Nadia Lorely Boo Rodriguez

Expediente 888/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
888/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Nadia Lorely Boo Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercera interesada la sentencia engrosada el veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA.... Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 888/2023, promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 3-12). SEGUNDO. Trámite. Por auto de cinco de septiembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado, dar la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, emplazar al presente juicio al tercero interesado (fojas 13-17). Mediante diligencia de once de septiembre del año en curso se emplazó al presente juicio de amparo al tercero interesado ******************** (fojas 27-28). Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 37) e integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 36) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 43-45). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, pues se reclama un acto emitido en un proceso incidental dentro de un juicio ordinario civil, en el que la quejosa es parte actora y que según expone, afecta irreparablemente sus prerrogativas de legalidad y seguridad jurídica, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: La resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro del incidente de regulación de gastos y costas relativo al juicio ordinario civil ******************** de la estadística del Juzgado responsable, por la que se resuelve el recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado ******************** en contra del proveído de veintinueve de junio de la presente anualidad, a fin de revocar dicho auto y dejar a vista de la aquí quejosa, por el plazo de tres días, la planilla de liquidación exhibida en autos. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, en razón de que así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 37). Lo que se corrobora, pues dicha responsable remitió copia certificada de la resolución reclamada de once de agosto de dos mil veintitrés (fojas 387-377 del tomo II de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del presente juicio constitucional. Primer motivo de improcedencia En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en congruencia con el 107, fracción IV, de la misma legislación. Lo que se sostiene, pues como se verá, la resolución impugnada, si bien, forma parte del procedimiento incidental promovido en el expediente de origen dentro de la ejecución de la sentencia, no es la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, ni tampoco afecta algún derecho sustantivo de la solicitante del amparo, sin duda, ajeno a la ejecución de la sentencia respectiva. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL Para arribar a tal conclusión, es pertinente establecer, a título de premisas, el siguiente marco legal y jurisprudencial que servirá de justificación a esta sentencia. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, e de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Como se ve, dicho numeral establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el cual se prevé el sistema de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido el juicio relativo. Ese numeral es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Conforme con el aludido dispositivo legal, debe decirse que el sistema de procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridad jurisdiccional después de concluido el juicio respectivo, establece una distinción entre los actos que no se pronuncian dentro del procedimiento de ejecución y los que desde luego se emiten en ejecución de la sentencia relativa. En cuanto a los actos que son dictados después de concluido el juicio pero no en la fase de ejecución, cabe acotar que son los que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa o inmediata ejecutar la sentencia respectiva, entre los que figuran, por ejemplo, el arresto pronunciado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fija en calidad líquida la condena correspondiente. Al efecto, es de invocarse las tesis de la extinta Tercera Sala y de la otrora Primera Sala del Alto Tribunal del País, que se leen: "MEDIOS DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR UNA SENTENCIA, IMPROCEDENCIA DE LOS. El arresto no puede ser considerado propiamente como un medio para ejecutar el fallo en un asunto civil, pues deben distinguirse los casos en que hay que hacer cumplir una simple determinación judicial, de aquellos en que se trata de ejecutar una verdadera sentencia, ya que para lo primero es para lo que el legislador ha establecido las medidas de apremio, en tanto que para lo segundo, ha dictado disposiciones relativas a ejecución de sentencia previendo en ellas, dentro de lo posible, todos los obstáculos o dificultades que pudieran presentarse, para que tengan la debida solución." "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." En esa tesitura, como primer regla específica de procedencia del juicio de amparo contra actos en el procedimiento de ejecución respectivo, debe decirse que la vía constitucional procede contra actos emitidos después de concluido el juicio, pero no en la etapa ejecutiva. En relación con los actos de ejecución de sentencia, importa acotar que la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, en la cual se pueden controvertir las violaciones cometidas en el procedimiento relativo. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad. Como segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en ejecución de fallos definitivos, se tiene que la acción constitucional sólo procede contra la última resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución relativo, ya sea que se apruebe o reconozca, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total del fallo, o bien, que se declare la imposibilidad, material o jurídica, para darle cumplimiento, incluso en los casos en que se impugne una disposición legal de carácter general. Sirven de respaldo las tesis de jurisprudencia del Pleno, la Primera y la Segunda Salas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que dicen: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." No obstante, esta segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo no es absoluta o irrestricta, ya que admite una excepción que se actualiza cuando el acto dictado en ejecución de un fallo definitivo afecta de forma directa derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado, siempre y cuando no sean consecuencia directa y necesaria del fallo que se pretende ejecutar, desde luego, con la condición lógica de que no se pueda impedir directamente el cumplimiento de lo ya discutido y resuelto definitivamente en la sentencia respectiva. Sobre el particular, se cita la siguiente jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Como ejemplo del supuesto de excepción de que se trata, se encuentran los casos en que se designa un interventor con cargo a la caja dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, o bien, cuando a través de alguna interlocutoria firme se desestiman excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia correspondiente. Supuestos de excepción que se contienen en las tesis de jurisprudencia de la Segunda y Primera Salas del Máximo Tribunal del País, que se leen: "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 17/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 187, con el rubro: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.", sostuvo que solamente procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución con la que culmine el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate. Sin embargo, en atención a los efectos jurídicos y al impacto severo, que la intervención con cargo a la caja, causa a las actividades y a la libre disposición del patrimonio de la negociación, que inclusive puede traducirse en una situación de perjuicio irreparable para el contribuyente, ya que tal acto limita la disposición de su patrimonio por quedar a cargo del interventor, en términos del artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, la obligación de separar las cantidades que correspondan por conceptos de salarios y demás créditos preferentes, además de retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida en que se efectúe la recaudación, por excepción, la designación del interventor con cargo a la caja dentro del procedimiento administrativo de ejecución es impugnable en amparo indirecto." "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Por tanto, ante la regla específica de que tratándose de actos dictados dentro de la etapa de ejecución de sentencia sólo procede el juicio de amparo contra la última resolución de la propia fase, cabe excepcionalmente la procedencia de la vía constitucional en los casos en que esos actos afecten de forma directa los derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado, siempre y cuando no sean consecuencia directa y necesaria del fallo que se pretende ejecutar, desde luego, con la condición lógica que no se pueda impedir directamente el cumplimiento de lo ya discutido y resuelto definitivamente en la sentencia correspondiente. Resta decir que, tratándose del procedimiento de remate, la ley de la materia también adopta la propia directriz que opera respecto de la procedencia del juicio de amparo contra actos en el procedimiento de ejecución respectivo, que no es otra más que la vía constitucional procede hasta el dictado de la última resolución del procedimiento relativo, pudiéndose impugnar las violaciones cometidas en el procedimiento correspondiente. Desde luego, por disposición de la ley de la materia, dicha última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, o sea, tratándose del procedimiento de remate respectivo, la vía constitucional no procede contra cualquier acto, sino únicamente contra la resolución que, de manera definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes correspondientes. La razón por la que la procedencia del juicio constitucional contra el procedimiento de remate respectivo, está supeditada a la resolución que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, obedece a realizar el remate mediante una resolución firme, con lo cual se garantiza el respeto al derecho de seguridad jurídica y, a su vez, se evita el entorpecimiento del procedimiento de ejecución relativo, pues si se autoriza la promoción del amparo contra cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate, que debe concluir con una resolución definitiva. En suma, no existe duda de que la razón de ser de la norma legal contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, radica justamente no sólo en evitar que se entorpezca el propio procedimiento