Myrna Lorena Ortiz Solis

Expediente 911/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
911/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Myrna Lorena Ortiz Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del dieciséis al veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de mayo último, dentro del juicio de amparo número 911/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Dentro del presente sumario no se tramitó incidente de suspensión, por lo que no fue exhibido billete de depósito. No existe constancia que amerita su devolución a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de once de mayo del año en curso, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las once horas con diez minutos del once de mayo de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 911/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inicia su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 14-16) y se tiene por omiso en rendir su informe justificado al Jefe de Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con sede en la Ciudad de México, no obstante de encontrarse debidamente notificado (foja 79). En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al juez con las documentales exhibidas por el quejoso con su demanda de amparo (fojas 5 y 6), así como con las documentales que ofreció el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 31-37). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario relaciona los vertidos por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante el pedimento registrado con el folio 15649 (fojas 46 y 47); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del citado numeral 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 911/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Myrna Lorena Ortiz Solís solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por una autoridad con residencia dentro del territorio donde tiene competencia este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda, así como de la ampliación, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1.- Del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Zacatecas: La falta de respuesta a la solicitud de información, realizada el siete de julio de dos mil diecisiete. 2.- Del Jefe de Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con sede en la Ciudad de México: B) El oficio número DRCAP/2017/704 de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza de los actos reclamados, ya que si la omisión que se reclama a las autoridades responsables es lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, es claro que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento; de ahí que se considere que la promoción del juicio de amparo respecto a este tipo de actos es oportuna en cualquier momento. De igual forma, la ampliación de demanda fue promovida en tiempo, toda vez que el auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete en el que se previno para que si era deseo de la quejosa ampliara su demanda, le fue notificado el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (foja 45), surtiendo efectos dicha notificación al día siguiente de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Amparo, por lo que el término de quince días transcurrió del veintisiete de noviembre al quince de diciembre de la referida anualidad, por lo que si la ampliación se presentó el quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 57 ídem) resulta evidente que fue presentada en tiempo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La apoderada legal del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Zacatecas, al rendir su informe justificado, si bien no aceptó ni negó la omisión de contestar la solicitud de información de la parte quejosa, y solo asentó que "era cierto el acto reclamado", sin embargo debe presumirse la existencia del mismo en términos del numeral 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior se corrobora con el acuse que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo, en el cual obra el sello de recepción por parte del Fondo de Vivienda del Departamento de Vivienda de Zacatecas del Institutito Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por último, el Jefe de Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con sede en la Ciudad de México, fue omiso en rendir su informe de ley, no obstante estar emplazado al juicio constitucional (foja 79 del juicio de amparo); por lo tanto; con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume la existencia del acto que se le atribuye consistente en la emisión del oficio número DRCAP/2017/704 de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete; presunción que se encuentra acreditada con la copia simple del oficio en cuestión que exhibió la apoderada legal del Fondo de la Vivienda de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 34 a 37 del juicio de amparo) en su informe justificado, del que se advierte que dicha autoridad responsable emitió la contestación a la solicitud de información de la quejosa. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Causales de improcedencia. La apoderada legal del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Zacatecas y la Agente del Ministerio Público de la Federación sostienen que respecto de la falta de contestación al escrito presentado por la quejosa ante la autoridad responsable el siete de julio de dos mil diecisiete, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, atinente a la cesación de efectos. La referida porción normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito, se obtiene que para aplicarse esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Sirve de sustento a lo anterior el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, se tiene que la quejosa presentó escrito mediante el cual, en ejercicio del derecho de petición, requirió a la autoridad responsable para que le informara diversos datos derivados del crédito FOVISSSTE número 1545930, otorgado a aquélla. En atención al citado escrito, el Jefe de Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con sede en la Ciudad de México emitió el oficio DRCAP/2017/704, de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual dio contestación al escrito de la aquí recurrente. En dicha respuesta refirió a la solicitante que el adeudo por la cantidad $24, 335.54 (Veinticuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 54/100 M.N.) era consecuencia de la omisión de pago de las primeras quincenas de 2012 correspondientes, explicándole además la forma en que se determinó dicho monto y detalló el total de pagos registrados por años en el cuadro que para tal efecto elaboró; también se hizo mención a que el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria firmado por la quejosa establecía las condiciones de pago y la actualización de intereses ordinarios en forma quincenal; finalmente, adujó que en relación a su solicitud de que se le proporcionara un estado financiero, los movimientos, adeudos y todos los conceptos de dicho crédito le sugirió acudir al Departamento de Vivienda para que le extendieran las mismas, pues carecía de atribuciones para proporcionar dichos documentos. Sin embargo, no se advierte que dicha respuesta se hubiera notificado a aquélla o que se expresara la imposibilidad jurídica para llevarla a cabo. Al respecto, adujó la autoridad responsable en esta ciudad que el mismo había sido notificado a la quejosa en forma personal, sin que enviara constancia de ello; además de que como así lo refirió la parte quejosa, se aprecia que el domicilio al que fue dirigido dicho oficio es incorrecto, pues ella señalo como domicilio la calle MerceDarios no. 7 del Fraccionamiento Los Conventos y no la calle de MerceNarios no. 7, reflejada en el oficio aludido. En ese sentido, no podría sobreseerse en el juicio de amparo por cesación de efectos, en un primer momento, dado que la simple emisión del aludido oficio no implica que se haya satisfecho el derecho de petición de la quejosa, pues se omitió notificar el contenido del aludido documento a ésta. Ahora bien, si bien la autoridad responsable omitió notificar el aludido oficio a la quejosa; lo cierto es que en el presente juicio de amparo fue exhibido el oficio DRCAP/2017/704, de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, con el informe justificado de aquella autoridad y, por ende, la promovente del amparo estuvo en posibilidad de ampliar la demanda respecto de dicha actuación. En esas condiciones, es evidente que se satisfizo la finalidad de la notificación que debía practicar la autoridad responsable, esto es, la de dar a conocer al gobernado la respuesta a su petición, como aconteció en el presente asunto, aun cuando ese conocimiento se efectuara durante el trámite del sumario constitucional. En ese sentido, se colige que la falta de respuesta al escrito presentado por la quejosa cesó en sus efectos, pues se dio respuesta al mismo y se hizo de su conocimiento ésta, con lo cual las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la omisión reclamada y se han destruido los efectos jurídicos de ésta, por lo que no existe afectación a la esfera jurídica de la promovente del amparo. Con relación a este punto, debe decirse que al resolver la contradicción de tesis 164/2008-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en los juicios de amparo indirectos promovidos en contra de la transgresión al derecho de petición, si la autoridad responsable exhibía con su informe justificado la respuesta al escrito del quejoso, dicha circunstancia constituía la desaparición de los efectos originados por la falta de contestación, de tal forma que las cosas volvían al estado que tenían antes de la violación al artículo 8º constitucional, y sólo ante la ampliación de la demanda de amparo, podría analizarse aquélla. En ese aspecto, se expuso que la conducta omisiva ejercida por la responsable, que motivaba la promoción del juicio de garantías, cesaba con el pronunciamiento respectivo, esto es, al dar respuesta a la petición del quejoso y hacerla de su conocimiento, con lo que se satisfacían las dos obligaciones previstas en el citado artículo constitucional, consistentes en que toda autoridad a la que se formulara solicitud debía cumplir con dar respuesta a ésta y notificarla al gobernado en breve término. Se consideró de esa manera, porque con la respuesta se extinguía la omisión original, pero también materializaba un acto nuevo, por lo cual el quejoso podía ampliar la demanda, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que considerara procedente. De la citada contradicción derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 205/2008, la cual sustenta la deliberación adoptada en la presente instancia, cuyos rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." De esto que, deba sobreseerse en relación a la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, atinente a la cesación de efectos, respecto del acto consistente en la falta de respuesta a la solicitud de información, realizada el siete de julio de dos mil diecisiete atribuida al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Zacatecas. En