Nanccy Aguilar Tovar
Expediente 1290/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nanccy Aguilar Tovar
Actuaciones
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1290/2023-II, promovido por ********************, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades, por considerarlo violatorio de su derecho humano a la seguridad jurídica contenido en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 2 a 52), ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el veintiocho siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "A. MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 1209, colonia la Pradera en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62193. B. MIEMBROS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 1209, colonia la Pradera en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62193. (.) LA JUEZA AUXILIAR ADSCRITA A LA VISITADURÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, licenciada FÁTIMA ZULEYCA ARELLANO CÁRDENAS, con domicilio ampliamente conocido en Avenida Álvaro Obregón número 1209, colonia La Esperanza, Cuernavaca, Morelos." ACTOS RECLAMADOS "Del Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, el cambio de adscripción ordenado mediante oficio número ******************** de fecha cuatro de septiembre de 2023, signado por este último, donde dicha autoridad ordena mi cambio de adscripción de Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Jonacatepec, Morelos; a Juez Primero Familiar de Primera instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos. Así, como el insistir con dicho cambio adscripción cambiarme a la materia familiar cuando resulte vencedora y electa en un concurso de oposición siendo designada como Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones en materia penal, de ahí que la autoridad responsable no me puede cambiar de materia pues mi proceso de selección y nombramiento fue como Juez especializada. Asimismo, en su caso porque hasta este momento no se me ha notificado ninguna ratificación, señalo como acto reclamado la ratificación o rectificación del oficio número ******************** de fecha cuatro de septiembre de 2023, realizado por los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, en el cual se ordena mi cambio de adscripción." SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado formó el expediente 1290/2023-II, se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables, su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. . TERCERO. Audiencia Constitucional. Seguido el procedimiento, se celebró la audiencia constitucional la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estrecha relación con el contenido del diverso numeral 76 de la propia Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto efectivamente reclamado y la autoridad responsable son: Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos Miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos Jueza Auxiliar Adscrita a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos: El cambio de adscripción ordenado mediante oficio ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y su ejecución. La ratificación del oficio ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, ordenada en sesión de once de octubre siguiente, así como su ejecución. TERCERO. Actos reclamados existentes. La Juez de Primera Instancia (fojas 66 y 67); y el Magistrado Presidente, por sí y en representación (fojas 96 a 99), ambos de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado admitieron expresamente la existencia de los actos que se les reclamaron consistentes en el oficio ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, que ordena su cambio de adscripción al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla; así como su ratificación de once de octubre siguiente, y su ejecución. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que además se corrobora con las copias certificadas enviadas por las autoridades responsables (fojas 69 a 92, 98 a 101 a 103); a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Presidente y la Juez de Primera Instancia adscrita a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, refirieron que el juicio de amparo debe sobreseerse en términos de los artículos 61, fracción XIII y 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, sin embargo, omitieron realizar argumentos sobre los cuales consideraran que se actualizaban tales causales; de ahí que este órgano de control constitucional está imposibilitado para realizar el análisis respectivo de los motivos de sobreseimiento, máxime que no son de obvia y de objetiva constatación. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174086, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Página 365, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". Al no existir diversa causa de improcedencia que las partes hagan valer o que este órgano de control constitucional advierta de oficio, se impone realizar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en relación el acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". Se precisa que el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se realizará de manera conjunta dada su estrecha relación, conducta que no está prohibida por el artículo 76 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), con registro 2011406, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, que es del siguiente tenor literal: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Sentado lo anterior se tiene que la quejosa señala que el Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, al emitir el oficio ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, contravino el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que ordenó su cambio de adscripción pese a carecer de facultades para ello, pues es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, actuando en Pleno o como órgano colegiado, a quien le compete ese tipo