Nahu Suárez Ilagor

Expediente 1056/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1056/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Nahu Suárez Ilagor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el siete de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional por una parte sobreseyó en el juicio y por otra, otorgó la protección constitucional a NAHU SUÁREZ ILAGOR, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Así, en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Mediante oficio presentado el dos de junio de este año, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y remitido a este órgano jurisdiccional el ocho de ese mismo mes y año, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copias certificadas tendentes a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "1. Dejar insubsistente el oficio 2.11.15.5/DPSH/5207/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; y, 2. En su lugar, emitir un nuevo oficio en el que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo y, atendiendo a los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, únicamente acuerde de conformidad la solicitud de copias que realizó el quejoso." En resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, contenida en el oficio SP/MICH/1079/2022, se determinó lo siguiente: - Se dejó insubsistente el oficio número 2.11.15.5/DPSH/5207/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; y, - Le informó al quejoso que adjunto a esa respuesta, le agregó impresión debidamente certificada de la Constancia del Sistema de Indemnización Global de ese instituto, misma que fuera solicitada por el aquí quejoso a la responsable. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Juzgado federal remite constancia Visto el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite un informe que le fue presentado en ese órgano, pero que corresponde al juicio de amparo en que se actúa; atento a lo anterior, se tiene por recibida dicha constancia y procédase a proveer lo que en derecho corresponda en torno de la misma. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, visto tanto el oficio que se remite UJD/2.11.15.4/1735/2022, como el diverso UJD/2.11.15.4/1899/2022, allegados por distintas vías y suscritos por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte tienen el mismo contenido y que con los mismos se adjuntan copias certificadas del oficio número SP/MICH/1079/2022, donde se deja insubsistente el acto reclamado y se expide la constancia solicitada por el quejoso. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de siete de abril del año en curso, en que por una parte se sobreseyó en el presente juicio constitucional y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Nahu Suárez Ilagor. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones inherentes en el libro de gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consiste en: "(.) 1. Dejar insubsistente el oficio 2.11.15.5/DPSH/5207/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; y, 2. En su lugar, emitir un nuevo oficio en el que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo y, atendiendo a los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, únicamente acuerde de conformidad la solicitud de copias que realizó el quejoso. (.)." REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Hágase saber lo anterior al Subdelegado de Prestaciones, Delegación Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuanto superior jerárquico de la autoridad responsable, para los efectos precisados en el artículo 194 de la Ley de Amparo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número III-1056/2021, promovido por Nahu Suárez Ilagor, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el tres de noviembre del dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Nahu Suárez Ilagor, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, con sede en esta ciudad. Actos que estimaron violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de que se trata, registrándola bajo el número III-1056/2021; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Mediante oficio presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, a través del correo oficial de este Juzgado; y el treinta y uno siguiente, en la Oficialía de Partes, la autoridad responsable rindió informe justificado al que anexó el oficio número 2.11.15.5/DPSH/5207/2021, con el cual refiere da respuesta a la solicitud formulada por la quejosa. Por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo señalando como acto reclamado el citado oficio 2.11.15.5/DPSH/5207/2021 de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. A las once horas con cincuenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consisten en: La omisión de dar atención pronta, completa y congruente a la solicitud de nueve de septiembre del dos mil veintiuno, esto es, la violación a su derecho de petición tutelado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El oficio número 2.11.15.5/DPSH/5207/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, mediante el cual dio respuesta negativa a las solicitudes formuladas por la quejosa el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en (1) la omisión de dar atención pronta, completa y congruente a la solicitud de nueve de septiembre del dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Mientras que por lo que ve al diverso acto reclamado consistente en (2) el oficio número 2.11.15.5/DPSH/5207/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, al rendir su informe justificado con motivo de la ampliación de demanda aceptó la existencia del acto reclamado. Además de que se advierte su existencia con los documentos que adjunto dicha responsable a su informe justificado, por lo que también se debe tener por cierto. Pruebas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, para lo cual se estudiará una de las causales de improcedencia que establece la Ley de Amparo vigente. Así, de manera oficiosa, este Juzgado constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI, del diverso numeral 61 del mismo cuerpo normativo, en el que se prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto u omisión reclamada ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que no produce efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, se ha subsanado la omisión reclamada; o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En el presente asunto, la parte quejosa, como ya se precisó, reclama de la autoridad responsable la omisión en dar