Myrna Hernández Hernández
Expediente 536/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Myrna Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(II)
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(II)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho...Vista la demanda de amparo promovida por Myrna Hernández Hernández, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo con el número 536/2018-II. -Desechamiento no es acto de autoridad- El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En cumplimiento de lo anterior, se procede a estudiar la demanda de amparo, de la cual se advierte que la impetrante de amparo, señala como actos reclamados literalmente los siguientes: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) El descuento de un porcentaje de mis percepciones de nómina, por concepto de crédito simple con garantía hipotecaria; mismo que si bien fue iniciado de común acuerdo por las partes, ahora resulta usurario. B) La sobre colecta de cantidades económicas hechas en mi perjuicio por parte de la autoridad responsable, existiendo un juicio civil ante autoridad judicial del fuero común, en el cual en su momento se decretará que no existe adeudo alguno. C) La falta de certeza jurídica, pues como se indicará más adelante, existe un procedimiento civil hipotecario, en el que se demostrará que no existe adeudo alguno actualmente con la autoridad responsable, y siendo que el juicio se ha prolongado por un largo periodo de tiempo, la autoridad responsable está obteniendo un beneficio que no debería obtener." Conforme a lo antes trascrito, se hace notar que la peticionaria de amparo señala como actos reclamados en esencia actos derivados de los descuentos que realiza el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con motivo del crédito con garantía hipotecaria que celebró el once de octubre de dos mil once, al que se le asignó el número de crédito ... sin embargo, los actos reclamados por la impetrante no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de manera que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 5o. fracción II, de la Ley de Amparo, en lo conducente, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Conforme a los preceptos transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado ordinal 5°. A fin de realizar la anterior distinción, es indispensable establecer las bases de diferenciación de los actos de autoridad y de los de particular, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios y autoridades del fuero común para ventilarlos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, en las relaciones de supra a subordinación se entablan relaciones entre gobernantes y gobernados, pero el actuar de los primeros es en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Es corolario de lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior con imperium. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis P. XXVII/97, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, Febrero de 1997, página 118, del rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. ..De lo expuesto, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que vulnere los derechos fundamentales de la parte quejosa, en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho sea considerado como autoridad, debe establecerse como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; circunstancias las anteriores que no concurren en el presente caso. Cobra apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia(s): Común, con registro electrónico 161133, que reza: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Ahora bien, la impetrante pretende por medio del juicio de amparo indirecto que se cesen los descuentos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), hace con motivo del crédito hipotecario ... pues en su opinión, dicho crédito ya ha sido cubierto, incluso refiere que existe un juicio radicado ante el Juzgado Civil en el Estado de Aguascalientes, el cual está paralizado desde el cinco de marzo de dos mil quince, en el que se intentó llegar a un convenio con el referido instituto. En esa tesitura, se advierte que la orden de descuento reclamada tiene como causa generadora la ejecución del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado por la aquí quejosa con el mencionado Instituto a través del cual ejerció los fondos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de modo que la orden de descuento por tal concepto, correspondería a lo pactado en el referido acuerdo de voluntades. De eso se sigue que los descuentos no constituye un acto de autoridad revestido del imperio y unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de la norma que se consideró aplicada, sino que tiene sustento en el contrato de crédito aludido, por lo que las consecuencias de su cumplimiento, a través de la orden de descuento sobre el salario de la quejosa, debe ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo -incluso está en trámite el expediente 1550/2014, en el que conforme a lo narrado por la quejosa, en dicho juicio demostrará que ya pagó-, porque se está en presencia de una controversia surgida con motivo de la ejecución del contrato del crédito hipotecario, no así de un acto de autoridad, pues de estimar lo contrario, equivaldría a considerar que, cuando ese mismo tipo de contratos se pactan con una institución de crédito, y ésta última decida ordenar la ejecución de su pago que corresponde enterar al acreditado por dicho crédito, tal proceder fuere considerado acto de autoridad por ser contrario a lo pretendido por el deudor, lo que es inadmisible jurídicamente. Por ende, es inconcuso que los actos que realicen las partes que intervinieron en dichos actos jurídicos son emitidos en un plano de igualdad, dentro de una relación de colaboración, pues esa manera de actuar de parte de la autoridad responsable (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) debe ser analizada partiendo de lo convenido en las cláusulas del contrato, por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de derechos fundamentales. En consecuencia, se reitera, no se está en el supuesto de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deba considerarse como autoridad para los efectos del amparo, por el hecho de que continúe realizando descuentos con motivo del crédito hipotecario contrato, a decir de la quejosa, ya pagó, pues debe tenerse presente además de lo expuesto, que dicho Instituto, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal en su artículo 123, apartado A, fracción XII, sólo es un administrador del mencionado Fondo, el cual como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio tiene el encargo constitucional de operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad sus habitaciones. Así es, pues de las propias manifestaciones que realiza la quejosa bajo protesta de decir verdad, se considera probado, sin lugar a dudas, que los actos que se reclaman, los cuales han sido transcritos, son actos que no fueron emitidos y ejecutados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su calidad de autoridad, para efectos del juicio de amparo, ya que no se dieron en una relación de supra a subordinación sino, como se ha advertido, derivados de una relación contractual de naturaleza civil. Luego, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Autorizados- Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Roberto Lara Magdaleno, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. -Habilitación de horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General...(II)
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