de decisiones. En ese sentido, la quejosa agrega que conforme a los artículos 86 y 92-A, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Morelos, corresponde a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, adscribir, cambiar de adscripción, sancionar y destituir a los magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado de Morelos. Con base en lo anterior, la quejosa concluye que si el oficio reclamado en el que se ordenó su cambio de adscripción sólo fue dictado por el Magistrado responsable y no por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos como órgano colegiado, es evidente que el oficio que reclama fue dictado por una autoridad que carece de la competencia legal para ello. Asimismo, en esencia señala que el cambio de adscripción carece de motivación dado que la autoridad responsable únicamente refirió que lo hizo por necesidades del servicio, pero no expresó las razones especiales, circunstancias particulares ni las causas inmediatas que haya tomado en consideración para determinar que debía ser readscrita, no solo de territorio, sino también de materia, ya que la quejosa resultó vencedora de un concurso de oposición de Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones en materia penal. Por cuestión de método se analizará en primer lugar los argumentos en los que la quejosa aduce que la autoridad responsable carece de competencia para emitir el oficio que contiene el cambio de su adscripción. Hecha la precisión que antecede, se consideran fundados los motivos de disenso que en ese sentido formula la parte quejosa con base en las siguientes consideraciones. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos consagran los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica con base en los cuales es posible sostener que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por la autoridad que expresamente esté facultada para actuar en uno y otro sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 10/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los datos de localización siguientes: Registro digital: 205463, Octava Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994, página 12, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." Con base en lo anterior, se impone precisar el contenido de los artículos 86, párrafo segundo y 92-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el 117, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que dicen: "ARTÍCULO *86.- El ejercicio del Poder Judicial del estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el cual funcionará en Pleno y Salas Colegiadas; en un Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes; así como los juzgados de primera instancia, juzgados menores y especializados, organizados de acuerdo con su competencia establecida en las leyes. La vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, estarán a cargo de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, a quien le corresponderá también la administración de dicho poder en general, en los términos que establezcan las leyes.." ARTICULO *92-A.- La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial es un órgano administrativo que se integrará por el Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será de dicha Junta; así como por un Magistrado y un Juez de Primera Instancia, estos últimos designados por el Pleno del Tribunal a propuesta de las respectivas ternas enviadas por el Presidente del mismo, en su integración se observará el principio de paridad de género. Para la elección de los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina deberá considerarse a funcionarios que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina durarán cuatro años en el cargo, con excepción de su Presidente. Ninguno podrá ser designado para un nuevo periodo. Asimismo, serán sujetos de responsabilidad en términos de la Ley. La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina gozará de independencia de gestión y técnica, así como para emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los términos de la ley. La integración y facultades de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina se regirán por las disposiciones de la ley orgánica del Poder Judicial, de igual forma lo harán las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se ajustará a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, transparencia y rendición de cuentas. A la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial le compete: I.- Como obligación, convocar, conforme a las modalidades establecidas por la ley, a concurso de méritos y a examen de oposición, para efecto de designar a los Jueces integrantes del Poder Judicial. Los Jueces de Primera Instancia y los que con cualquier otra denominación se designen, serán adscritos y removidos del cargo por el voto de la mayoría de los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, conforme a lo previsto en la ley; II.- Expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley; III.- Tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que establezca la ley; IV.- Iniciar investigación sobre la conducta de algún otro funcionario o empleado del Poder Judicial en los términos que señale la Ley; V.- Elaborar el presupuesto del Poder Judicial sujetándose a las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución y remitirlo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, con aprobación previa del Pleno; VI.- Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, así como el de los juzgados y demás órganos judiciales e integrar el propuesto por el Tribunal Estatal Electoral, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y remitir el proyecto global del Presupuesto del Poder Judicial para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; VII.- Determinar la creación de los juzgados, secretarías de acuerdos y actuarías que requiera la administración de justicia, de acuerdo con un estudio de factibilidad presupuestal, y VIII.