respuesta su escrito presentado ante dicha autoridad el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recibo en la parte superior derecha. En relación con dicha omisión, al rendir su informe justificado, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado comunicó que mediante oficio número 2.11.15.5/DPSH/5207/2021 de diecisiete de noviembre de ese año, dio contestación a la solicitud formulada por la parte quejosa. Acto del cual la parte quejosa indudablemente tuvo conocimiento a través de la notificación electrónica ordenada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que ampliara su demanda de amparo, en su contra, lo que, incluso, realizó el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. En tal virtud, al haber dado respuesta a lo solicitado y haberse hecho del conocimiento de la quejosa; es indudable que cesaron los efectos de la omisión reclamada a dicha autoridad. Sirve de apoyo la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio por lo que ve al acto reclamado consistente en la omisión de dar atención pronta, completa y congruente a la solicitud de nueve de septiembre del dos mil veintiuno de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados en torno a la omisión reclamada por la parte quejosa, vertidos en su demanda de amparo. Lo expuesto al tenor de la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otro lado, por lo que respecta al restante acto reclamado consistente en el oficio número 2.11.15.5/DPSH/5207/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, se precisa que en el caso no se analizará si la parte quejosa agotó el principio de definitividad respecto a la respuesta emitida por la autoridad responsable. En razón de que válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior porque al tratarse de una ampliación de demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por la quejosa cuando promovió el juicio constitucional. Máxime que la respuesta de la autoridad surge durante el trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que agotar el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque este Juzgador ya cuenta con todos los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente. Registro digital: 2021401 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 15/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público." QUINTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo analizar el fondo del asunto es necesario narrar los principales antecedentes del acto reclamado con el propósito de lograr mayor claridad en la presente determinación. De las referidas constancias, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; se advierte lo siguiente: - El nueve de septiembre de dos mil veintiuno la parte quejosa Nahu Suárez Ilagor presentó escrito ante la autoridad responsable en el que solicitó literalmente lo siguiente: "1. Me indique la cantidad de dinero que debo devolver a ese Instituto por concepto de reintegro de la indemnización global que me fue otorgado, indicándome la cuenta bancaria y la forma que debo hacer dicho reintegro, a efecto de alcanzar el beneficio de obtener la pensión por retiro por edad y tiempo de servicios previsto en los artículos 61 y 63 de la Ley del ISSSTE vigente hasta el 31 de marzo de 2007. Lo anterior, lo fundamento en el hecho de que, ese Instituto actuó de forma indebida al entregarme la indemnización global de mis aportaciones al ISSSTE, sin otorgarme la opción primaria de elegir en dejar la totalidad de mis aportaciones, a efecto de que, al alcanzar la edad de 55 años tenga derecho a la pensión que enseguida le solicito. 2. Me reconozca que cotice 20 años para el ISSSTE; por consiguiente, me asiste el derecho a una pensión por retiro por edad y tiempo de servicios, a que se refiere el artículo 61 de la Ley del ISSSTE vigente hasta el 31 de marzo de 2007. 3. Me reconozca el derecho a disfrutar de una pensión conforme lo establecido en el artículo 63 de la Ley antes mencionada, a partir de haber cumplido 55 años de edad, esto es a partir de 23 de mayo de 2014. 4. Me pague de forma retroactiva la pensión que me corresponde a partir del 23 de mayo de 2014, cuando cumplí con los requisitos previstos en el artículo 61 y 63 de la Ley antes mencionada. 5. Me expida copias certificadas de todos los documentos que obran en mi expediente personal, que motivó el otorgamiento de la indemnización global que he mencionado." - La autoridad responsable Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante oficio número 2.11.15.5/DPSH/5207/2021 de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dio respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa en los términos siguientes: "[.] en respuesta a su escrito ingresado a este Delegación Estatal del ISSSTE, con fecha 9 de septiembre del presente año, donde nos solicita lo siguiente: 'Me indique la cantidad de dinero que debe devolver a ese Instituto por concepto de Reintegró de la indemnización Global que me fue otorgada' En respuesta a su petición, me permito informar a Usted lo siguiente: Que habiendo hecho una minuciosa búsqueda en la base de datos de Indemnizaciones Globales, existe un antecedente de dichas prestaciones a su nombre, lo cual nos indica que hay un retiro de fondos, por lo tanto para estar en la posibilidad de Reintegrar al Fondo de Pensiones, deberá comprobar mediante el último talón de pago que se encuentra en el Sistema Federal como personal Activo, requisito indispensable para poder realizar el trámite de la devolución de fondo de pensiones (Reintegro de Indemnización Global). 'Me reconozca que cotice 20 años para el ISSSTE, por consiguiente me asiste el derecho a una pensión por Retiro por Edad y Tiempo de servicios.' El punto anterior no se le puede reconocer como Usted lo acentúa, derivado del retiro de fondos el cual realizó por la cantidad de $68,638.02 (SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.) con fecha de solicitud del día 17 de Octubre del año 2002. EN el ramo 00011, por el periodo comprendido del 01/octubre/1981 al 31/diciembre/2011. Derivado de lo anterior no dispone de fondos que sustenten la pensión solicitada. 'Me reconozca el derecho a disfrutar de una pensión conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley del ISSSTE.' En cuanto a esta petición, como lo indica el Articulo 46 de la Ley del ISSSTE, que dice "Si el trabajador separado del Servicio reingresare y quisiere que el tiempo durante el que trabajó con anterioridad se le compute para efectos del reglamento, deberá reintegrar en un plazo de 30 días hábiles la Indemnización que hubiere recibido más los interés legales correspondientes, esto es, sí y solo sí, reingresa al Sistema Federal y permanezca en ACTIVO. 