Moroni Ramos Laguna

Expediente 263/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 29 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
263/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Moroni Ramos Laguna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE ESTE JUZGADO DE DISTRITO SE PRONUCIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, del cual se advierte que en proveído de dos de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por exhibido por la parte quejosa el billete de depósito N *****, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), esto, para que continuara surtiendo los efectos la suspensión definitiva concedida. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que después de seis meses contados a partir al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, podrá acudir a este órgano de control constitucional, a solicitar el billete de referencia, de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacerlo la cantidad que ampara el citado billete, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, del cual se advierte que en proveído de dos de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por exhibido por la parte quejosa el billete de depósito N *****, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), esto, para que continuara surtiendo los efectos la suspensión definitiva concedida. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que después de seis meses contados a partir al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, podrá acudir a este órgano de control constitucional, a solicitar el billete de referencia, de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacerlo la cantidad que ampara el citado billete, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que la autoridad responsable Juzgado Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Simojovel de Allende, Chiapas, con residencia en esa ciudad, no ha remitido las constancias del expediente civil ********* de su índice, estas en razón de que así lo manifiesta el quejoso en su escrito de demanda, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, razón por lo cual resultan necesarias para este juzgador. En consecuencia, para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad nuevamente, para que dentro del término de tres días constados a partir de su legal notificación, remita a este jugado, las constancias que en su totalidad integren el expediente ********** de su índice, pero de naturaleza civil. Con el apercibimiento de no informar dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese; y por oficio a la autoridad de referencia.

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