Monserrat Socorro Roman Garduños
Expediente 1422/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1422/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Monserrat Socorro Roman Garduños
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:stado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, el artículo 54 fracción II, inciso 1), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y en vigor a partir del uno de enero de dos mil veinte. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de catorce de mayo y cuatro de junio de dos mil veinte, expedidos a nombre de la quejosa con números de referencia 762897396 y 763029006. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a la justiciable las cantidades pagadas en los mencionados recibos, si se tiene en cuenta que la contribuyente fue objeto de subsidio.". Impugnación. Inconformes con el fallo constitucional, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el número de amparo en revisión administrativo 243/2022, quien confirmó la sentencia impugnada. Requerimiento. Tan pronto fue recibida la ejecutoria, mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en los recibos con números de transacción 762897396 y 763029006, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante la elaboración del cheque número 27780, por la cantidad de $18,294.00 (dieciocho mil dos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), el cual fue entregado a la parte quejosa. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de veintinueve de septiembre del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en los recibos con números de transacción 762897396 y 763029006, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación personal. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con la parte quejosa, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Entrega de oficios. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Tribunal de alzada, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias que integran el diverso juicio de amparo 1322/2019 del índice de este juzgado así como con copia de la promoción y anexo 11556 del juicio de amparo recibida en el juicio de amparo 1245/2019, sin que al efecto se haya asentado la razón correspondiente a la vista de las referidas documentales en la constancia de notificación practicada por el fedatario judicial. Se da vista. En ese sentido, a fin de que tenga la oportunidad de conocer su contenido y alegar lo que a su interés convenga, se ordena dar vista a la parte quejosa con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, asentando el actuario judicial en la constancia de notificación respectiva, la razón relativa al traslado que corre de las referidas documentales. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que la audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Escrito. Por recibido el escrito signado por la quejosa Monserrat Socorro Román Garduño, mediante el cual comparece a efecto de dar cumplimiento a la prevención decretada en auto de siete de septiembre del año en curso. Desechamiento. Al examinar integralmente la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma, este juzgador advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos. En principio, es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". De una interpretación literal del numeral 113 de la Ley de Amparo, se infiere que el juzgado de distrito está facultado para desechar la demanda de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir que al analizar el escrito de demanda o escrito aclaratorio, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de amparo, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. En cuanto a la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, a partir de una interpretación sintáctica, armonizada con el sistema al que pertenece, se concibe que el juicio de amparo para que sea procedente, es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, cumpla con el principio de definitividad y así, agotar o interponer el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. En esas circunstancias, la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ahora bien, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, así como de las constancias que se acompañaron respecto del juicio de origen, se colige que a la parte quejosa le asiste el carácter de actora en el juicio de Controversias del orden familiar en vía de alimentos 024/2019, en contra del aquí tercero interesado Carlos Casillas Gutiérrez, del índice estadístico del Juzgado Primero Mixto de Lerdo, Durango, y en el caso, los actos reclamados son los siguientes: "4.- ACTO RECLAMADO.- De la Autoridad Jurisdiccional Responsable reclamo la resolución dictada dentro de los autos de la Controversia del Orden Familiar en vía de Alimentos expediente 024/2019, de fecha 11 de agosto de 2022, la cual se notificó el día 15 de agosto de 2022, tal y como consta en el sello de notificación y razonamiento hecho por la Actuaria Adscrita". Luego, en el escrito aclaratorio transcribió el acto reclamado en los siguientes términos: Ciudad Lerdo, Durango, a Once de Agosto del año Dos Mil Veintidós.---------------------------------------------------------------------------A sus autos el escrito signado por la C. MONSERRAT SOCORRO ROMÁN GARDUÑO, por sus propios derechos, mediante el cual solicita se inscriba el bien cómo embargo definitivo, respecto del inmueble señalado en autos y descrito en su de cuenta, por lo que dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, por no ser el estado procesal de los autos, en virtud que no se encuentra en etapa de ejecución y a la fecha no se ha dictado resolución del incidente de incumplimiento que fuera promovido, artículo 88, 973, , 987 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado". En el caso, se tiene que contra del acto reclamado consistente en el proveído de once de agosto de dos mil veintidós, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 984, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Durango, mismo que constituye medio ordinario de defensa que omitió agotar la peticionaria de amparo, previamente a promover la acción constitucional; cuyos lineamientos de trámite lo establece el numeral 674 del mismo cuerpo legal. En efecto, los numerales en cita establecen: "Artículo 984. Los autos que no fueren apelables y los Decretos, pueden ser revocados por el Juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes. "Artículo 674. La revocación debe pedirse por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, dándose vista a la contraria por un término igual y la resolución del juez deberá pronunciarse dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad". En efecto, el aludido medio de defensa previsto en el artículo 984, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Durango, establece dentro del título décimo sexto, capítulo único, de las controversias del orden familiar, la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables; mientras que el arábigo 674 de dicho ordenamiento legal establece de manera genérica el trámite del mismo, por lo cual, dicho numeral es claro en cuanto a la procedencia del medio de defensa ordinario a que se contrae, el cual debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo. En ese contexto, se estima que la quejosa debió interponer el recurso de revocación que prevé el artículo 984, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Durango, pues al tratarse el auto reclamado de un auto de mero trámite contra el cual no procede la apelación, ello revela la procedencia del aludido medio de defensa que tiene el alcance de nulificar el acto reclamado. Consecuentemente, al no agotarse ese medio de defensa antes de ocurrir al amparo, la acción constitucional es improcedente por no cumplirse con el referido principio de definitividad, el cual establece que el quejoso debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para obtener la revocación, del acto reclamado antes de acudir ante los tribunales de la federación, pues en caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 1ª./J 44/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Asimismo, robustece lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así como la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1654, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, materia común, Novena Época, cuyo epígrafe es el siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo". No es inadvertido para este juzgador, que la Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Por consiguiente, al quedar actualizada la causal de improcedencia ya mencionada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por el Monserrat Socorro Román Garduño. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:scrito. Visto lo de cuenta, se recibe el escrito de la parte quejosa ********************, mediante el cual pretende cumplir con las prevenciones que le fueron formuladas en proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Ahora, del escrito de cuenta, se advierte que no dio cumplimiento cabalmente a las prevenciones en comento; lo anterior es así, atendiendo a que fue omisa en desahogar la prevención bajo protesta de decir verdad. Lo cual constituye una obligación para la parte quejosa en términos del numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Subsiste término para aclaración de demanda. Atento a lo anterior, dígase a la promovente que le subsiste el requerimiento, término y apercibimiento efectuados en auto de siete de septiembre del año en curso, en la inteligencia de que dicho término se interrumpe con la presentación del escrito aclaratorio de cuenta, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ª./J.39/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, Libro VIII, mayo de 2012, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo". Notifíquese personalmente.
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