Myrna Sara Lorena Rioseco Gallegos

Expediente 1090/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1090/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Myrna Sara Lorena Rioseco Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. QUEDA FIRME AUTOVista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído dictado por este Juzgado, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN CONSTANCIAS A PARTE QUEJOSA Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual señalado anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. QUEDA FIRME AUTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído dictado por este Juzgado, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN CONSTANCIAS A PARTE QUEJOSA Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual señalado anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO A LA QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo que promueve ******************, contra actos de las autoridades responsables que precisa en su escrito inicial; fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 1090/2019-3A, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. SE DESECHA DEMANDA [...] Establecido ello, se considera que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...)XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". En efecto en el presente asunto, la parte quejosa acude a esta autoridad jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en esencia, en contra de los actos reclamados consistentes en: "[.] A. Se reclama del C.P. ********************, SUBDIRECTOR GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL ISSSTECALI, Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, la determinación administrativa de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que ordena la modificación de la forma y tiempo de pago de nuestras respectivas pensiones y/o jubilaciones. [.]. B. Se reclama del GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ya que conforme a la Ley de ISSSTECALI, le asiste el carácter subsidiario o solidario al momento de insolvencia en los pagos de pensión y/o jubilación por parte del citado instituto; por lo que se reclama la determinación administrativa de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve. [.] En ese orden de ideas, resulta pertinente señalar que en el punto "2" de su capítulo de antecedentes del acto reclamado, el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, que: "2. Bajo protesta de decir verdad en fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la página oficial de internet de la autoridad responsable ISSSTECALI: https://www.facebook.com/ISSSTECALI/, tuvimos conocimiento [.]."; asimismo, a partir del capítulo VII. Respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, aduce que dirige su reclamo a que es ilegal la determinación administrativa de fecha treinta de septiembre, que ordena la modificación de la forma y tiempo de pago de su respectiva pensión. En ese sentido, de lo relatado con anterioridad, se colige que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, desde el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que la presentación de la demanda de amparo fue hecha en forma extemporánea. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo, será de quince días, el que se contará, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie, como se dijo, de la lectura de la demanda se desprende que desde el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la parte promovente tuvo conocimiento del acto reclamado; lo cual se corrobora con los antecedentes de su escrito inicial de demando bajo protesta de decir verdad. Por tanto, si la parte quejosa estuvo en posibilidad de inconformarse de tal determinación a partir del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, fecha en que señala que tuvo conocimiento, resulta evidente que el término de quince días con el que contó la parte promovente para presentar juicio de amparo transcurrió del dos al veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por haber surtido efectos el acto de aplicación el citado uno de octubre de dos mil diecinueve y comenzado a correr a partir del día siguiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.A.20 K (9a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1852, Libro VIII, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 160126, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO DE SU CONTENIDO SE ADVIERTEN MANIFESTACIONES EXPRESAS DE DIVERSAS FECHAS EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales puede computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de garantías, los cuales se cuentan a partir del día siguiente que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, la esencia del citado artículo se sustenta en el conocimiento del acto reclamado. Por tanto, si en una demanda de amparo el quejoso señala diversas fechas que pueden considerarse como aquella en la que conoció los actos reclamados, el juzgador debe justipreciar el contenido de la demanda y, en su caso, de las constancias que la acompañan para determinar la data en la cual el promovente tuvo realmente conocimiento pleno de aquéllos, tanto del acto mismo como de las autoridades que lo hubieren ordenado y ejecutado para poder llamarlas a juicio y, a partir de ahí, realizar el cómputo para la interposición del escrito inicial." De igual forma, es aplicable, por su interpretación a contrario sensu, la tesis I.8o.C.15 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 2380, Libro 21, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 2009762, que dice: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido." Por lo anterior, es claro que la presentación de la demanda que nos ocupa, efectuada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, según se desprende del sello inserto por la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que resulta, que transcurrió dicho plazo, con el que legalmente contaba para la presentación de la demanda de amparo, por lo que la misma fue hecha en forma extemporánea. Por lo cual, al haberse presentado la demanda fuera del término legal de quince días a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, conforme a la notificación de los actos reclamados, es indudable y manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por lo cual, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que refiere; sin embargo, por lo que hace a **************** únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones, así como imponerse de autos en términos de la segunda parte, del párrafo segundo del numeral en cita, toda vez que al realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro de cédula a su nombre. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES [...] TRANSPARENCIA [...] ANOTACIÓN EN LIBRO Y SISE [...] NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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