Nadia Flores Díaz
Expediente 801/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nadia Flores Díaz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veinticuatro de agosto del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Nadia Flores Díaz, contra actos del juez Primero de lo Civil de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese bajo el número 801/2018. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo hasta de ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el ato a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo que se sigue, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. En el presente caso, la parte quejosa reclama la resolución de siete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 415/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, que se condenó a la demandada Nadia Flores Díaz, a la adjudicación del bien inmueble embargado, así como la notificación de dicha resolución. Dicha resolución fue notificada personalmente a la promovente Nadia Flores Díaz, el once de octubre de dos mil diecisiete; además, la notificación reclamada, fue practicada en la misma fecha, como se aprecia de lo manifestado bajo protesta de decir verdad, por la citada promovente en la demanda de amparo. Lo que pone de manifiesto que al veinte de agosto de dos mil dieciocho, en que presentó su demanda de garantías ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, como se advierte del sello respectivo, había transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para deducir la acción constitucional, pues conforme al artículo 1,075, segundo párrafo, del Código de Comercio (código aplicable al acto), que dispone que las notificaciones personales surtirán efectos al día siguiente al en que fueron practicadas. Luego, dicho plazo empezó a transcurrir a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, esto es, el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, y feneció el nueve de noviembre del año pasado, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre, así como uno, dos, tres, cuatro y cinco de noviembre, todos del año dos mil diecisiete, por ser inhábiles; luego, es innegable que la parte quejosa consintió tácitamente la resolución que pretende combatir, así como su notificación, pues su demanda la presentó hasta el veinte de agosto de dos mil dieciocho, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente. Sin que pueda considerarse que la resolución y notificación reclamadas se encuentren en alguna de las excepciones que se contemplan en la Ley de Amparo, que permite su interposición fuera del plazo de quince días. Como apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página: 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". En consecuencia, este juicio de garantías se torna notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, por lo cual se impone desechar de plano la demanda de amparo. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Hesiquio Diego Flores, sin gozar de las demás facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto proporcione el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, o bien acredite ante este Juzgado, encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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