Morgan Manuel Perea Vega

Expediente 1772/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1772/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
01/06/2017

Partes del expediente

  • Morgan Manuel Perea Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cuatro al veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, por medio del cual informa que realizó las anotaciones correspondientes en el archivo de centro penitenciario, de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de abril de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que mediante sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete (fojas 44 a 64), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "1. Dejar sin efectos la resolución que emitió el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en la causa penal 422/2012, en la parte conducente en que se decretó auto de formal prisión en contra de Morgan Manuel Perea Vega y/o Morgan Manuel Pérez Vega, como probable responsable del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa, previsto y sancionado en los artículos 87, fracción I, 83 y 85, en relación con los numerales 11, 12, 14 y 21 fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario del vehículo marca Dodge, tipo Neón, color negro, placas de circulación UUG-6128, del Estado de Quinta Roo, así como de quien resulte ser el legítimo propietario de la luminaria tipo látigo, ubicada en el kilómetro 122+800, del Boulevard Forjadores; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales advertidos, es decir, deberá: a. Especificar los preceptos legales que sustentan su competencia por razón de fuero, materia y territorio; asimismo, explicar las razones por las que el caso encuadra en dichos supuestos normativos; y, b) Especificar el precepto o preceptos que prevén el delito de daño en propiedad ajena que se imputa al inculpado, aquí quejoso. c) Deberá estudiar y valorar de manera pormenorizada las pruebas de descargo que ofreció el inculpado, aquí quejoso mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, consistentes en la copia certificada ante Notario de la factura número 5734, expedida por Plaza Loreto Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, la instrumental pública de actuaciones y la presuncional. La anterior concesión de amparo se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, al no reclamarse este último por vicios propios y, depender entonces su legalidad del acto emitido por la ordenadora, de modo tal que al resultar inconstitucional el acto del juez penal responsable, su ejecución también importa violación de garantías." Resolución que en auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 84 a 87). Así las cosas, mediante oficio 2880 de cuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 124 a 153), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias distadas en los autos de la causa penal 422/2012 de su índice, de las que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en resolución de cuatro de abril de dos mil diecisiete, resolvió nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso Morgan Manuel Perea Vega y/o Morgan Manuel Pérez Vega, decretando a su favor auto de libertad por el delito de daño en propiedad ajena a título de culpa agravado, previsto y sancionado por los artículos 83, 85, 87, fracción I y 414, en relación con los diversos 11, 12, 14 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario del vehículo afecto. Asimismo, decretó auto de formal prisión contra el referido quejoso por el delito de daño en propiedad ajena a título de culpa agravado, previsto y sancionado por los artículos 83, 85, 87, fracción I y 414, en relación con los diversos 11, 12, 14 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario de la luminaria afecta. Resolución en la cual estableció los preceptos legales que sustenta su competencia por razón de fuero, materia y territorio al establecer: "Cabe destacar que el suscrito es competente para conocer del presente asunto en términos de los numerales 5, 7 y 15 del Código adjetivo de la materia, que en esencia puntualizan que según las atribuciones que de la Ley Orgánica del Poder Judicial confiere, esa autoridad es competente para conocer de las causas penales, asimismo el suscrito es competente para conocer de la presente causa penal, en términos de lo dispuesto por el artículo 8 fracción VI y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que de las constancias de que obran en la presente causa penal, específicamente con la diligencia de levantamiento de cadáver, practicada por el fiscal investigador, se advierte que los hechos acontecieron en Boulevard Forjadores, a la altura del kilómetro 123, con dirección Puebla, Cholula, en San Pedro Cholula, lugar en donde ejerce su jurisdicción este tribunal. Debiendo mencionarse que para determinar la competencia de una autoridad judicial, no basta con que esta haya prevenido en el conocimiento de un delito por motivo del ejercicio de la acción penal que ante él haya efectuado el Ministerio Público, si no que de acuerdo con las disposiciones procesales aplicables es necesario que los hechos delictivos resulten de su competencia, donde aquélla ejerce jurisdicción (se reitera que los hechos acontecieron en San Pedro Cholula, Puebla, lugar en donde este juzgado ejerce su jurisdicción), motivo por el que esta autoridad es competente para conocer del presente asunto." (foja 125 vuelta). Asimismo, el juez de la causa especificó el precepto legal que prevé el delito de daño en propiedad ajena a título de culpa agravado, que le imputa al inculpado, aquí quejoso, al especificar que es el artículo 414 del Código Penal del Estado de Puebla (foja 126). Y, el juez de la causa procedió a estudiar y valorar de manera pormenorizada las pruebas de descargo que ofreció el inculpado, aquí quejoso mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, consistentes en la copia certificada ante Notario de la factura número 5734, expedida por Plaza Loreto Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, la instrumental pública de actuaciones y la presuncional, al referir lo siguiente: "Probanzas las anteriores que son de valorarse en términos de lo dispuesto por el artículo 123 y 197 del Código Adjetivo de la materia, la cual al reverso contiene un endoso a favor de Morgan Manuel Perea Vega, hoy indiciado, de ahí que con dicha se desvirtúe su probable responsabilidad por lo que respecta únicamente al ilícito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA A TÍTULO DE CULPA AGRAVADO, ilícito previsto y sancionado por los artículos 414, 83, 85 y 87 fracción I, en contrario sensu, en relación con los numerales 11, 12, 14, 21 fracción I, todos del Código de Defensa Social para el Estado, en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario del vehículo marca Dodge, tipo Neon, color negro, placas de circulación UUG-6128, al acreditarse que el indiciado de referencia es el titular de los derechos del vehículo mencionado." (foja 128). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa con el que se da cuenta, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de once de abril de dos mil diecisiete, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, ya que con los medios de prueba que obran en autos no se acredita el cuerpo del delito imputado, así como tampoco su probable responsabilidad penal, pues refiere no está demostrado que el amparista venía conduciendo el vehículo afecto, que la toma de muestra de orina carece de valor probatorio, por lo que no existe medio de prueba con el cual acreditar que se encontraba alcoholizado en grado superior al primero; que ha operado la prescripción ya que la pena máxima del delito de daño en propiedad ajena que se le imputa ha transcurrido. Manifestaciones que resultan infundadas, ya que como se indicó anteriormente, el juez responsable sí da cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; aunado a que las manifestaciones del amparista, referentes a la forma en que según su parecer se debieron valorar los elementos de prueba que obran en autos y que ha operado la prescripción de la acción penal a su favor, no forman parte de la listis analizada en la ejecutoria de amparo, ya que en la misma se le concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el juez responsable, y dichas manifestaciones se refieren a cuestiones de fondo del acto reclamado, lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de seis de abril pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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