Nanccy Aguilar Tovar
Expediente 425/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nanccy Aguilar Tovar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a NANCCY AGUILAR TOVAR, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe previo rendido por el Magistrado Presidente de la Junta de administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos; por tal motivo, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, con apoyo en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegadas a las profesionistas que designa, y conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, del mismo ordenamiento legal, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. En razón de lo anterior, con fundamento en el arábigo 143 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecida la documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de celebrar la audiencia incidental. Asimismo, de conformidad con el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la citada autoridad responsable, con base en los usuarios "orlandobello", y "mayramelpi" toda vez que de una revisión realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dichos usuarios sí se encuentran registrados y autorizados para realizar la consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con los usuarios relativos a los nombres de la autoridad oficiante, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial A de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Finalmente, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la autoridad exactora el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe y se agrega para los efectos legales conducentes, el escrito signado por la quejosa Nanccy Aguilar Tovar, por el cual solicita la apertura del incidente de suspensión dentro del presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia de la demanda de amparo y escrito de ampliación de demanda, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 425/2023-II, promovido por Nanccy Aguilar Tovar, por propio derecho. Requerimiento de los informes previos Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, el cual deberán rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, enviándoseles para tal efecto copia de la demanda, en el que se deberán concretar a expresar si son ciertos o no los actos reclamados que se le atribuyen, podrá manifestar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, en caso de que los actos reclamados sean ciertos, deberá remitir copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obren en su poder, relacionadas con los actos reclamados, a efecto de que este Juzgado tenga mayores elementos para resolver en la suspensión definitiva. Apercibiéndosele que, de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa, por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. De la audiencia incidental Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión del acto reclamado. Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se precisa que, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte lo siguiente: Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos Miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos Jueza Auxiliar Adscrita a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos: El cambio de adscripción ordenado mediante oficio LJGO/JUNTA ADMON/1080/2023 de seis de marzo de dos mil veintitrés y su ejecución. La ratificación de los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado del cambio de adscripción ordenado mediante oficio número LJGO/JUNTAADMON/1080/2023 de seis de marzo de dos mil veintitrés; el cual fuera ratificado por los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado en sesión de ordinaria de fecha diez de marzo de dos mil veintitrés. Negativa de la suspensión provisional Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de la Materia, se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados precisados, toda vez que ya fueron emitidos, por ende, revisten el carácter de actos consumados contra los cuales resulta improcedente conceder la providencia cautelar solicitada. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia número 12, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Ahora bien, es de precisar que la quejosa solicitó la suspensión para el efecto siguiente: ".solicito la suspensión de los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo, para efectos de que las cosas se mantengan al momento de la interposición del amparo hasta en tanto se resuelva en definitiva el fondo del presente asunto." No obstante, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL por lo que respecta a los efectos y consecuencias de los actos reclamados consistente en el cambio de adscripción ordenado mediante oficio LJGO/JUNTA ADMON/1080/2023 de seis de marzo de dos mil veintitrés y su ratificación. Lo anterior, al no satisfacerse el requisito establecido por el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones del orden público se acreditan, pues las funciones que realiza la quejosa tiene como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta le importan que dichas actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables. En la especie, debe atenderse a la teoría de ponderación de principios, pues se advierte que existen dos derechos fundamentales que se enfrentan; por una parte involucra el bienestar del orden social de la población en materia de impartición de justicia y, por otra parte, la continuación a desempeñar la actividad laboral que realiza la quejosa en su adscripción actual. En efecto, con la suspensión de los efectos y consecuencias del acto reclamado, consistente en el cambio de adscripción de la aquí quejosa en su carácter de Juez de Primera Instancia, se causaría perjuicio el interés social y se contravendría el orden público, toda vez que en el desempeño de sus funciones se encuentra inmerso el bien jurídico de impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, que involucra el orden público y el interés social que toda autoridad judicial se encuentra obligada a cumplir. Lo anterior, en razón a que en el desempeño de sus funciones como Juez Local, se encuentra la de dirimir los conflictos suscitados entre diversos sujetos de derechos en los procedimientos de los juicios que tramitan y, velar que éstos se ajusten a las leyes y se haga eficiente la administración de justicia, esto es, su actividad es la de impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a su vez refleja que el ejercicio de su cargo tiene como destinataria a la sociedad y, por ende, es a ésta a quien le importa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. En consecuencia, contra la ejecución de cambio de adscripción de la quejosa, resulta improcedente conceder la suspensión provisional, al no colmarse el requisito previsto por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. Considerar lo contrario, constituiría un obstáculo a la tutela judicial efectiva, al no poder gozar la sociedad del derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla de manera pronta en los plazos y términos que fijen las leyes. Aunado a que el cambio de adscripción no es un acto irreparable ni ocasionaría a la hoy quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, dado que en caso de obtener resolución favorable, se le restituiría en el goce del derecho fundamental violado a través de su reincorporación al lugar en el que se encontraba adscrita. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 33/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 175, cuya sinopsis dice: "SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero y al Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y de Paz de la citada entidad federativa, los secretarios de acuerdos de los juzgados de primera instancia son auxiliares de los órganos jurisdiccionales a los que están adscritos, y en el desempeño de sus funciones coadyuvan con sus titulares para que los procedimientos de los juicios que tramitan se ajusten a las leyes y se haga eficiente la administración de justicia, por lo que sus actividades están intrínsecamente relacionadas con la encomienda del Juez de impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a su vez refleja que el ejercicio de su cargo tiene como destinataria a la sociedad y, por ende, es a ésta a quien le importa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. En ese sentido, contra la orden de cambio de adscripción de los servidores públicos de referencia, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, al no colmarse los requisitos previstos por las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues cualquier acto que tienda a suspender su actividad en el lugar en el que se requiera su ayuda involucra un obstáculo a la garantía de tutela jurisdiccional que resentirá la sociedad al no poder gozar del derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla de manera pronta en los plazos y términos que fijen las leyes. Además, el cambio de adscripción no es un acto irreparable ni ocasiona al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, porque en caso de obtener resolución favorable se le restituiría en el goce de la garantía individual violada a través de su reincorporación al lugar en el que se encontraba adscrito. La conclusión anterior no varía para el supuesto de que el cambio de adscripción sea para una ciudad distinta, porque siendo de un juzgado a otro de la misma instancia, es en igualdad de funciones, términos y condiciones, y las molestias que pudiera sufrir por ello no están por encima de los intereses de la sociedad a quien le interesa que en el lugar que se requiera una mejor administración de justicia se destinen los recursos humanos para cumplir con esa función primordial del Estado". La jurisprudencia anterior, es de observancia obligatoria para este Juzgador, en términos del artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]". Del mismo modo, sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la tesis XX.2º.37.A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo contenido comparte este Juzgador, al partir de las razones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 33/2008, transcrita en los párrafos anteriores, la cual es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE PORQUE DE CONCEDERSE SE CONTRAVENDRÍA EL INTERÉS PÚBLICO DE ACCESO A LA JUSTICIA, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). De conformidad con el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado procede cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, si el acto reclamado se hace consistir en el cambio de adscripción de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la medida suspensional solicitada contra esa determinación es improcedente, porque de concederse se contravendría el interés público de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que con la readscripción se pretende salvaguardar el bien jurídico de impartición de justicia, que involucra el orden público y el interés social que toda autoridad judicial se encuentra obligada a cumplir, habida cuenta que en el ámbito de su competencia tienen las atribuciones necesarias para dirimir los conflictos suscitados entre diversos sujetos de derecho; por tanto, la concesión de dicha medida cautelar retardaría la integración del órgano jurisdiccional hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal, pues la ausencia del Magistrado tendría que suplirse con el secretario de Acuerdos, quien no podrá decidir las contiendas sometidas a su consideración, dado que su función jurisdiccional se limita a la práctica de las diligencias necesarias y a dictar los acuerdos de mero trámite, tal como lo dispone el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y privaría a los gobernados que instan a ese tribunal, de obtener un fallo dentro del marco del citado precepto constitucional, haciendo nugatorio el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia de manera pronta y expedita". Énfasis añadido. Asimismo, apoya la conclusión alcanzada, la jurisprudencia I.3º. A. J/16, emitida por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383, del Tomo V, correspondiente al mes de Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dice: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad". Finalmente, encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J.52/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 296 del Tomo XVI, correspondiente al mes de Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada." Notifíquese.
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