'Me pague de forma retroactiva la pensión que me corresponde a partir del 23 de mayo de 2014, cuando cumplí con los requisitos previstos en el artículo 61 y 61 de la Ley antes mencionada.' Lo anterior se especifica en el punto ya mencionado del reintegro de fondos, cuando se reingresare al Sistema Federal y se encuentre activo como trabajador, se analizará los años de servicio y el régimen pensionario en el cual se encuentre al momento de la solicitud de pensión. 'Me expida copias certificadas de todos los documentos que obran en mi expediente personal, que motivó al otorgamiento de la I.G.' Al respecto, me permito informar a Usted que no es posible acceder a su petición, toda vez que las copias certificadas de cualquier documento que obre en los archivos de esta Subdelegación únicamente serán expedidas a solicitud de la autoridad jurisdiccional, ante quien se vaya a realizar cualquier trámite de carácter legal, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 fracción XII, del Reglamento de las Delegaciones del ISSSTE, que contiene las facultades y obligaciones del Delegado Estatal. Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se resuelve que no es procedente su petición, en tanto no se reactive en el Sistema Federal para asimismo pueda proceder a Reintegrar el Fondo de Pensiones. [.]". (subrayado añadido). Inconforme con tal respuesta el quejoso promovió ampliación de demanda de amparo. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso en su ampliación de demanda. Es preciso destacar que los conceptos de violación se estudiarán de manera distinta a la planteada por el quejoso y en dos partes, lo anterior por cuestión de técnica jurídica y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente. Ello en concordancia con lo expuesto en la jurisprudencia J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, y que este órgano colegiado comparte, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." En la primera parte de sus conceptos de violación el quejoso refiere que le causa perjuicio la resolución impugnada al ser violatoria de su derecho humano de dar una respuesta pronta, completa, congruente, fundada y motivada, tutelada en los artículos 8° y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal. Lo que considera así, en razón de que en el oficio impugnado, no se dio respuesta de manera congruente con su petición y para ello realiza un cuadro comparativo, entre lo que destaca, que la autoridad señala que para ser procedente el reintegro de la indemnización global debe regresar a laborar y justificar estar como "trabajador en activo" con el último talón de pago, sin embargo, afirma que ello es incongruente con lo solicitado porque ya no se encuentra en activo. Sin embargo, aun y cuando afirma que no se le dio respuesta de manera congruente con lo solicitado, expresa argumentos tendentes a controvertir el fondo del oficio impugnado. Al señalar que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio el derecho humano a la seguridad social tutelado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que considera como derecho fundamental de los trabajadores la obligación del Estado en protegerlos y a sus familiares ante la contingencia de la vida como son riesgos laborales, enfermedades no laborales, maternidad, vejez y muerte. Ello porque considera que, en el caso, la autoridad responsable en ningún momento le hizo de su conocimiento ni le otorgó la opción primaria de elegir el derecho establecido en el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (abrogada el 31 de marzo de 2007). Es decir, señala que en ningún momento se le dio la opción de dejar la totalidad de sus aportaciones como trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que, al cumplir 55 años, se le otorgara la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio. Así, dice que era obligación de la responsable darle la opción de elegir si deseaba "dejar" las aportaciones o retirarlas, ello de conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 3°, fracción VI, 48, 61, 63, 66 y 87 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada. Numerales de los que deduce es obligatorio el otorgamiento de una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, que se otorga a los trabajadores que cumplan 55 años de edad y tuviesen 15 años de servicios como mínimo e igual tiempo de cotización al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por lo tanto, aduce que si se parte del supuesto de que es obligatorio el otorgamiento de dicha pensión, entonces, los trabajadores que no cumplen con la edad citada tienen un derecho opcional de dejar la totalidad de sus aportaciones con el objeto de que al cumplir la edad de cincuenta y cinco años, puedan gozar del mismo. De esta manera refiere que en el caso de optar por la indemnización global, debe existir constancia de haberle comunicado la opción de elegir el derecho establecido en el artículo 66 mencionado, así como la renuncia expresa de tal prerrogativa, debido a que el Instituto responsable tiene la obligación de otorgar a los trabajadores una pensión de retiro por edad y tiempo de servicio cuando cumplan los requisitos de procedencia. Por ende, dice, al no haberse otorgado el derecho de elección, ni existir renuncia expresa al mismo, lo procedente es hacer el reintegro de la indemnización global que se recibió, pues en ese momento tenía el derecho de dejar la totalidad de sus aportaciones. También dice que la renuncia de derechos no produce efecto alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal manera que no quede duda del derecho al cual se renuncia en términos del artículo 7° del Código Civil Federal. Concluye que la negativa implícita de no recibir el reintegro de la indemnización global que se le entregó, vulneró su derecho humano a la seguridad social, pues le limita obtener la protección del Estado ante la vejez, a pesar de haber laborado veinte años, en la que, de manera puntual realizó sus aportaciones, sin que al momento de causar baja como trabajador se hiciera efectivo el derecho de elegir entre dejar sus aportaciones para que cumplida la edad requerida pueda obtener la pensión que solicitó o recibir la indemnización global. Como se adelantó, tales razonamientos son infundados en una parte y fundados en otra, una vez que se suplen en su deficiencia. Se explica. En principio, se precisa que de la