Mónica Esther Serrano Beltrán
Expediente 588/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/07/2018
Partes del expediente
- Mónica Esther Serrano Beltrán
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso e), de la ley en la materia, en contra de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 33 a la 38), mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
.. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ****, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Presidente y Actuario adscrito a la Junta, con sede en esta ciudad, por las razones que se expresan en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de mayo de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el ocurso de cuenta de ****, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada en proveído de diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 7 a la 10). ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ****, contra actos de las autoridades responsables: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 3. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. **** SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a las responsables rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rindan oportunamente dicho informe, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remita copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: En diez de mayo de dos mil dieciocho, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y la demanda de amparo promovida por Mónica Esther Serrano Beltrán. Conste. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Presidente adscrito a dicha junta, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 588/2018-III. PREVENCIÓN Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones I, IV, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se rclame; (.)". "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades y omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada (.)". REQUERIMIENTO En consecuencia, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracción IV, 114, fracción I, IV y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: a) Deberá precisar si el acto reclamado en su demanda de amparo es: 1. La omisión de dictar auto de radicación de demanda, donde se señala la fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ó, 2. Que la autoridad responsable no ha notificado dicho auto de radicación. En caso de señalar como auto reclamado el antes indicado, deberá precisar, lo siguiente: 1. Si señala como autoridad responsable al Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en cuyo caso deberá cumplir con lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo. b) Deberá exhibir (3) juegos de copias del escrito aclaratorio, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo, las que serán distribuidas entre las autoridades responsables (2), agente del Ministerio Público Adscrita a este Juzgado (1); en el entendido de señalar a la autoridad responsable antes indicada, deberá exhibir una copia más. Cobra aplicación como orientadora al caso por su contenido, la tesis aislada número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena época, con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". De igual forma, la jurisprudencia 106/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, del tomo XXII, octubre de 2005, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LASFALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Asimismo, la jurisprudencia 8/2017, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima época, de la literalidad siguiente: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente". Es aplicable, la jurisprudencia del tenor siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige". APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos hechos con antelación, dentro del término que para tal efecto se le concede, de conformidad con el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Apercibida también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". DOMICILIOS Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica, ya que pese a no estar registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve este juicio, no se hace necesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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