Nabil Jiménez Padilla

Expediente 811/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
811/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
01/12/2023

Partes del expediente

  • Nabil Jiménez Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda el escrito original de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 811/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo y su ampliación; b) informes justificados; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. En este acto, se da cuenta con el escrito con folio 17391. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese el escrito del tercero interesado; atento a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con las que se hará relación en la etapa conducente. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció la documental, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, relacionadas en su demanda. Además había anunciado la testimonial, sin embargo, se desechó. Pronunciamiento: Con excepción de la prueba testimonial se admiten y desahogan las demás por su propia naturaleza; al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que el tercero interesado los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy Fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 811/2023, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El cinco de julio de dos mil veintitrés, la accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se turnó a este órgano federal, donde previa ratificación, se admitió el diecisiete del mismo mes y año. En ese acuerdo se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió los informes justificados; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El dieciocho de agosto de la presente anualidad, se tuvo por ampliada la demanda respecto de conceptos de violación. Las autoridades rindieron sus informes (tanto de la demanda como de su ampliación), la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, seguido ante un juzgado del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio oral civil ... del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, y reclama la falta de llamamiento y todo lo actuado, particularmente la orden de lanzamiento del inmueble identificado como ..., en la Ciudad de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron los actos que se les atribuyen, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural allegadas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable: 1. El veinticuatro de junio de dos mil veintidós, ... demandó en la vía oral civil a ... . 2. El nueve de septiembre siguiente, se dio contestación a la demanda con acción reconvencional. 3. El trece de marzo de dos mil veintitrés, el juez responsable dictó sentencia definitiva donde: - Absolvió al demandado en la reconvención. - Declaró la rescisión del contrato de promesa de compraventa basal. - Condenó al demandado principal a la desocupación y entrega del inmueble identificado como ..., en la Ciudad de México. - Condenó al actor principal a la devolución de una cantidad líquida a favor del demandado. 4. El veintisiete de abril del año en curso, el juez responsable turnó los autos al Actuario de su adscripción para notificar personalmente al demandado el cumplimiento voluntario de la sentencia, específicamente lo relativo a la desocupación y entrega del inmueble. La falta de llamamiento y lo actuado en este procedimiento constituyen el reclamo en esta instancia constitucional. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso refiere esencialmente que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, pues se ordenó el lanzamiento del predio litigioso sin haber sido llamado al juicio natural. Lo alegado es infundado, como se demostrará. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Imperativo que consagra los lineamientos mínimos a observarse para que el acto de autoridad trascienda en la esfera jurídica de los gobernados, como un acto privativo de derecho. Por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho, aunque no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante la afectación que producen. Existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en definitiva al titular de su goce, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no tal privación. Por lo que, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que el menoscabo tengan carácter definitivo. Si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados, es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, sólo tiende a la restricción provisional como medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia. En tal virtud, el mandato constitucional invocado exige el respeto del derecho de audiencia y defensa como requisito para ordenar actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos (actos de privación), en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16, párrafo primero, de la propia Ley Fundamental. De lo expuesto, se colige que conforme a la Constitución Federal y al sentido esencial de su artículo 14, los actos de privación deben estar precedidos del respeto a tales garantías, lo cual se satisface cuando