Nahúm Miranda Astudillo

Expediente 112/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
112/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
27/04/2016

Partes del expediente

  • Nahúm Miranda Astudillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que dicha resolución que niega la protección del amparo, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO, toda vez que se negó la protección de la justicia federal. Asimismo, conforme a lo estipulado en el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo debe destruirse el duplicado del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo, procédase a la destrucción del incidente. En ese orden de ideas, y en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible porque se concedió la medida cautelar; por lo que deberá conservarse en el archivo del Juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Por tal motivo, se agrega únicamente el original del incidente, debiendo respetarse el folio, entresello y rubrica con el que se encuentra. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.

  2. Incidental

    Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar los motivos por los cuales no le fue posible realizar la entrega del oficio 9235/2016, dirigido al Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero; en consecuencia a fin de evitar mayores dilaciones en el presente incidente de suspensión, reexpídase la citada comunicación oficial con la denominación con la que dicha autoridad rindió su informe previo (foja 22), Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a Chilapa de Álvarez.

  3. Incidental

    Visto el estado de autos de los que se aprecia que mediante auto de once de marzo de dos mil dieciséis, se concedió al quejoso Nahúm Miranda Astudillo, una prórroga de tres días hábiles a efecto de que exhibiera la garantía fijada en resolución interlocutoria de quince de febrero de dos mil dieciséis, a efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; sin embargo atendiendo la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el referido quejoso no ha cumplido con las condiciones que se le impusieron en dicha resolución interlocutoria, en la que se determinó que la suspensión concedida surtía efectos de inmediato; sin embargo, dejaría de surtirlos si el aludido quejoso no exhibía antes este Juzgado Federal una garantía que corresponde a la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); asimismo, debía comparecer ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria. Extremos antes señalados que de autos no se advierte que se hayan cumplido conforme a los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo de los artículos 103 y 107 Constitucionales; consecuentemente, ante la actitud omisiva del quejoso incidentista, la suspensión concedida en el presente incidente, DEJA DE SURTIR EFECTOS y, por ende, queda expedita la facultad de la autoridad responsable el ordenar que el acto combatido sea cumplimentado en sus términos. Se aplica a lo anterior por identidad de criterio, la tesis sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página mil ciento diecisiete del tomo LXII, Quinta Época de Semanario Judicial de la Federación que en rubro y texto dice lo siguiente: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA DECLARACION DE DEJAR SIN EFECTOS LA, POR NO HABERSE OTORGADO LA FIANZA. De acuerdo con el artículo 139 de la Ley de Amparo, el auto en que un Juez de Distrito concede la suspensión definitiva de los actos reclamados, surte efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero deja de surtirlos, si el agraviado no llena dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; y no por el hecho de dejar de surtir efectos la suspensión, por falta de garantía respectiva, los Jueces de Distrito deben revocar el auto de suspensión, pues únicamente están facultados para comunicar a las autoridades responsables, haber declarado sin efecto la suspensión. Si fuera legal que los Jueces de Distrito tuvieran por revocada la suspensión, no podría la parte quejosa como lo sostiene la jurisprudencia relativa, otorgar su fianza en cualquier momento, siempre que existan actos que suspender, y en tal caso, comenzará a surtir efectos la suspensión, desde la fecha en que se otorga la garantía correspondiente. La tesis sobre que la suspensión debe tenerse por revocada, no puede fundarse en la segunda parte del citado artículo, puesto que prevé un caso distinto, o sea, cuando negada la suspensión por el Juez de Distrito, sea revocada en grado la suspensión por la Suprema Corte; para este caso, expresamente determina que concedida la suspensión por la Corte, los efectos de aquélla se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita. La revocación del auto de suspensión, por virtud de la revisión interpuesta, produce consecuencias distintas según se haya concedido o negado la suspensión. En el primer caso, revocada la suspensión por la Corte, se remueve el obstáculo que la autoridad responsable tenía para ejecutar el acto reclamado; lo cual no significa que queda obligada a esa ejecución, pues la ejecutoria de la Corte no puede producir más efectos que el de dejar expeditas las facultades de aquella autoridad que, por virtud de la suspensión concedida, habían estado restringidas. Si la suspensión ha sido negada y la Corte revoca el auto del Juez de Distrito y la concede, el efecto de la revocación será el de volver las cosas al estado que tenían antes de la fecha del auto revocado; de otro modo la ejecutoria de la Corte retrotraería sus efectos a la fecha en que se pronunció el auto del Juez de Distrito que negó la suspensión. No existe, pues, razón alguna para concluir que dejar de surtir efectos la suspensión, por falta de garantía respectiva, equivalga a revocar la propia suspensión, y, por ende, a que las cosas deban retrotraerse al estado que guardaban al momento en que fue concedida la provisional; pues, como se dijo, la retrotracción sólo tiene lugar en el caso del párrafo II del artículo 139 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, se ordena comunicar dicha determinación a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa, demuestre ante esta autoridad jurisdiccional haber cumplido con los extremos de referencia, lo que en su momento se acordará conforme a derecho. Tiene aplicación al caso concreto la tesis I.15o.A.31 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página mil ochocientos veintitrés, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. Este precepto legal previene que la determinación que concede la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado no cubre dentro del plazo de cinco días los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, esto es, los conocidos como de efectividad a que se refieren los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo, que dependen de la naturaleza del acto reclamado y se constituyen por aquellas condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión, es decir, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias; requisitos que, a diferencia de los de procedencia, se refieren a la generación de los efectos de dicha medida. En esos términos, es posible que se conceda la suspensión por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse cumplido los señalados en la ley para su efectividad; de ahí que no tiene el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues en el primer caso, deja de tener vigencia y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse acatado la condición que se impuso. Por consiguiente, tratándose de la garantía que se requiere para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, si la parte quejosa deja de exhibirla dentro del mencionado plazo, esto no significa que la medida cautelar quede anulada o revocada, sino sólo que no puede surtir sus efectos y que se encuentran expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Sobre tales premisas, no debe entenderse que la parte quejosa pierde el derecho de otorgar la garantía requerida una vez transcurridos los cinco días que contempla el artículo 139 de la Ley de Amparo, sino que la medida sólo dejará de surtir efectos y los recobrará cuando se cubra ese requisito exigido para su efectividad."

  4. Principal

    Glósese a los autos el oficio signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa, Guerrero, mediante el cual envía copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas en auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Ahora bien, en proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el despacho 85/2016 debidamente diligenciado, mismo que fuera enviado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, la Jueza Mixto de Paz del Municipio de Chilpa de Álvarez, Guerrero, emplazara a juicio a las terceras interesadas Cecia Anahy y Melany Jatziry de apellidos Miranda Salazar, representadas por su madre Carmen Salazar Solís; sin embargo, en esa fecha aún no le transcurría el plazo concedido a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por lo que una vez que transcurriera el mismo, este Juzgado Federal acordaría lo que en derecho corresponda. Por tanto, atendiendo la certificación secretarial de cuenta, se le hace efectivo el apercibimiento inserto en proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, la presente notificación así como las subsecuentes aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado Federal.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano