Monzerrat Rodríiguez Gallardo

Expediente 563/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
563/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Monzerrat Rodríiguez Gallardo
  • DENNIS ROJAS JIMENEZ y Otros.
  • MONZERRAT RODRÍIGUEZ GALLARDO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MEESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VI "... VISTOS, los autos del juicio de amparo número 563/2020, para dictar sentencia; y, (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, (.) SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda, se deduce que la parte quejosa reclama:  La circular 1/2020, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, signada por el Director Médico y Encargado de la Dirección General; y el Director de Administración y Finanzas; ambos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.  La omisión de considerar, en la emisión de dicha circular, al personal que tiene a su cargo el cuidado de menores de edad, como está previsto en el numeral 4.4 del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas.  La circular 14/2020, de treinta de julio de dos mil veinte, suscrita por el Director General; y el Director de Administración y Finanzas; ambos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.  La omisión de considerar, en la emisión de dicha circular, suspender o flexibilizar la asistencia a centros de trabajo de personas trabajadoras que conviven en su hogar o tienen a su cargo el ciuidado de menores de edad, conforme el artículo 7 del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. TERCERO. Inexisencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Apoderado Legal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, en representación de las autoridades responsables, Directora General, Director de Administración y Finanzas; y Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene, todos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la emisión de la circular 1/2020; la cual además exhibió en copia certificada. Sin embargo, conforme al contenido de las constancias remitidas por las responsables, se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda, la referida normatividad interna dejó de surtir efectos. Lo anterior es así, debido a que, del contenido de la diversa circular 14/2020 de treinta de julio de dos mil veinte -remitida en copia certificada por las responsables-, en el punto "9", se precisó que por diversa circular 13/2020 de catorce de julio del mismo año, se determinó que los lineamientos para aplicar las medidas preventivas dirigidas a mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), contenidos en la circular 1/2020 de veinticinco de marzo de la misma anualidad, se prorrogarían hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte o hasta en tanto se comunicara alguna instrucción que contraviniera la circular aludida en primer orden. Y en el punto "PRIMERO" de la circular 14/2020 de treinta de julio de dos mil veinte, se precisó que el treinta y uno de julio de ese año dejaría de surtir efectos la circular 1/2020 en la que se determinaron los lineamientos para aplicar las medidas preventivas a efecto de mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), ampliada en su vigencia por circular 13/2020 de catorce de julio de la referida anualidad. De ahí que, si la circular 1/2020 ya no se encontraba vigente, pues mediante la diversa 14/2020, se indicó que su aplicabilidad surtiría efectos hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte; entonces, resulta inconcuso que, antes de la presentación de la demanda -treinta de septiembre de dos mil veinte-, dejó de surtir efectos y, en consecuencia, estos dejaron de existir desde antes de que iniciara el trámite del presente asunto. Por lo tanto, en torno a la aludida circular y las omisiones relacionadas con ésta, procede sobreseer el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Apoderado Legal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, en representación de las autoridades responsables, Directora General, Director de Administración y Finanzas; y Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene, todos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la emisión de la circular 14/2020; la cual además exhibió en copia certificada. En torno a las omisiones reclamadas, negó su existencia. Sin embargo, dicha negativa de desvirtúa, dado que, del contenido de la circular 14/2020, no se advierte se hubiera aludido a la posibilidad de suspender actividades en sus centros de trabajo respecto de personas que tuvieran a su cargo menores de edad. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa de las responsables y se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causales de improcedencia. En torno a los actos consistentes en:  La circular 14/2020, de treinta de julio de dos mil veinte, suscrita por el Director General; y el Director de Administración y Finanzas; ambos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.  