Nadia Lizeth Pérez Hernández

Expediente 895/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
895/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Nadia Lizeth Pérez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; se integra a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en el que transcribe el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, a través del cual informa que el referido Juzgado Federal se declara competente y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Nadia Lizeth Pérez Hernández, la cual quedó registrada como amparo directo 815/2022; por lo tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a su destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del numeral citado, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al que anexó el original del juicio de amparo 864/2022-VII, de su índice, que contiene la demanda de amparo promovida por Nadia Lizeth Pérez Hernández, contra los actos que reclama de la Directora General del Centro de Conciliación del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que dicha autoridad estimó que a este órgano jurisdiccional le corresponde el conocimiento del presente asunto, al considerar que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dado que este Juzgado tiene el último juicio registrado en el sistema, en virtud de que guarda relación con el amparo 510/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el citado quejoso. En consecuencia, con apoyo en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, específicamente en su numeral 46 Quater, en sus fracciones I, II, este Juzgado se avoca a su conocimiento. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 895/2022-7. Acúsese recibo. SOLICITUD DE COMPENSACIÓN En mérito de lo anterior, dese aviso a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, a efecto de que proceda realizar la competencia relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito). INCOMPETENCIA Antes de proveer sobre la admisión de la demanda, resulta necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual reza: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." -Lo resaltado es propio- Del artículo transcrito, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, visible en la página 88, Volumen 217-228, Séptima Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." 2. Para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades será competente el Juez ante el que se presente la demanda de amparo. 3. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisado lo anterior en el presente asunto los actos reclamados se hacen consistir en: IV. Acto que se reclama: De la Directora General del Centro de Conciliación del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y otras autoridades: El auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, emitido por el Centro Conciliación Laboral en el Estado de Chiapas, en el procedimiento de conciliación CCTGZ/ACP/1237/2022, en el que aceptó la competencia plateada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en esta ciudad, en la solicitud de conciliación TASB/CI/2022/000018, en la que se declaró incompetente para conocer la demanda presentada por la aquí quejosa. De lo anterior y de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto que en esta vía constitucional se reclama y que se lo atribuye a las autoridades siguientes: Directora General del Centro de Conciliación del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Director del Centro de Conciliación del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Funcionaria del Centro de Conciliación del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Por lo anterior, la suscrita Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Como análisis, se atañe a la tesis: II.3o.A.1 K (11a.), con el registro digital: 2024230: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA SU EXISTENCIA. La Ley de Amparo y la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País han fijado criterios para que se analice la existencia de un conflicto competencial; de ahí que concurran requisitos formales y materiales para que quede debidamente entablado y, reunidos, pueda válidamente un Tribunal Colegiado de Circuito pronunciarse al respecto. Los requisitos formales son presupuestos necesarios y esenciales para que aquél se produzca, previstos en el artículo 48 de la ley citada, y se satisfacen cuando: 1. El órgano requirente hace la declaratoria correspondiente y remite al que, a su consideración, sea competente; 2. El requerido manifiesta no aceptar la competencia planteada y devuelve los autos al requirente; y, 3. Este último insiste en la incompetencia propuesta. Por otro lado, los requisitos materiales para su existencia se refieren al fondo de lo que se resolverá, por tanto, para analizar si se satisfacen, primero debe verificarse que el conflicto verse sobre la misma instancia, de tal forma que ambos órganos jurisdiccionales se nieguen a conocer de un mismo expediente y no de instancias diversas; posteriormente, se debe atender a la materia o territorio -conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal-, pues es importante que aun cuando se colmen los requisitos formales, los órganos deben pronunciarse de manera expresa y coincidente sobre la materia -según la naturaleza del acto, podrá ser civil, penal, laboral, administrativa genérica o especializada en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica- o el territorio-atendiendo a la ejecución del acto, en cualquier Distrito de los 32 Circuitos-. Por lo que, de no colmarse dichos requisitos, el conflicto competencial será inexistente." En ese orden de ideas, es inconcuso que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Nadia Elizabeth Pérez Hernández, pues se aprecia que el acto que se impugna tiene ejecución material en el Estado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por tanto, es competente para conocer de dicho líbelo constitucional, el Juez de Distrito en el Estado de Chipas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, pues dicho órgano ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde tiene ejecución y trata de ejecutarse el acto reclamado. A mayor abundamiento es importante señalar que el legislador estableció competencia al Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual lógicamente debe relacionarse con las autoridades que se señalaron como responsables; por tanto, si la ejecución del acto reclamado señalado en párrafos que anteceden; se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, no es jurídicamente posible que este juzgador se avoque a su conocimiento; por lo que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, fracción X del punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional al considerar que se surte la primera de las hipótesis previstas en el numeral 37 de la Ley de la Materia, ordena remitir el presente expediente, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con sede en Tuxtla Gutiérez, a quien se estima competente para conocer la demanda de amparo de mérito. Sin embargo, ello no es un acto de ejecución del acto reclamado, sino una circunstancia fáctica de la promovente del amparo, ya que lo cierto es que dicho acto fue emitido y se ejecutará en el domicilio de las autoridades jurisdiccionales responsables, localizado en el Estado de Chipas, donde este órgano de control constitucional no ejerce competencia territorial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Asimismo, la tesis I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2288, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Por tanto, en términos del artículo 48 de la ley de la materia, remítase inmediatamente a través de la mensajería acelerada que presta el servicio al Consejo de la Judicatura Federal, el original de la demanda de derechos fundamentales con sus respectivos anexos y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para que por su conducto lo remita al Juzgado que por razón de turno corresponda conocer del asunto, para que proceda a determinar si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente que informe su decisión a este Juzgado. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para lo cual deberá dejarse copia certificada de las actuaciones que en original se envían; y, solicítese el acuse de recibo correspondiente. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo solicitado por la parte quejosa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se hará la publicación de sus nombres y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emitan en el presente juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados a los licenciados a Luis Alberto Cruz Morales, Pablo Magaña Martínez, Diego Gómez Rueda y Rodolfo Gordillo Alvarado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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