Nadia Ivett Almontes Contreras
Expediente 1060/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nadia Ivett Almontes Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Nadia Ivett Almontes Contreras; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO A LAS RESPONSABLES Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, en términos del ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a las autoridades responsables para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, les será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así son omisas se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que les fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para los efectos siguientes: La autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán, y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud, con residencia en esta ciudad: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que a la quejosa Nadia Ivette Almontes Contreras, le sea proporcionado el tratamiento médico que requiere para sus padecimientos. En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de la hipertensión arterial sistemática e insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual debe proporcionarle la atención médica, medicamentos, y las sesiones hemodiálisis que, previa valoración médica, y con la regularidad y condiciones necesarias que requiera. Además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal a través de la atención médica, seguimiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis, que se le prescriban médicamente, debiendo, para ello, de ser posible y con base en sus facultades tomar en cuenta que: Ordene que se haga la valoración médica correspondiente a la quejosa, tantas veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis aplicados semanalmente es el correcto o si debe disminuir o aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud otorgándole el número de hemodiálisis, que requiera. Para el efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa, para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la unidad médica que se le, en las fechas y horas que se le señalen, para continuar con el control y vigilancia de su padecimiento. Así como seguir las indicaciones médicas que se le señalen Respecto de la autoridad Director del Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán: Aplique el tratamiento médico correspondiente a la solicitante de amparo, de manera particular el relativo a la hipertensión arterial sistémica y las sesiones de hemodiálisis, requeridas con motivo de la insuficiencia renal crónica que padece, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita. De ser posible, el servicio de las sesiones de hemodiálisis, le sean aplicadas en una dependencia pública o en una clínica particular que se ubique más cerca al domicilio de la quejosa o el lugar al que pueda tener la facilidad de tomar las sesiones, siempre y cuando existan centros clínicos particulares para tratar su padecimiento; sin alterar la agenda que tengan éstos Ello en la inteligencia de que el tipo de tratamiento y medicamento, su cantidad, calidad y duración deben ser precisados por el médico especialista. Además, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, será suficiente con la acreditación del acuerdo administrativo referido en primer lugar. Lo anterior en la inteligencia de que dichas responsables no puede aducir falta de personal, vacaciones o carencia de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo." SE RESERVA REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO. Sin que de momento proceda actuar en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, hasta en tanto sea evidente la omisión de la autoridad responsable de cumplir con el fallo protector dictado en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DIEZ DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, DICTADO EN EL EXPEDIENTE VII-1060/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo VII-1060/2023, promovido por********************, contra actos del Director del Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán "Dr. Víctor Corona Alba" y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Apoderado de la Secretaría de Salud del Estado y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico que pudiera desfavorecer a la parte quejosa, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo le genere perjuicio, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería el mismo. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que se cuenta con la documental aportada por la parte quejosa en su libelo constitucional, así como aquellas que las autoridades responsables por conducto de su apoderado adjuntaron a su informe justificado; medios de convicción que se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 679/2023 recibido por este juzgado el catorce de agosto de la presente anualidad. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita y con ello se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VII-1060/2023, promovido por********************, contra actos del Director del Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de agosto de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, turnado el mismo día a este Juzgado Federal, contra los actos y las autoridades responsables siguientes: ".III. Autoridades responsables. Director del Hospital General de Pátzcuaro, Dr. Víctor Corona Alba, con domicilio en calle Padre Lloreda #38, Centro, 61600, Pátzcuaro, Michoacán. Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán, con domicilio en la calle Allende, número 505, colonia Centro, en Morelia, Michoacán. IV. Omisión reclamada. La omisión de proporcionarle la atención médica, el tratamiento adecuado y medicamentos para la enfermedad de insuficiencia renal crónica que padece." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En diez de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se ordenó formar el expediente VII-1060/2023; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se concedió la suspensión de plano respecto a los actos reclamados por la parte promovente del amparo por ser de carácter urgente y de análisis oficioso; y, se requirió a las autoridades responsables el informe respecto de la suspensión concedida. Asimismo, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se reclaman diversas omisiones a instituciones de salud, cuyos efectos se materializan en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Aunado a que debe considerarse que, cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente la quejosa; sino que, es necesario interpretar la pretensión real del solicitante de la acción constitucional para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral. Para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no solo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: Su naturaleza; Sus consecuencias jurídicas y fácticas; Los informes justificados de las autoridades; y, Las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. A lo anterior resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR CORRECTAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR SU VIOLACIÓN, CUANDO EN LA DEMANDA O EN SU AMPLIACIÓN SE ENUNCIARON GENÉRICAMENTE. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de manera genérica, diversas omisiones de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarle medicamentos e insumos para cada enfermedad que padece, así como la abstención de brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para corregirlos. El Juez de Distrito concedió el amparo e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Justificación: Lo anterior es así, porque cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso. Por tanto, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral; esto es, que sea oportuna, eficaz y suficiente para proteger su vida y su salud, incluida la de aquellos padecimientos que pudiera desarrollar durante la secuela procesal, con la finalidad de brindarle el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estimar lo contrario implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, esto es, que identifique los medicamentos, tratamientos o procedimientos quirúrgicos que estima son necesarios para el restablecimiento de su salud; sin embargo, con ello la posibilidad de restaurar eficientemente su salud sería prácticamente nugatoria ante una posible omisión o error en la solicitud del accionante; consecuentemente, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva." De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la quejosa******************** reclama de las autoridades responsables: La omisión de proporcionarle atención médica, tratamiento y medicamentos que requiere para tratar la hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica que padece, requiriéndose para tratar este última terapia a base de hemodiálisis. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud; y, Director del Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán, pese a que en el informe relativo a la suspensión de plano, y el informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado. Ello bajo el argumento de que no han emitido acto u omisión que implique en forma alguna, la negativa a brindar atención médica a la quejosa o a negar diversos medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis, toda vez que el nosocomio señalado como responsable no encontró expediente médico de la quejosa, por ello no puede existir dicha omisión. Ahora bien, de las documentales que anexó la parte peticionaria de amparo al libelo constitucional -en las que interesan- se advierte la copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral; así como resumen nefrológico de diez de agosto de la presente anualidad, firmada por el médico nefrólogo Jesús Arellano Martínez, adscrito a la clínica privada NAUSLIFE, en Pátzcuaro, Michoacán, del que se desprende que la quejosa padece la enfermedad renal crónica e hipertensión arterial sistémica; así como que recibe dos sesiones de hemodiálisis por semana, administrándosele el medicamento Eritropeyetina y Hierro Dextrán, dependiendo del día de la sesión. Que a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano las autoridades responsables manifestaron a través de su apoderado en el escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiocho de agosto del año en curso, que para brindarle una atención médica integral y de manera inmediata a la hoy quejosa, recibirá el tratamiento de manera subrogada en la clínica privada NAUS LIFE PÁTZCUARO, ubicada en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, dos veces por semana, así como los medicamentos que requiera. Asimismo que en caso de que la quejosa requiera algún medicamento diverso, deberá comparecer al nosocomio señalado como responsable -Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán-, para que le sea entregado y suministrado el mismo. De lo anterior, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda, las autoridades de salud no habían proporcionado a la quejosa el tratamiento de hemodiálisis que requiere con motivo de la enfermedad renal crónica e hipertensión arterial sistémica que padece. De ahí que debe tenerse por cierta la omisión que se les reclama. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese sentido, al no haberse hecho valer alguna causal de improcedencia que deba ser analizada por el que suscribe; y, considerando que este juzgador no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna otra hipótesis que torne improcedente el presente juicio, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación formulados. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. De inicio, este Juzgado Federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad exigidos por la Ley de Amparo, basta cumplir con tales requisitos al realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el promovente de la protección constitucional refiere que se transgrede principalmente en su perjuicio los artículos 1° y 4° constitucionales, pues las autoridades responsables no le han dado la atención médica y el tratamiento de hemodiálisis que requiere para vivir. Que tiene los padecimientos de enfermedad renal e hipertensión arterial sistémica; que requiere hemodiálisis para vivir; y, debido a la falta de recursos económicos le es imposible cubrir el costo para poder pagar el tratamiento que necesita para sus padecimientos en una clínica particular. Por lo anterior, ha solicitado al Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán, la atención para su padecimiento de manera gratuita, pero se ha negado hacerlo, bajo el argumento de que no cuenta con espacio en la agenda El concepto de violación es esencialmente fundado. Ahora, para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los derechos humanos previstos en tratados que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la P. XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.- Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación de alguna especie, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales que suscribió nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3 y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna. 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. 3. El artículo 2, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas la personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente su dignidad humana; asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho, del cual gozarán todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada P. XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN." Del mismo modo resulta aplicable la tesis 1a. LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y, entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el Estado sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus artículos 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. En el caso concreto, los padecimientos que presenta la quejosa se encuentran acreditados con la documental que la peticionaria de amparo adjuntó al libelo constitucional, consistente en el resumen nefrológico de diez de agosto de la presente anualidad, firmada por el médico nefrólogo Jesús Arellano Martínez, adscrito a la clínica privada NAUSLIFE en Pátzcuaro, Michoacán, del que se desprende que la quejosa padece la enfermedad renal crónica e hipertensión arterial sistémica; así como que toma sesiones de hemodiálisis dos veces por semana, proporcionándosele los medicamentos de Eritropoyetina y Hierro Dextran, dependiendo del día de la sesión. A la documental precisada se le otorga valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 197, 202 y 203, párrafo segundo, de la codificación civil invocada, en razón de que fue emitida por un tercero a la presente contienda constitucional, y hace prueba en favor de la quejosa y contra las autoridades responsables, en razón de que no fue objetada ni se desvirtuó con algún otro medio de prueba. Medio de convicción cuyo valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional y del que se aprecia el padecimiento de la quejosa; la cual adminiculada con la copia de la credencial de elector de la quejosa y documental que acompaño el apoderado de las responsables a su informe justificado generan valor probatorio de indicio. Ahora, la falta de atención médica que se reclama a las autoridades responsables consiste en la negativa de proporcionarle atención médica, medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis que requiere acorde a los padecimientos que presenta, prevalece. No pasa inadvertido que del informe presentado el veintiocho de agosto de la presente anualidad, las autoridades responsables expusieron por conducto de su apoderado, que determinaron brindarle el tratamiento médico y dialítico de manera subrogada en la clínica privada NAUS LIFE PÁTZCUARO, ubicada en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, dos veces por semana, así como que le suministraran los medicamentos que requiera. Además que, en caso de que la quejosa requiera algún medicamento diverso, deberá comparecer al nosocomio señalado como responsable -Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán-, para que le sean entregados y suministrados. No obstante, aún y cuando con la constancia relatadas se advierte la disponibilidad de las autoridades responsables para cumplir con su obligación de brindar la atención médica requerida por la peticionaria de amparo, dicha prerrogativa no se satisface, ni garantiza, porque no se propone en algún programa de salud de manera definitiva, que garantice brindarle, tratamiento médico y medicamento de manera gratuita, para sus padecimientos y atender las terapias de hemodiálisis que requiere. Aunado a que tal afirmación surge en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en auto de diez de agosto de la presente anualidad, por lo que es insuficiente para colmar el derecho a la protección de la salud del solicitante de la acción constitucional. Lo anterior porque la restitución de ese derecho acontecerá cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a ésta a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente, el tratamiento y servicios que requiere para tratar las causas de la afección renal que padece, cuya omisión de tratamiento inicialmente reclamó al promover esta acción de amparo; pues lo que pretende es evitar el riesgo de inseguridad en su derecho a la salud, riesgo que se evita si las responsables le reconocen como integrante a sus programas de salud pública, en calidad de permanente y mientras lo requiera. En esas condiciones, no es dable considerar resarcido el derecho a la salud de la solicitante de amparo; toda vez que la restitución a ese derecho acontecerá, cuando se constituya en su favor un derecho que formalmente consolide el tratamiento y servicios que requiere para los padecimientos que a la fecha presenta o los que resulten derivados de la evolución respecto de sus patologías. Sirve de orientación, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que dice: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad." Sin que para las autoridades responsables, represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud de la quejosa respecto de los padecimientos que padece, el hecho de que no esté afiliada en alguna institución de seguridad social. Ello en razón a que, en términos de la Ley General de Salud, ese derecho a la protección a la salud es una obligación para el Estado Mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en forma gratuita