Mucio Ziga Ramirez
Expediente 1087/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1087/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Mucio Ziga Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLE Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 181, fracción l, inciso a) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 252 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. 2 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón asentada por el Actuario Adscrito a este juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el contenido del proveído de cuatro de octubre del año en curso, a la tercera interesada Victoria Verdugo Morales, por la razón que expone. Por lo tanto, se tienen por hechas las manifestaciones del citado fedatario judicial, sin que sea necesario acordar lo conducente, toda vez mediante resolución de trece de octubre del año en curso, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las nueve horas con veinte minutos del trece de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 1087/2022, promovido por Mucio Ziga Ramírez, ante la presencia de la Jueza licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, ante el licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 2 - 4 2 Auto admisorio. 6 - 11 3 Emplazamiento a la autoridad responsable. 14 4 Pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación. No formuló 5 Alegato de la parte quejosa No formuló 6 Alegato del tercero interesado No formuló 7 Ampliación de demanda No se formuló ampliación de demanda Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ciudad. Cierto Omitió rendir informe justificado Igualmente el Secretario certifica: que no ha sido posible emplazar a juicio a la tercera interesada Victoria Verdugo Morales. Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Y en relación a la certificación que antecede, se hace innecesario agotar el procedimiento para lograr la notificación del presente juicio a la parte tercera interesada victoria Verdugo Morales, atento a que se actualiza una causa de improcedencia que conlleva al sobreseimiento del juicio, lo que redunda en la no afectación de los derechos del tercero interesado. Apoya lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 71, Primera Parte, Página: 61, del rubro: REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. NO DEBE ORDENARSE SI EL QUEJOSO CARECE DE INTERES JURIDICO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO OIDO EL TERCERO PERJUDICADO. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Acto continuo, se abre el de alegatos, y el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1087/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en buzón judicial el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Mucio Ziga Ramírez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la omisión de acordar su promoción, en autos del expediente laboral J/O/128/2010 y ejecución de laudo E/L/1/2012, de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en donde solicitó se corra traslado y emplace a la hoy tercera interesada de la demanda laboral instaurada en su contra. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; asignándosele el número 1087/2022, del libro de gobierno respectivo y por auto de dos de septiembre siguiente, se ordenó la admisión a trámite de la demanda en la forma propuesta; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de marzo de dos mil dieciséis. Esto, al reclamarse actos omisivos de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene potestad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La parte quejosa reclama De la junta y actuario responsables: - La omisión de acordar su promoción, en autos del expediente laboral J/O/128/2010 y ejecución de laudo E/L/1/2012, de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en donde solicitó se corra traslado y emplace a la hoy tercera interesada de la demanda laboral instaurada en su contra. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. TERCERO. La autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de encontrarse legal y oportunamente notificada para tal efecto, como se advierte de la constancia de entrega del oficio 21601 (foja 14), y haber transcurrido el término de quince días que le fue otorgado para rendir su informe respectivo. En consecuencia, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se le reclama, mismo que se precisó en el considerando precedente. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por razón de método, procede analizar las causas de improcedencia, las hagan valer o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, como lo establece el artículo 621 de la Ley de Amparo. Así, en el caso concreto, se surte la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; circunstancia que desde luego, hace innecesario el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en su libelo de amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En efecto, es menester señalar que el artículo antes invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Asimismo, el artículo 5º, fracción I, del ordenamiento legal antes mencionado, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". De acuerdo a lo antes expuesto, en el caso particular nos ubicamos ante la hipótesis de la promoción del juicio constitucional, por quien aduce que es parte en un juicio laboral tramitado ante la autoridad responsable, frente a un acto concreto de la autoridad, motivo por el cual, -como ya 1 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. quedó expuesto- debe demostrar ser parte en el procedimiento de origen, a fin de acreditar su interés jurídico; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Sin embargo, la parte quejosa no acredita su interés jurídico, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrar el anterior aserto resulta pertinente reiterar que el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y constituye uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo; por ende, el juicio de amparo es procedente contra actos que afectan el interés jurídico del quejoso y cuya afectación debe ser directa e inmediata. Orienta lo expuesto la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XV, febrero de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. En ese tenor, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, del mes de enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, del rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Siguiendo lo anterior, debe decirse que para estar en condiciones de un análisis de la controversia en el juicio constitucional, conforme al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es presupuesto indispensable la acreditación del interés jurídico del quejoso; es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa trasgresión cese. Por tanto, el artículo 5º de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y evidentemente sus bienes jurídicamente amparados. Por tanto, se reitera, que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que debe tomarse en consideración para la procedencia del juicio de amparo, interés que implica la existencia de dos elementos a saber, el primero, la titularidad de un derecho y, el segundo, la afectación por un acto de autoridad. En razón de lo expuesto, al no existir una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción que el peticionario de la protección de derechos fundamentales, sea parte en la controversia de origen, no puede estimarse acreditado el interés jurídico que le asiste, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 293, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente establece: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Además, para demostrar el interés jurídico resulta insuficiente la sola manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, contenida en su escrito de demanda. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 27/90 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintinueve, tomo V, primera parte, enero a junio de mil novecientos noventa, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro establecen: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. En ese orden de ideas, en el caso, la parte quejosa no demostró con prueba idónea y fehaciente que sea parte en el juicio laboral de donde derivan los actos omisivos reclamados y, por ende, que esté siendo afectada con motivo del acto que reclama, pues no acompañó prueba alguna para demostrar ese extremo. Por lo tanto, es de concluirse, que no demostró que el acto reclamado le irrogue un perjuicio jurídico en su esfera de derechos fundamentales, ya que la acción constitucional está reservada únicamente a los gobernados que resientan un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. En consecuencia de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Este argumento tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2006144, publicada el once de abril de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos treinta y cinco, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado; se, resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mucio Ziga Ramírez, en contra de los actos y autoridad precisados en el considerando segundo, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese...
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los presentes autos el escrito firmado por el quejoso Mucio Ziga Ramírez, por el que comparece a proporcionar el domicilio de la tercera interesada Victoria Verdugo Morales, por lo tanto, se acuerda: Por conducto del Actuario Judicial adscrito a este juzgado, notifíquese la interposición del presente juicio a la tercera interesada Victoria Verdugo Morales, en el domicilio ubicado en quince Calle Poniente número trescientos dos, de Cacahoatán, Chiapas, para que con la referida personería comparezca al presente controvertido si a sus intereses legales conviniere; en el entendido que en el acto de la notificación, el citado diligenciario deberá entregarle una copia de la demanda de amparo y le hará saber que se han señalado las nueve horas con veinte minutos del trece de octubre del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, deberá requerirle para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del contenido del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndole que de no hacerlo, las que surjan dentro del procedimiento, aun las de carácter personal, le serán notificadas por medio de lista de acuerdos que se fija diariamente en este tribunal, de conformidad con la fracción II del artículo 27 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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