totalidad de los argumentos que vertió la responsable en el oficio número 2.11.15.5/DPSH/5207/2021, se advierte da respuesta a la petición formulada por el quejoso, aunque no de manera favorable a sus pretensiones. Pero no por ello se considera que la misma resulte incongruente o que no se atendió lo solicitado, pues expresó las razones del por qué era improcedente su solicitud. En el oficio impugnado se observa que la responsable le precisó que para proceder a la reintegración de la indemnización global era necesario que se encontrara en el sistema federal como personal activo y que ello era requisito indispensable para poder realizar el trámite de la devolución de fondo de pensiones; así como que de la base de datos advertía un antecedente de que, por cuanto veía a dicha prestación, existía un retiro de fondos. Por ende, expuso la responsable, no le podía reconocer la cotización de veinte años en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para tener derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, derivado del retiro de fondos que realizó, misma que era por la cantidad de $68,638.02 (sesenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 02/100 moneda nacional), con fecha de solicitud de diecisiete de octubre del año dos mil dos, en el ramo 00011, por el periodo comprendido del uno de octubre de mil novecientos ochenta y uno al treinta y uno de diciembre de dos mil uno. En consecuencia, le refirió que no disponía de fondos que sustentaran la pensión solicitada. En otro aspecto, la responsable citó el artículo 46 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para concluir que "sí y solo sí" reingresara al Sistema Federal y permaneciera activo podría disfrutar de una pensión. Por ende, le dijo que cuando se encontrara activo como trabajador analizaría los años de servicio y el régimen pensionario en el cual se encontrara al momento de la solicitud de pensión. Por lo expuesto, se reitera, la autoridad sí dio respuesta fundada y motivada a lo solicitado por la parte quejosa, al citar el numeral que consideró aplicable al caso y exponer las razones por las cuales consideraba que era improcedente su solicitud. Tanto es así que dicha negativa generó que la parte quejosa vertiera conceptos de violación para controvertir el fondo de la respuesta a lo solicitado, sin embargo, dichos argumentos también resultan infundados. Lo anterior debido a que este Juzgado advierte que lo expuesto por la autoridad responsable se encuentra ajustado a derecho, en el sentido de que si retiró los fondos de la pensión por edad y tiempo de servicio desde el diecisiete de octubre dos mil dos; entonces, no le asiste el derecho a una pensión por tal rubro. Veamos. Al respecto el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el año dos mil siete, establece: "Artículo 66.- El trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al Instituto podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue la misma. Si falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta ley." De acuerdo con el precepto invocado, tienen derecho a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios los trabajadores que habiendo cumplido 55 años, tuviesen 15 años de servicios como mínimo e igual tiempo de cotización al Instituto. El precepto de referencia establece una excepción a dicha regla, consistente en los casos en que el trabajador se separen del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al Instituto, supuesto en el que podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue la misma. Es decir, que la pensión en comento se pagará en el momento en que cumpla la edad requerida, hipótesis en la que existe un lapso entre la fecha en que se da de baja con quince años de servicio y aquélla en la que cumple 55 años. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª/J. 81/2016 (10a.), visible en la página 685, del Libro 32, julio de 2016, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, respecto a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, al analizar el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, determinó lo siguiente: "PENSIÓN DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS. CUANDO EL TRABAJADOR SE ACOGIÓ AL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, DEBE ATENDERSE A LA EDAD MÍNIMA REQUERIDA EN ESA NORMATIVA Y NO A LA FIJADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE. El citado artículo establece que el trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue ésta, y que si falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de la ley que rige a ese Instituto. Así, el artículo 66 aludido contiene un supuesto complejo consistente en la realización de varios actos, a saber, que durante su vigencia el trabajador del Estado se separe del servicio, después de haber cotizado cuando menos 15 años al Instituto y deje la totalidad de sus aportaciones, lo que tiene como consecuencia gozar de la prerrogativa de que se le otorgue la pensión cuando se cumpla la edad requerida de 55 años, según el numeral 61 de la normativa derogada, o bien, que se le conceda a sus derechohabientes. En consecuencia, conforme a la teoría de los derechos adquiridos y expectativas de derecho y de los componentes de la norma, al darse todos los actos del supuesto jurídico del artículo 66, necesariamente deberá producirse la consecuencia prevista en los términos allí indicados, ya que su realización sólo se encuentra diferida en el tiempo. Cuando el trabajador alcanza dicha edad estando derogada la disposición, no puede atenderse a la edad fijada en el numeral Décimo Transitorio de la ley vigente, que la aumentó gradualmente hasta llegar a 60, en tanto que éste no puede suprimir, modificar o condicionar de manera alguna la consecuencia diferida en el tiempo, pero no supeditada a las modalidades señaladas en la nueva ley. Estimar lo contrario resultaría violatorio del derecho a la irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado, reconocido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (subrayado no es de origen). En la ejecutoria de la jurisprudencia transcrita se advierte que la Segunda Sala precisó: ". Para demostrar lo anterior, importa destacar lo establecido por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado derogada, en sus artículos 3º, fracción VI, 48, 61, 63, 66 y 87, en los términos siguientes:---'(los transcribe)'.--- Se advierte de las disposiciones transcritas de la normatividad derogada, lo siguiente:---  El derecho a las pensiones nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se colocan en los supuestos de la ley y satisfacen los requisitos que la misma exige.