Nancy Gomez Beyrut

Expediente 207/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
207/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Nancy Gomez Beyrut

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 207/2023-IX. Puebla, Puebla, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 207/2023-VII. Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se integra al expediente electrónico el escrito de cuanta, signada por, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 1 . En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del proceso 149/2014/8, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual se terminó no restituir el inmueble de su propiedad al ahora quejoso. De lo referido con antelación, permite visualizar una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular, la relativa al principio de definitividad, prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya, que el auto reclamado en el cual la autoridad responsable determinó no acordar de conformidad la solicitud de la ahora quejosa, relativa a restituir el inmueble de su propiedad ubicado en calle Venustiano Carranza, número 504, municipio de Huejotzingo, Puebla, tiene previsto una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 488 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla2 , porque ese precepto dispone que las resoluciones de mero trámite -como en el caso lo es el acto reclamado-, son impugnables a través del recurso de revocación. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/47, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Registro digital 180344, Novena Época, Materias Penal del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Por lo anterior, se indica que es oportuno que la quejosa acuda previo a la promoción de la demanda de amparo a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 488, ya que dicho mecanismo permite al juez examinar nuevamente las cuestiones contenidas en el acuerdo impugnado. En efecto, la parte quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra el acto reclamado en la demanda de amparo; y, si la resolución que emitiera el juez de origen, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución. En ningún momento se pierde de vista que, en el acuerdo reclamado se negó la devolución de un inmueble -al parecer propiedad de la quejosa-; sin embargo, no se actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; y, por ende, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. De igual forma, no se pierde de vista que la quejosa aduce no ser una parte procesal activa de la causa penal, lo cual en principio pudiera actualizar el supuesto de excepción previsto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo; sin embargo, no debe perderse de vista las siguientes cuestiones: 1. El inmueble fue asegurado "desde marzo de 2014"; 2. La quejosa ha intervenido en el proceso de manera previa; pues, señala haber solicito en diversas ocasiones la devolución del inmueble. 3. El diecisiete de marzo de dos mil veinte el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, negó la devolución del inmueble. Entonces, es importante precisar que, en estricto sentido, un extraño a juicio es aquella persona física o moral que no figura en el procedimiento como parte, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Luego, en el caso particular, la quejosa alude haber gestionado ante el ministerio público y el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, la devolución del inmueble de su propiedad, sin que esta fuera acordada de manera favorable -en diversas ocasiones-. Entonces, es evidente que la quejosa ha tenido la oportunidad de ser oída en defesa de sus derechos; pues, en su caso, la figura de tercero extraño a juicio se actualizara si, derivado del aseguramiento, la quejosa hubiera interpuesto el juicio de amparo; pues, justamente, sufre un perjuicio en su patrimonio sin gozar del derecho de audiencia. Empero, en el caso particular, la quejosa ha gestionado la devolución del inmueble, interviniendo en el proceso de origen y, por ello, está legitimada para interponer los medios de impugnación que prevé el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. Bajo este contexto, se declara que el auto reclamado encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la promovente, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones de la quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. El quejoso señala como medios de notificación un domicilio físico y, además, proporciona el nombre de usuario para recibir notificaciones electrónicas. En ese sentido, hágase saber a la quejosa que, resulta improcedente que una parte procesal tenga más de un medio de notificación; pues, de ser el caso, pudiera generarse incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del juicio de control constitucional, por ejemplo, para el cómputo de los plazos y términos que se fijen en el expediente. Al respecto, sirve de apoyo la tesis I.1o.P.34 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, Tomo III, página 2364 (registro digital 2017924), cuyo rubro establece: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como única vía para recibir notificaciones, el nombre de usuario "israel-sanchez-sanchez", dada la solicitud expresa de la parte quejosa; además, se autoriza la consulta del expediente electrónico. Luego, se instruye al secretario que habilite la notificación electrónica y la consulta electrónica al usuario referido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que se tenga como medio para recibir notificaciones, los correos electrónicos proporcionados, pues la Ley de Amparo, no lo contempla como tal. Sin embargo, dichos medios de contacto podrán ser tomados en cuenta por el actuario de la adscripción, a fin de poder establecer comunicación con la parte quejosa Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; de manera electrónica a la parte quejosa y cúmplase.

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