de ejecución, sino también que el remate se funde en una resolución definitiva. Sobre ese particular, se citan las tesis de la Primera y la extinta Tercera Salas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se leen: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO ES LA QUE EXPRESA O TÁCITAMENTE CONFIRMA O ANULA LA DECLARACIÓN DE FINCADO EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN, CON INDEPENDENCIA DE QUE TENGA O NO POR CONSIGNADO SU PRECIO. La declaración de fincado el remate y, en su caso, la adjudicación del bien, no constituyen la resolución definitiva a que se refiere el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de declaraciones provisionales que están sujetas a confirmación o anulación posterior por parte de la autoridad que las dictó, además de que en su contra procede el recurso de apelación. En efecto, una vez hecha tal declaración, si el postor que ofreció pagar una parte de contado y otra con posterioridad, no cumpliere sus obligaciones, el tribunal podrá declarar sin efecto el remate, conforme a los artículos 482 y 484 del Código Federal de Procedimientos Civiles y sus correlativos de las entidades federativas. Por tanto, contra aquella determinación no procede el juicio de amparo, sino contra la que pronuncia el juzgador después de realizada la subasta, una vez que revisa si en este procedimiento se cometió o no alguna violación, es decir, procede el amparo contra la que expresa o tácitamente confirma o anula la declaración de fincado el remate o la adjudicación de los bienes, con independencia de que tenga o no por consignado su precio, pues la venta judicial puede llevarse a cabo ya sea con pago de contado o mediante pagos diferidos, y en el primer supuesto, según el artículo 483 del indicado Código Federal y sus similares de los Estados de la República, en el acto del remate debe exhibirse el efectivo numerario del precio o el cheque certificado a favor del tribunal, en cuyo caso, de haberse fincado el remate, para aprobarlo el tribunal no tendría necesidad de declarar posteriormente consignado el precio de aquél." "REMATE, AMPARO CONTRA LAS VIOLACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE. De acuerdo con la fracción III del artículo 114 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, cualquiera que sea la violación que se cometa durante el procedimiento que conduce al remate, ya en relación con el avalúo de los bienes embargados, con las respectivas publicaciones, o con algún otro de los trámites necesarios, el quejoso tiene que esperar a que se dicte auto aprobatorio del remate, después de efectuada la correspondiente almoneda, para poder recurrir al amparo, puesto que la intención del legislador, fue precisamente la de que los litigantes no abusaran del recurso, para obstruccionar el curso del remate, embrollando el procedimiento y obteniendo demoras injustificadas, sin perjuicio de que si se cometió alguna violación, sea el Juez quien, al revisar el procedimiento, apruebe o desapruebe las respectivas actuaciones, y si el interesado se considera agraviado, use el recurso de apelación, y en último extremo, del amparo." "REMATES. De las violaciones cometidas en el curso de los procedimientos para llevar a cabo el remate de bienes embargados, no debe juzgarse, ni aun a solicitud de los demás acreedores embargantes que no hayan sido parte en la contienda, sino hasta que se apruebe o desapruebe en definitiva dicho remate; porque de otra manera sería imposible llegar a realizar la venta judicial, o se demoraría indefinidamente la ejecución de las sentencias, haciendo nugatorio el procedimiento seguido. Esta tesis no es contraria a lo dispuesto en la fracción IX del a artículo 107 constitucional, que admite el amparo contra actos que afecten a personas extrañas al juicio, porque cuando se atacan los procedimientos relativos a un remate, en el fondo, el acto que se reclama es el remate mismo, el cual carece de eficacia jurídica mientras no esté aprobado por resolución firme. Además, debe tenerse en cuenta que si los acreedores han inscrito en el Registro Público su embargo, pueden, con arreglo a la ley, apelar del auto de aprobación del remate y, por tanto, no carecen de medios de defensa." "REMATES. Las violaciones cometidas en el curso de los procedimientos para llevar a cabo el remate de bienes embargados, no deben juzgarse sino hasta que el remate se aprueba en definitiva; pues de otra suerte, sería imposible llegar hasta la venta de los bienes, demorándose indefinidamente la ejecución de las sentencias, con notorio perjuicio de la administración de justicia; sin que pueda alegarse que tal teoría pugna con lo mandado por la fracción IX del artículo 107 constitucional porque al reclamar los actos que preceden al remate, lo que se reclama es el remate mismo, que no tiene eficacia jurídica sino hasta que se aprueba por resolución que causa estado, y, además, durante los procedimientos se puede hacer uso de todos los derechos que la ley concede, para que la almoneda se verifique con total apego a la ley, pudiéndose, en último término, apelar del auto que apruebe o desapruebe el remate; por todo lo cual, el amparo es improcedente contra los repetidos procedimientos que preceden al remate." Pero sobre todo, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Con base en lo antes expuesto, se concluye válidamente que, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio de que se trate, la vía constitucional procede en los términos siguientes: a) Cuando los actos no se dicten en ejecución de la sentencia relativa, o sea, que gocen de autonomía en relación con la ejecución. b) Que se trate de actos pronunciados en ejecución de la sentencia respectiva, siempre que sea la última resolución de la fase ejecutiva, entendiéndose por tal, la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total del fallo, o bien, que declara la imposibilidad, material o jurídica, para cumplirla. c) En los casos en que los actos emitidos en ejecución del fallo relativo afecten de forma directa los derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado, siempre y cuando no sean consecuencia directa y necesaria de la sentencia que se pretende ejecutar, con la condición lógica y jurídica de que no se pueda impedir directamente el cumplimiento de lo ya discutido y resuelto definitivamente en la resolución correspondiente. d) Tratándose de los procedimientos de remate, siempre que sea la resolución que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o bien la entrega de la posesión de los bienes relativos. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES A fin de demostrar el motivo de improcedencia invocado de oficio, se torna necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados, que se obtienen de las copias certificadas que remitió el juez natural (dos tomos de pruebas) a saber: 1). Mediante escrito de veintisiete de agosto de dos mil catorce, ********************por propio derecho y como apoderada legal de ********************y ********************, demandó a ******************** la acción reivindicatoria (fojas 1-6 del tomo I de pruebas). 2). Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, radicó el juicio ordinario civil ********************, admitió a trámite la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada (fojas 19-20 del tomo I de pruebas). 3). Mediante diligencia de ocho de octubre de dos mil catorce, se emplazó al juicio de origen al demandado ******************** (fojas 21-23 del tomo I de pruebas). 4). Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil catorce ante el Juzgado responsable, el demandado dio contestación a la demanda instaurada en su contra, acordado de conformidad por auto de treinta y uno de octubre siguiente (fojas 24-41del tomo I de pruebas). 5). Seguida la secuela procesal, mediante sentencia emitida el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 396-400 del tomo I de pruebas) se resolvió la litis planteada dentro del juicio ordinario civil ********************, en los términos siguientes: "IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 26. Así, por lo expuesto y fundado se RESUELVE: PRIMERO. Es infundada la acción reivindicatoria ejercida por la parte actora y fundada la excepción de falta de elementos de la acción reivindicatoria opuesta por el demandado. SEGUNDO. Se absuelve al demandado de las prestaciones reclamadas. TERCERO. Con fundamento en el artículo 100, 103, 104 y 107 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se condena a ********************, ******************** y ********************, al pago de gastos y costas a favor del demandado ********************. CUARTO. Notifíquese por lista de acuerdos." 6). En acuerdo de catorce de julio de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora en lo principal, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en el juicio de origen (fojas 401-416 del tomo I de pruebas). 7). Mediante resolución de trece de noviembre de dos mil diecisiete dictada dentro del toca ******************** la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, confirmó la sentencia de primer grado recurrida (fojas 434-444 del tomo I de pruebas). 8). Seguida la secuela procesal en el juicio de origen, por auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés (foja 381 del tomo II de pruebas) el Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, acordó regularizar el procedimiento para los efectos siguientes: ".se advierte dentro del presente sumario que obra visible a fojas cuarenta a la ciento quince del Incidente (sic) del incidente de regulación de Gastos y Costas formulado por ********************, y con el fin de garantizar una efectiva impartición de justicia, y no vulnerar los derechos a las partes consagrados en los artículos 14 y 16 y 17 Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 Fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se regulariza el procedimiento en el presente juicio, y SE PREVIENE al C. ******************** a fin de que exhiba copia para el traslado correspondiente del Incidente de la Planilla de Gastos y Costas, para estar en condiciones de poder correr traslado a la parte contraria con la mencionada planilla de Regulación de Gastos y Costas, con fundamento en lo que dispone el artículo 362 del Código de Procedimientos Civiles." 9). En razón de lo anterior, mediante escrito recibido en el órgano jurisdiccional responsable el seis de julio siguiente, ******************** por conducto de su autorizado interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo descrito en el párrafo que antecede (fojas 391-399 del tomo II de pruebas). 