Monserrat Martínez Hebreo

Expediente 1933/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1933/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2016

Partes del expediente

  • Monserrat Martínez Hebreo
  • Dioscoro Jirón Lagunez

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de quince de diciembre de dos mil quince (fojas 87 - 90), en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por ********************, contra los actos reclamados al Secretario de Educación Pública, con sede en México, Distrito Federal y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno y regístrese con el número 1933/2015. La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte, el acto reclamado que se atribuye al Secretario de Educación Pública, residente en México Distrito Federal y otras autoridades, se constriñe en: la privación ilegal de su percepción salarial y el obligarlos a contratar con el Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, un contrato de nómina para el manejo de cuentas como trabajadores de la educación en el Estado, y por ende la privación de su percepción salarial económica mediante cheque como lo cobraban normalmente. En efecto, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.) Las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así lo determinó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En el caso, no se está en presencia de actos de autoridad, ya que entre los aquí promoventes y la Secretaría de Educación Pública, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de garantías. No reviste el carácter de autoridad responsable, pues el acto controvertido se refiere a cuestiones inherentes que les corresponde como trabajadores con derecho al pago de su salario y demás prestaciones; luego, la Secretaría de Educación Pública, está en un plano de igualdad con los inconformes y sus actos no deben estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud que entre ambos existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación; así, dado que dicho Instituto actúa en su calidad de ente patronal frente a la relación que mantiene con los promoventes en su calidad de trabajadores, se está ante un derecho laboral reclamable ante los Tribunales de Arbitraje que corresponda. En este sentido es aplicable la jurisprudencia 651, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 529, Tomo V, materia de trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917- 2000, que dice: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." Es aplicable también, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 9/90, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, que aparece publicada en la página 91 del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo." Lo expuesto permite establecer que las señaladas como responsables, no resultan ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, pues el acto reclamado se suscita entre particulares en materia de derecho laboral, de ahí la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En ese contexto se actualiza de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia del juicio, que impone desechar la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado numeral 113, de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y únicamente para imponerse de los autos a las personas que señala sin gozar de las demás prerrogativas que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, al no acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. En términos del artículo 13 de la ley de la materia y como lo solicitan se tiene como representante común de los promoventes del amparo a Montserrat Martínez Hebreo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a los promoventes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión publica de las resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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