En el entendido de que cuando la quejosa se encuentre a disposición del ministerio público por haber sido detenida en flagrancia o urgencia, el plazo se contará a partir de que sea puesta a su disposición. Si el acto reclamado consiste en la orden ya efectuada por el ministerio público, la suspensión se concede para que se ponga en inmediata libertad a la quejosa, si no se acredita la flagrancia o el tratarse de algún caso urgente en términos del artículo 16 de la constitución. En caso de existir flagrancia o urgencia, se requiere al ministerio público para que la quejosa sea puesta en libertad o se le consigne ante el juez correspondiente, dentro del término de ley, a partir de su detención. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad ministerial pueda citar a la quejosa para la práctica de diligencias de investigación de algún hecho. Empero, si la orden reclamada se refiere a delitos cuya gravedad y conforme a la ley secundaria aplicable se prohíba en forma expresa conceder el beneficio de libertad, o de ordenarse la detención por caso urgente, la suspensión en mención sólo producirá el efecto de que una vez realizada la detención, la quejosa quedará a disposición de este juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea recluida, y a disposición de la responsable para la consignación dentro del plazo correspondiente. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por parte de la quejosa, en caso de negársele la protección, deberá presentar escrito en el plazo de tres días donde acredite con documento o prueba idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación y salario que percibe. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la quejosa en el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto omite exhibir una garantía por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta, para garantizar la presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que en nada le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente de conformidad con el invocado artículo 162 del ordenamiento legal en cita, cantidad que se fija de manera discrecional pues se prescinde de la información para decretarla. Garantía que se estima es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que la quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; además, se considera asequible para la quejosa. Sólo resta decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que la garantía deberá estimarse en forma discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y a la vez garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia; como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 24/2017, del citado tribunal. Además, también estimó que el número de autoridades, la designación de algún profesionista en derecho para intervenir a nombre del quejoso, el número de autorizados y el domicilio procesal, no son factores que sirvan para demostrar la capacidad económica de un quejoso, pues independientemente del número de autoridades se puede carecer de recursos monetarios, así como el que haya señalado defensor particular y autorizados tampoco es determinante para tal efecto, toda vez que no se puede conocer si estos reciben una remuneración y cuál es el monto, como tampoco el que se señale un domicilio procesal indica la capacidad económica del recurrente. Deberá presentar la garantía, dentro del plazo de tres días contados a partir de que sea notificada del presente acuerdo; y se fija de manera discrecional, pues se desconoce la naturaleza, modalidades y características del delito imputado y la posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia por parte de la quejosa. También se establece el apercibimiento siguiente: si la quejosa no exhibe la garantía en mención dentro del plazo citado, la suspensión provisional dejará de surtir efectos y esto habrá de informarse a las autoridades responsables. Lo mismo sucederá si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Por otro lado, de resultar cierta la orden reclamada, se requiere a la quejosa para que acuda física y personalmente dentro del plazo de tres días contados a partir de que rinda informe la autoridad emisora, para intervenir en las diligencias de investigación correspondientes o rendir declaración. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad. Signifíquese a la peticionaria del amparo que la obligación descrita en el párrafo precedente, será exigible hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". EXPEDICIÓN DE COPIAS. Por último, como lo solicitó la parte quejosa y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena expedirle (solo en un tanto ) incluso a sus autorizados, copia certificada del presente proveído -y en su momento del que resuelva sobre la suspensión definitiva- previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quien deberá comparecer con copia de su identificación oficial y vigente.
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