y en términos de esa ley y sus disposiciones reglamentarias. A más que no acreditaron que, efectivamente, estén proporcionando de manera constante e ininterrumpida la atención médica que requiere la quejosa de la insuficiencia renal, hipertensión sistémica que padece, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender sus padecimientos, con los recursos que la Ley General de Salud impone de manera solidaria entre la Federación y la entidad federativa correspondiente, en el caso, el Estado de Michoacán de Ocampo, vulnerándose con ello el derecho a la salud de la quejosa, inmerso en el artículo 4° constitucional. Asimismo, la opción definitiva de atención a la protección del derecho a la salud que también debe ser sensible, en lo posible, a la cercanía a su domicilio, donde las autoridades responsables, están en condiciones de brindar la mejor opción para la quejosa. En consecuencia, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a******************** el amparo solicitado a efecto que: La Secretaría de Salud del Estado y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud, con residencia en esta ciudad: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que a la quejosa********************, le sea proporcionado el tratamiento médico que requiere para sus padecimientos. En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de la hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual debe proporcionarle la atención médica, medicamentos y las sesiones de hemodiálisis que, previa valoración médica, y con la regularidad y condiciones necesarias que requiera. Además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal a través de la atención médica, seguimiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis, que se le prescriban médicamente, debiendo, para ello, de ser posible y con base en sus facultades tomar en cuenta que: Ordene que se haga la valoración médica correspondiente a la quejosa, tantas veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis aplicados semanalmente es el correcto o si debe disminuir o aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis, que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa, para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la unidad médica que se le asigne, ya sea pública o privada, en las fechas y horas que se le señalen, para continuar con el control y vigilancia de su padecimiento. Así como seguir las indicaciones médicas que se le señalen. Respecto la autoridad Director del Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán: Aplique el tratamiento médico correspondiente a la solicitante de amparo, de manera particular el relativo a la hipertensión arterial sistémica y las sesiones de hemodiálisis requeridas con motivo de la insuficiencia renal crónica que padece, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita. De ser posible, el servicio de las sesiones de hemodiálisis, le sean aplicadas en una dependencia pública o en una clínica particular que se ubique cerca al domicilio de la quejosa o el lugar al que pueda tener la facilidad de tomar las sesiones, siempre y cuando existan centros clínicos particulares para tratar su padecimiento; sin alterar la agenda que tengan éstos. Lo anterior deberán acreditarlo con las documentales idóneas. Cobra aplicación la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes." Ello en la inteligencia de que el tipo de tratamiento y medicamento, su cantidad, calidad y duración deben ser precisados por el médico especialista. Además, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, será suficiente con la acreditación del acuerdo administrativo referido en primer lugar. Lo anterior en la inteligencia de que dichas responsables no pueden aducir falta de personal, vacaciones o carencia de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. No se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, en contra de los actos reclamados a la Secretaría de Salud del Estado y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud; y, del Director del Hospital General de Pátzcuaro, Michoacán, con base a las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. RINDE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Andrea Sofía López Orozco, en su carácter de apoderada de la Secretaría de Salud en el Estado y el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud en Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General de Pátzcuaro, mediante el cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que el ocursante adjunta como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. SE DA VISTA A LA QUEJOSA PARA QUE ACUDA ANTE CLÍNICA PARTICULAR Por otro lado, en términos de la documental que se acompaña al informe de cuenta, se toma conocimiento de la empresa que proporcionará de manera subrogada el servicio de hemodiálisis que requiere la quejosa ********************, cuya falta constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Finalmente, atento a lo manifestado por el oficiante en el último párrafo de su informe; con su contenido dése vista a la quejosa de mérito para que acuda a la Clínica particular "Naus Life", ubicada en ******************** número ********************, colonia ********************, en ********************, para agendar horario y días para las sesiones de hemodiálisis; debiendo informar a este juzgado dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, si acudió a la clínica mencionada para el efecto precisado; lo anterior a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de corroborar la atención médica brindada por parte de las autoridades responsables. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. AUTORIZADA DE LA PARTE QUEJOSA REALIZA MANIFESTACIONES Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por Ana Luisa Gómez Ibarra, autorizada de la quejosa Nadia Ivett Almontes Contreras, atento a su contenido, se tiene a la ocursante informando que la quejosa fue dada de alta como paciente subrogada, por lo que actualmente recibe las sesiones de hemodiálisis de forma gratuita, de lo anterior este juzgado toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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