Morgan Manuel Perea Vega
Expediente 524/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Morgan Manuel Perea Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinte de octubre al catorce de noviembre de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 60 a 88), se negó el amparo a la parte quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación interpuso recurso de revisión (foja 115), del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-223/2017 resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Morgan Manuel Perea Vega y/o Morgan Manuel Pérez Vega, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados en la parte final del último considerando del presente fallo constitucional." Así, en auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 269 a 271), con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos fueron: "En consecuencia, en atención a lo hasta aquí expuesto, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos el auto de formal prisión reclamado, y en su lugar emita un auto de sujeción a proceso, en el que reitere el acreditamiento de la materialidad del delito de daño en propiedad ajena culposo, y la probable responsabilidad de Morgan Manuel Perea Vega y/o Morgan Manuel Pérez Vega en su comisión, empero, fundamente dicha determinación en el artículo 87 fracciones I y II, en relación con el 144 fracción IV todos del Código de Defensa Social para el estado de Puebla. En el entendido de que para hacerlo, deberá pronunciarse primeramente respecto de la prescripción de la acción penal persecutoria, partiendo de la base de que el delito de que se atribuye al impetrante sólo merece multa.". Así, mediante oficio 7676 de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 286 a 289), se tuvo al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitiendo a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 422/2012 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de cuatro de abril de dos mil diecisiete. - Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, se pronunció respecto de la prescripción de la acción penal persecutoria, contra el quejoso Morgan Manuel Perea Vega y/o Morgan Manuel Pérez Vega, respecto del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa agravado, previsto y sancionado por los artículos 87, fracciones I y III, en relación con el diverso 414, fracción IV, y los numerales 11, 12, 14 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien ser el legítimo propietario de la luminaria tipo látigo, ubicada en el kilómetro 122+800 del Boulevard Forjadores; decretando procedente dicha prescripción y por ende decretó auto de libertad a favor del quejoso respecto de dicho ilícito. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 60 a 88), se negó el amparo a la parte quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación interpuso recurso de revisión (foja 115), del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-223/2017 resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Morgan Manuel Perea Vega y/o Morgan Manuel Pérez Vega, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados en la parte final del último considerando del presente fallo constitucional." Así, en auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 269 a 271), con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos fueron: "En consecuencia, en atención a lo hasta aquí expuesto, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos el auto de formal prisión reclamado, y en su lugar emita un auto de sujeción a proceso, en el que reitere el acreditamiento de la materialidad del delito de daño en propiedad ajena culposo, y la probable responsabilidad de Morgan Manuel Perea Vega y/o Morgan Manuel Pérez Vega en su comisión, empero, fundamente dicha determinación en el artículo 87 fracciones I y II, en relación con el 144 fracción IV todos del Código de Defensa Social para el estado de Puebla. En el entendido de que para hacerlo, deberá pronunciarse primeramente respecto de la prescripción de la acción penal persecutoria, partiendo de la base de que el delito de que se atribuye al impetrante sólo merece multa.". Así, mediante oficio 7676 de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 286 a 289), se tuvo al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitiendo a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 422/2012 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de cuatro de abril de dos mil diecisiete. - Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, se pronunció respecto de la prescripción de la acción penal persecutoria, contra el quejoso Morgan Manuel Perea Vega y/o Morgan Manuel Pérez Vega, respecto del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa agravado, previsto y sancionado por los artículos 87, fracciones I y III, en relación con el diverso 414, fracción IV, y los numerales 11, 12, 14 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien ser el legítimo propietario de la luminaria tipo látigo, ubicada en el kilómetro 122+800 del Boulevard Forjadores; decretando procedente dicha prescripción y por ende decretó auto de libertad a favor del quejoso respecto de dicho ilícito. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de doce de septiembre pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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