Nancy García Ramírez
Expediente 1087/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1087/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Nancy García Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de enero de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Nancy García Ramírez; por tanto, ..., se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el ...deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Nancy García Ramírez por su propio derecho, a través del cual, desahoga la prevención formulada por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Desechamiento de demanda Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratoria, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: La audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por el que se negó la reposición de procedimiento en la causa penal 47/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, el cual solicitó mediante escrito presentado el uno de octubre del presente año, a partir de la etapa de investigación complementaria. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado al Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, consistente en: La audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por el que se negó la reposición de procedimiento a partir de la etapa de investigación complementaria, en la causa penal 47/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, llevada a cabo en la etapa intermedia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del amparo tratándose de actos acaecidos en juicio, presupone como requisito toral que sus efectos sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución General de la República y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 37/2014, consideró que para calificar los actos como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De igual manera, determinó que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. A la luz de ello, concluyó que las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, son: I. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y II. Esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese aspecto, dispuso que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por el que se negó la reposición de procedimiento a partir de la etapa de investigación complementaria, en la causa penal 47/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, llevada a cabo en la etapa intermedia, por lo que se actualiza la causa de improcedencia precisada con antelación. Lo anterior, dado que del escrito inicial de demanda del apartado de antecedentes del acto reclamado, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, fue señalada fecha de audiencia intermedia, la cual se difirió a solicitud de las partes; posteriormente el tres de mayo del presente año, tampoco se llevó a cabo, misma que se difirió; por tanto, hasta este momento no incide en su esfera jurídica la audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por el que se negó la reposición de procedimiento, ya que se siguió el procedimiento penal con las formalidades del procedimiento, y en todo caso, las violaciones que puedan cometerse, serán impugnables hasta que se emita el auto de apertura a juicio. Por otra parte, es de suma importancia precisar atendiendo a la naturaleza del presente asunto, que el dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país, con la cual se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula las etapas del procedimiento penal acusatorio y oral, al disponer: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y, III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." En ese tenor, dado que en el caso se reclaman actos efectuados en la segunda etapa del proceso, pues de lo expuesto por la quejoso a través de su escrito inicial de demanda, se advierte que se encuentra pendiente el desahogo de la audiencia intermedia, por ello, debe señalarse que ésta se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, a saber: una escrita, que inició con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; otra oral e inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Luego, como cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que en su caso procedan, debe considerarse concluida; de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. Con base en lo expuesto, es que la determinación que se combate en la presente vía, por sí misma, no irroga un daño irreparable actual a la peticionaria del amparo, pues la afectación a su esfera jurídica está sujeta a lo que acontezca en la etapa intermedia. Apoya lo anterior, la tesis XXIV.1o.3 P (10a.), sustenta por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2529, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL. Conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, por esa razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que de no hacerlo así, se entenderá agotada la posibilidad de solicitarlo. De lo expuesto se colige que cuando se reclama una violación cometida en el desarrollo de la audiencia intermedia, en la que se dicta, además, el auto de apertura a juicio oral, el juicio de amparo indirecto resulta procedente pues, por un lado, esta actuación da conclusión a la etapa intermedia y, por otro, las violaciones acontecidas en esa etapa procesal no podrán ser objeto de estudio en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal de origen, pues el juicio de amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a aquellas cometidas durante la etapa de juicio oral, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."; estimarlo de otra manera dejaría en estado de indefensión al quejoso, al no poder impugnar la determinación en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva; lo cual imprime a la determinación final de esa fase una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afecta el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Nancy García Ramírez. Notifíquese; a la quejosa (en el lugar donde se encuentra recluida), y personalmente a los autorizados. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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Apizaco, Tlaxcala, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Pretende desahogar prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Nancy García Ramírez por su propio derecho, a través del cual, pretende desahogar la prevención formulada por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. En atención al escrito de mérito, no ha lugar a tener por desahogada la prevención de que se trata, toda vez que en el citado proveído, se requirió al quejoso, entre otras cosas, para que bajo protesta de decir verdad realizara lo siguiente: "a) Precise de manera específica qué actuación de las llevadas a cabo en la causa judicial 47/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, solicitó la reposición del procedimiento. Lo anterior, dado que en el apartado de acto reclamado señaló lo siguiente: ".Se reclama de la autoridad responsable la resolución hecha mediante audiencia, en la que se niega la reposición del procedimiento, DICTADO DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL NÚMERO 47/2020 DE LOS DEL ÍNDICE DEL JUZGADO CUARTO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER DEL ESTADO DE TLAXCALA, hecho mediante audiencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno"; sin