Monica Perez Garcia
Expediente 280/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Monica Perez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se glosó a las presentes actuaciones el oficio enviado por la Titular de la Oficina de Investigaciones Laborales del Departamento Laboral de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Chiapas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a través del cual remitió las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo dictada en este asunto. En ese mismo acuerdo, se dio vista a las partes para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento por parte de las autoridades responsables. Mismo que fue notificado a la parte quejosa por medios electrónicos el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, sin que hubiera hecho manifestación alguna. Por lo que, este juzgado procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. EFECTOS DE LA SENTENCIA Primeramente, es menester dejar sentado que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió, para el efecto de que la autoridad, realizaran lo siguiente: 1).- Una vez que cause firmeza esta sentencia, deberá emitir un acuerdo congruente con lo peticionado por la quejosa Mónica Pérez García, en escrito recibido el once de agosto de dos mil veinte, y de manera fundada y motivada y conforme a derecho corresponda; y, 2).- Notificarlo en forma personal en breve término, en el domicilio que se señaló al efecto (Novena sur par vial, número 82, colonia 16 de septiembre, en esta ciudad)." SE DECLARÓ FIRME LA SENTENCIA Sentencia concesoria de amparo que al no haber sido recurrida en revisión, se declaró firme la sentencia y se requirió a las autoridades responsables su acatamiento. CONSTANCIAS QUE SE REMITIERON COMO CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable y sus anexos, los cuales están provistos de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene: Que Titular de la Oficina de Investigaciones Laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, por oficio de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dio respuesta congruente a lo solicitado por la parte quejosa, en escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte. Tal determinación se le notificó en el domicilio que señaló para tal efecto el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. EXCESO O DEFECTO DEL CUMPLIMIENTO Por lo anterior, se estima que la responsable dio cumplimiento al fallo protector, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con los efectos de la ejecutoria en sus términos. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. ARCHIVO Y DESTINO EXPEDIENTE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente: JUICIO DE AMAPRO DEPURABLE. Acorde con lo dispuesto en el artículo 181, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: [.] b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y 2 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." EDUARDO SUMUANO AGUILAR fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO INCIDENTES. Se hace la indicación que en el presente sumario no se apertura incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la promovente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, advirtiéndose que este expediente contiene documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito de demanda, se le previene para que acuda a este tribunal dentro del plazo de noventa días a recogerlo, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente, como lo autoriza el último párrafo del artículo Vigésimo del Acuerdo General de referencia. TRANSPARENCIA. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso alguno contra la sentencia definitiva dictada en este expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se declara que dicha resolución en la que por una parte se sobreseyó en términos del considerando tercero; y por la otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Mónica Pérez García, respecto de los actos a que se EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 contrae en el último considerando de la sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Titular de la Oficina de Investigaciones Laborales del Departamento Laboral de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Chiapas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia. Ahora bien, con apoyo en el ordinal 1961 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, y para tal efecto, córraseles traslado con copia simple de las constancias remitidas; con las cuales la autoridad responsable manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Con el apercibimiento que en caso de ser omisas, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, 1 Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 3 Amparo indirecto 280/2020 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Notifíquese personalmente. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 4 Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido por el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 280/2020, promovido por Mónica Pérez García, por su propio derecho, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancias de emplazamiento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y de las autoridades responsables. 3.- Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar. Asimismo, el Secretario certifica: Que no existe promoción con la cual dar cuenta. Enseguida, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por su parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en el que se tienen por admitidas y desahogadas, dada su naturaleza, las documentales ofrecida por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y por parte de las autoridad responsables, como justificación de sus actos. A continuación se abre el período alegatos, los que no fueron formulados por las partes. Acto continuo se cierra el citado periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, el Juez acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 280/2020. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Mónica Pérez García, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite el expediente 280/2020, únicamente por el último acto reclamado en la demanda de amparo y desechando por los demás, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33 fracción IV y 37 párrafo primero de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y la demanda relativa fue presentada ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La omisión y falta de contestación al escrito promovido con fecha once de agosto de dos mil veinte, ante la oficina de Investigaciones Laborales del Departamento Laboral de la Jefatura Delegacional Estatal en Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en el Estado de Chiapas, ambos con sede en esta ciudad, negaron la existencia de la totalidad de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dichas negativas con prueba fehaciente alguna. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Titular de la Oficina de Investigaciones Laborales del Departamento Laboral de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a través del Asesor Jurídico de dicho Titular , al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página doscientos treinta y uno, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso se actualice, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 231, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento ochenta y nueve, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. SEXTO. Estudio de fondo. Los motivos de disenso expresados son substancialmente fundados. En principio, es conveniente destacar el contenido del artículo 8 Constitucional, mismo que establece: Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.- - - A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De la anterior transcripción se desprende que todo servidor público está obligado a respetar el ejercicio del derecho de petición, para lo cual se exige de la autoridad, las siguientes actuaciones: a).- Que se dicte un acuerdo por escrito que recaiga a la petición (que debe ser congruente con lo pedido); además de encontrarse debidamente fundado y motivado. b).- Que ese acuerdo se haga del conocimiento del peticionario; y, c).- Que dicha notificación se realice en breve término. En el caso, se tiene que la quejosa Mónica Pérez García, con fecha once de agosto de dos mil veinte, dirigió a la autoridad responsable un escrito solicitando que se le devolvieran los documentos exhibidos en el acta de investigación laboral 139/2020. Así las cosas, en los términos del artículo 8 Constitucional en cita, la responsable estaba obligada a dictar el acuerdo, por escrito, a la petición que se formuló, y hacerla del conocimiento de la parte quejosa de manera personal en breve término en el domicilio que se señaló al efecto (novena sur par vial, número 82, colonia 16 de septiembre, en esta ciudad); lo que no aconteció. De ahí que, resulta indudable que la autoridad responsable, estando obligada a respetar el derecho de petición del quejoso consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal, y por consiguiente, a emitir una determinación congruente como respuesta a la petición que le hicieron, notificándole en breve término, faltó a las exigencias que le imponía el imperativo constitucional en análisis, al no cumplir tal cometido. Son aplicables, las jurisprudencias 79 y 81, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en las páginas 89 y 91, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice 2000, que respectivamente dicen: PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES. El artículo 8o. constitucional se refiere no sólo al derecho que los particulares tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también al de los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber, en breve término, a los interesados, todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones. SEPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, dado que la omisión de la responsable resulta violatoria de derechos fundamentales, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Mónica Pérez García, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Investigaciones Laborales del Departamento Laboral de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1).- Una vez que cause firmeza esta sentencia, deberá emitir un acuerdo congruente con lo peticionado por la quejosa Mónica Pérez García, en escrito recibido el once de agosto de dos mil veinte, de manera fundada y motivada y conforme a derecho corresponda; y, 2).- Notificarlo en forma personal en breve término, en el domicilio que se señaló al efecto (novena sur par vial, número 82, colonia 16 de septiembre, en esta ciudad). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número XX.94K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible página 246, del Tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna". Por lo expuesto y fundado, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Mónica Pérez García, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades señaladas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mónica Pérez García, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo a la autoridad mencionada en el considerando cuarto, para los efectos precisados en la parte final del considerando que antecede. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito en el Estado de Chipas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja 171/2021, de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y Acúsese recibo. Ahora bien, en virtud que la superioridad al resolver el aludido recurso de queja contra el auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, interpuesto por la parte quejosa y lo declaró infundado; en consecuencia, se ordena reanudar el procedimiento en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, se señalan las diez horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la reanudación de la audiencia constitucional...
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