al gobernado se le notifica el inicio del procedimiento seguido en su contra o como en la especie, en el que estén involucrados sus derechos, así como sus consecuencias y, para ello se le concede la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como de alegar lo que estime conducente, para finalmente, dirimir la controversia mediante una resolución. El sistema jurídico mexicano por regla general, protege a las personas contra actos que impliquen privación o menoscabo que pretenda llevar cualquier autoridad respecto de la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles o derechos del individuo, sin previa audiencia. La distinción entre los actos privativos y los de molestia la definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de la Novena Época, de registro 200080, Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Tesis 71, Página 100, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Aunado a ello, la propia Constitución en su numeral 17, prevé el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, que está compuesto de diversas etapas, a saber: una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Conforme a lo anterior, el derecho humano de acceso a la justicia debe entenderse como la prerrogativa de carácter público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, en Materia Constitucional, que dice: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." Ahora bien, para justificar el derecho que dice tener, la peticionaria exhibió como prueba el contrato de comodato del inmueble identificado como ..., en la Ciudad de México; y refirió que uno de sus suscriptores (..., quien fungió como testigo) falleció el veintidós de julio de dos mil dieciocho, acompañando copia certificada del acta de defunción. Dichas probanzas valoradas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo; y 133, 197, 202 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, permiten concluir la existencia del derecho de uso detentado por el peticionario sobre el inmueble materia de la litis en el proceso natural. Lo anterior es así, pues el pacto de voluntades referido adquirió fecha cierta con el deceso del testigo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 18/2016 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materias Común, Civil, que dice: "DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo." Sin embargo, la sola existencia del derecho es insuficiente para ser llamado a juicio, pues el accionante refiere ser usuario del inmueble controvertido con motivo del contrato de comodato celebrado con ...; documento que como se dijo, adquirió fecha cierta a partir del veintidós de julio de dos mil veintidós, en que falleció ..., quien participó como testigo en dicho acto jurídico. Lo anterior es así, pues el comodatario fungió como demandado en el juicio natural, que inició con posterioridad al momento en que el comodato adquirió fecha cierta. Por ello, es dable afirmar que el quejoso es causahabiente de la parte demandada, figura que implica la sustitución de la persona de quien directamente emana el negocio jurídico, por otra que queda ligada por los efectos de dicho negocio como si personalmente hubiese intervenido en la formación de la relación jurídica que le dio origen. Al respecto, se cita en su parte conducente la jurisprudencia 1a./J. 82/2013 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Civil, que dice: "CAUSAHABIENCIA. NO EXISTE ENTRE QUIEN ADQUIERE UN DERECHO DE PROPIEDAD DEL TITULAR REGISTRAL Y LOS TITULARES REGISTRALES ANTERIORES AL VENDEDOR, SI SE TRATA DE COMPRAVENTAS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL ADQUIRENTE SEA EN AUTOMÁTICO TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL. La "causahabiencia" es la sustitución de la persona de quien directamente emana el negocio jurídico, por otra que queda ligada por los efectos de dicho negocio como si personalmente hubiese intervenido en la formación de la relación jurídica que le dio origen. Por virtud de la causahabiencia, el concepto de "parte" de un negocio jurídico se extiende a la persona que sustituye al causante, de manera que no se le puede tener como tercero, a pesar de no haber intervenido para nada en la celebración del mismo. En esa tesitura, el causahabiente se integra a la relación jurídica original, por virtud de la cual, una de las partes puede exigir a la otra el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Sin embargo, una vez agotadas las obligaciones asumidas por las partes, el contrato se termina, debido a que se cumplió con su objeto. De manera que la causahabiencia sólo puede tener lugar mientras continúa vigente la relación jurídica en la cual el causahabiente se sustituye, puesto que no es posible que un tercero se integre como parte a un acto jurídico que ha cesado. Ahora bien, el contrato de compraventa es por regla general "de ejecución instantánea", porque las prestaciones de las partes se ejecutan en un solo momento. Salvo cuando se celebre con reserva de dominio, o se pacte el pago del precio a plazos, por regla general, las obligaciones derivadas del contrato de compraventa se agotan en el