Myrna Elizabeth Hernández Cárdenas

Expediente 777/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
777/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/09/2017

Partes del expediente

  • Myrna Elizabeth Hernández Cárdenas

Actuaciones

  1. Principal

    El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA que: El término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del siete al trece de septiembre de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de cuatro del mes y del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 777/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos en particular de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de garantías promovida por Myrna Elizabeth Hernández Cárdenas; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la promovente para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado y en horas hábiles a recoger las documentales que anexó a su escrito de demanda, lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CUENTA. El cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con lo siguiente: Escrito de demanda de derechos suscrita por Myrna Elizabeth Hernández Cárdenas, registrado con el folio 11836, siete copias y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados José Pedro Enrique Herrera Hernández (********************), Luis Gerardo Campos Rodríguez (********************) y José Luis Benítez Quintanilla (******************** cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Myrna Elizabeth Hernández Cárdenas, contra actos del Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Delegación Zacatecas, y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 13, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 777/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto anterior establece la posibilidad de que la demanda de amparo se deseche cuando exista una causa manifiesta e indudable de sobreseimiento. Este juzgado advierte que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los invocados artículos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De las consideraciones anteriores, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra vinculado con las relaciones jurídicas denominadas de supra o subordinación, entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. En ese contexto, los artículos 1, 2, 3 y 12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, son del tenor siguiente: "ARTICULO 1o. La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno-Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos." "ARTICULO 2o. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación." "ARTICULO 3o. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales." "ARTICULO 12. Los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido por el funcionario facultado para extenderlo o por estar incluidos en las listas de raya de trabajadores temporales, para obra determinada o por tiempo fijo." De los preceptos legales anteriores se desprende que la ley en cita es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), así como de las instituciones que en el primero de los artículos se señalan. Que por relación jurídica de trabajo se entenderá la establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones a que hace referencia el artículo primero y los trabajadores de base a su servicio. Tratándose del Poder Legislativo los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación. Por trabajador deberá considerarse a toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Que entonces, los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido por el funcionario facultado para extenderlo o por estar incluidos en las listas de raya de trabajadores temporales, para obra determinada o por tiempo fijo. Por tanto, la ley anterior constituye el ordenamiento que regula las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado, en particular, los que desempeñan una función subordinada y remunerada para las Secretarías de Estado, en virtud de un nombramiento expedido por el funcionario facultado para ello. En consecuencia, por regla general, la relación de los trabajadores que desempeñen una función dentro de una dependencia de alguno de los Poderes de la Unión es de naturaleza laboral, ya que en esos casos el Estado actúa como un patrón sui generis, tal como se advierte de los artículos 2 y 3 de la ley en comento. En ese orden de ideas, tratándose de los trabajadores al servicio de las Delegaciones de las Secretarías del Gobierno Federal, en cada entidad federativa, se debe entender que también se encuentran regulados por la ley que nos ocupa. Lo anterior, en razón de que forman parte de la administración central, de ahí, que la relación entre la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Zacatecas, y sus trabajadores, sea de naturaleza laboral. En concordancia con lo anterior, el artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, establece: "ARTICULO 124. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente para: I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores". Del normativo anterior se desprende que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será el competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores En particular, son competencia del tribunal citado, los conflictos individuales que se susciten entre los trabajadores y las entidades públicas en comento. Sobre esa base, en principio, todo requerimiento realizado por las dependencias de los Poderes de la Unión a sus servidores públicos es de naturaleza laboral, por realizarse por éstos en su calidad de patrón equiparado de los trabajadores que laboran como servidores públicos, de conformidad con el artículo 123 constitucional. Lo anterior, salvo los casos en que se trate de una sanción firme derivada de una responsabilidad en el ejercicio del servicio público, pues únicamente en este supuesto puede considerarse que el acto es de naturaleza administrativa. Es ilustrativa de lo considerado, por las razones que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Novena Época, julio de dos mil diez, página trescientos catorce, que dispone: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento". De lo expuesto se sigue que los requerimientos realizados por el Estado, a través de sus dependencias, a sus funcionarios públicos (con excepción de los que forman parte de los cuerpos de seguridad pública), realizado fuera de un procedimiento administrativo sancionador, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, generan un conflicto entre el funcionario público como trabajador y la entidad que actúa como patrón. Se afirma lo anterior, pues, como se dilucidó, los conflictos relacionados la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Zacatecas, y sus trabajadores se deben ventilar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es decir, en estos casos, corresponde a un tercero imparcial resolver el conflicto citado. De ahí que los nombramientos, destituciones y requerimientos realizados por la dependencia en referencia en su calidad de patrón, no pueden constituir un acto de autoridad, dado que en este caso no existe una relación de supra a subordinación con un particular, sino que la relación es de coordinación entre las partes; esto último, dado que se encuentran en un plano de igualdad, al ser un tercero ajeno a la controversia a quien corresponde resolver lo conducente de manera imparcial. Lo anterior tiene como consecuencia que las determinaciones de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en Zacatecas, en las que se rescindan o revoquen las relaciones laborales con sus trabajadores están sujetas a la jurisdicción del tribunal de arbitraje federal. En consecuencia, cualquier cuestión que surja con motivo de tales actos debe ser ventilada ante el tribunal referido. Es sustento de lo determinado, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 97/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, noviembre de dos mil tres, página ciento cincuenta y dos, que dispone: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto". En suma, la recisión de las relaciones de trabajo de los trabajadores al servicio de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que al tratarse de una cuestión laboral, la relación subyacente es de coordinación y no de subordinación. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y del Delegado en Zacatecas de la citada Secretaría: La determinación verbal de destituirla del puesto como Jefa del Departamento de Organización de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Delegación Zacatecas. La inconformidad toral radica en el hecho de que el siete, ocho, nueve y diez de agosto de la presente anualidad, al presentarse la quejosa a laborar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Delegación Zacatecas, se dio cuenta que la chapa de su oficina había sido cambiada, siendo informada por el personal de dicha dependencia que no se le permitiría el acceso, asignándole un diverso espacio para realizar sus actividades laborales. Que por tanto, el once de agosto del año en curso, se presentó a laborar y le fue negado el acceso a la Delegación por lo que se vio en la necesidad de solicitar los servicios de un Notario Público para llevar a cabo una interpelación notarial, en la que se hiciera constar el despido del que había sido objeto. Que finalmente, el Delegado que hasta esa fecha había estado al frente de la dependencia para la que labora, dejó el cargo el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por lo que el veintiocho del mismo mes y año al presentarse a laborar, se entrevistó con el encargado del Despacho de la Delegación en Zacatecas de la SEDATU, solicitándole le permitiera ingresar a su oficina, quien le informó que en ese momento no era aconsejable que siguiera asistiendo a trabajar y que preguntara al Coordinador de Delegaciones sobre cómo quedaría su situación laboral. Afirma la quejosa que intentó contactarse con dicho servidor para saber su situación laboral, siendo informada que no era necesario porque su caso era un asunto interno de la Delegación. Luego, es evidente que la relación jurídica rescindida es de carácter laboral, es decir, se trata de una trabajadora al servicio del Estado, lo que conlleva que el vínculo entre la quejosa y la autoridad señalada como responsable es de coordinación (patrón-trabajador) y no de supra a subordinación. Lo anterior, pues, como se expuso, las cuestiones relativas a las relaciones laborales de los trabajadores del Estado deben plantearse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin que en el caso se reclame la imposición de una sanción de carácter administrativa que implique una determinación unilateral por parte del Estado. En consecuencia, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional. Lo expuesto resulta patente, pues la reclamación base de la demanda de derechos, se insiste, involucra únicamente una cuestión laboral, por lo que con independencia de las probanzas que pudieran allegarse, en todo caso, subsistiría el hecho de que la peticionaria de amparo se encontraba en una relación de coordinación con las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados los licenciados José Pedro Enrique Herrera Hernández (********************), Luis Gerardo Campos Rodríguez (********************) y José Luis Benítez Quintanilla (******************** toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Valentín Gómez Farías, número ciento veinte, colonia C.N.O.P., de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Megm

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