Monica Ortiz Rodriguez
Expediente 1046/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Monica Ortiz Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que a la Actuaria adscrita a este Juzgado, no le fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de noviembre del presente año, por los motivos expuestos.********************Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte por lista de acuerdos el citado proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para tal efecto.********************Notifíquese y cúmplase. INSERCION; VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1046/2023, .. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo dictado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el procedimiento de investigación administrativa P.I.A. 61/2023, mediante el cual negó a la quejosa la expedición de copia simple y certificada de las constancias que integran el citado expediente. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en representación del Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa aportara prueba que desvirtuara tal negativa. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO respecto del acto reclamado a la citada autoridad responsable. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que además se corrobora con las constancias remitidas con su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se aprecia el acuerdo reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que la actuación atribuida al Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la negativa de expedir copia simple y certificada de todo lo actuado en el procedimiento de investigación administrativa P.I.A. 61/2023, solicitadas por la quejosa mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, no constituye un acto de imposible reparación. Los preceptos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el segundo numeral inserto dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre esa base, debe destacarse que la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual deben reclamarse tanto violaciones de fondo, como del procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de los derechos humanos del impetrante, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Por tanto, al establecer el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo procederá contra la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiéndose aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, también en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, página 196, Novena Época (registro 184435), del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." De conformidad con lo expuesto, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo hasta que se dicte la resolución con la que culmine dicho procedimiento y, como excepción, procede el amparo, aun y cuando no se haya dictado la resolución que ponga fin al procedimiento cuando los actos que se reclamen tengan una ejecución de imposible reparación. En este punto, se debe entender como actos cuya ejecución es de imposible reparación, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que, esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento, por haberse consumado la violación del derecho de que se trate. Por lo que en estos casos puede acudirse al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte la resolución final en el procedimiento administrativo, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aun cuando el afectado obtuviera una decisión favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal (como sucede con el acto impugnado en este asunto), cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer; o bien, resultan intrascendentes si es que se dicta una resolución favorable a los inconformes. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental tutelado por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse el procedimiento, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado del fallo. Con base en lo anterior, debe precisarse que la actuación que la quejosa reclama, relativa a la negativa de otorgarle copia simple y certificada de las constancias que integran el expediente administrativo de origen, constituye un acto que conforme a lo establecido por el artículo 107, fracción III inciso b), de la ley de la materia, por el momento en el que se dictó no es de imposible reparación y por tal motivo no podría ser sujeto al inmediato análisis constitucional, toda vez que no afecta de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa; ya que los perjuicios que le atribuye son meramente procesales, y son susceptibles de repararse si obtiene resolución favorable y, en el caso contrario, pudiera ser procedente la vía indirecta contra esta última decisión. En efecto, se advierte que la actuación impugnada tiene su origen en el procedimiento de investigación al que la quejosa se encuentra sujeta por faltas al régimen disciplinario, por lo que únicamente se trata de instrumentarlo para decidir sobre la imposición de alguna de las sanciones previstas por el numeral 182, fracciones I, II y IV, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dado que conforme las constancias remitidas por la autoridad responsable, no se aprecia que el acto reclamado derive de un procedimiento de remoción y tampoco de separación, en términos de lo dispuesto en los numerales 169, 171, fracciones I y II, 172, 188, fracción III, y 188 de la citada reglamentación; de ahí que el acto reclamado tiene el carácter de intraprocesal y no causa afectación de imposible reparación. Con base en lo anterior, es factible sostener que el acto reclamado no contraviene derechos sustantivos de la parte quejosa aun cuando alega una transgresión a su prerrogativa de defensa y, por ende, no puede considerarse como una actuación dentro del procedimiento de investigación cuyos efectos sean de imposible reparación, pues como los propios disconformes lo reconocen se trata de un procedimiento de investigación al cual se encuentran sujetos por posibles faltas al régimen disciplinario, es decir, que no le está imponiendo alguna medida disciplinaria, ni hay una suspensión de la relación administrativa que los une con la institución policial a la que pertenecen y tampoco se está ante los procedimientos administrativos de remoción o de separación de sus cargos. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia XV.4o. J/3 (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2426, Materia Común, Décima Época (registro 2019368), del tenor siguiente: "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES. De los artículos 109, fracción III, primer párrafo y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144, 151 y 152 de la Ley de Seguridad Pública, así como 77, fracciones IV, VII, VIII, IX, X y 78, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, se advierte tanto la facultad constitucional de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la investigación administrativa de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad mencionada, la cual corresponde a la Contraloría Interna, esto es, a la Dirección de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la conducta imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquéllos, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, el director de Asuntos Internos de la Secretaría señalada, al iniciar una investigación administrativa relacionada con un miembro de esa dependencia, cumple con una función a su cargo, esto es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública corresponda a los intereses de la colectividad. Por tanto, dado el interés social que subyace en la investigación administrativa, como parte de la obligación constitucional y legal del órgano de control interno, se concluye que quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto en su contra, debido a que no existe derecho particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las instituciones policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, las actuaciones generadas en la fase de investigación constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, las cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objeto de éstas, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación del cargo es lo que, en todo caso, le afecta; sin perjuicio de que pueda actualizarse una excepción que justifique la procedencia del amparo, cuando la violación vulnere directamente los derechos sustantivos del quejoso, como podría ser que la autoridad responsable decrete la suspensión preventiva de sus labores, mientras se lleva a cabo la investigación." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. SEXTO. Publicación de datos personales. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por ... contra actos del Secretario y el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1046/2023, .. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo dictado el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el procedimiento de investigación administrativa P.I.A. 61/2023, mediante el cual negó a la quejosa la expedición de copia simple y certificada de las constancias que integran el citado expediente. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en representación del Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa aportara prueba que desvirtuara tal negativa. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO respecto del acto reclamado a la citada autoridad responsable. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que además se corrobora con las constancias remitidas con su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se aprecia el acuerdo reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que la actuación atribuida al Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la negativa de expedir copia simple y certificada de todo lo actuado en el procedimiento de investigación administrativa P.I.A. 61/2023, solicitadas por la quejosa mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, no constituye un acto de imposible reparación. Los preceptos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el segundo numeral inserto dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre esa base, debe destacarse que la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual deben reclamarse tanto violaciones de fondo, como del procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de los derechos humanos del impetrante, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Por tanto, al establecer el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo procederá contra la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiéndose aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, también en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, página 196, Novena Época (registro 184435), del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." De conformidad con lo expuesto, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo hasta que se dicte la resolución con la que culmine dicho procedimiento y, como excepción, procede el amparo, aun y cuando no se haya dictado la resolución que ponga fin al procedimiento cuando los actos que se reclamen tengan una ejecución de imposible reparación. En este punto, se debe entender como actos cuya ejecución es de imposible reparación, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que, esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento, por haberse consumado la violación del derecho de que se trate. Por lo que en estos casos puede acudirse al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte la resolución final en el procedimiento administrativo, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aun cuando el afectado obtuviera una decisión favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal (como sucede con el acto impugnado en este asunto), cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer; o bien, resultan intrascendentes si es que se dicta una resolución favorable a los inconformes. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Efectivamente, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental tutelado por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse el procedimiento, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado del fallo. Con base en lo anterior, debe precisarse que la actuación que la quejosa reclama, relativa a la negativa de otorgarle copia simple y certificada de las constancias que integran el expediente administrativo de origen, constituye un acto que conforme a lo establecido por el artículo 107, fracción III inciso b), de la ley de la materia, por el momento en el que se dictó no es de imposible reparación y por tal motivo no podría ser sujeto al inmediato análisis constitucional, toda vez que no afecta de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa; ya que los perjuicios que le atribuye son meramente procesales, y son susceptibles de repararse si obtiene resolución favorable y, en el caso contrario, pudiera ser procedente la vía indirecta contra esta última decisión. En efecto, se advierte que la actuación impugnada tiene su origen en el procedimiento de investigación al que la quejosa se encuentra sujeta por faltas al régimen disciplinario, por lo que únicamente se trata de instrumentarlo para decidir sobre la imposición de alguna de las sanciones previstas por el numeral 182, fracciones I, II y IV, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dado que conforme las constancias remitidas por la autoridad responsable, no se aprecia que el acto reclamado derive de un procedimiento de remoción y tampoco de separación, en términos de lo dispuesto en los numerales 169, 171, fracciones I y II, 172, 188, fracción III, y 188 de la citada reglamentación; de ahí que el acto reclamado tiene el carácter de intraprocesal y no causa afectación de imposible reparación. Con base en lo anterior, es factible sostener que el acto reclamado no contraviene derechos sustantivos de la parte quejosa aun cuando alega una transgresión a su prerrogativa de defensa y, por ende, no puede considerarse como una actuación dentro del procedimiento de investigación cuyos efectos sean de imposible reparación, pues como los propios disconformes lo reconocen se trata de un procedimiento de investigación al cual se encuentran sujetos por posibles faltas al régimen disciplinario, es decir, que no le está imponiendo alguna medida disciplinaria, ni hay una suspensión de la relación administrativa que los une con la institución policial a la que pertenecen y tampoco se está ante los procedimientos administrativos de remoción o de separación de sus cargos. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia XV.4o. J/3 (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2426, Materia Común, Décima Época (registro 2019368), del tenor siguiente: "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES. De los artículos 109, fracción III, primer párrafo y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144, 151 y 152 de la Ley de Seguridad Pública, así como 77, fracciones IV, VII, VIII, IX, X y 78, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, se advierte tanto la facultad constitucional de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, como la diversa facultad exclusiva para la investigación administrativa de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad mencionada, la cual corresponde a la Contraloría Interna, esto es, a la Dirección de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de la conducta imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquéllos, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. Asimismo, el director de Asuntos Internos de la Secretaría señalada, al iniciar una investigación administrativa relacionada con un miembro de esa dependencia, cumple con una función a su cargo, esto es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública corresponda a los intereses de la colectividad. Por tanto, dado el interés social que subyace en la investigación administrativa, como parte de la obligación constitucional y legal del órgano de control interno, se concluye que quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto en su contra, debido a que no existe derecho particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las instituciones policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, las actuaciones generadas en la fase de investigación constituyen actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, las cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objeto de éstas, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación del cargo es lo que, en todo caso, le afecta; sin perjuicio de que pueda actualizarse una excepción que justifique la procedencia del amparo, cuando la violación vulnere directamente los derechos sustantivos del quejoso, como podría ser que la autoridad responsable decrete la suspensión preventiva de sus labores, mientras se lleva a cabo la investigación." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. SEXTO. Publicación de datos personales. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por ... contra actos del Secretario y el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las once horas con treinta y un minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1046/2023, promovido por M... por tal motivo en audiencia pública, Rodolfo Zepeda Sánchez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de José Ernesto Salinas Pérez, Secretario de Juzgado que autoriza la actuación y da fe, la declara abierta, sin presencia de las partes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. Acto continuo, se relacionan las constancias de autos y hace constar que las partes no hicieron manifestación alguna respecto a la publicación de datos personales. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, para los efectos legales consiguientes y respecto a la publicación de datos personales acuérdese lo conducente en la etapa considerativa de la sentencia. PRUEBAS Y ALEGATOS Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la quejosa ofreció la instrumental de actuaciones y la documental pública, consistente en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el procedimiento administrativo de origen. Por su parte, la autoridad responsable, Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, en representación del Secretario titular de dicha dependencia, aportó copia certificada de constancias deducidas del procedimiento administrativo de origen. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas relacionadas. No habiendo más pruebas que desahogar, se cierra este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: dado que las partes no formularon alegatos, se cierra dicho período y se procede a dictar la siguiente resolución.Rodolfo Sánchez Zepeda Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca José Ernesto Salinas Pérez Secretario de Juzgado
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MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.********************Visto el escrito presentado por ...por medio del cual solicita la expedición de copia certificada de los informes rendidos por el Jefe de la Unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil; y el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movibilidad y Protección Civil, del Municipio de Oaxaca de Juárez, así como del anexo en un sobre cerrado.********************Al respecto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de la copia certificada que solicita, previa razón que de su entrega se deje en autos.********************Lo anterior, siempre y cuando se restablezca el servicio de fotocopiado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en esta población, mismo que por ahora no se encuentra disponible.********************De igual forma como lo solicita y en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza, el uso de medios electrónicos, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, de rubro:****************************************"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."****************************************En ese sentido, una vez que imprima las capturas que de forma digital realice de las constancias solicitadas, podrá traerlas a este Juzgado para su certificación, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos, y conforme las labores del juzgado lo permitan.********************En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido.********************De igual manera, se encuentra en aptitud de obtener un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de solicitar a este Juzgado el acceso al expediente electrónico, con el cual, podrá también obtener las constancias que requiera, las cuales al contener firma electrónica con evidencia criptográfica, hacen las veces de una copia certificada.********************Finalmente, se tiene para recibir la copia solicitada, a ******************** y ********************, en términos del numeral 24 de la ley de la materia.********************Notifíquese y cúmplase.
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