---  Se contempla con carácter obligatorio, entre otros, el seguro de retiro por edad y tiempo de servicios para los trabajadores que habiendo cumplido 55 años de edad, tuviesen un mínimo de 15 años de servicios e igual tiempo de cotización al instituto.---  El monto de esa pensión para el trabajador que haya cotizado el mínimo de 15 años es del 50%, porcentaje que va incrementándose gradualmente en la medida en que aumenta el tiempo de servicios cotizados, hasta llegar al máximo del 95% para quienes cumplan 29 años de servicios o más.---  Se establece la opción para el trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al instituto, pero que no haya alcanzado la edad mínima de 55 años para tener derecho a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, de dejar la totalidad de sus aportaciones para que al cumplir la edad mencionada se le otorgue la pensión, o si falleciera antes de cumplirla, se le conceda a sus familiares derechohabientes.---  Por último, de no ejercerse la opción anterior, el trabajador que se separe definitivamente del servicio sin derecho a la pensión, tendrá el beneficio consistente en percibir una indemnización global equivalente al monto total de las cuotas que hubiera cubierto, más 90 días si hubiera permanecido en el servicio de diez a catorce años.--- Ahora bien, el análisis del artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado derogada, permite advertir que contiene un supuesto complejo y una consecuencia. El supuesto complejo consiste en la realización de varios actos, a saber, que durante su vigencia, el trabajador del Estado se separe del servicio, después de haber cotizado cuando menos 15 años al instituto y de dejar la totalidad de sus aportaciones. La consecuencia cuando se da el referido supuesto complejo, es la de gozar de la prerrogativa consistente en que se le otorgue la pensión cuando cumpla la edad requerida, esto es, 55 años, y en caso de fallecer antes, se le conceda a sus familiares derechohabientes.--- En consecuencia, conforme a la teoría de los derechos adquiridos y expectativas de derecho y de los componentes de la norma, dándose todos los actos del supuesto jurídico previsto en el artículo 66 que se examina, necesariamente deberá darse la consecuencia prevista por la propia norma, en los términos por la misma contemplada, ya que su realización sólo se encuentra diferida en el tiempo.--- En efecto, cuando el trabajador, acogiéndose a lo establecido por el derogado artículo 66, se separa del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, dejando la totalidad de sus aportaciones, lo hace con el objeto de gozar de la prerrogativa de obtener la pensión al cumplir la edad requerida por la normativa a que pertenece dicha disposición legal, esto es, 55 años, y en caso de su fallecimiento, sus derechohabientes tendrán derecho a gozar de la misma en los términos establecidos por la propia normativa.--- Dado que bajo la vigencia de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de mil novecientos ochenta y tres, se produjeron los diversos actos del supuesto normativo contemplado por el numeral 66 en comento y que la consecuencia que prevé, a saber, gozar de la prerrogativa de obtener la pensión de retiro al cumplir la edad de 55 años que establecía dicha ley, sólo se encontraba diferida en el tiempo, no puede exigirse cuando el trabajador alcanza dicha edad estando ya derogada la disposición, que se atienda la edad prevista en el numeral Décimo Transitorio de la ley vigente, que la aumentó gradualmente hasta llegar a 60, en tanto que éste no puede suprimir, modificar o condicionar de manera alguna la consecuencia que sólo está diferida en el tiempo, pero no supeditada a las modalidades señaladas en la nueva ley". De lo anterior se advierte que el Máximo Tribunal del País, estableció que de acuerdo con el texto del artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, el trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos quince años al Instituto, podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con el objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión (cincuenta y cinco años), se le otorgue ésta, y que si falleciera antes de cumplirla, se le otorgará a sus familiares derechohabientes en los términos de la ley del Instituto. Por tanto, al tratarse de un supuesto complejo, al cumplirse con los requisitos señalados en dicha norma, deberán producirse sus consecuencias, es decir, se le otorgará la pensión al trabajador que causó baja, con la edad mínima prevista (cincuenta y cinco años), ya que su cumplimiento se encuentra diferido en el tiempo. Atendiendo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la litis propuesta por la autoridad, respecto a la aplicación del artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado derogada, en el sentido de que tal numeral contiene un supuesto complejo y una consecuencia. El supuesto complejo consiste en la realización de varios actos, a saber: a) Que, durante su vigencia, el trabajador del Estado se separe del servicio; b) Haber cotizado cuando menos 15 años al Instituto; y optado por la opción de dejar la totalidad de sus aportaciones. La consecuencia cuando se da el referido supuesto complejo es la de gozar de la prerrogativa consistente en que se le otorgue la pensión cuando cumpla la edad requerida, esto es, 55 años; o en caso de fallecer antes, se les conceda a sus familiares derechohabientes. Luego, en términos de lo resuelto por la citada Sala, las hipótesis reguladas en el artículo 66 de la Ley citada, para obtener los beneficios de la pensión señalada, constituyen requisitos de observancia obligatoria e ineludible para tal fin. En ese sentido, es claro que, como acontece en el asunto, aunque el trabajador tenga más de cincuenta y cinco años y hubiera cotizado quince o más años al Instituto, si no optó por dejar sus aportaciones y percibió en su favor la indemnización global equivalente al monto total de las cuotas que hubiera cubierto; ello implica que no fue su intención acogerse al beneficio de la norma de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión (cincuenta y cinco años), se le otorgue ésta. Ello porque, aunque el quejoso se retiró del servicio el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, cuando se encontraba vigente la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres -abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete-, lo cierto es que ya no