diverso aspecto, este tribunal advierte que en torno al oficio DRCAP/2017/704, de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual el Jefe de Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, con sede en la Ciudad de México, emitió la respuesta al escrito presentado por la quejosa el siete de julio de la citada anualidad, no se cumplió con el principio de definitividad. El aludido principio rector del juicio de amparo encuentra su justificación en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe acudir a las instancias ordinarias que produzcan la insubsistencia del acto de autoridad antes de promover el amparo. En este punto, conviene precisar que al resolver la contradicción de tesis 110/2006-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la posibilidad de ampliar la demanda para controvertir la respuesta de la autoridad responsable, en los juicios de amparo promovidos por transgresión al derecho de petición, de considerar el quejoso que constituía la vía idónea para controvertir la contestación a su solicitud. Al respecto, sustentó que dicha circunstancia no implicaba que se soslayaran las cuestiones de procedencia del juicio de amparo respecto de la diversa actuación incluida a la Litis constitucional (contestación de la autoridad), porque el juez de Distrito podía sobreseer en el juicio en términos de la fracción III del artículo 74, en relación con la diversa XVI del numeral 73, ambos de la Ley de Amparo, ante el cese de los efectos de la omisión reclamada -acto primigenio- (violación al derecho de petición), pero no por lo que hacía a la ampliación de demanda, en torno a la cual podría considerarse improcedente por una razón diversa. De la contradicción destacada derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 149/2006, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Ahora, como se precisó, en el caso se advierte que la quejosa solicitó a la autoridad responsable, en ejercicio del derecho de petición, que le informara diversos datos derivados del crédito FOVISSSTE número 1545930, otorgado a aquélla, con la finalidad de que se le comunicara sobre el soporte documental relativo a dicho crédito hipotecario, así como lo relativo al adeudo vencido con monto de $ 22,103.06 (Veintidós mil cientos tres pesos 06/100 M.N.) calculado a la fecha de presentación de la demanda-como se expresa en el capítulo de hechos del escrito relativo- (foja 2 vuelta del juicio de amparo). En la respuesta emitida a dicho libelo -oficio reclamado-, la autoridad responsable refirió que el adeudo por la cantidad $ 24,335.54 (Veinticuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 54/100 M.N.) calculada el día que se emitió el informe justificado, misma que era consecuencia de la omisión de pago de las primeras quincenas de 2012 correspondientes, explicándole a demás la forma en que se determinó dicho monto y detallo el total de pagos registrados por años en el cuadro que para tal efecto elaboró; también se hizo mención a que el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria firmado por la quejosa establecía las condiciones de pago y la actualización de intereses ordinarios en forma quincenal; finalmente, adujó que en relación a su solicitud de que se le proporcionara un estado financiero, los movimientos, adeudos y todos los conceptos de dicho crédito le sugirió acudir al Departamento de Vivienda para que le extendieran las mismas, pues carecía de atribuciones para proporcionar dichos documentos. En ese contexto, es evidente que el oficio combatido deriva de una solicitud atinente al otorgamiento de un crédito a la quejosa por parte del FOVISSSTE, también de la intención de ésta de conocer el origen del adeudo vencido hasta la fecha de presentación de su solicitud, para lo cual solicitó información a dicha dependencia al respecto, así como la aclaración de éstos al monto del crédito. Al respecto, conviene precisar que la vía laboral es la idónea para reclamar al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo atinente a los créditos otorgados por éste en ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional, esto es, en vía de acción se puede demandar directamente a dicha dependencia la precisión o devolución de pagos efectuados para la amortización de un crédito otorgado. En consecuencia, es la autoridad común la que tiene que dilucidar, en primer término, lo alegado por la quejosa derivado del crédito que le otorgó el FOVISSSTE, previo a la promoción de la instancia constitucional; de ahí que en el presente juicio no se cumplió con el principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. Son aplicables a lo anterior, por las razones que las informan, las tesis de jurisprudencia 2a./J. 80/2016 (10a.) y 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de los rubros y contenidos siguientes: "FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS QUE SE REALICEN PARA LA AMORTIZACIÓN DE UN CRÉDITO OTORGADO POR ÉSTE, ACTUALIZA LA NEGATIVA FICTA IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La solicitud de devolución de los pagos indebidos para la amortización de un crédito realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su Fondo de la Vivienda, constituye una petición que origina una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de coordinación en el que el Instituto actuó como particular. Por ello, la falta de contestación por más de 3 meses de las solicitudes de devolución de pagos indebidos que se realicen al Fondo de la Vivienda aludido, encuadran en los supuestos que describen los artículos 17 