Nancy Cortés Pluma apoderada legal

Expediente 1172/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1172/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Nancy Cortés Pluma apoderada legal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Autoridad acusa recibo. Agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente y Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mediante el cual acusa recibido del oficio 14152/2021 del índice de este Juzgado, por el cual se remitió en copias certificas el expediente 1217/2018-2 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de junio de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado remite ejecutoria Agréguese el oficio y anexos signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del expediente 1172/2019 del índice de este juzgado, promovido por el Nancy Cortés Pluma, en su carácter de apoderada legal del Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, un tomo de pruebas; asimismo, adjunta copia certificada de la ejecutoria de diez de mayo del año en curso, dictada en el expediente auxiliar 562/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, derivado del recurso de revisión 64/2020, del índice de la autoridad oficiante, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 1172/2019, de la estadística del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por el Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por conducto de su apodera legal, contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado adscrito a la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el incidente de competencia presentado dentro del recurso de revisión 1217/2018." Asimismo, se le tiene devolviendo el juicio de amparo 1172/2019-III de este índice y un tomo de pruebas; en consecuencia, como lo solicita la autoridad oficiante acúsese recibo de estilo. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los autos, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y definitiva, es susceptible de depuración. En consecuencia, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, por haberse concedido, tanto la provisional como la suspensión definitiva. Resguárdese el juicio principal, como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos Sin que haya lugar a devolver documentos originales al no obrar estos en autos. Devolución de expediente Finalmente, del estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, remitió en apoyo a su informe justificado, copia certificada del expediente 1217/2018 de su índice; en consecuencia, devuélvase a la citada autoridad las documentales señaladas, mismas que obran por separado e un tomo de pruebas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de noviembre de dos mil veinte. Tribunal Colegiado informa. Agréguese el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por medio del cual informa que, acorde a la circular CAR09/CCNO/2020, así como al correo electrónico oficial remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el presente asunto fue seleccionado para que el referido Tribunal dicta la sentencia respectiva; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Se ordena apertura de incidente. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha, dictado en autos del cuaderno principal del juicio de amparo 1172/2019-III, promovido por Nancy Cortés Pluma, en su carácter de apoderada legal de la institución Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Se requiere informe previo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo. En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a la autoridad responsable que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se le apercibe que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a la autoridad responsable. Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rinda. Audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia incidental. Compulsa. Como se proveyó en el cuaderno principal, se ordena realizar la compulsa y certificación, de los documentos que adjuntó la parte quejosa a su escrito aclaratorio, para que consten en ambos cuadernos incidentales. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXXII, septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)". Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 402, libro VI, marzo de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE ORDENARLA SI EL JUEZ FEDERAL OMITIÓ DISPONER, DE OFICIO, LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A LA DEMANDA DE AMPARO". Por tanto, con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, cuyo cotejo se ordenó en el expediente principal. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: La resolución interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de revisión 1217/2018-2, del índice de la responsable. Efecto para el que se pide la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que: "[.] solicito se conceda la suspensión provisional y en su momento la definitiva, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se siga substanciando dentro del procedimiento de origen, solicitando se me expida copia certificada del auto de suspensión provisional, autorizando para que a mi nombre la reciban y la recojan las profesionistas autorizadas para recibir notificaciones, ya sea conjunta o indistintamente." (sic) Así, en el asunto que nos ocupa, se resolverá la procedencia de la suspensión, conforme a las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que en su caso, se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso. Por similitud se cita la jurisprudencia cuyo rubro anuncia: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.". Consideración previa. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión respecto a los actos reclamados, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, cabe decir que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal. Además, se indica que, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 del mismo cuerpo de leyes, a saber: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Del citado precepto legal se advierte que para conceder la suspensión provisional se requiere: a) que la solicite el quejoso; y b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este punto se enfatiza que el artículo 129 de la ley de la materia enuncia algunos de los casos en que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en el supuesto de concederse la suspensión. Se afirma lo anterior, porque como se señaló en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos para conceder la medida cautelar es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y el artículo 129 de dicha legislación establece, entre otros casos, cuándo se siguen esos perjuicios o se contravienen disposiciones de orden público, cuyo contenido dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Sobre el particular, debe decirse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Se concede suspensión provisional. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracciones I y X de la Constitución Federal; y 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Esto es, se continúe con el procedimiento de origen pero se abstenga de emitir sentencia definitiva dentro del recurso de revisión 1217/2018-2, del índice de la responsable. Lo anterior hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en el presente incidente. No se fija garantía Sin que haya lugar a imponer como obligación a la parte quejosa de otorgar la fianza a que se refiere el artículo 132, de la Ley de Amparo, para garantizar los posibles perjuicios que se puedan causar a la parte tercera interesada con motivo de la concesión de la suspensión del acto reclamado, en términos de la jurisprudencia 1./J.55/2008, aplicada por analogía al caso, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a página ciento cuarenta y seis, del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "GARANTÍA. SU MONTO DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS INTRAPROCESALES RELACIONADOS CON LA PERSONALIDAD Y ELLO RETARDA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN EL JUICIO NATURAL. Si el efecto de la suspensión consiste en la abstención del dictado de la sentencia definitiva, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo correspondiente, se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, pues el daño que dicha medida cautelar pudiera causar al tercero perjudicado no es patrimonial, en tanto que el retardo en el dictado de la sentencia afecta su derecho de celeridad procesal, el cual no es estimable en dinero. En ese sentido, se concluye que cuando se concede la suspensión contra actos intraprocesales relacionados con la personalidad y ello retarda la emisión de la sentencia definitiva en el juicio natural, la autoridad que conozca del amparo debe fijar discrecionalmente el monto de la garantía en términos del mencionado artículo." Lo anterior es así, dado que de conformidad con el cardinal 7º de la ley de la materia, al tener la impetrante de amparo la calidad de persona moral oficial, queda exenta de exhibir la mencionada garantía puesto que aún y cuando actúe desprovista de imperio, ello no implica que pierda su calidad de persona moral oficial. Cobra aplicación al caso concreto por la razón que en la misma se contiene, la tesis XV.2o.24 K, visible en la página mil setenta y cuatro, tomo XVII, Junio de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual textualmente dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR SU NATURALEZA DE PERSONA MORAL OFICIAL, ESTÁ EXENTA DE PRESTAR GARANTÍA PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS. Es de explorado derecho que el Estado emite actos en su calidad de entidad soberana, por medio de dictados imperativos, cuya observancia es obligatoria, pero para la realización de sus funciones, también le es necesario entrar en relaciones de naturaleza civil con los particulares. En esa última calidad, el Estado, como persona moral capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley concede a los particulares para la defensa de sus intereses, incluyendo el juicio constitucional. Ahora bien, el artículo 9o. de la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que la ley exige a las partes, por lo que es inconcuso que el Ayuntamiento de Ensenada, por su naturaleza de persona moral oficial, se encuentra exento de otorgar la fianza a que se refiere el artículo 125 de la ley en cita, para garantizar los posibles perjuicios que se puedan causar a los terceros perjudicados con motivo de la concesión de la suspensión, puesto que aun cuando actúe desprovisto de imperio, ello no implica que pierda su calidad de persona moral oficial." Expedición de copias. Por otro lado, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, teniéndose como autorizadas para recibirla a las personas que indica. Notificación a terceros interesados. Asimismo, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado para que se constituya en el domicilio el ubicado en: calle veinte de noviembre, número cuarenta y dos, interior uno, colonia centro, Tlaxcala, Tlaxcala, y les notifique la presente determinación a los terceros interesados José Silva Trujillo, Cruz Maldonado Flores, Juan Álvarez Meneses, Reyna Tecpa Hernández y Leodegaria Gamiño Flores. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos en el escrito de cuenta y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Teodora Popocatl Nava, Sandra Herrera Torres, Edith Ramos Cabello y Diana Estefanny Espinoza Jiménez. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsables. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y, personalmente a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.*

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