momento en que la misma se celebra. De manera que en la compraventa de ejecución instantánea no hay un acto jurídico en el cual un tercero pueda sustituirse en calidad de causahabiente. Sostener lo contrario, implicaría que toda persona que adquiera la propiedad de un bien resulta ser causahabiente del primer titular. El causahabiente a título particular se coloca en la situación jurídica que tenía su causante en relación con un acto jurídico concreto, en el cual lo sustituye, de manera que se integra a una relación jurídica determinada, para asumir las obligaciones derivadas de esa relación jurídica exclusivamente; mas no puede atribuírsele la obligación de cumplir con las obligaciones que hayan asumido terceros con quienes no tiene vínculo jurídico alguno. No obstante, el hecho de que no exista la causahabiencia aducida, y por lo tanto, no se pueda ejercitar una acción personal, no quiere decir que el tercero adquirente resulte ser, en automático, un tercero de buena fe registral, puesto que sólo puede tener dicho carácter quien: (a) haya adquirido un derecho real sobre el inmueble de que se trate de quien aparece como titular registral, por virtud de un acto jurídico que se presuma válido al momento de la adquisición o de una resolución judicial; (b) haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad a su favor el derecho real adquirido; (c) haya adquirido a título oneroso, entendiendo por tal, que debe existir una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio o contraprestación pagado por ella; y, (d) siempre y cuando no haya pruebas suficientes de su conocimiento respecto de los vicios del título de su vendedor, en su caso, o éstos no se desprendan claramente del propio Registro Público de la Propiedad. Cuestiones que el juzgador debe valorar en cada caso concreto para determinar si el tercero es de buena fe registral o no, pues la ausencia de buena fe del tercero adquirente no se debe a que sea causahabiente de los titulares anteriores a su vendedor, sino a que no puede aducir desconocimiento de los vicios de su título." Sobre esta base, es importante destacar que al resolver el amparo en revisión ..., el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito señaló que el comodatario adquiere el carácter de causahabiente respecto de quien ostentó en su momento la propiedad del inmueble que aduce poseer, conforme a los razonamientos siguientes: "[.] En efecto, la doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o que ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización de éste adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A los autores del acto jurídico se les conoce como causantes, y a quienes los sustituyen, como causahabientes. En otras palabras, se define al causahabiente como la persona que después de celebrar un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor, por transmisión, los derechos y obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. El causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el propio acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de los autores del acto, sustituyendo a éste a quien se le denomina causante. Existen dos clases de causahabientes: a) A título universal. b) A título particular. La causahabiencia a título universal se presenta cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio o en una parte alícuota de él, por ejemplo, en la sucesión testamentaria o intestamentaria en la que los beneficiarios de la sucesión comprenden la masa del patrimonio de su autor. La causahabiencia a título particular se constituye cuando la sustitución se refiere únicamente a hechos u obligaciones determinados en forma específica, y puede serlo por cesión de derechos y obligaciones o por subrogación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada visible en la página 512, Tomo IV, del Apéndice 2000, Materia Civil, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, del siguiente texto: "CAUSAHABIENCIA. CUÁNDO SE ACTUALIZA.- La causahabiencia no es otra cosa más que la sustitución del titular de un derecho por otro; pero implica que se trate del mismo derecho. Así, el titular de un derecho de propiedad es causante del comprador respecto del bien materia del contrato; el de cujus resulta causante en relación a los adjudicatarios; el que permuta es causante de su contraparte, y así en cualquier acto traslativo de dominio. En tratándose de posesión derivada, el arrendatario es causante del subarrendatario, quien resulta causahabiente de aquél. Empero, cuando un bien inmueble es materia de un contrato traslativo del derecho de posesión, entonces el cambio de propietario por compraventa o cualquier otro acto jurídico, no produce una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto del comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior propietario en la relación contractual que rige la posesión derivada. Esto es, que la mera sustitución del propietario de un inmueble no implica la extinción del contrato que ha transmitido la posesión derivada." En alusión a la naturaleza de la causahabiencia, es inconcuso que cuando ésta se actualiza procesalmente