Mucio Acosta Aguilar
Expediente 281/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mucio Acosta Aguilar
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que ese Tribunal aceptó la competencia planteada; en tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que, previo a aceptar la competencia planteada por este Juzgado, remitió con carácter devolutivo el escrito original de la demanda de amparo presentada por **********, al Juez Tercero de Partido de esta ciudad, a efecto de que cumpla con lo dispuesto en la fracción I, del numeral 178, de la Ley de la Materia.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Partido, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número ******************** Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Del análisis integral de la demanda de que se trata, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las resoluciones que culminan un juicio son aquellas que lo dan por terminado, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando la sentencia definitiva dictada el ********************, en el juicio ejecutivo mercantil ********************del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad. De lo anterior se colige, que la determinación reclamada se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que hace referencia el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una sentencia definitiva, dictada por un tribunal judicial. Con base en lo anterior, se afirma que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que en el caso concreto la parte quejosa reclama la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil ********************del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad y, por tanto, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y, con fundamento en el artículo 47 de la legislación en consulta, ordena: Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada ******************** al contar con cédula profesional ********************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Partido, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número ******************** Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Del análisis integral de la demanda de que se trata, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las resoluciones que culminan un juicio son aquellas que lo dan por terminado, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando la sentencia definitiva dictada el ********************, en el juicio ejecutivo mercantil ********************del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad. De lo anterior se colige, que la determinación reclamada se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que hace referencia el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una sentencia definitiva, dictada por un tribunal judicial. Con base en lo anterior, se afirma que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que en el caso concreto la parte quejosa reclama la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil ********************del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad y, por tanto, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y, con fundamento en el artículo 47 de la legislación en consulta, ordena: Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada ******************** al contar con cédula profesional ********************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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