Nancy Elizabeth Ruíz Coello
Expediente 312/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Nancy Elizabeth Ruíz Coello
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 91 a 95); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente en que se actúa transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y no existen documentos originales que devolver a las partes.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 91 a 95); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente en que se actúa transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y no existen documentos originales que devolver a las partes.
- Principal
NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.- Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.-En consecuencia, es procedente desechar la demanda de amparo, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo firmado por **, quien promueve contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional con el número 312/2019 y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, el acto reclamado por la quejosa es el siguiente: "1. Del C. Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos: La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. 2. Del C. Secretario de la Secretaría de Bienestar Social: La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019." Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de publicar las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el cual se reclama al Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos y Secretario de la Secretaría de Bienestar Social, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De lo anterior se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que conforme a la legislación reglamentaria actual, no existe margen de interpretación que permita considerar como susceptibles de reclamarse en amparo indirecto los actos cuya afectación no trascienda el plano meramente procesal pues, al definir lo que debe entenderse por actos en juicio con efectos de imposible reparación, el legislador estableció que era necesario que los mismos "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, se estima la actualización de la citada causal de improcedencia, en razón de que como quedó visto la quejosa reclamó de las responsables la omisión de publicar las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; sin embargo, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y los Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019." Medio que se invoca como hecho notorio para el presente asunto. Tiene aplicación al caso, la tesis I.3o.C.26 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Décima Época, registro: 2003033, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3, materia civil, página: 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto (énfasis añadido): "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA. Los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales son claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, que tiene como función publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente; asimismo, establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber, las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general; los tratados celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; los acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial; y aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego, la circunstancia de que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que le afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento que tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha quedado establecido que la naturaleza del Diario Oficial es la de ser un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación en una copia simple ante la autoridad judicial, no puede justificar un desconocimiento del acto por aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto patente en el documento presentado en copia simple que refleja la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo establecido por el artículo 8o. de la citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una cantidad suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad judicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas por otros órganos del Estado." En ese orden, se estima que no es procedente el presente juicio de amparo, dado que la omisión que reclama la quejosa no le causa un perjuicio, porque está ya quedó superada al advertirse del Diario Oficial de la Federación que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, las reglas de operación cuya omisión de publicar reclamaba, fueron publicadas. Entonces, es inconcuso que esa omisión que reclama no existe y por ello no existe un perjuicio en su contra. En consecuencia, es procedente desechar la demanda de amparo, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para el suscrito llegar a la determinación antes efectuada, el contenido de la tesis VI.2o.A.20 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época, registro: 174896, tomo XXIII, junio de 2006, materia común, página: 1162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. NO ES UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Juez de Distrito considere que no existe el acto que origine la promoción de la demanda de amparo, no puede ser motivo manifiesto e indudable de improcedencia para el desechamiento de la demanda de garantías, pues para poder determinar plenamente si existe o no violación de garantías en perjuicio del agraviado, el órgano de control constitucional debe admitir a trámite el juicio de amparo para poder determinar, una vez que las partes aporten las pruebas que a su derecho corresponda, si existe el acto reclamado y si éste vulnera las garantías consagradas en la Carta Magna a favor de los gobernados. Por ende, es un presupuesto indispensable para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, que la responsable rinda su informe justificado, razón por la cual no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda de garantías." Ello es así, al estimarse que la existencia del acto reclamado en el caso concreto no podría demostrase aun cuando fuera admitida a trámite la demanda de amparo y la peticionaria ofreciera pruebas, pues está demostrado que a esta data ya fueron publicadas las reglas de operación que motivaron la presentación de la demanda con el ánimo de que fueran publicadas. Máxime que, la aquí quejosa Nancy Elizabeth Ruiz Coello, presentó diverso juicio de amparo que por razón de turno tocó conocer a este juzgador, mismo que fue registrado bajo el número 311/2019, en el que entre otras cosas reclama esas reglas de operación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere para tal efecto y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramiro Frías De Jesús y Alfonso Catalán Luna, toda vez que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que indica en su escrito que se provee, por no contar con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. .
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