tendría derecho a obtener la pensión establecida en dicha legislación; al no dejar la totalidad de sus aportaciones en el referido instituto. Lo que se afirma porque el propio quejoso reconoce en su solicitud de nueve de septiembre de dos mil veintiuno que se separó definitivamente del servicio y no dejó las cuotas que aportó por el rubro de pensión y tiempo de servicio en el Instituto. En consecuencia, no se podría considerar que el derecho a obtener una pensión se encontrase diferido en el tiempo, como sí lo sería, en el caso de que hubiera dejado dichas cuotas en el rubro correspondiente. Lo anterior a más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue precisa en señalar que para darse el supuesto complejo a recibir una pensión necesariamente tendrían que realizarse tres actos, entre los que se encuentra que dejara sus aportaciones en el mencionado Instituto, lo que no aconteció en el asunto. Por lo expuesto, no se puede aplicar en favor del quejoso el artículo 66 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que cita en su ampliación de demanda, al no cumplirse todos los requisitos para ello. Ahora, respecto a lo que alega el quejoso, en el sentido de que era obligación de la responsable haberle otorgado el derecho de elegir entre acogerse al beneficio que establecía el artículo 66 de la referida ley o en su caso, separarse definitivamente del servicio, percibiendo en su favor la indemnización global citada en el diverso 87 de la misma ley, y al no hacerlo, lo procedente es que reintegre la indemnización global que recibió. Sin embargo, ello es infundado, porque no existe disposición en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que imponga a la responsable la obligación de dar a elegir a los trabajadores que se separen del servicio, entre dejar sus aportaciones o retirarlas, por ende, no se le podría exigir tal actuar. Por el contrario, al ser tal norma de carácter general y de orden público, el quejoso no puede alegar su desconocimiento y descargar en la responsable la obligación de informarle su contenido para que elija entre ambos supuestos legales. En todo caso, el quejoso debió demostrar que al momento de separarse del servicio solicitó dejar sus aportaciones por tal rubro ante el Instituto responsable y que ésta en todo caso, se lo hubiera negado. Pero, se advierte que consintió el no obtener el beneficio de la pensión, pues recibió de conformidad la indemnización global, previa solicitud que él mismo formuló. Sin que en el caso sea aplicable lo establecido en el artículo 7° del Código Civil Federal como lo refiere el quejoso, pues tal legislación no es aplicable al presente asunto ni podría traerse como supletoria de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque ésta última no lo dispone así y ello es un requisito para aplicar una ley de manera supletoria. Por otra parte, también le asiste la razón a la responsable en el sentido de que se debe de atender a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio (aunque lo citó de manera errónea como de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). Lo anterior porque tal numeral establece una restricción al condicionar el acceso al beneficio pensionario previsto en la Ley del referido Instituto (abrogada), al establecer el hecho de que el trabajador que se encontrara separado del servicio y posteriormente ingresare al mismo y quisiera que el tiempo trabajado con anterioridad se les compute para obtener los beneficios de esta ley, deberán reintegrar, en su caso, la indemnización global que hubieren recibido. Asimismo, deberán laborar por lo menos durante un año contado a partir de su reingreso. Pues bien, al respecto cabe destacar que las disposiciones transitorias de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el sábado treinta y uno de marzo de dos mil siete, se encuentran dirigidas, entre otras, a las personas que a la entrada en vigor, se encuentren pensionadas (artículos décimo octavo y décimo noveno), a los trabajadores que se encuentren cotizando al régimen del Instituto, esto es, los trabajadores en activo (artículo cuarto a noveno); y, a los trabajadores que se encuentren separados del servicio (artículo décimo sexto). Por su parte, el artículo Décimo Sexto Transitorio y 46 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio, regulan lo relativo a los derechos de los trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de la ley se encuentren separados del servicio y con posterioridad reingresen a él. Sin embargo, tal disposición regula la situación jurídica de todos aquellos que se encuentren en activo al entrar en vigor la ley reclamada, considerando que se les reconocen las aportaciones que realizaron con anterioridad a fin de garantizar sus beneficios pensionarios. Por su parte, el artículo Décimo Sexto Transitorio no regula la situación jurídica de los que se encuentren en activo al entrar en vigor la ley reclamada, sino de los que, por el contrario, en ese momento se encuentran separados del servicio y posteriormente reingresan a él, previéndose la forma en que pueden obtener los beneficios de esa ley. Además, el artículo 46 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio, establece que si el trabajador separado del servicio reingresare y quisiere que el tiempo durante el que trabajó con anterioridad se le compute para efectos del Reglamento, deberá reintegrar en un plazo de treinta días hábiles la indemnización que hubiere recibido. Por tanto, los artículos Décimo Sexto Transitorio y 46 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio, al disponer que los trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de esa ley se encuentren separados del servicio y posteriormente reingresaren, y quisieren que el tiempo trabajado con anterioridad se les compute para obtener los beneficios de esa ley, deberán reintegrar, en su caso, la indemnización global que hubieren recibido en el plazo referido y laborar por lo menos durante un año contado a partir de su reingreso. Además, los trabajadores no adquieren el derecho a pensionarse en cualquier momento, sino cuando se cumplen los requisitos previstos en la ley respectiva, de ahí que sea insostenible que la ley del citado Instituto hubiera otorgado el derecho de pensionarse devolviendo la concesión de indemnización global sin reingresar a laborar cuando menos un año al servicio, como de alguna manera lo sugiere el quejoso en sus conceptos de violación, al decir que al momento de la reforma le eran aplicables las reglas para la obtención de la pensión en