10). Mediante resolución de once de agosto de la presente anualidad emitido en autos del juicio de génesis (fojas 387-388 del tomo II de pruebas) el Juzgado de Primera Instancia responsable resolvió el aludido recurso de revocación en los términos siguientes: "En consecuencia SE REVOCA EL AUTO COMBATIDO de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintitrés en la parte del tenor siguiente: Se determina que la Planilla de Regularización de costas formulada por ********************, con fundamento en el artículo 106 del Código de Procedimientos Civiles del Estado se deja a vista de la parte contraria por el termino de TRES DÍAS para que manifieste por escrito lo que a derecho corresponda. Quedando firme lo demás proveído en el auto recurrido." Esta última determinación constituye el acto reclamado ante este órgano jurisdiccional. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En primer término, conviene señalar que la quejosa acude a esta instancia judicial a combatir la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro del incidente de regulación de gastos y costas relativo al juicio ordinario civil ******************** de la estadística del Juzgado responsable, por la que se resuelve el recurso de revocación interpuesto por el aquí tercero interesado ******************** en contra del proveído de veintinueve de junio de la presente anualidad, a fin de revocar dicho auto y dejar a vista de la aquí quejosa, por el plazo de tres días, la planilla de liquidación exhibida en autos para que manifestara lo que en derecho corresponde. En ese contexto, para este juzgador no se actualiza alguno de los supuestos legales de procedencia del juicio de amparo, porque el acto impugnado por la parte quejosa, involucra la ejecución de la sentencia recaída en el juicio ordinario civil de que se trata. Luego, si por su naturaleza jurídica, el acto reclamado en este juicio forma parte del procedimiento de ejecución de la sentencia respectiva, en concreto, encaminado a ejecutarla pues la amparista fue condenada al pago de gastos y costas, es claro que ese acto, lejos de gozar de autonomía respecto de la propia ejecución de aquellos fallos, está estrechamente relacionado con dicha sentencia que, incluso, fue confirmada por el tribunal de segundo grado ante el recurso de apelación que interpuso la parte actora del juicio de origen, por lo cual, sin duda, en el caso no opera la hipótesis legal indicada en el inciso a) establecido en el apartado de premisas. Tampoco se surte el supuesto legal establecido en el inciso b) pues el acto reclamado no constituye la última resolución de la fase ejecutiva en el procedimiento ordinario civil de origen, tan es así que no existe alguna que apruebe o reconozca, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, o bien, que declare la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, justamente, porque se encuentra en trámite la fase ejecutiva de la misma. Pues además, en la resolución reclamada de once de agosto de dos mil veintitrés, únicamente se revoca el auto de veintinueve de junio de la presente anualidad, por el que se le previno al actor incidentista a fin de que exhibiera copia del escrito por el que interpuso incidente de regulación de gastos y costas a fin de correr traslado a su contraparte, para en su lugar poner a vista de la quejosa por el plazo de tres días la planilla de liquidación exhibida por el aquí tercero interesado, y que manifestara lo que a en derecho corresponda; de allí que, no se surta la procedencia del presente juicio constitucional, máxime que no le fue formulado a la demandada apercibimiento alguno para el caso de no desahogar la dicha vista. Igualmente, cabe destacar que no opera el supuesto indicado en el inciso c) pues no debe pasarse por alto que no se advierte alguna violación a un derecho sustantivo de la parte quejosa, sin duda, fuera de los que involucran la ejecución de la sentencia emitida en el juicio natural. Lo anterior, pone de manifiesto que la resolución de once de agosto de la presente anualidad, que combate en esta instancia la quejosa, no es un acto de imposible reparación, pues solo se trata de una determinación en la que se revoca el proveído por el que se le previno al actor incidentista a fin de que exhibiera copia del escrito por el que interpuso incidente de regulación de gastos y costas a fin de correr traslado a su contraparte, para en su lugar poner a vista de la quejosa por el plazo de tres días dicha planilla de liquidación, y que manifestara lo que a en derecho corresponda; resolución que afecta los derechos procesales de la quejosa. Así, tenemos que la determinación combatida no es de aquellas que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impida el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una determinación de carácter adjetivo o procesal que podría o no trascender al resultado final. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado final, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de no ser aprobada la planilla de liquidación, con lo cual quedaría resarcida la violación que estima le causa el haber revocado el auto por el que se previno a su contraparte. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la tesis IV.2o.C.53 K, que se cita a continuación: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE COMETEN VIOLACIONES PROCESALES, TALES COMO EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INNOMINADO, PUEDEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CULMINE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo prevé, entre otras cuestiones, que para impugnar los actos emitidos en la fase de ejecución de sentencia, es necesario que se reclamen al promover el amparo en la vía indirecta, contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por otro lado, el artículo 159, fracción IX, de la ley en cita, consigna como violación procesal, el desechamiento de los recursos a que el quejoso tuviere derecho conforme a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento, que produzcan un estado de indefensión. Por su parte, el diverso artículo 161 de la ley en comento, dispone que las violaciones al procedimiento enumeradas en los artículos 159 y 160 de la ley de la materia, sólo podrán reclamarse al promoverse el amparo contra la sentencia definitiva. En ese contexto, si durante la tramitación de un incidente de liquidación de costas, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, como sería el desechamiento de un recurso innominado, es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el citado artículo 159, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas de procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos del 158 al 161 de la propia ley (que también recoge lo preceptuado en el artículo 114, fracción III) no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales cometidas en la secuela del aludido incidente de liquidación de gastos y costas, pues éste necesariamente culminará con una resolución, la cual puede combatirse en amparo indirecto, en el que, se reitera, podrán reclamarse las violaciones procesales cometidas en ese procedimiento, tales como el desechamiento de un medio de impugnación innominado." Incluso, debe tenerse presente que la pretensión perseguida por la solicitante del amparo a través de esta vía, no es otra más que paralizar o retrasar la ejecución de la sentencia emitida dentro del juicio civil natural, lo que, sin duda, contraviene la razón que inspiró la creación de las reglas de procedencia del juicio de amparo contra actos dictados en ejecución de sentencia, es decir, impedir que este juicio se utilice como instrumento para retardar o entorpecer la fase ejecutiva de un fallo definitivo. Por último, resta decir que tampoco se surte la hipótesis que se identificó en el inciso d) pues no está en presencia de un procedimiento de remate de bienes. CONCLUSIÓN En consecuencia, dado que no se concreta alguno de los supuestos para dar trámite a la presente instancia constitucional, en contraposición se actualiza el motivo de improcedencia invocado y procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no se estudiarán los conceptos de violación de la parte quejosa. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria de Juzgado Ana Guadalupe Mexía Andrade, con quien actúa y da fe; hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.Ana Guadalupe Mexía AndradeAna Guadalupe Mexía Andrade

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, recibido en línea; en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente: Atento al contenido de la misiva antes referida, téngase a la superioridad informado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Nadia Lorely Boo Rodríguez, parte quejosa, en contra de la suspensión definitiva de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, radicándose en consecuencia el toca en revisión 490/2023, por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Sin que sea necesario instruirse al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que dé acceso al expediente electrónico a la Superioridad, en virtud de que lo anterior se ordenó mediante proveído del pasado cuatro de octubre. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Nadia Lorely Boo Rodríguez, parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, se le tiene formulando sus manifestaciones en vía de ALEGATOS, sin perjuicio de hacer relación de éstos, en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte tercera interesada el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguense los dos escritos signados por la quejosa Nadia Lorely Boo Rodríguez, y en atención al primero de ellos, téngasele haciendo la precisión de la superficie de la fracción del terreno ubicado en la Ex hacienda "LA ESPERANZA", del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, lo anterior para los efectos legales procedentes. Por otra parte, por cuanto hace a su segundo escrito de cuenta, y el anexo que acompaña, se le tiene a la promovente INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la interlocutoria de dieciocho de septiembre del presente año. En virtud de lo anterior, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso b), 86, 88, 89 y 90, de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda y hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, obre en autos las notificaciones de la resolución impugnada, así como del presente proveído, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el presente expediente único, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, a fin de que turne el presente expediente al Tribunal que corresponda, conjuntamente con el escrito de agravios; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia de las principales constancias de este expediente. En esas condiciones, instrúyase al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que habilite la consulta del presente expediente electrónico al Tribunal Colegiado de que se trate, y este en aptitud de consultarlo. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano