Myriam Margarita Díaz Acero

Expediente 1719/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1719/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
15/10/2020

Partes del expediente

  • Myriam Margarita Díaz Acero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES- De conformidad con el artículo 2, fracciones I y II, del citado Acuerdo General 21/2020, ante el levantamiento de la suspensión, se reanudan los plazos y términos procesales en el punto que quedaron pausados, mas no su reinicio. Por tanto, a efecto de dar cumplimiento a los requerimientos o prevenciones que se hayan formulado y de las vistas otorgadas a las partes, deberá tenerse en cuenta la fecha de notificación del requerimiento respectivo, el periodo de suspensión de labores en el que no corrieron plazos ni términos procesales, así como la reanudación de éstos (tres de agosto de dos mil veinte). -EJECUTORIA NIEGA - Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación que antecede que el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia dictada en este juicio, ha transcurrido; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2 de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), fracción I, del artículo 18, en razón de que el seis de mayo de dos mil veinte, se negó la protección constitucional. - Consérvese por el término de tres años, contados a partir de este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, depúrese el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), cuenta habida que provisional y definitivamente se concedió la medida cautelar, por tanto, consérvese dicha resolución. - Por lo que hace a los depurables, una vez cumplido el término indicado en el ordinal anterior, dentro de los noventa días siguientes depúrese el presente expediente, conservándose las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión y, de ser el caso, la correspondiente a la violación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el día dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a la autoridad, así como agente del Ministerio Público adscrito a la autoridad responsable tercero interesado y por lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. (IV)

  2. Incidental

    ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Myriam Margarita Díaz Acero, en términos de lo dispuesto en el considerando único de esta interlocutoria....(IV)

  3. Incidental

    Visto el informe previo rendido por la autoridad responsable Jueza Interina de Primera Instancia para el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Aguascalientes; agréguese a los autos en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo y déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.(IV)

  4. Principal

    Visto el escrito de la quejosa Myriam Margarita Díaz Acero, mediante el cual comparece a dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de nueve de diciembre del año en curso, agréguese para que obre como corresponda. -Desechamiento parcial- La parte quejosa señala los siguientes actos reclamados: a) Auto de vinculación a proceso dictado en su contra. b) La imposición, también en su contra, de la medida cautelar consistente en la separación de su domicilio ubicado en calle Isidro Calera, número seiscientos diez, colonia Gremial. Tales determinaciones dictadas por el Juez de Control y Juicio Oral Penal de esta ciudad, en la carpeta 1580/2019. Por lo que hace al acto consistente en la medida cautelar, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Ahora, el juicio de amparo es un medio de control constitucional y de legalidad que se ejerce por medio de acción ante un órgano jurisdiccional, mediante el cual el gobernado solicita la intervención del Poder Judicial de la Federación para que invalide, nulifique, o deje sin efectos un acto de autoridad que supone arbitrario, y lo restituya en el uso y goce de sus garantías individuales violadas para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. Sin embargo, dicha instancia constitucional se rige por diversos principios fundamentales, entre los que se encuentra el de definitividad, que impone como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, la obligación a la parte quejosa de previamente a interponer el juicio de amparo, agotar los medios de defensa concedidos por la ley que rija al acto reclamado, para reparar la violación contenida en el mismo. En ese sentido, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, y el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, expresan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En el texto de los preceptos legales transcritos con antelación se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Sobre el tema se inserta la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro 187,016, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otra parte, cabe mencionar lo dispuesto en los artículos 155 y 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido es: "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables." De la interpretación relacionada de ambos preceptos se tiene que la resolución que impuso a la quejosa una medida cautelar en la carpeta digital de origen, por el Juez de Control señalado como responsable, es impugnable a través del recurso de apelación, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, la resolución reclamada debió ser impugnada a través del recurso de apelación, antes de promover el juicio de amparo. Además, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, previstos en los diversos incisos y último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, máxime que el acto reclamado no es restrictiva de la libertad de la quejosa. Sin que se oponga a lo así resuelto, el hecho de que el acto reclamado pueda entrañar consecuencias de imposible reparación, toda vez que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, por sí mismo, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, por lo que no es dable confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, libro 55, junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible con el registro 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.... Por lo que, al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza a causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, como se anticipó, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, respecto al acto reclamado consistente en la medida cautelar impuesta a la quejosa. -Admisión parcial- A diferencia de lo anterior, se admite la demanda por cuanto hace a la autoridad responsable y el acto reclamado diverso, relativo a la vinculación a proceso, con base en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, así como los preceptos 1°, 3°, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión. Pídase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo sin falta dentro del plazo de quince días, para lo cual deberá exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañará, en su caso, copia certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Además, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la autoridad jurisdiccional deberá acompañar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el auto de vinculación reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes; así como la constancia por escrito del citado auto de vinculación, acorde a lo previsto por el artículo 67, párrafo tercero, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, de ser cierto el acto que se le reclama, se requiere al Juez de Control informe si tuvo a la vista algún registro de la investigación que le permitió resolver la controversia o la situación jurídica de la imputada; lo anterior obedece a que si bien por regla general, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control tiene vedado revisar la carpeta de investigación para emitir la resolución correspondiente, tal impedimento desaparece cuando, por ejemplo, durante el debate solicita tener a la vista algún registro de investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes; de ahí que de haber acontecido lo anterior, este órgano jurisdiccional habrá de hacer el requerimiento a la autoridad correspondiente, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, para resolver efectivamente lo controvertido en este juicio constitucional. Se apercibe a la autoridad que, en caso de ser omisa a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización... En dicho supuesto, quedará a cargo del quejoso acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando no sea en sí mismo violatorio de derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere el artículo 1°, de la Ley de Amparo. -Se requiere archivo electrónico- Se solicita a la autoridad jurisdiccional responsable que a la brevedad posible, remita a este juzgado el archivo electrónico del acto reclamado, ello a fin de estar en posibilidad de dictar una sentencia pronta; al efecto se ponen a su disposición los correos electrónicos:... -Audiencia constitucional- Se señalan las nueve horas con veinte minutos del dos de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. -Agente del Ministerio Público adscrito- Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con la copia de la demanda de amparo. -Tercero interesado- En términos del numeral 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a Eduardo Sánchez Tello, por tanto, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos, que con copia simple de la demanda y de este proveído, la emplace en el domicilio señalado para tal fin en la demanda de amparo. Asimismo, el fedatario judicial deberá requerir a dicha parte para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, en términos del numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad, con el apercibimiento que en caso de ser omiso, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal que les corresponda, sin ulterior acuerdo, se les hará por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 305 y 306 de la legislación supracitada. -Reserva sobre tercero interesado- Por otra parte, en cuanto al reconocimiento de Rafael Araiza Carmona como tercero interesado y el emplazamiento al agente del Ministerio Púbico que participa en el proceso de origen, se reserva el pronunciamiento hasta que se cuente con el informe justificado. -Causas de improcedencia- Según lo dispuesto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa... - Autorizaciones - Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo.(iv)

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