Nancy Grisel Cortes Castillo
Expediente 1483/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1483/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nancy Grisel Cortes Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1483/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ********************, reclama de la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, el auto dictado el diez de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, mediante el cual se fija un régimen provisional de convivencias. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad señalada como responsable Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir su respectivo informe previo acepto la existencia de los actos que se le reclaman. SEGUNDO. Con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. En relación con el tema interés superior del menor, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece lo siguiente: "Artículo 3. (.). 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas." "Artículo 4. (.). Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención." "Artículo 19. (.). 1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo." "Artículo 24. 1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud (...)." De conformidad con lo anterior, puede desprenderse que el Estado mexicano, al ratificar la Convención sobre los Derechos de los Niños (conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno), asumió, entre otras, las siguientes obligaciones: a) Imponer como principio rector el interés superior de los menores, esto es, que cualquier actuación del Estado, incluyendo las decisiones de los tribunales, se garantice y proteja su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos. b) Asegurar el bienestar de los menores y adoptar cualquier medida (de cualquier índole), para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención, especialmente, medidas para proteger a los menores contra cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo su subsistencia o su salud física y mental. Este principio ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) en los siguientes términos: la expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño, niña o adolescente es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de alguna persona menor de dieciocho años. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para dar sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de niños, niñas y adolescentes y los derechos especiales de estos previstos en la Constitución, Tratados Internacionales y leyes de protección de la niñez. Mientras que, cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de la infancia, el interés superior del niño, niña o adolescente, demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. El anterior criterio se desprende de la tesis 1ª CXXI/2012, de la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 261, del libro IX, junio de 2012, tomo 1, de la décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores." También es aplicable la tesis 1ª LXVII/2013 (10ª.), de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, publicada en la página 824, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, de la décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues este varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa zona intermedia, haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4° constitucional." Robustece lo anterior, las siguientes tesis, cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Décima época Registro: 2002218 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, noviembre de 2012, tomo 3 Materia: Constitucional Tesis: VI.2o.C.25 C Página: 1979 "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor.". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo por tanto éste de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer, tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior." Décima época Registro: 2006857 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, junio de 2014, tomo II Materia: Común Tesis: IV.2°A.70 K Página: 1918 "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2013, ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA EQUILIBRADO, REGIDO POR MAYORES ELEMENTOS NORMATIVOS FORMALES Y SUSTANTIVOS, GENERALES Y ESPECÍFICOS, PARA EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES AL RESPECTO. Como resultado de la reforma constitucional en materia de amparo del 6 de junio de 2011 y la posterior expedición de la ley de la materia, vigente desde el 3 de abril de 2013, se generó -en cuanto a la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto-, un nuevo sistema equilibrado con el propósito de dotar a la precautoria de mayor eficacia para la preservación de los derechos vulnerados y la materia del amparo y, a la vez, de mayores elementos de control que permitan evitar el abuso y el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social, por la contravención a intereses colectivos jurídicamente relevantes, e igualmente, permitan corregir esos efectos a través de los recursos previstos en la propia ley. Luego, en cuanto al propósito de dotar a la medida de mayor eficacia, en el nuevo sistema de suspensión, se amplía la discrecionalidad de los Jueces y sus facultades para allegarse de mayores elementos para dictar resoluciones más informadas y se prevé que se resuelva con base en una ponderación entre la apariencia del buen derecho, que presupone un asomo superficial y provisional al fondo del asunto, que, por un lado, permite corroborar, así sea provisionalmente, que asista al quejoso el derecho que estima vulnerado y la manera en que la violación se suscita para, en función de ello, conocer qué alcance dar a la suspensión para que resulte más eficaz para contener la violación y evitar que se torne difícilmente reparable y a la vez se evite la pérdida de la materia del amparo, esto por cuanto en forma concomitante a la apariencia del buen derecho, se valora el peligro en la demora; mientras que por otro, se introduce como elemento a dicha ponderación, el interés social, lo que lleva a que al decidir sobre la medida se tomen en cuenta los intereses, principios o valores colectivos jurídicamente relevantes cuya preservación se confía al Juez en uso de su discrecionalidad, representados a través del acto reclamado o involucrados en el contexto en que se materializarán las consecuencias de la suspensión del acto o de su ejecución, con lo que se encamina la decisión a tener un resultado eficaz en cuanto a la preservación de los derechos del quejoso, la materia del amparo y a evitar el dictado de una resolución que tenga como punto de partida una pretensión que no sea ni superficialmente fundada, frívola o temeraria y que lastime la sensibilidad social. Además, como parte del nuevo sistema equilibrado, en relación con la suspensión a petición de parte, el legislador estableció un conjunto de expresiones que constituyen elementos normativos, formales y sustantivos del aludido juicio de ponderación y, en general, de las resoluciones sobre la suspensión del acto reclamado, y estableció expresiones específicas que modulan o refuerzan la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, enfatizando la prevalencia de éste, como acontece en el último párrafo del artículo 129, en que se prevé que sólo en función de preservar un interés social, podrá excepcionalmente otorgarse la medida, aun tratándose de actos como los previstos en sus diferentes fracciones; además, en su artículo 131, al disponer que para otorgar la medida cuando se pida la suspensión aduciéndose un interés legítimo, no sólo será necesario asegurar la no afectación al interés social, sino que deberá justificarse que es un interés de esa índole y no meramente el deducido por el quejoso, el que justifique su otorgamiento, o bien, cuando a fin de disponer restablecer provisionalmente a éste en el goce de la garantía violada, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 147, se requiere acreditar que dotar a la medida de ese efecto, es jurídica y materialmente posible, aspectos que ilustran que cada una de esas expresiones, norman en lo formal y sobre todo sustantivamente, las decisiones sobre suspensión del acto reclamado, pero también constituyen elementos susceptibles de ser verificados y facilitadores del control que corresponde ejercer a los tribunales a través de los recursos procedentes de que conozcan; igualmente, evidencian que el aludido juicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, adquiere expresiones generales y específicas o reforzadas en función de las diversas previsiones de la Ley de Amparo; y, en función de esto último, revelan que el nuevo sistema establecido para la suspensión del acto reclamado, está dotado de mayores requisitos para su otorgamiento en comparación con la ley abrogada." El interés superior de la niñez cumple con varias dimensiones o funciones normativas: (i) como pauta interpretativa aplicable a las normas y actos que tengan injerencias respecto de los derechos de niñas y niños; y (ii) como principio jurídico rector que exige una máxima e integral protección de los derechos cuya titularidad corresponde a un menor de edad. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de los menores, el interés superior del niño le impone al Juez que conozca resolver la controversia atendiendo a lo que es mejor para el niño. Por lo que hace al derecho de convivencia de los menores de edad con sus padres, la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 12 de 1991, establece en su artículo 9.3, el deber de los Estados Partes de respetar "el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño," y en su artículo 10.2, el derecho de los niños cuyos padres residan en Estados diferentes, a mantener, "salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres." Así también tal derecho se encuentra implícito en el artículo 4º constitucional. El precepto en cuestión establece en su párrafo octavo que "[l]os niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral", y en el noveno párrafo se agrega que "[l]os ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la contradicción de tesis 123/2009 que el derecho a la convivencia se desprende de lo dispuesto en el artículo 4° constitucional, toda vez que el menor "tiene derecho a que se propicien las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, para lo cual en la mayoría de los casos resulta necesaria e indispensable la convivencia con ambos progenitores". También es aplicable, la tesis I.5o.C.15 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3, página 2067 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES CON SUS PADRES. PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DEFINE, DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO LOS PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES RECONOCIDOS POR EL ESTADO MEXICANO Y EN LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA. La resolución relativa al régimen de visitas y convivencias de