Myriam Margarita Muñoz Toledo
Expediente 260/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Myriam Margarita Muñoz Toledo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el proveído de doce de junio de dos mil diecisiete, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que sobreseyó fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se dictó el laudo respectivo dentro del expediente laboral burocrático 1037/2014-V promovido por MYRIAM MARGARITA MUÑOZ TOLEDO [parte quejosa en el presente juicio de garantías], anexando copia certificada del mismo. Por tanto, téngase como prueba de la referida autoridad responsable la documental antes descrita, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, a la que se le otorga valor probatorio pleno atendiendo lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Entonces, una vez analizada la documental exhibida en apoyo al informe con justificación, y en congruencia al estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo cual hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse; por ende, inexiste necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Para ilustrar lo anterior, se invoca el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se revela que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral burocrático 1037/2014-V, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; sin embargo, la autoridad responsable el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, pronunció el laudo correspondiente, tal como es posible corroborar jurídicamente de la documental que acompaña al oficio de cuenta. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en la página 153, tomo VI, primera parte, materia común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." Consecuentemente, si de las constancias que obran en autos queda demostrado que dejó de prevalecer la actitud de abstención de la autoridad responsable, por ende, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora, conforme al artículo 77, de la Ley de Amparo, sea imposible la fijación de sus extremos; por lo que, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En relatadas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio sumario. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra señalada para las once horas con cuarenta minutos del trece de junio de dos mil diecisiete. No obsta arribar a estar determinación, que no haya transcurrido el plazo que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, cuenta habida que dicha temporalidad tiene el propósito de las partes se impongan de su contenido, así como de las constancias; sin embargo, ello, a ningún fin práctico conduciría, porque como se revela es inequívoca la actualización de la causal de improcedencia del presente juicio de amparo; máxime, en el supuesto de existir violaciones en el procedimiento del juicio, resultaría inoficioso reponer el procedimiento por violaciones procesales, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, ello pone de manifiesto la trascendencia de actualizarse durante el juicio una causal de improcedencia. En este tema, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 151/2015 (10a.), publicada en la página 1293 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, noviembre de dos mil quince, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encontraban señaladas las diez horas con treinta minutos del día de hoy, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, toda vez que mediante oficio CCJ/ST/1401/2017, de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, signada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, fue autorizada al Titular de este Juzgado de Distrito, licencia en términos del artículo 43 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, como nueva fecha para su celebración.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese para que obre como corresponda el pedimento de cuenta que presenta la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional en Materia de Amparo, mediante el cual formula alegatos, los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en su oportunidad, expídase la copia certificada que indica en su comunicado.
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