relación con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado anterior. Es así porque el nexo laboral dejó de existir, trayendo como efecto que el trabajador modificara su situación jurídica al dejar de pertenecer al régimen obligatorio y que se dejaran de enterar las aportaciones de seguridad social por parte de él, así como del Estado; y, cuando reingresa el trabajador al servicio se entabla una nueva relación laboral con el Estado, cuyo marco normativo queda entonces sujeto a la nueva regulación, a la vigente. Asimismo, la norma reclamada no afecta los derechos de los trabajadores que no estuviesen cotizando al Instituto, pues no perdieron el derecho a que se les reconozcan los períodos cotizados con anterioridad y, menos aún su antigüedad, justamente en virtud de lo que establece el citado artículo Décimo Sexto Transitorio. Es aplicable en este sentido la jurisprudencia P./J. 112/2008, con número de registro 166374, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 47, de rubro y texto siguientes: "ISSSTE. LOS TRABAJADORES QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA LEY RELATIVA NO ESTUVIESEN COTIZANDO AL INSTITUTO, NO PIERDEN EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LOS PERIODOS COTIZADOS CON ANTERIORIDAD NI SU ANTIGÜEDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). Del artículo décimo sexto transitorio de la ley, se advierte que tratándose de trabajadores que al entrar en vigor la ley reclamada se encuentren separados del servicio y, por ende, no estén cotizando al Instituto, en caso de reingresar al mismo, podrán solicitar que se les compute el tiempo trabajado con antelación para obtener los beneficios de la nueva ley para lo cual deberán reintegrar, en su caso, la indemnización global que hubiesen recibido y laborar por lo menos un año contado a partir de su reingreso. Transcurrido ese plazo, el trabajador deberá acreditar su antigüedad con sus hojas únicas de servicios, a efecto de que le sean acreditados los bonos de pensión que le correspondan, en la inteligencia de que los beneficios correspondientes se calcularán con base en el promedio del sueldo básico del año anterior a su separación del servicio público. Aunado a lo anterior, el artículo 19 de la propia ley establece que se computará como tiempo de servicios, la separación por licencia sin goce de sueldo y la que se conceda por enfermedad, cuando se otorguen por un periodo que no exceda de 6 meses, así como el plazo que dure el trabajador privado de su libertad, cuando obtenga fallo absolutorio; en ambos casos el trabajador deberá pagar las cuotas que dejó de cubrir durante el tiempo que dure la separación. Asimismo, el citado numeral señala que en los casos en que se suspendan los efectos del nombramiento del trabajador en términos del artículo 45 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o bien, derivado de un juicio laboral, se computará como tiempo de servicios, el que dure la suspensión, siempre que obtenga laudo favorable o resolución que revoque la sanción o la medida cautelar respectiva, en cuyo caso, las dependencias o entidades, al momento de liquidar los salarios dejados de percibir, deberán retener las cuotas del trabajador y enterarlas al Instituto junto con las aportaciones que les corresponden, excepto las relativas al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las que se enterarán al PENSIONISSSTE o la administradora que opere la cuenta individual del trabajador. En consecuencia, los trabajadores que al entrar en vigor la ley no estuviesen cotizando al Instituto, no pierden el derecho a que se les reconozcan los periodos cotizados con anterioridad y menos aún su antigüedad". Por otra parte, el Décimo Sexto Transitorio regula la situación jurídica de los que se encuentren separados del servicio y posteriormente reingresan a él, previéndose la forma en que pueden obtener los beneficios de esa ley, como es que aquellos que quisieren que el tiempo trabajado con anterioridad se les compute para obtener los beneficios de esta ley, deberán reintegrar, en su caso, la indemnización global que hubieren recibido. Asimismo, deberán laborar por lo menos durante un año contado a partir de su reingreso y, una vez transcurrido un año a partir del reingreso, el trabajador deberá acreditar su antigüedad con sus hojas únicas de servicio y le serán acreditados los Bonos de Pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que le correspondan. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre la protección del derecho a la seguridad social que implica la adopción de un sistema con diferentes planes, en cuyo diseño los Estados gozan de un amplio margen de configuración, para lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente, mediante planes que deben ser sostenibles, a fin de asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer este derecho. Por tanto, una de las manifestaciones del derecho humano a la seguridad social es el establecimiento de mecanismos suficientes y necesarios para procurar a las personas una pensión jubilatoria, que cubra la contingencia de la inactividad laboral con motivo de los años de servicios. Entonces, resulta que el artículo 46 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio citado por la autoridad responsable, no se opone ni contraviene el derecho de seguridad social previsto en la Constitución Federal, en su artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a). Es así, porque únicamente establece la forma para la obtención de una pensión para aquellos que se encontraran separados del servicio, resulta claro que no restringe el derecho de seguridad social, como lo alude el quejoso en sus conceptos de violación. Como se dijo, la pensión no es un derecho que adquirió al momento de que comenzó a laborar, cotizar y darse de baja, sino que estaba condicionado al cumplimiento de diversos requisitos, aunado a que las simples expectativas de derecho y derechos adquiridos, no violan la garantía de irretroactividad de la ley, de ahí que tampoco se estuviera suprimiendo, modificando y condicionando un beneficio contemplado en una norma. Pues el hecho de que los requisitos para la obtención de la pensión de que se trata se encontraran previstos en la ley derogada, no implicaba que haya adquirido ese derecho, de ahí que en el caso no resultare aplicable la ley vigente al momento en que el actor se incorporó al servicio y empezó a cotizar. Es así, pues, aunque se permitiera la devolución de la concesión de indemnización global, a nada práctico conduciría, ya que