La omisión de considerar, en la emisión de dicha circular, suspender o flexibilizar la asistencia a centros de trabajo de personas trabajadoras que conviven en su hogar o tienen a su cargo el cuidado de menores de edad, conforme el artículo 7 del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)." De la lectura de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo únicamente procede cuando se reclaman actos que provengan de autoridad, entendiéndose por ésta, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se trata de una autoridad para efectos del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Lo antes expuesto revela que, para estar en condiciones de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto a las relaciones jurídicas de coordinación, supra subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre éstos, destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, para definir el concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes:  La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;  Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad;  Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y  Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. (.) En ese contexto, se estima que si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Ahora bien, en el caso, las quejosas, reclaman de las autoridades responsables, Directora General y Director de Administración y Finanzas; ambos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca:  La circular 14/2020, de treinta de julio de dos mil veinte, suscrita por el Director General; y el Director de Administración y Finanzas; ambos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.  La omisión de considerar, en la emisión de dicha circular, suspender o flexibilizar la asistencia a centros de trabajo de personas trabajadoras que conviven en su hogar o tienen a su cargo el ciuidado de menores de edad, conforme el artículo 7 del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Conforme a lo anterior, se aprecia que la pretensión de las promoventes deriva de la relación laboral que mantienen con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Máxime que, en el apartado relativo al nombre y domicilio de las quejosas, éstas refirieron ser trabajadoras de base del citado Hospital; aunado a que, en copia certificada, las responsables remitieron los oficios 985/2020 de nueve de noviembre de dos mil veinte; y 504/2020 de la misma data, en el que el Subdirector de Recursos Humanos y el Subdirector de Recursos Financieros, ambos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, señalaron que las quejosas, Monzerrat Rodríguez Gallardo y Denisse Rojas Jiménez, fungían en dicho Hospital con los puestos de "Apoyo administrativo en salud A-7"; y "Apoyo administrativo en salud", respectivamente. En ese sentido, el acto reclamado no tiene su origen en una relación de supra a subordinación, sino más bien, en una relación de coordinación, donde ambos actúan como particulares, en un plano igualitario y por tanto, no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que tiene una naturaleza eminentemente laboral, que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón. Por lo que, las autoridades responsables emisoras de la circular 14/2020; y a quienes atribuyen las omisiones reclamadas, se localizan en un plano de igualdad con los derechos de las promoventes, derivado de la relación laboral que guardan el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, como patrón; y las quejosas como empleadas. Por tanto, si la pretensión de las quejosas consiste esencialmente en que se les permita obtener el resguardo domiciliario con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2, circunstancia que se encuentra relacionada con cuestiones inherentes a la relación de trabajo que existe entre el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y sus trabajadores, regulada por el artículo 123, constitucional; es claro que lo reclamado no es susceptible de impugnarse a través de la acción constitucional. De ahí que, se considere que la omisión impugnada no constituye un acto emanado de una persona de derecho público o de autoridad, sino que se trata de un acto entre particulares, pues como quedó acreditado, el organismos descentralizado de la administración pública federal señalado como responsable no actúa con imperio, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, razón por la que, el acto imputado pertenece a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. Sin que resulte un obstáculo a lo anterior, que las quejosas acudan a través de la acción constitucional reclamando a su empleador una omisión que, desde su perspectiva, pone en riesgo su salud y transgrede su derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cabe aclarar que no por el sólo hecho que se aduzcan violaciones al derecho a la protección de la salud, los actos reclamados constituyen necesariamente un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, debido a que la salud como bien jurídico y en el contexto actual, no se encuentra únicamente tutelada en normas de carácter administrativo y que toda omisión en garantizarla deba ser considerada como un acto de autoridad, pues la protección de dicho derecho corresponde tanto al Estado como a los empleadores. (.) Sin que resulte un obstáculo a lo anterior, que las quejosas promovieran el juicio de amparo también en representación de sus menores hijos, pues las afectaciones alegadas respecto de estos, las hicieron derivar también de las circulares impugnadas y, por ende, las consecuencias que dicen causarían éstas, tienen su origen en la misma relación laboral que hace improcedente el juicio de amparo, por las razones mencionadas. Por los motivos expuestos anteriormente, de la lectura integral de la demanda, este juzgado advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 63, fracción V de la ley de la materia, se sobresee el juicio de amparo. SEXTO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por (.) por derecho propio y en representación de los menores(.)en términos de los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, publíquese la presente resolución, en los términos precisados en el considerando último de esta determinación. Notifíquese personalmente. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HASTA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE)

  4. Incidental

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites que ha realizado en cumplimiento a la suspensión definitiva decretada a la parte quejosa. Dese vista a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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