Naihelli del Carmen Hernández Corona

Expediente 946/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
946/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • Naihelli del Carmen Hernández Corona

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por la quejosa **********; atento a su contenido y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la constancia que indica, previo recibo que se deje en autos de su entrega; se autoriza para recogerla a las personas que refiere.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que presenta ************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 946/2019-II. Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando: La imposición de una multa por la suma de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/10 M.N.), emitida dentro del expediente familiar F-2437/2016, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, ante el incumplimiento del convenio celebrado en dicho controvertido. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa ************, por su propio derecho, reclama la determinación de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, dentro del juicio F-2437/2016, mediante la cual, entre otras cosas, tuvo a ************, haciendo las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, y en atención a las mismas y a fin de dar cumplimiento a los autos de fecha trece de agosto, nueve de septiembre y audiencia del juicio incidental de doce de julio de dos mil diecinueve, ordenó girar oficio a la Primaria Federal Urbana Moisés Sáenz, Turno Matutino, a efecto de que pusiera a disposición de ************ a su menor hija de nombre ************, con apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se haría acreedora a una multa de treinta unidades de medida y actualización cuyo valor es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), equivalente a $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), lo anterior, con fundamento en el artículo 60, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la resolución reclamada en el presente asunto, no causa a la quejosa ************ un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitime para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que la resolución tildada de inconstitucional, no se encuentra dirigida a la aquí impetrante, sino a la Primaria Federal Urbana Moisés Sáenz, Turno Matutino, y por tanto, por sí sola no transgrede su esfera de derechos, por lo que no está legitimada para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Lo anterior, tomando en consideración que la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, fue emitida en atención a la solicitud de trece del citado mes y año, formulada por ************. De ahí que se considere que el acto reclamado no causa perjuicio alguno a la quejosa, en su esfera jurídica, porque la determinación reclamada, se encuentra dirigida a la Primaria Federal Urbana Moisés Sáenz, Turno Matutino, a efecto de que pusiera a disposición de ************ a su menor hija de nombre ************, con apercibimiento que de no hacerlo, se haría acreedora a una multa y es la única que en todo caso podría cuestionarla, por lo que es inconcuso que sus derechos fundamentales no se transgreden de manera alguna, máxime que acude a esta instancia constitucional por su propio derecho. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, al no contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federa. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA:Vista la demanda de amparo que presenta ************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 946/2019-II. Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando: La imposición de una multa por la suma de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/10 M.N.), emitida dentro del expediente familiar F-2437/2016, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, ante el incumplimiento del convenio celebrado en dicho controvertido. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa ************, por su propio derecho, reclama la determinación de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, dentro del juicio F-2437/2016, mediante la cual, entre otras cosas, tuvo a ************, haciendo las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, y en atención a las mismas y a fin de dar cumplimiento a los autos de fecha trece de agosto, nueve de septiembre y audiencia del juicio incidental de doce de julio de dos mil diecinueve, ordenó girar oficio a la Primaria Federal Urbana Moisés Sáenz, Turno Matutino, a efecto de que pusiera a disposición de ************ a su menor hija de nombre ************, con apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se haría acreedora a una multa de treinta unidades de medida y actualización cuyo valor es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), equivalente a $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), lo anterior, con fundamento en el artículo 60, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la resolución reclamada en el presente asunto, no causa a la quejosa ************ un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitime para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que la resolución tildada de inconstitucional, no se encuentra dirigida a la aquí impetrante, sino a la Primaria Federal Urbana Moisés Sáenz, Turno Matutino, y por tanto, por sí sola no transgrede su esfera de derechos, por lo que no está legitimada para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Lo anterior, tomando en consideración que la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, fue emitida en atención a la solicitud de trece del citado mes y año, formulada por ************. De ahí que se considere que el acto reclamado no causa perjuicio alguno a la quejosa, en su esfera jurídica, porque la determinación reclamada, se encuentra dirigida a la Primaria Federal Urbana Moisés Sáenz, Turno Matutino, a efecto de que pusiera a disposición de ************ a su menor hija de nombre ************, con apercibimiento que de no hacerlo, se haría acreedora a una multa y es la única que en todo caso podría cuestionarla, por lo que es inconcuso que sus derechos fundamentales no se transgreden de manera alguna, máxime que acude a esta instancia constitucional por su propio derecho. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, al no contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federa. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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