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, por tanto, en las fracciones XI (cuando se habla de solicitudes) o XII (cuando se interpuso el recurso de revisión) del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por tanto, se actualiza el supuesto de "alguna de las materias", requerido para integrar la negativa ficta a que se refiere el artículo 14 indicado, y por ello, es susceptible de impugnarse con fundamento en su fracción XIV, mediante juicio contencioso administrativo ante el mencionado Tribunal Federal. Sin que pase inadvertido que por vía de acción el acreditado podrá demandar directamente al Instituto la devolución de cantidades por la vía laboral, en atención a que el asunto deriva del ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Así como la tesis de jurisprudencia PC.VIII.J/4 (10a.) emitida por el Pleno del Octavo Circuito y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en la página 1207 del Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Décima Época, de rubro y textos siguientes: "DESCUENTOS REALIZADOS A LA PENSIÓN CON MOTIVO DE UN CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA CUYA EXISTENCIA SE CUESTIONA. LA ACCIÓN PARA RECLAMAR SU DEVOLUCIÓN AL FOVISSSTE DEBE INTENTARSE EN LA VÍA LABORAL. Cuando se demanda la devolución de cantidades retenidas a la pensión, con motivo de un crédito con garantía hipotecaria cuya existencia se cuestiona, es en este aspecto donde reside la controversia, al constituir el motivo para realizar las deducciones, lo que implica que no se está en presencia de un conflicto entre particulares de naturaleza civil, sino en el ejercicio incorrecto de las facultades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por conducto del FOVISSSTE, al aplicar descuentos derivados de un crédito con garantía hipotecaria. Por tanto, la controversia tampoco se ubica en la hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo prevista en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (abrogada), porque aun cuando el descuento constituye un acto formalmente administrativo, su contenido material es de carácter laboral, ya que no puede desvincularse de su origen que es un crédito con garantía hipotecaria derivado de una prestación eminentemente laboral que nació, precisamente, cuando estaba vigente el vínculo de trabajo, por lo que sólo se otorga a los trabajadores en activo y los descuentos en la pensión proceden únicamente de la existencia de un saldo insoluto. En esas condiciones, la controversia derivada de la devolución de cantidades retenidas a la pensión con motivo de un crédito con garantía hipotecaria debe resolverse en la vía laboral, en virtud de que la existencia del crédito debe comprobarse a la luz de la normatividad que regula su otorgamiento." En tales condiciones, al quedar evidenciada la actualización de las causas de improcedencias desarrolladas con antelación, procede sobreseer en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Myrna Lorena Ortiz Solís contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo por las razones anotadas en el diverso quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido del Secretario Armando Agustín Solís Monroy quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En catorce de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio; sin embargo, no obra en autos constancia de que la autoridad responsable jefe del Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, haya quedado enterado del auto de dos de febrero de dos mil dieciocho, pues no se ha recibido el acuse de recibo relativo al oficio 3390/2018 al que se le adjuntó el diverso 29246, por medio del cual se le solicitó rindiera su informe justificado en relación con la ampliación de demanda. Para dar oportunidad a que la autoridad de que se habla quede enterada del contenido del oficio 29246 por el que se tuvo por ampliada la demanda y no se deje en estado de indefensión a ninguna de las partes, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  4. Principal

    En dos de febrero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Que fue devuelta la pieza postal relativa al oficio 29246, dirigido al jefe del Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, por el que se le solicitó rindiera informe justificado en relación con la ampliación de demanda. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dos de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio; sin embargo, fue devuelta la pieza postal relativa al oficio 29246, dirigido al jefe del Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, por el que se le solicitó rindiera informe justificado en relación con la ampliación de demanda. Ahora, tomando en consideración que de la copia del oficio DRCAP/2017/704 (f. 34 a 37), se desprende que el domicilio del jefe de Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, se encuentra en Miguel Noreña número 28, colonia San José Insurgentes, código postal 03900, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México; por tanto, con transcripción del presente auto, gírese atento oficio al cual deberá acompañarse el diverso oficio 29246, con el cual a efecto de que dicha autoridad esté en posibilidad de rendir su informe justificado en los términos precisados en el propio comunicado. Para dar oportunidad a que la autoridad de que se habla quedé enterada del contenido del oficio 29246 por el que se tuvo por ampliada la demanda y no se deje en estado de indefensión a ninguna de las partes, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

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