embargo, no se advierte que especifique a partir de qué actuación solicitó la reposición del procedimiento." Se asevera lo anterior, ya que del escrito aclaratorio que se provee, no se advierten, entre otras cosas, que haya especificado qué actuación de las llevadas a cabo en la causa judicial 47/2020, solicitó la reposición del procedimiento. Pues únicamente señala lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, mediante escrito presentado ante Oficialía de Partes del Juzgado de Control y de Juicio Oral de Guridi y Alcocer, de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, se solicitó audiencia de reposición del procedimiento, encontrándose la causa judicial 47/2020, en ese momento en etapa intermedia (fase escrita), es decir, el agente del ministerio público ya había presentado su acusación, sin embargo, aún no se desahoga la etapa intermedia (fase oral)" En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dé cumplimiento en su totalidad a lo ordenado en el auto de dieciocho de noviembre del año en curso; esto es, deberá especificar a partir de qué actuación de las llevadas a cabo en la causa judicial 47/2020, solicitó la reposición del procedimiento. En el entendido que el plazo concedido en el referido acuerdo dictado el dieciocho de noviembre de los actuales, -cinco días- para que la parte quejosa de cumplimiento al requerimiento formulado en el mismo, se interrumpe por una sola vez, reanudándose al día siguiente en que surta efectos la notificación practicada del presente acuerdo. ( Término para cumplir prevención Ahora bien, toda vez que la promoción fue recibida a las quince horas con quince minutos del treinta de noviembre de noviembre de dos mil veintiuno, tal y como lo revela el sello de la Oficialía de Partes Común (OPC), del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación Apizaco, Tlaxcala, siendo que el auto de prevención le fue notificado el veintidós de noviembre siguiente, por lo que dicha notificación surtió efectos el veintitrés siguiente y el plazo concedido transcurre del veinticuatro al treinta de noviembre de los actuales; por lo que no contaría con ningún día para desahogar dicha prevención. Sin embargo, debe decirse que a los autorizados de la parte quejosa, se les notificó personalmente el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el uno de diciembre del presente año, el cual surtió efecto el dos de diciembre siguiente; por lo que el plazo concedido transcurre del tres al nueve de diciembre posterior, por lo que cuenta con cinco días para desahogar dicha prevención. Por tanto, se hace saber a la parte quejosa que una vez que se notifique el presente acuerdo se reanudará el cómputo del tiempo con el que cuenta para que dé cumplimiento total al requerimiento de que se trata, SUBSISTIENDO EL APERCIBIMIENTO SEÑALADO EN EL AUTO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 106/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, que señala: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." De igual forma, es aplicable la tesis número III.2o.A.38 K, visible en la página 1323, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, que a la letra señala: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA." Se requieren copias de escrito aclaratorio En la inteligencia que deberá presentar el escrito aclaratorio con el que dé cumplimiento total a la prevención en original y tantas copias sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Notifíquese; a la quejosa (en el lugar donde se encuentra recluida), y personalmente a los autorizados. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Se tienen por autorizados profesionistas. Visto los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, se radicó la demanda de amparo promovida por Nancy García Ramírez; asimismo, se certificó que Jesús Ortega Hernández, si contaba con cédula profesional registrada en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, no así Salomón Rodríguez López. En consecuencia, con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios, a Jesús Ortega Hernández, toda vez que sí cuenta con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y sólo para oír y recibir notificaciones a Salomón Rodríguez López, por no contar con ese registro. Se ordena notificar autorizados. Asimismo, se ordena notificar personalmente a los citados autorizados de la parte quejosa, el acuerdo de dieciocho de noviembre del presente año, en los términos precisados en el mismo; esto es, por estrados. Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Nancy García Ramírez por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1087/2021-III. Prevención A efecto de acordar el escrito de demanda de derechos, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentran el previsto en la fracción IV, que a la letra señala: "... Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a señalar bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio del tercero interesado; así como los antecedentes del acto reclamado; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de derechos, con fundamento en los artículos 108, fracciones II y IV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise de manera específica qué actuación de las llevadas a cabo en la causa judicial 47/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, solicitó la reposición del procedimiento. Lo anterior, dado que en el apartado de acto reclamado señaló lo siguiente: ".Se reclama de la autoridad responsable la resolución hecha mediante audiencia, en la que se niega la reposición del procedimiento, DICTADO DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL NÚMERO 47/2020 DE LOS DEL ÍNDICE DEL JUZGADO CUARTO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER DEL ESTADO DE TLAXCALA, hecho mediante audiencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno"; sin embargo, no se advierte que especifique a partir de qué actuación solicitó la reposición del procedimiento. De igual manera deberá manifestar lo siguiente: El domicilio de los terceros interesados o manifieste bajo protesta de decir verdad si los desconoce. Si ya se celebró la audiencia intermedia o, en su caso, indique cuál es la fecha para la que está programada la misma. Si ya se dictó el auto de apertura a juicio; y, en su caso, si ya se señaló fecha para la audiencia de debate, debiendo indicar el día y hora para la cual está programada. Todo lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Además, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que al momento de desahogar la prevención indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. ...Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, en virtud de que no señala domicilio para tal efecto. No obstante lo anterior, dado que de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil de Apizaco, Tlaxcala, con fundamento en lo establecido en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese la presente y subsecuentes notificaciones en dicho centro penitenciario. Se tiene señalado teléfono y correo. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele a la parte quejosa señalando correo electrónico y número telefónico a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los ...al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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