Nadia Lizeth Pérez Hernández

Expediente 510/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
510/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Nadia Lizeth Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 510/2022-9, promovido por Nadia Lizeth Pérez Hernández, contra los actos que reclama del Centro de Conciliación del Estado de Chiapas, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio 7242/2022 recibido el ocho de abril de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el once posterior, el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, en cumplimiento a lo ordenado en auto de cinco de abril de dos mil veintidós, remitió el original del juicio de amparo 484/2022-IV-7 del índice de ese homólogo federal con motivo del returno planteado por conocimiento previo de este Juzgado Tercero de Distrito. Ahora, de esas constancias se advierte que Nadia Lizeth Pérez Hernández solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "1.- La omisión de resolver respecto de la aceptación o la declinatoria de la competencia que corresponde a la solicitud de Conciliación número TAB/CI/2022/000018, mediante el cual, el Centro de Conciliación del Estado de Tabasco, se declara incompetente para conocer del proceso prejudicial de conciliación laboral, por razón de territorio y declina la solicitud al Centro de Conciliación del Estado de Chiapas, sin que este último se pronuncie al respecto." (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Directora General del Centro de Conciliación del Estado de Chiapas. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. El doce de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 510/2022-9; se requirió a la parte quejosa precisara qué acto en concreta reclama de la autoridad Directora General del Centro de Conciliación del Estado de Tabasco que señaló como responsable y acompañe los traslados del escrito aclaratorio correspondiente. Cumplido lo anterior, mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós; se admitió a trámite el asunto y se tuvo como única autoridad responsable al Centro de Conciliación del Estado de Chiapas; por tanto, se requirió a la citada autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza del acto reclamado, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los preceptos 103, fracción I, 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por las razones que se expondrán a continuación. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y sin prejuzgar sobre la fijación clara y precisa del acto reclamado, éste se hizo consistir en: La omisión de resolver respecto de la aceptación o la declinatoria de la competencia que corresponde a la solicitud de conciliación número TAB/CI/2022/000018, mediante el cual, el Centro de Conciliación del Estado de Tabasco, se declara legalmente incompetente para conocer del proceso prejudicial de conciliación laboral, por razón de territorio y declina la solicitud al Centro de Conciliación del Estado de Chiapas, sin que este último se pronuncie al respecto. Por su parte, la Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, al rendir su informe justificado [Fojas 63 y 66], indicó que es cierto el acto reclamado, dado que bajo el registro de dicha autoridad se encuentra el trámite de la solicitud de conciliación número TAB/CI/2022/000018, presentada por Nadia Lizeth Pérez Hernández -aquí quejosa-; además manifestó que recibió la declinatoria remitida por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco y admitió la solicitud de conciliación, por lo que registró bajo el número de identificación CCTGZ/ACP/1237/2022 y señaló fecha y hora para que la solicitante acuda ante dicha autoridad a proporcionar más datos para dar seguimiento del proceso de conciliación prejudicial; condición que se corrobora con la copia digitalizada de constancias relativas al expediente número CCTGZ/ACP/1237/2022. [Foja 67 a 77] En virtud de lo anterior, este órgano de amparo carece de competencia legal para conocer de la misma. En efecto, la competencia constitucional de los Juzgados de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentaria en los numerales 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Los aludidos preceptos establecen CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:(.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Este precepto es claro al establecer que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre en el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. LEY DE AMPARO: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto 37 se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los juzgados de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en el lugar en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y se siga ejecutando en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Visto lo anterior, se obtiene que, si el acto reclamado se ha ejecutado dentro de la jurisdicción territorial, el órgano judicial competente será ante quien se haya presentado la demanda de amparo, esto es así pues si bien, el acto reclamado del que se duele la parte quejosa es el conocimiento o aceptación de la declinatoria planteada, hay que precisar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se tiene que aquella conoció acerca de la misma, no obstante, atendiendo al conocimiento del acto que se reclama, se actualiza la regla uno del artículo 37 de la ley de la materia. Ahora, vista la naturaleza del reclamo en la presente controversia -el conocimiento y aceptación sobre la declinatoria de competencia respecto de la a la solicitud de conciliación número TAB/CI/2022/000018-, resulta evidente que el Juzgado de Distrito competente para conocer del juicio de protección de derechos fundamentales será aquel que tenga su residencia en el territorio donde deberá ejecutarse tal conducta, es decir, en el lugar donde la autoridad responsable tenga su residencia y por tanto, donde se tramite o no la solicitud que presentó la parte quejosa. Al respecto, resulta orientador el razonamiento que soporta la jurisprudencia I.1o.P. J/6 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 764, décima época, materia común, registro digital 2018880, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO." Igualmente, deviene aplicable a lo aquí argumentado la tesis II.3o.A.1 K (11a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, la cual se comparte, misma que es visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3308, undécima época, materia común, registro digital 2024230, de rubro y texto: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA SU EXISTENCIA. La Ley de Amparo y la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País han fijado criterios para que se analice la existencia de un conflicto competencial; de ahí que concurran requisitos formales y materiales para que quede debidamente entablado y, reunidos, pueda válidamente un Tribunal Colegiado de Circuito pronunciarse al respecto. Los requisitos formales son presupuestos necesarios y esenciales para que aquél se produzca, previstos en el artículo 48 de la ley citada, y se satisfacen cuando: 1. El órgano requirente hace la declaratoria correspondiente y remite al que, a su consideración, sea competente; 2. El requerido manifiesta no aceptar la competencia planteada y devuelve los autos al requirente; y, 3. Este último insiste en la incompetencia propuesta. Por otro lado, los requisitos materiales para su existencia se refieren al fondo de lo que se resolverá, por tanto, para analizar si se satisfacen, primero debe verificarse que el conflicto verse sobre la misma instancia, de tal forma que ambos órganos jurisdiccionales se nieguen a conocer de un mismo expediente y no de instancias diversas; posteriormente, se debe atender a la materia o territorio -conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal-, pues es importante que aun cuando se colmen los requisitos formales, los órganos deben pronunciarse de manera expresa y coincidente sobre la materia -según la naturaleza del acto, podrá ser civil, penal, laboral, administrativa genérica o especializada en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica- o el territorio -atendiendo a la ejecución del acto, en cualquier Distrito de los 32 Circuitos-. Por lo que, de no colmarse dichos requisitos, el conflicto competencial será inexistente." Lo anterior es así, ya que en el caso concreto, la competencia territorial se fija en atención al lugar en el que formalmente se encuentra el trámite de la solicitud de conciliación número TAB/CI/2022/000018 que presentó la quejosa, misma que, derivado de la aceptación de declinatoria de competencia, conoce el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En esa tesitura y del análisis de las constancias relativas al expediente CCTGZ/ACP/1237/2022 del índice del referida autoridad conciliatoria, se advierte que mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dio entrada a la declinatoria pronunciada por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco y aceptó el conocimiento de la solicitud de conciliación presentada por Nadia Lizeth Pérez Hernández -aquí quejosa-. [Foja 72]. En consecuencia, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por jurisdicción territorial para conocer y resolver la materia de la presente controversia, toda vez que al tener como responsable a una autoridad con residencia en el Estado de Chiapas, esto es, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y esta a su vez aceptó la declinatoria remitida por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, queda expedita la vía para resolver al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas. Sin embargo, se tiene que aclarar que si bien es cierto, el territorio nacional se divide en circuitos judiciales, acorde al número y límites territoriales dentro de la república mexicana, el circuito correspondiente acorde al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, indica en su punto primero que a la letra dice: PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: . XX. VIGESIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. Asimismo, hay que precisar que el Estado de Chiapas se encuentra dividido entre jurisdicción territorial, toda vez que dicho estado cuenta con un total de ciento veinticinco [125] municipios, por lo que en el acuerdo del que se habla expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su punto segundo precisa: SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: . XX. VIGESIMO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2. Dos tribunales unitarios con sede en Tuxtla Gutiérrez. 3. Nueve juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas: dos especializados de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete juzgados de Distrito mixtos: cinco con sede en Tuxtla Gutiérrez y dos con residencia en Tapachula. Especificando en su punto cuarto del multicitado acuerdo, la jurisdicción de los Juzgados de Distrito de aquel Circuito, siendo el siguiente: CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: XX. VIGESIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa y los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Catazajá, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, Larrainzar, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenajapa, Marqués de Comillas, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. (.) Luego entonces, si la autoridad responsable señalada en el presente Juicio de Amparo que es la Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y toda vez que el circuito correspondiente en el Estado de Chiapas, según el punto segundo, tiende a ser el Circuito Vigésimo, que a su vez, dividido en Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Juzgados de Distrito, acorde al punto cuarto, ambos referentes dentro del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien debe tener conocimiento por encontrarse dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, debe ser un Juzgado de Distrito en turno con sede en Tuxtla Gutiérrez, tal y como se aprecia en el punto cuarto, sección XX de dicho acuerdo. Asimismo, se corrobora lo anterior, la jurisprudencia P./J. 9/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, página 5, novena época, materia común, registro digital 190373, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Por lo anterior detallado, se estima que la competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno. En las anotadas condiciones, se ordena remitir los autos del juicio de amparo al Juzgado de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos órganos federales, a fin de que en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, resuelva si acepta o no el conocimiento del asunto. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para lo cual deberá dejarse copia certificada de las actuaciones que en original se envían, asimismo, remítanse los cuadernos incidentales; y, solicítese el acuse de recibo correspondiente. SEGUNDO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo anteriormente expuesto, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, carece de competencia para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por Nadia Lizeth Pérez Hernández. SEGUNDO. Remítase los autos de este juicio de amparo al Juzgado de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno para que siga conociendo del mismo, solicitando el acuse de recibo correspondiente y hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de dos de junio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas; por lo que el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido transcurrirá del siete al dieciséis de junio del año en curso, con excepción de los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de la Materia. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio recibido vía correo institucional signado por la Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante la copia digitalizada de diversas constancias inherentes al expediente CCTGZ/ACP/1237/2022, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintidós de abril del año en curso, se ordenó remitir el oficio 14902/2022, dirigido a la autoridad responsable Directora del Centro de Conciliación del Estado de Chiapas, a través del cual se le requirió su informe justificado, mismo que fue recepcionado el doce de mayo siguiente, según se advierte del rastreo de la guía con número de folio RM00586311MX, en la liga del Servicio Postal Mexicano https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx; por tanto, el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto, transcurre del trece de mayo al dos de junio de dos mil veintidós, con excepción de los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de la Materia. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el signado por el autorizado de la parte quejosa, con el cual hace diversas manifestaciones y anexa en original la constancia de incompetencia por razón de territorio, con número de identificación TAB/CI/2022/000018, documental que se le tiene por admitida en términos del segundo párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo. Finalmente, en cuanto a la multa que solicita, no ha lugar, toda vez que mediante la certificación de cuenta se advierte que el término otorgado a la autoridad responsable para rendir el informe con justificación aún no transcurre. Notifíquese.

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