al momento en que el actor presentó su petición de pensión (nueve de septiembre de dos mil veintiuno), no estaba cotizando al instituto por lo menos un año, tal como lo afirmó en dicho escrito y como lo reiteró en su ampliación de demanda, que se establece como requisito mínimo en los artículos antes mencionados para acceder a su petición. No obsta para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que el quejoso aduzca que él venía disfrutando del plazo concedido por el artículo 66 de la mencionada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que al entrar en vigor la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la parte quejosa no se encontraba en servicio y, por ende, no cotizaba al instituto. De ahí que a nada práctico llevaría devolver la indemnización global que recibió y solicitar se le compute el tiempo trabajado con antelación y así obtener los beneficios de la nueva ley, si para el caso deberá laborar cuando menos un año contado a partir de su reingreso, pues aunque acredite los años de cotización que requiere la Ley, la parte quejosa, como lo afirmó, no reingresó al servicio por lo menos un año. En ese sentido, resulta infundado lo alegado por el quejoso, en la primera parte de sus conceptos de violación. Por otro lado, en la segunda parte de sus argumentos, refiere que la autoridad responsable, en el oficio impugnado, le dijo que no era posible expedirle copias certificadas de cualquier documento que obrara en los archivos de la Subdelegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque únicamente podrían expedirse a solicitud de una autoridad jurisdiccional ante quien se realizara cualquier trámite de carácter legal de conformidad con el artículo 11, fracción XII, del Reglamento de las Delegaciones del ISSSTE. Por ello también durante el trámite de este juicio, se solicitó a este Juzgado de Distrito a su vez pidiera a la autoridad responsable remitiera las copias certificadas de todos los documentos que obran en su expediente personal y que motivó el otorgamiento global mencionado, para el efecto de acreditar que no se respetó en su favor el derecho establecido en el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tal argumento es fundado suplido en su deficiencia, en razón de que efectivamente, de su escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable, se advierte solicitó copias certificadas de todos los documentos que obran en su expediente personal. Ante tal solicitud, la responsable le indicó que no era posible, toda vez que las copias certificadas solicitadas que obran en sus archivos únicamente podían ser expedidas derivado de un requerimiento formulado por una autoridad jurisdiccional. Para fundamentar su respuesta citó el artículo 11, fracción XII, del Reglamento de las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Argumentos que se estiman son contrarios a derecho, por las siguientes razones. Al respecto, el artículo 11, fracción XIII, del Reglamento de las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, establece que el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene la obligación de realizar la certificación y expedir las copias de los documentos que obren en poder de las Unidades Administrativas y Centros de Trabajo Delegacionales. Lo anterior para ser exhibidas ante las autoridades que los requieran y en los juicios civiles, penales, laborales y contencioso-administrativos. Como se advierte el citado numeral que invocó la autoridad responsable (aunque de manera errónea porque precisó que era la fracción XII, y lo correcto es la diversa XIII), no refiere expresamente que las copias certificadas de cualquier documento que obre en los archivos de la responsable solo serán expedidas a solicitud de autoridad jurisdiccional, sino que es su obligación realizar la certificación y expedición de dichas copias cuando sean requeridas por autoridades administrativas o jurisdiccionales. Pero no establece de manera limitativa que solo sea en esos casos, ni excluye las solicitudes de otra índole, como puede ser, la de un particular para obtener copias de su propio expediente personal ante dicha dependencia. En ese sentido, conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, el artículo 6° de la Carta Magna establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Así también refiere que, en ejercicio de ese derecho, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. De esa manera, si el quejoso solicitó copias certificadas de su expediente personal en ejercicio del derecho de acceso a la información pública en poder de la responsable, ésta se encontraba obligada a expedirlas o en su caso, a facilitar los medios necesarios para su obtención, ya que es evidente que los asegurados tienen derecho a obtener información sobre su propio expediente personal, a efecto de conocer su situación y, en su caso, inconformarse a través de los hechos que estimen pertinentes. De ahí lo fundado, suplido en su deficiencia, de su argumento. En mérito de lo anterior ante lo infundado por una parte y fundado en lo restante de lo alegado por la parte quejosa, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal al quejoso Nahu Suárez Ilagor, por el acto reclamado consistente en el oficio 2.11.15.5/DPSH/5207/2021. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. En términos de los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, las violaciones a los derechos fundamentales de los quejosos, precisadas en el considerando que antecede, como ya se apuntó, se traducen en la concesión del amparo solicitado. Por tanto, a fin de restituir al quejoso Nahu Suárez Ilagor en el goce de sus derechos, la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento, deberá: Dejar insubsistente el oficio 2.11.15.5/DPSH/5207/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; y, 2. En su lugar, emitir un nuevo oficio en el que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo y, atendiendo a los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, únicamente acuerde de conformidad la solicitud de copias que realizó el quejoso. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo por lo que respecta a los actos y en los términos señalados en el considerando cuarto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nahu Suárez Ilagor, en contra del acto reclamado consistente en el oficio 2.11.15.5/DPSH/5207/2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy siete de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Gabk/Jegp

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