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas (...)". "ARTÍCULO *117.- Corresponde de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial: (.) VII.- Adscribir, cambiar de adscripción, sancionar y destituir a los Jueces, cualquiera que sea su denominación, por el voto de la mayoría simple del total de sus miembros;" De la transcripción que antecede se advierte, en lo que aquí interesa, que: 1. El ejercicio del Poder Judicial del Estado de Morelos, se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el cual funciona en Pleno y Salas Colegiadas; en un Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y en un Tribunal Laboral; así como los juzgados de primera instancia, juzgados menores y especializados, organizados de acuerdo con su competencia establecida en las leyes. 2. La vigilancia, disciplina y administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, estarán a cargo de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina. La Junta se integrará por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será de dicha Junta; así como por un Magistrado y un Juez de Primera Instancia. 3. Los Jueces de Primera Instancia serán adscritos, readscritos, así como removidos del cargo por el voto de la mayoría de los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina. Con base en lo anterior es dable concluir que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92-A, fracción I, de la Constitución del Estado y 117, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, la decisión para ordenar, entre otros, el cambio de adscripción de los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, corresponde a los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como órgano colegiado, pues para la adopción de un acto de esa naturaleza se requiere el voto de la mayoría de sus miembros. Ahora, del oficio ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, que ordena el cambio de adscripción de la quejosa al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos (foja 101), así como del acta de sesión ordinaria del once de octubre siguiente (foja 103), se advierte que fue dictado únicamente por el Magistrado responsable. En sesión ordinaria del once de octubre de dos mil veintitrés (foja 103), el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, dio cuenta a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, como órgano colegiado, con el oficio ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, cuya consideración derivó en que por votos del Presidente y Jueza de la referida Junta, ratificaran su contenido, en el que se ordena el cambio de adscripción de la quejosa al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos. De lo antes expuesto se advierte que como lo aduce la quejosa el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por sí solo es incompetente para determinar el cambio de adscripción de la peticionaria del amparo. En efecto, conforme lo dispone el artículo 92-A, fracción I, de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos y 117, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, no es la autoridad legalmente competente para determinar el cambio de adscripción de los jueces de primera instancia, pues la autoridad facultada para ello es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, como órgano colegiado. Por tanto, si el cambio de adscripción contenido en el oficio ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, fue ordenado de manera unilateral por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien además también es Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin la intervención de los demás integrantes de la Junta en mención, es dable afirmar que dicha autoridad es legalmente incompetente para emitir el cambio de adscripción aquí reclamado y, por consiguiente, el oficio ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, violenta el derecho humano de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal. No obsta a lo aquí considerado el que el contenido del oficio reclamado ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, fuera ratificado por el Presidente y la Juez de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante acta de sesión ordinaria de once de octubre siguiente, pues ello no convalida la formalidad prevista en el referido artículo 92-A, fracción I, de la Constitución Estatal y 117, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, esto es, que sea la Junta como órgano colegiado el que determine el cambio de adscripción de los jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, y no a la inversa, es decir, que de manera unilateral el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, determine el cambio de adscripción de alguno de los jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, y posteriormente la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, ratifique dicha determinación, circunstancia que al haberse materializado hace patente la vulneración al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues de la interpretación lógica del precepto 92-A, fracción I, de la Constitución Estatal y 117, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, se establece, sin lugar a dudas que el cambio de adscripción de los jueces de primera instancia, primero tiene que ser votado por los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, y, en caso, de que la mayoría de los integrantes de dicha Junta aprueben ese cambio, se notificará dicha determinación para su cumplimiento, lo que bien de manera independiente podría ser ordenado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. En razón de que el concepto de violación es fundado, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa. Por otra parte, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación relativos a la fundamentación y motivación de los actos reclamados, puesto que al ser legalmente incompetente la autoridad que emitió el oficio reclamado y al dejar en libertad de jurisdicción a la autoridad legalmente competente para emitir un nuevo acto de considerarlo adecuado, será esta última quien deberá fundar y motivar su determinación. Concesión de amparo que se hace extensivo a los actos de ejecución, pues se trata de una consecuencia directa e inmediata del propio oficio reclamado ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinaran con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que las autoridades o particulares deben adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la quejosa en el goce del derecho humano que se consideró infringido. Se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************, para el efecto de que: 1) Deje insubsistente el oficio ******************** de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, y todas las actuaciones posteriores a éste, pues derivan de un acto viciado de origen. 2) Reincorpore a la quejosa ********************, al Juzgado a la que originalmente se encontraba adscrita. 3) Lo anterior sin perjuicio, de que la autoridad competente emita un nuevo acto con libertad de jurisdicción, en el que respetando la formalidad establecida en el artículo 92-A, fracción I, de la Constitución Estatal, así como 117, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, y de manera fundada y motivada, determine si procede o no el cambio de adscripción de la aquí quejosa. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto de la autoridad y acto indicados en el considerando quinto para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en atención a las circulares 28/2023 y 29/2023, de diecinueve y veinticinco de octubre, respectivamente, signadas por el Secretario del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon como días inhábiles del dieciocho al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por lo que, hasta el día de la fecha se provee lo conducente respecto del oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, remite la misiva SADMON/DGRRHH/DRL/PS/625/2023 y la constancia de notificación por estrados realizada a la parte quejosa. En esa tesitura, vista la demanda inicial que nos ocupa, se advierte que fue recibida por este órgano jurisdiccional el nueve de agosto de dos mil veintitrés, promovida por Verónica Valencia de la Rosa, por propio derecho, respecto de las autoridades y actos siguientes: I.- Del Presidente Municipal, Ayuntamiento Constitucional, Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones y Comité Técnico para los Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, lo siguiente: a).- La omisión de acordar el escrito de petición de pensión por jubilación de diez de mayo de dos mil diecinueve, turnada con en el número de expediente administrativo 056/2019. Por otra parte, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, constituye un hecho notorio, que el siete de febrero de dos mil veintitrés, fue recibida por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, la demanda de amparo promovida por Verónica Valencia de la Rosa, por propio derecho, registrándola bajo el número de expediente 171/2023, de su índice, en donde se señaló como autoridad responsable y acto reclamado, el siguiente: I.- Del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, lo siguiente: La falta de contestación a su escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós, por el cual solicitó se le informara el estado procesal de su solicitud de pensión por jubilación dentro del expediente 056/2019. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 10, con registro 2017123 de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Posteriormente, seguida la secuela del procedimiento legal, mediante sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Asimismo, mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia antes precisada. Mediante oficio registrado bajo el folio 12850, recibido el diez de julio de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que mediante acuerdo de tres de agosto del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos, y ordenó el archivo del expediente en comento. En esa tesitura, es dable concluir que el acto reclamado en el presente juicio de amparo tiene estrecha relación con el acto que fue reclamado en el juicio de amparo tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, toda vez que derivan del mismo expediente administrativo 056/2019, del que tuvo conocimiento el Juzgado en mención. En ese contexto, este juzgado considera que no es competente para conocer del presente asunto, en atención a que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional, que se concreta con la disposición contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece como obligación de todo Juez de Distrito, la siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal establece las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material, no obstante, en el caso que nos ocupa, debemos atender no a la citada regla general sino a la especial, contenida en la Sección Cuarta, relativa al Sistema de Turno de Asuntos, específicamente los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado el catorce de marzo de dos mil veintidós, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial de la Federación. Los citados dispositivos legales prevén lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. (.) Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: . Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes de un expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos Los recursos de revisión, queja y la inconformidad, relacionados con el mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado en el sistema, aún si se trata de otro recurso o un amparo directo; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto. Las demandas de amparo en las que el acto reclamado se emita en cumplimiento de lo ordenado en un diverso juicio de amapro. . Los recursos de apelación que deriven del mismo expediente o causa penal, al Tribunal colegiado de Apelación que tengan el último antecedente registrado; A X. XI.- Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada así como, los recursos e medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se tunarán al órgano jurisdiccional que haya conocido en antecedente registrado, XII.- Los casos en los que, por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional XIII.- Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma; XIV.- La denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad se turnará al órgano que tenga el última antecedente registrado si se promueve contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin importar que el antecedente sea un juicio de amparo u otra denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad XV. La ampliación de demanda se turnará al órgano jurisdiccional que la tuvo por no interpuesta o por no presentada, al ser éste el que tienen última antecedente registrado, y XVI.- Lo demás que determine la constitución. ..." De la transcripción que antecede, se desprende que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, a partir de su entrada en vigor, (catorce de marzo de dos mil dieciséis y dos de enero de dos mil diecisiete), instauró nuevamente el turno o asignación de asuntos mediante el sistema de relación, conminando a los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común para que antes de que asignen asuntos de manera aleatoria, verifiquen si deben remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Conforme a lo expuesto, se estima que el juicio de amparo indirecto encuadra dentro del supuesto previsto en la fracción II, del artículo 46, del Acuerdo citado, para regir su turno por el sistema de asuntos relacionados, dado que de la modificación destacada, se advierte que se estableció el sistema de turno por relación, en base a: "II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes de un expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos." En ese orden, es menester precisar que el espíritu del conocimiento previo sigue presente en el actual acuerdo sólo que bajo un espectro más amplio, en la medida que ya no exige propiamente el aprovechamiento del estudio de fondo y por tanto el conocimiento de los hechos y temas jurídicos involucrados, sino que basta, en descanso del principio de seguridad jurídica para los justiciables, en la hipótesis que ocupa, que el acto reclamado provenga de un acto de autoridad al que tenga el último antecedente del asunto, como acontece en el caso, puesto que el acto reclamado en el diverso juicio de amparo 171/2023, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos y el juicio que nos ocupa, derivan del mismo expediente de origen del cual ya tuvo conocimiento previo el citado órgano jurisdiccional en el juicio antes señalado. Es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 194/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia Común, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES. El Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, establece que, previo a la asignación aleatoria del asunto, los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificarán si debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros, en el supuesto del inciso b) de dicho artículo, esto es, cuando se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Ahora bien, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un asunto, conoce previamente de hechos o antecedentes iguales a los de otro, tal conocimiento debe aprovecharse para determinar la competencia a efecto de conocer del asunto posterior derivado de aquéllos y evitar posibles sentencias contradictorias, sin que sea óbice que el supuesto del aludido inciso b) únicamente se refiera a cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía, y que en el supuesto indicado no se trate de un recurso de revisión, queja o reclamación, sino de un asunto jurisdiccional nuevo, pues dicho inciso debe interpretarse en un sentido amplio, es decir, por mayoría de razón, por lo que si procede el turno del asunto por conocimiento previo de un recurso, con mayor razón por conocimiento previo de hechos o antecedentes comunes, pues así se evita el dictado de sentencias contradictorias.". De lo anterior, se advierte que el Juzgado Sexto de Distrito en esta entidad federativa, es quien conoce del último juicio de amparo promovido en contra de los actos de autoridad reclamados. Por tanto, por el hecho de que el antecedente inmediato, directo y más reciente es del que tuvo conocimiento el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, al tramitar el juicio de amparo 171/2023 por lo que es a quien le corresponde conocer del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 184/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 222, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se leen: "COMPETENCIA POR TURNO. CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RESPECTO DE DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE RESOLVIERON PREVIAMENTE, DEBE DETERMINARSE EN FAVOR DEL QUE RESOLVIÓ EN ÚLTIMO LUGAR. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) que las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque las hayan promovido diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Por tanto, cuando se actualizan estos supuestos en relación con dos órganos jurisdiccionales que resolvieron previamente, la competencia debe determinarse en favor del que resolvió en último lugar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto." En tales circunstancias, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente, por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver el juicio de amparo y estima que el Juzgado competente, debe ser aquél que previno en el conocimiento de una primera demanda de amparo; es decir, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, por tanto, se ordena enviar el presente expediente al citado Juez Federal, a quien la ley reserva su conocimiento respecto de los demás juzgadores, resolviendo si acepta o no el conocimiento del mismo, siendo afirmativo, notifique a las partes, comunique su resolución a este órgano jurisdiccional y dé aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. Con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese cuadernillo de antecedentes, remítase el presente juicio de amparo, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, para los efectos legales conducentes, solicitando de la manera más atenta acuse de recibo, así como la comunicación de la aceptación de la competencia planteada a su favor. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Juez de Primera Instancia adscrita a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe de referencia para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga.****************************************Por otra parte, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas las pruebas que refiere la autoridad jurisdiccional oficiante, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrar la audiencia constitucional.****************************************Ahora bien, la autoridad oficiante refiere que las documentales exhibidas contienen información reservada.****************************************En ese sentido, de la lectura de las documentales que nos ocupa se advierte que son datos de la propia quejosa; por tanto, debe darse a conocer a las partes que intervienen en el presente juicio, pues tienen derecho a consultar las actuaciones, así como las pruebas ofrecidas; máxime que en el presente expediente sólo tienen acceso las partes que intervienen en el mismo, y no así el público en general (terceros), y al ordenar el resguardo de la información que se recibe, se estaría evitando el acceso a la misma, de modo que las partes no podrían controvertirla ni alegar lo conducente.****************************************Se determina lo anterior, considerando la naturaleza del acto reclamado y la especificidad del caso concreto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a una adecuada defensa, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se permite a la parte quejosa el acceso a las constancias exhibidas.****************************************Además, no implica que se realice una desclasificación, sino que, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa es que se hace de su conocimiento dichas documentales, para que haga valer lo que a su derecho convenga, sin que por ese motivo la información de mérito se esté haciendo pública, pues únicamente se pone a la vista de las partes que intervienen en este juicio, no el público en general (terceros); máxime que dicha documentación es materia de la litis. ****************************************Sirve de apoyo a la consideración anterior la tesis P./J. 45/2007, visible en la página 991, del tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen:********************"INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva". Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Nanccy Aguilar Tovar.****************************************Registro de la demanda.****************************************Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1290/2023-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince.******************** Admisión de demanda.****************************************En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Nanccy Aguilar Tovar, respecto de las autoridades y actos siguiente: ****************************************Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos********************Miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos********************Jueza Auxiliar Adscrita a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos:****************************************El cambio de adscripción ordenado mediante oficio LJGO/JUNTA ADMON/4409/2023 de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y su ejecución.********************La ratificación o rectificación del oficio LJGO/JUNTA ADMON/4409/2023 de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y su ejecución.**************************************** Del incidente de suspensión.******************** ********************Atento lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado el peticionario de garantías.**************************************** Requerimiento de informe justificado.****************************************De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado.****************************************Se exhorta a la responsable para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo".****************************************En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)".**************************************** Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita.**************************************** De la audiencia constitucional.****************************************Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. ****************************************Vista al Ministerio Público Federal.****************************************Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo.****************************************De las pruebas.****************************************Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva.****************************************Domicilio procesal y autorizados.... notif
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes
- Nahomi Deniss Peralta Mora1013/2023
- Nahum Landa Guzman398/2019
- Nallely Melina Hernandez Guadarrama514/2018
- Nallely Perez Valdes2231/2015
- Nallely Veronica Lazaro Gonzalez502/2017
- Nanccy Aguilar Tovar425/2023
- Nanci Ximena Santiago Valverde642/2019
- Nancy Anahi Pichardo Orozco38/2020
- Nancy del Angel Bahena71/2017
- Nancy Fonseca Morales1642/2015
- Nancy González Santiago598/2021
- Nancy Hernández González1962/2015