en el juicio natural, los causahabientes quedan sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes, pues únicamente asumen el lugar que le corresponde a éstos, ya sea a título universal o a título particular en una medida idéntica del derecho sustituido. Lo anterior tiene fundamento en la jurisprudencia VI.2o. J/55 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 553, con número de registro IUS 202295, de rubro y texto siguientes: "CAUSAHABIENTES. Los causahabientes quedan sometidos a las obligaciones contraídas por sus causantes". Ahora, al aplicar la figura de la causahabiencia en materia de amparo, debe tomarse en consideración que la persona tercera extraña quejosa tiene que probar la existencia del derecho que ostenta, aunque no sea idéntico al que detente su causante, como ocurre cuando por ejemplo, el quejoso es comodatario y su causante es propietario; esto es así porque sólo si se prueba ese derecho, quedaría acreditado su interés jurídico de ejercer la acción constitucional correspondiente. Desde luego, el pronunciamiento que el tribunal de amparo haga respecto de ese derecho, no implica un reconocimiento jurídico de la validez de ese derecho que defiende, pues ese aspecto en todo caso debe ser decidido en el juicio correspondiente que para ese efecto se promueva ante la potestad común. Ahora, una vez acreditado el interés jurídico con la comprobación del derecho con que comparece el quejoso, sólo significa que el causahabiente deberá asumir el mismo rol jurídico que le correspondería a su causante en el amparo, por ejemplo, quedará sujeto a las mismas causas de improcedencia. Bajo esa tesitura, y en atención a los antecedentes destacados en esta ejecutoria, se arriba a la conclusión de que el estado jurídico en el que se posicionó el quejoso actor en el presente asunto, lo convierte en causahabiente de la persona con quien dijo haber celebrado el contrato de comodato del que dedujo sus derechos, es decir, de *** *** ***, respecto del predio número [.]. Es así, porque al ostentarse como comodatario de *** *** ***, es evidente que dedujo su derecho posesorio del inmueble litigioso, del mismo estado jurídico que detentaba *** *** *** respecto de ese inmueble, porque no defiende un estado jurídico diverso del detentado por su titular sino incluso uno de rango menor (poseedor derivado, al ostentarse como comodatario del titular del derecho de propiedad). De ahí que se convierta en causahabiente de éste, y lo hace con la categoría de causahabiente a título particular, pues su derecho sólo se limita específicamente a la posesión del inmueble; es decir, a uno de los componentes de la propiedad, el ius utendi, referido al uso de la cosa conforme a su naturaleza. Razón por la que el hoy quejoso se encuentra impedido para solicitar el respeto de derechos que ya fueron defendidos por su causante a través de la misma vía, sin obtener resolución favorable, pues sería permitir que se ejerciera dos veces el juicio de amparo por la misma persona, al evidenciarse que el quejoso no defiende un estado jurídico diverso del detentado por su titular sino incluso uno de rango menor (poseedor sobre un derecho de propiedad). [.]" De dicha ejecutoria derivó la tesis I.3o.C.187 C (10a.), de la Décima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materias Común, Civil, que dice: "CAUSAHABIENTE. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CUANDO EL QUEJOSO NO DEFIENDE UN ESTADO JURÍDICO DIVERSO DEL OSTENTADO POR SU CAUSANTE SINO, INCLUSO, UNO DE RANGO MENOR (POSEEDOR POR COMODATO RESPECTO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD MATERIA DEL JUICIO NATURAL). Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio respecto del que se ostenta tercero extraño a juicio y aduce ser causahabiente del propietario del bien inmueble adjudicado, con quien dijo haber celebrado un contrato de comodato del que dedujo sus derechos, es evidente que el quejoso carece de legitimación en la causa para solicitar el respeto de derechos que ya fueron defendidos por su causante a través de la misma vía, sin obtener resolución favorable, pues sería inadmisible permitir que se ejerciera dos veces el juicio de amparo por la misma persona, al evidenciarse que el quejoso no defiende un estado jurídico diverso del ostentado por su titular sino, incluso, uno de rango menor (poseedor a título de comodatario sobre un derecho de propiedad que ya fue defendido en juicio por su causante); consecuentemente, el amparo indirecto promovido bajo ese supuesto, resulta improcedente." Lo anterior conduce a negar la protección constitucional, pues en su carácter de causahabiente, el quejoso fue oído y vencido a través de su causante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 34/2003, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado." Por las razones anteriores, deviene infundado lo alegado por la quejosa, lo que conlleva a NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA. Lo anterior se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Actuario responsable, sirviendo de apoyo, la jurisprudencia 88, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano