Nancy Estrella Rodríguez Hernández
Expediente 1389/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nancy Estrella Rodríguez Hernández
- Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Primer Circuito Deltribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con las constancias de notificación a los terceros interesados de dicha sentencia, ya que lo anterior no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87, fracción II, de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, notifíqueseles a los terceros interesados dicho fallo y córrase traslado con copia del mismo, para los efectos legales correspondientes. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTA EL TERCERO INTERESADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO." CON INCIDENTE. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos que anteceden y a lo que establece el artículo el artículo 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. SE NIEGAN AMBAS MEDIDAS. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c) el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó negarlas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del precepto 21, del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón circunstanciada asentada por el Actuario adscrito, y, antes de acordar lo que en derecho proceda, requiérase al Actuario adscrito para que la aclare y precise, toda vez que refiere que los acuerdos a notificar son del año dos mil veinte y dos mil veintiuno, sin precisarlos respectivamente, además hace referencia a diversos terceros interesados en una misma razón circunstanciada, haciendo referencia a una diversa razón de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, sin que del expediente electrónico se advierta que exista dicha razón. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio con anexo signado por la Secretaria de la Sección de Amparos Mixta de la Segunda Sala de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual devuelve la comunicación enviada, ello toda vez que no es autoridad responsable; al respecto, agréguense a los autos para que obren como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte. Por lo anterior, instrúyase al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, para que verifique quienes son autoridades responsables en el presente juicio y cuáles no, ello para que realice la modificación en dicho sistema y en lo subsecuente no se generen oficios a autoridades que no fueron señaladas como responsables. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que por auto de once de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual devolvió el juicio de amparo en que se actúa 1389/2019, que contiene la resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil veinte, dictada en el cuaderno auxiliar 140/2020, del índice de ese Juzgado y diez anexos; sin embargo, se omitió crear los oficios correspondientes para notificar dicha sentencia, además, de que no obstante que se ordenó la notificación personal de dicho auto a las partes a la fecha no se han realizado; por tal motivo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para realizar las notificaciones no hechas a las partes de la sentencia dictada. Por lo anterior, gírese oficio a las autoridades responsables adjuntándoles copia de la sentencia dictada. Por otra parte, instrúyase al Actuario adscrito para que a la brevedad posible realice las notificaciones personales ordenadas en el auto de once de agosto de dos mil veinte, además verifique que dentro del expediente electrónico se encuentren debidamente vinculadas, toda vez que en una misma casilla se encuentran vinculadas diversas notificaciones. Lo anterior, para estar en condiciones de continuar con la secuela normal del procedimiento y en su momento en su caso mandar el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDE, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR LA VÍA ELECTRÓNICA, EL ACUERDO DE FECHA ONCE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIDÓS DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE, MISMO ACUERDO Y RESOLUCIÓN QUE SON DEL TENOR SIGUIENTE: Cuernavaca, Morelos, a once de agosto de dos mil veinte. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa 1389/2019, que contiene la resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil veinte, dictada en el cuaderno auxiliar 140/2020, del índice de ese Juzgado y diez anexos; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes, y acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, notifíquese a las partes la resolución de mérito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe (RESOLUCIÓN DE 22 DE MAYO DEL 2020) V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1389/2019, auxiliar 140/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. NANCY ESTRELLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y turnado el día siguiente al Juzgado Tercero de Distrito en esa entidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que hizo consistir en: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORA: C. JUEZ SÉPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, (.) COMO EJECUTORA: Al Ciudadano ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora, reclamo lo siguiente: EL ACUERDO DE FECHA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO DEL EXPEDIENTE 172/2018-2 (en dicho expediente no soy parte)." La promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y precisó que se violan en su perjuicio el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 1389/2019, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede a la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 35 de la Ley de Amparo, y el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General número 55/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en esta ciudad, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve; y, con el oficio SECNO/STCCNO/125/2020 de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que informa del inicio del auxilio al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, a partir del mes de marzo de dos mil veinte. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar los actos reclamados, que del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, se aprecia que la parte quejosa reclama: El acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve dictado en el juicio 172/2018, y su acumulado 06/2017, promovido por Rosa Isela Nabor Pineda en lo personal y en representación de sus hijas menores, en contra de Noel Betanzos Torres, juicio de controversia familiar de guardia y custodia de las menores, por el que se ordena el depósito de las mismas en el domicilio sito en cerrada del sol, número 19, casa 17, colonia Chapultepec, Cuernavaca, Morelos, que la quejosa refiere posee derivado de un contrato de arrendamiento celebrado con su contraparte; y, como consecuencia, que se ordene el desalojo y lanzamiento de la quejosa del domicilio mencionado. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 36 a 42); mientras el Actuario de su adscripción se adhirió al mismo (foja 25), a cuyo efecto el Juez mencionado remitió copias certificadas de las constancias relativas del juicio 172/2018 y su acumulado 6/2017; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2o., por tratarse de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Ello, pues al margen de que la juzgadora responsable negó haber ordenado lanzamiento en contra de la quejosa, lo cierto es que si ordenó, en su caso, el rompimiento de cerraduras en el citado domicilio que la impetrante dice ocupar como arrendataria. CUARTO. ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza del acto reclamado, resulta oportuno analizar la procedencia del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 62 de la Ley d Amparo, sea que lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del otrora Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de registro 394770, visible en la página 553, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, materia común, parte TCC, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)." Lo anterior es así, pues de las constancias remitidas por la Juez responsable, como complemento a su informe justificado, y de la consulta al sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del código supletorio de la materia, de acuerdo con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)."; se conoce la existencia del juicio de amparo 661/2019, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos promovido por Nancy Estrella Rodríguez Hernández, parte quejosa en el presente juicio, que se cita como antecedente del mismo, en el que reclamó: ".Todo lo actuado en el expediente 06/2017 y su acumulado 172/2018, contra orden de desalojo, despojo de privación de mi posesión, y contra el depósito de la señora ROSA ISELA NABOR PINEDA y sus menores hijas en el domicilio ubicado en Calle Cerrada del Sol, Número 19, casa 17, Colonia Chapultepec en Cuernavaca, Morelos." El citado juicio, se sobreseyó el nueve de julio de dos mil diecinueve al tenor de las consideraciones siguientes: "(.) Pues bien, en concepto de este juzgado federal, en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en donde se establece que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". La norma trascrita indica que la improcedencia de mérito cobra vigor cuando los actos reclamados emanen de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, al no poder decidirse ya en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De lo anterior se advierte que la causal de improcedencia en análisis se actualiza cuando se cumplen con las siguientes condiciones: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo, provenga de un procedimiento judicial. b) Que a través de una nueva determinación, cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que por virtud de esa determinación sobrevenida, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. En tal contexto, sólo si se cumplen en el caso esos requisitos, será posible que se actualice la causa de improcedencia en cita. En la especie todos ellos se verifican, porque en primer lugar, el acto reclamado lo constituye la orden provisional de depósito de la hoy tercero interesada Rosa Isela Nabor Pineda y sus menores hijas, en el inmueble ubicado en Cerrada del Sol, Número 19, casa 17, Colonia Chapultepec en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, determinación realizada en cumplimento al auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del expediente 06/2017 y su acumulado 172/2018, emitida por la autoridad señalada como responsable; de ahí que se materialice el primero de los citados elementos, pues se trata de una resolución emanada de un procedimiento judicial. Además, se actualiza la segunda condición, porque se emitió una determinación judicial que generó un cambio de situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado. En efecto, como lo informó la Juez señalada como responsable, mediante oficio 610, presentado el veinte de marzo del año en curso, remitió copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio 172/2018-2 y su acumulado 06/2017-2 (juicio de origen), de las cuales destaca la audiencia de siete de marzo de dos mil diecinueve, en la cual las partes celebraron un convenio para dar por terminada la contienda familiar. Dentro de las cláusulas que integraron dicho acuerdo de voluntades, destaca la cláusula décimo primera, en la que se estableció: "DÉCIMO PRIMERA:- Las partes convienen en desistirse de todo juicio, recurso y amparo promovidos en relación al expediente 06/2017, y del presente juicio, sin que esto implique que se tenga por aprobado el presente convenio, por lo que solicitamos que se apruebe el mismo por no contemplar cláusulas contrarias a la moral y a las buenas costumbres, debiéndose elevar a categoría de cosa juzgada." La juez de origen, una vez que la representación social adscrita manifestó su conformidad con el desahogo de la aludida diligencia en la cual se celebró el convenio, acordó lo siguiente: "[.] Se aprueba el presente convenio elevándose a categoría de cosa juzgada. [.]" De ello se advierte que la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto reclamado experimentó un cambio, pues mientras en el acto reclamado se determinó poner en posesión provisional de la aquí tercero interesada del inmueble materia del acto reclamado; en la audiencia de siete de marzo de dos mil diecinueve, se aprobó el convenio en que las partes acordaron dar por concluida la contienda, de ahí que la referida autoridad ya no podrá ejecutar el acuerdo que determinó poner en depósito como medida provisional respecto del inmueble descrito en párrafo precedentes. Como consecuencia de la celebración del convenio en mención, no se puede decidir sobre la constitucionalidad de la determinación reclamada sin afectar la nueva situación sobrevenida con motivo del referido convenio, por ende, se cumple la tercera de la condición citada para que se actualice la causa de improcedencia que se cita. En efecto, de examinar la constitucionalidad de la resolución o determinación del depósito de la aquí tercero interesada Rosa Isela Nabor Pineda y sus menores hijas, en el inmueble ubicado en Cerrada del Sol, Número 19, casa 17, Colonia Chapultepec en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, se afectaría la nueva situación jurídica, que impera entre las partes. En el referido orden de ideas, se acredita la causa de improcedencia en análisis, establecida en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Demostrada así la improcedencia del contradictorio de garantías, debe sobreseerse en el mismo, en términos de lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. (.)." Inconforme con la decisión anterior la quejosa interpuso revisión, recurso del que bajo el número de toca 317/2019, en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, revocó el sobreseimiento y negó el amparo bajo las consideraciones esenciales siguientes: "(.) Antecedentes de los cuales se desprende lo infundado que resultan los conceptos de violación expresados por la peticionaria de garantías, al no asistirle razón al señalar que es parte tercero extraña al juicio natural y, por ende, que los actos reclamados vulneran sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, al pretenderle despojar del bien inmueble que arrienda, sin hacerle de su conocimiento el juicio natural. Se formula tal aserto, en razón que, si bien de los antecedentes anteriores, se advierte que la peticionaria de amparo, no es parte actora ni demandada en los juicios de origen; sin embargo, también lo es que no se actualiza la vulneración a sus garantías, por el hecho de que resulta ser causahabiente de la parte demandada en el juicio de origen 06/2017 -Noel Betanzos Torres, aquí tercero extraño-. Figura que la doctrina define como la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras, junto a las partes, en determinados actos jurídicos, esto es, aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización del mismo, adquieren en forma derivada, los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A aquéllos se les conoce con el nombre de causahabientes, a éstos con el de causantes. Término "causahabiente" que se designa a la persona que después de celebrado un acto jurídico, adquiere en forma derivada del autor de dicho acto, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. Esto es, que el causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. Luego, si de los autos que integran los juicios de origen, se advierte que el inmueble objeto de depósito de la referida tercera interesada y sus hijas, es el mismo del que ahora aduce la quejosa, se le pretende despojar. Asimismo, que desde proveído de diez de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 06/2017, en el que se admitió y radicó el asunto, se fijó tal inmueble como depósito de las menores y su madre, al resolver procedente la medida cautelar solicitada por la última en cita. Bien raíz que el propio arrendador, aquí tercero interesado y demandado en el referido juicio 06/2017, reiteró como depósito de aquéllas, en el citado convenio de siete de marzo último, celebrado en los autos del juicio 172/2018, acumulado al antes mencionado, en el que incluso, el aludido tercero interesado, en su cláusula tercera, se comprometió a dar por rescindido el mencionado contrato de arrendamiento que celebró con la aquí inconforme, el veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Entonces, que se concluya, como se razonó con antelación, que la quejosa es causahabiente del demandado en el expediente de origen, por haber arrendado el bien materia del juicio de garantías, con posterioridad a la obligación impuesta sobre aquel, pues ha quedado evidenciado que el depósito de las menores y su progenitora, se decretó al momento de radicarse el juicio natural 06/2017, esto es, el diez de enero de dos mil diecisiete, mientras que el contrato de arrendamiento que dice celebró con el tercero interesado, demandado en el expediente de origen, data del veintisiete de abril de dos mil dieciocho, cuya copia exhibida al juicio de amparo, fue certificada por notario público, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, esto es, con posterioridad a la radicación del juicio natural. Por las razones que contiene, se cita la tesis aislada XVII.1o.C.T.54 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que este tribunal comparte, de rubro y texto: CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados. En esa tesitura, se concluye que la inconforme, resulta ser causahabiente del citado tercero interesado, demandado en el juicio natural y, por ende, no le asiste el carácter de tercera extraña al precitado juicio natural en el que fue llamado como parte su causante; por tanto, deviene inexacto que sea tercera extraña al mismo, pues ha sido oída y vencida en ese procedimiento a través de aquél. Atento a lo anterior, resultan infundados los conceptos de violación planteados contra los actos de desalojo, despojo y desposesión que reclama en el amparo que se revisa, derivados del depósito de las menores con su madre, en el domicilio que arrienda al tercero interesado, demandado en el expediente de origen, puesto que, como ya se vio, no es tercera extraña a ese procedimiento, al ser oída y vencida en aquel, a través de su causante, quien se advierte, no sólo pactó en el convenio que puso fin a los juicios de origen, tal domicilio como depósito de las menores con su mamá, sino además, se comprometió a dar por rescindido el aludido contrato de arrendamiento, exhibido en copia certificada por la impetrante, al juicio de amparo en revisión. En tales condiciones, al resultar infundados los motivos de disenso expuestos por la quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. (.)." Así mismo la quejosa Nancy Estrella Rodríguez Hernández, promovió el diverso juicio de amparo 1426/2019, contra las autoridades y por los actos siguientes: "Autoridades responsables. Juez Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, Actuario adscrito a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".el acuerdo, sentencia y orden de desalojo y/o lanzamiento del domicilio que rento ubicada en cerrada del sol, número 19 casa 17 colonia Chapultepec, Cuernavaca, Morelos." Del aludido juicio conoció y resolvió el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien en sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, sobreseyó en el mismo por la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al tenor de los argumentos siguientes: "(.). Conforme a dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Dicha causal solo puede aplicarse cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte XCIX, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Ahora bien, en primer término, debe decirse que la parte quejosa promovió un diverso juicio de amparo en contra de la misma autoridad y por los mismos actos reclamados que los que aquí combate ante este órgano jurisdiccional, dentro de los autos del juicio de amparo 661/2019, en el cual, en el recurso en revisión 317/2019, del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió negar la protección constitucional, por actualizarse la figura jurídica de la causahabiencia. Así, del análisis del juicio señalado en el párrafo que antecede, se aprecia lo siguiente: a) La existencia del juicio de amparo 661/2019, el cual fue del conocimiento de este órgano jurisdiccional. b) Las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo precisado el inciso anterior y las que se señalan en el juicio son las mismas. c) Los actos reclamados en el juicio de amparo de referencia, fueron la orden de desalojo del bien inmueble ubicado en calle Cerrada del sol, número 19, casa 17, colonia Chapultepec, de Cuernavaca, Morelos, en el juicio civil 06/2017 y su acumulado 172/2018, sin embargo, como se ha precisado la superioridad, al entrar al estudio de los conceptos de violación actualizó la figura jurídica de la causahabiencia con su arrendador y por tanto, resolvió negar la protección constitucional; orden de desalojo del bien inmueble arrendado corresponde al acto que se reclama en el juicio. Luego, si el primero de esos juicios concluyó, es decir, al resolverse el recurso de revisión por la superioridad, decretó no amparar a la quejosa en el amparo en revisión civil 317/2019, fallo quedó firme por ministerio de ley, es claro que se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como cosa juzgada, en tanto que previo al expediente en que se actúa, existe el diverso juicio de amparo 661/2019, promovido por la aquí quejosa, respecto de los mismos actos reclamados y donde señaló las mismas autoridades responsables. En ese sentido, con independencia de las violaciones constitucionales que se hagan valer, lo cierto es que plenamente se acredita que contra los actos que aquí se reclaman, ya existe un pronunciamiento definitivo dentro de un diverso juicio constitucional, respecto del cual no procede recurso alguno, emitido en diverso juicio de amparo promovido por la misma quejosa contra las mismas autoridades responsables, radicado con anterioridad al asunto y, que constituye cosa juzgada; razón por la que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción V del numeral 63. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página noventa y uno, Volumen 181-186 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO." (Se transcribe). Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.2º.215 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y seis, Tomo XIV, Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que establece: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO)." (Se transcribe). También resulta aplicable el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página ochenta y cinco, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS RECLAMADOS EN DISTINTO JUICIO DE GARANTÍAS YA RESUELTO." (Se transcribe). En ese contexto, si la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos ya ha sido resuelta, negando o concediendo el amparo, la controversia no debe plantearse nuevamente, pues ello abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, la proliferación superflua de juicios de amparo, y a que la cosa juzgada fuera obsoleta, ocasionando con ello inseguridad jurídica en los gobernados, pues se violentaría la firmeza que en toda resolución debe existir, en virtud de la cosa juzgada. Por consiguiente, resulta improcedente analizar nuevamente la constitucionalidad del acto reclamado a las autoridades responsables, pues éste forma parte del cumplimiento de una sentencia dictada en un diverso juicio de amparo; situación que pone de manifiesto la hipótesis prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se insiste, la finalidad de la causal de improcedencia, es evitar, precisamente, que se puedan pronunciar sentencias contradictorias y la promoción de nuevos juicios de amparo. Actuaciones que constituyen un hecho notorio para este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se ordena recabar copia, así como en la jurisprudencia número VI.1º.P. J/25, consultable en la página 1199, del Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." (Se transcribe). Por igual, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." (Se transcribe). En las relacionadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en este procedimiento constitucional. (.)." En el orden de ideas expuesto, constituye verdad legal el hecho de que la quejosa es causahabiente del demandado Noel Betanzos Torres, de acuerdo con la ejecutoria pre transcrita, razón por la que en el presente juicio de garantías si bien no constituye el mismo acto reclamado, por ser obvio que se trata de actos de fechas diferentes, sí constituyen la misma esencia, actualizándose en todo caso la eficacia de la cosa juzgada refleja, es decir, que tratándose de una presunta tercero extraña al juicio natural reclama en ambos juicios la determinación que ordena el depósito de Rosa Isela Nabor Pineda y sus hijas menores en el domicilio sito en cerrada del sol, número 19 casa 17 colonia Chapultepec, Cuernavaca, Morelos, que la quejosa refiere poseer derivado de un contrato de arrendamiento celebrado con Noel Betanzos Torres, del cual la decisión acerca de que la quejosa es causahabiente ya quedó firme, razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la propia ley. Por último, se omite el estudio los alegatos formulados por la tercero interesada, en lo personal y en representación de sus hijas menores, debido a que dichas manifestaciones no forman parte de la litis en el juicio de amparo. Sobre el particular es aplicable la Jurisprudencia P./J. 27/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, común a todas las materias, de registro 205449, consultable en la página 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 80, agosto de 1994, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SEXTO. PUBLICACIÓN DE DATOS. En otro aspecto, como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 de la citada Ley Federal, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere en el párrafo segundo del artículo 8 del reglamento en cita. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo establecido en los artículos 63, fracción V, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por NANCY ESTRELLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, por los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, y por los motivos precisados en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando último de la presente resolución, una vez que ésta cause ejecutoria, de actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 6 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se proveerá lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la citada ley. Con fundamento en el inciso m) de la circular CE/CAR/3/2020, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativa al punto de acuerdo de "Medidas para el envío de remesas de asuntos a los órganos auxiliares, así como para determinar la cantidad y temporalidad de los expedientes que las componen, modalidad de resolución y reenvío a los órganos auxiliados, a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal", este asunto se devolverá al juzgado de origen una vez que se regularice el funcionamiento de las actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, anexando la resolución en formato impreso y electrónico para que proceda a su notificación. Así lo resolvió y firma el licenciado Arturo Ramírez Ramírez, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, hasta el día de hoy veintidós de mayo de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado, con fundamento en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado Rodrigo Rodríguez Tepezano, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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