Nadia Luz Solís Enríquez
Expediente 1296/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1296/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nadia Luz Solís Enríquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el sobre que contiene el oficio 10091 de treinta de marzo del año actual dirigido a la autoridad responsable 2. Coordinador General del Operativo Correcaminos, con sede en la Ciudad de México, mismo que fue devuelto por el Servicio Postal Mexicano por el motivo que expone. Al respecto, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno, en razón de que en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, el cual dice; De la certificación que antecede se advierte que el veintitrés de marzo pasado feneció el plazo de tres días conferido a la parte quejosa mediante proveído de quince de marzo del año en curso, para que hiciera alguna manifestación sobre la inexistencia de la autoridad 2. Coordinador General del Operativo Correcaminos con sede en la Ciudad de México, sin que lo hubiera hecho; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, por lo que se tiene por inexistente y suspéndanse toda comunicación con la mencionada autoridad. Ahora bien, del estado procesal de autos, se advierte que Nadia Luz Solís Enríquez, promovió el presente juicio de amparo en representación de su menor hijo de iniciales J.M.B.S., contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, a quienes reclamó: "a) La omisión de garantizar el derecho a la salud y a la vida de las niñas, niños y adolescentes aquí quejosos, por la inaccesibilidad de la vacunación contra la COVID-19 prevista en la Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS COV-2 para la prevención de la COVID-19, en México, "Operativo correcaminos", conforme a la Política Rectora de Vacunación contra COVID-19, materializada mediante el Documento Rector denominado Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19, en México, al constituir uno de los grupos de atención prioritaria que forman el tercer eje de priorización de la vacunación y encontrarse autorizada la inoculación en personas a partir de los 12 años, mediante la vacuna Pfizer-BioNTech, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); b) La omisión de garantizar la aplicación de los principios de no discriminación por razón de la edad y condición de salud y, de interés superior de la niñez, al no ser los niños, niñas y adolescentes, aquí quejosos, considerados como grupo beneficiario de la vacunación contra la COVID-19 en la Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COVID-2 el virus SARS-COV-2 para la prevención de la COVID-19, en México, "Operativocorrecaminos", conforme a la Política Rectora de Vacunación contra COVID-19, materializada mediante el Documento Rector denominado Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19, en México, no obstante de constituir uno de los grupos de atención prioritaria que forman el tercer eje de priorización de la vacunación y encontrarse autorizada la inoculación en personas a partir de los 12 años, mediante la vacuna Pfizer BioNTech por la COFEPRIS; Y, C) Por vía de consecuencia, la negativa de aplicar la vacuna Pfizer-BioNTech, autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para personas mayores de 12 años." En ese contexto, el que suscribe advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d) ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio la página oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, de donde se obtiene que a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para los menores de doce años de edad o más sin comorbilidades, está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-Cov2 que causa la enfermedad Covid-19. De ahí que, ya se encuentra disponible el registro para que los menores de edad de doce años o más sin comorbilidades, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19. Lo anterior, con apoyo en los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por su parte, el diverso numeral 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Asimismo, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Bajo esa tesitura, si se toma en consideración que el directo quejoso de iniciales J.M.B.S., a la presente fecha, cuenta con una edad de trece años (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su representante legal y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquélla) es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra Covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. En esa virtud, se estima que las omisiones reclamadas en esta instancia relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de doce años o más sin comorbilidad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, además de la diversa omisión de proteger la vida y supervivencia de la parte quejosa, con motivo de la reanudación presencial de las actividades escolares, han cesado en sus efectos, puesto que el menor quejoso, a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, está en posibilidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página electrónica de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de su residencia, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema de vacunación a los menores de doce años o más sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia del directo menor quejoso. En consecuencia, como quedó precisado, al haberse actualizado una causa de improcedencia notoria e indudable, es evidente que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, lo cual cumple con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, por tanto, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Atento a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el veintitrés de marzo pasado feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa por auto de once de marzo de este año, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de lo informado por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, en representación del 4. Secretario de Salud de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz. En consecuencia, se le hace efectivo dicho apercibimiento y, se presume que la guardián del menor quejoso de iniciales J.M.B.S., no da su consentimiento para que le sea aplicada la vacuna que solicitó, con todos los alcances que ello conlleva, así como su desinterés para la aplicación de la misma. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio del apoderado legal del 3. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con residencia en la Ciudad de México, recibidos vía correo electrónico institucional y déseles valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe; y designando como delegados de su parte a las personas que aluden en el oficio de cuenta, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. De igual forma,, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, se le tiene a la autoridad oficiante, autorizando como medio alternativo para practicarle las notificaciones correspondientes del presente asunto, los siguientes correos electrónicos: CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE CARGO enrique.garcia@dif.gob.mx Enrique García Calleja Director General de Asuntos Jurídicos lluviagomez@difgob.mx Lluvia Gómez Flores Subdirectora Jurídico Laboral patricia.solano@dif.gob.mx Patricia Marisol Solano Santiago Jefa de Departamento Penal Lo cual se autoriza en forma extraordinaria en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, debiendo el servidor público encargado de realizar la notificación, efectuar la certificación respectiva en la que conste el cercioramiento de la recepción por esa vía, ante la persona autorizada por la misma. En mérito de lo anterior, se le tiene dando cumplimiento cabal al citado requerimiento, y en consecuencia se deja sin efectos el apercibimiento decretado para el caso de incumplimiento. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se obtiene que el plazo conferido a las autoridades responsables 1. Titular de la Secretaría de Salud Federal, 2. Coordinador General del Operativo Correcaminos y 3. Titular del Sistema Nacional DIF, en calidad de Secretaría Técnica de la Coordinación General del Operativo Correcaminos todos con residencia en Ciudad de México y 5. Coordinadora de las Brigadas Especiales en el Estado de Veracruz y/o Coordinadora Estatal Correcaminos, perteneciente a la Secretaría de Marina, con sede en Veracruz, Veracruz, para rendir su informe justificado ha transcurrido en exceso a la fecha; pues de las constancias postales que obran en autos se advierte que fueron notificados el veintitrés y veintinueve de diciembre pasado, diez de enero y diecisiete de febrero del año actual. Por tanto, ha lugar a presumirles cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dichas responsables para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíen a este Juzgado, copias certificadas, íntegras y legibles de todas las constancias que integran el acto reclamado, o informen el impedimento legal para no dar cumplimiento a lo solicitado. Se le apercibe que de no hacerlo o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una multa de cincuenta a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación con el disímil 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, y para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese en términos de ley.
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