Nadia Balbuena Procopio

Expediente 236/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
236/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Nadia Balbuena Procopio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído donde se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por recibido el oficio proveniente de la Jueza responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, en los términos que precisa, y al efecto acompaña las constancias que refiere en su apoyo. De las documentales remitidas se advierte sobreviene una causal de improcedencia, como se demostrará a continuación. PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama: La omisión de proveer el escrito inicial de divorcio incausado, que correspondió conocer al Juzgado Tercero Familiar de la Ciudad de México en el expediente 2098/2022 de su índice. SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Sobre el acto reclamado descrito sobreviene la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cesan los efectos del acto reclamado cuando se deroga o revoca, o aun, sin tal pronunciamiento, cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional; de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En estos casos, se hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala, registro 193758, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, junio de 1999, Página: 38, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, para sustentar la actualización de la mencionada causal de improcedencia se hace necesario en primer orden precisar cuál es el acto reclamado y, en segundo lugar, señalar que circunstancia fue la que ocasionó que hayan cesado sus efectos, elementos que permitirán justificar el sobreseimiento del asunto. En primer lugar, el acto reclamado es la omisión de proveer el escrito inicial de divorcio incausado, que correspondió conocer al Juzgado Tercero Familiar de la Ciudad de México en el expediente ... de su índice. Y en segundo, la circunstancia que ocasionó el cese de efectos del acto reclamado en el presente juicio es la emisión del acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés en el cual se proveyó respecto del escrito inicial de demanda en el que previno a la promovente, aquí quejosa, para que en el término de cinco días aclarara las prestaciones que demandó. De ahí que, respecto del acto reclamado, se actualice el segundo de los supuestos de la causal invocada. Es así, pues la respuesta de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, sustituye la omisión de la cual se dolía la impetrante, y que servía de sustento de las transgresiones que reclama, por lo que ya no se puede entrar a su estudio, pues su finalidad era, exactamente, que al hacer el análisis de las violaciones estimadas por la quejosa, se ordenara pronunciarse sobre lo solicitado, lo cual ha acontecido, en tanto que el impetrante puede alegar violaciones propias a la postura generada por la autoridad. Apoya lo anterior, la tesis perteneciente a la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, marzo de 1993, página 198, cuyo rubro y texto indican: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." Asimismo, conforme a los criterios de rubros "PETICIÓN, DERECHO DE. AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE DEMOSTRAR QUE LA CONTESTACIÓN SE DIO A CONOCER AL PETICIONARIO." Y "PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIONES QUE DEBEN HACERSE DE LOS ACUERDOS QUE RECAEN A LAS SOLICITUDES. SU PRUEBA.", se observa que la hipótesis prevista en el artículo 8° constitucional, quedó satisfecha en su totalidad, pues de las constancias del juicio de origen se advierte que se notificaron a la parte quejosa las determinaciones en comento, mediante boletín judicial el veintidós de marzo del año en curso. Por tanto, al quedar subsanada la omisión reclamada con la emisión del auto de prevención y su notificación; el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe motivo para emitir un fallo que analice el fondo de las reclamaciones del impetrante de garantías, cuando ésta ya no surte más efectos legales o materiales, por haber sido judicialmente destruidos. Sustenta lo anterior, jurisprudencia 2a./J. 205/2008, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, enero de 2009, página 605, registro 168189, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Sin que sea obstáculo para el sentido de esta determinación que se admitiera la demanda, en razón de que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Máxime, que las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, consultable en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI y 63, fracción V de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

  3. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 236/2023, promovido por ..., contra actos del Juez Tercero Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. La quejosa reclama la omisión de proveer el escrito inicial de divorcio incausado, en el que solicitó, entre otras cosas el otorgamiento de una pensión alimenticia provisional para la impetrante y para sus hijas menores, así como su guarda y custodia, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Tercero Familiar de la Ciudad de México en el expediente ... de su índice. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, se rindió el informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Juez aceptó la existencia del acto reclamado. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. La quejosa es parte material en el juicio de origen, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. En el caso, más allá de que el reclamo es de carácter omisivo es improcedente otorgar la suspensión, pues a criterio de este órgano no se satisfacen los requisitos del artículo 138 de la Ley de Amparo en lo relativo a la apariencia del buen derecho; ni de su diverso 147, respecto de la posibilidad jurídica de restitución. En efecto, el reclamo implica la omisión de proveer el escrito inicial de divorcio incausado, así como de las diversas prestaciones solicitadas por la quejosa; situación que a criterio de este órgano revela su naturaleza negativa simple, al entrañar un no hacer por parte de la responsable. De tal suerte que para determinar la procedencia de la medida cautelar constitucional, deben estar satisfechos los requisitos legales que la rigen, como son: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, en Materia(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, que dispone: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." De ahí que, en acatamiento a la jurisprudencia del Máximo Tribunal, este Juzgado Federal advierte que, de los tres requisitos mencionados, solo están cubiertos dos, los relativos a la no afectación de disposiciones de orden público e interés social, y la apariencia del buen derecho; en tanto que se está frente a un acto, que por regla general, rige solo para los particulares involucrados en la contienda; de modo que la colectividad no tiene un interés destacado o especial en la secuela procesal; y además, que se tiene derecho a la impartición de justicia como parte en un proceso judicial, con lo cual se colma lo relativo al fumus boni iuris. Sin embargo, conforme a lo previsto en los artículos 147, en relación al 131, ambos de la Ley de Amparo, no es posible otorgar la medida, ya que no hay condiciones o posibilidades jurídicas para brindar una protección anticipada, pues se dejaría sin materia la omisión al orillar a proveer. Por otro lado, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impone una serie de requisitos y métodos que no hacen posible otorgar la medida cautelar. Se afirma lo anterior, pues en dicho criterio, se sostuvo lo siguiente: "[.] dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo [.]"; De lo cual se sigue que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impuso como limitante a la medida suspensional, que con ella no se agote o deje sin materia una eventual sentencia de amparo, lo cual ocurriría si a través de una decisión emitida cautelarmente, se obliga a la autoridad responsable a nulificar los efectos de la omisión reclamada. Y en la especie, de concederse la suspensión solicitada, implicaría hacer que la autoridad proveyera el escrito inicial de demanda presentado por la accionante, y con ello cesarían los efectos continuados de la omisión simple, lo que conllevaría un efecto nulificatorio de lo reclamado, que solo podría ser propio de la sentencia definitiva que resuelva el fondo del asunto, conforme a lo establecido en la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 255/2015, donde determinó: "66. De lo dicho se aprecia que la suspensión, produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria." Así, al existir un lineamiento jurisprudencial que impone la forma de actuar al momento de analizar la posibilidad de conceder la medida suspensional en tratándose de omisiones, es que SE NIEGA LA MEDIDA SUSPENSIONAL SOLICITADA, pues se insiste, actuar en sentido contrario implicaría dejar sin materia el juicio en lo principal al propiciar la destrucción total de lo reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ..., contra actos del Juez Tercero Familiar de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Agréguese el escrito electrónico del autorizado en términos amplios de la quejosa; en atención a su contenido, toda vez que del estado que guardan los autos se desprende que el Juez responsable ha sido omiso en informar del embargo previo, ordenado en el juicio de origen ... de la cuenta *** aperturada en la institución financiera ... a nombre de la quejosa de iniciales ... . Por tanto, se le requiere de nueva cuenta, a fin de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente auto, haga del conocimiento lo narrado en el párrafo que antecede. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó. NOTIFÍQUESE.

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