los menores con sus padres es susceptible de suspenderse, dado que tal situación se presume generada al amparo del principio rector del interés superior del menor en cuya observancia está interesada la sociedad; por lo que el Juez de amparo para decretar la medida suspensional, debe tomar en cuenta tanto los principios rectores de la suspensión contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, como los previstos en favor de los infantes consagrados a nivel constitucional, como en los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano y en la legislación local respectiva; todo ello en armonía con la aplicación de la amplia protección de los derechos humanos establecidos en el artículo 1o. de la Carta Magna que resulta obligatoria para todas las autoridades, así como la exigencia constitucional referida a la observancia del principio de la apariencia del buen derecho, en tanto que todos esos aspectos atañen al interés social y al orden público. Por lo que para resolver sobre la medida cautelar cuando en los actos reclamados se involucran derechos de visitas y convivencias de menores de edad, deberá atenderse a las condiciones específicas de cada caso, vigilando sobre todo el respeto irrestricto de todos los principios mencionados". En tales condiciones, como ya se anunció, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, fracción VIII, y 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la quejosa incidentista ********************, por propio derecho y en representación de su hija cuya identidad se resguarda con las iniciales ********************, porque se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que de concederse se estarían vulnerando los derechos fundamentales e interés superior del menor. Máxime que la autoridad señalada como responsable al momento de dictar el acto reclamado, tuvo a su alcance mayores elementos de convicción, dada su naturaleza de autoridad de origen, al tener conocimiento en primer orden de los planteamientos realizados por las partes. En el entendido de que, si a consideración del Juez responsable y bajo su más estricta responsabilidad si la menor de iniciales ********************, se encontrara bajo peligro de sufrir daños físicos o psicológicos reales e inminentes, de acuerdo al caudal probatorio con que cuenta; dicté las medidas de seguridad que conforme a derecho considere necesarias, salvaguardando la integridad de la infante. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del correo electrónico enviado a la Junta Especial número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Orizaba, Veracruz, para que emplace a las demandadas Grupo Albatros Sociedad Anónima de Capital Variable y Albatros Corporativo Sociedad Anónima de Capital Variable, ordenado por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 1127/2016. Por lo anterior, para evitar dilaciones procesales, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Junta Especial número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Orizaba, Veracruz, por lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si ya diligenció el exhorto 117/2023 que ordenó girar la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que emplace a las demandadas Grupo Albatros Sociedad Anónima de Capital Variable y Albatros Corporativo Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio laboral 1127/2016, o en su caso informe las gestiones que realiza tanto a la Junta exhortante como a este Juzgado, remitiendo las constancias idóneas que acrediten su dicho. Para su debido conocimiento se le remite copia de los oficio 10143ª/2023 de tres de noviembre de dos mil veintitrés y anexo, así como del oficio de cuenta y anexo, para que provea lo conducente. Se apercibe a la autoridad vinculada que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la inspección realizada por el actuario judicial adscrito a este juzgado federal; en atención a su contenido, se tiene por desahogada en sus términos la probanza en comento, por ello con tal constancia se ordena dar vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir del día siguiente al en que surta la notificación que se realice de este proveído. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto, sin embargo, no es posible su celebración, toda vez que en esta data se ordenó hacer del conocimiento a las partes el desahogo de la inspección ofrecida por la parte quejosa; en consecuencia, se difiere la audiencia señalada para esta data y en su lugar se señalan para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito firmado electrónicamente por Emmanuel Enrique Hernández Arenas, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita que se emita el acuerdo por medio del cual se declare que la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintitrés, ha causado ejecutoria, por el motivo que expone. Asimismo, se notifique el acuerdo respectivo a la autoridad responsable para que dé cumplimiento al fallo proyector ordenado en la propia sentencia. Al respecto, se hace del conocimiento a la parte promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de once de octubre del año en curso. Así también, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Juez Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de notificación realizada personalmente a la parte quejosa del acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversia familiar ********************. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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