Mónica Varela Macías

Expediente 1555/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 57 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1555/2021
Año
2021
Actuaciones
57
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Mónica Varela Macías
  • Presidente de la República Mexicana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 57.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Incidental

    En esta fecha, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que se ordenó el archivo definitivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es depurable, y el duplicado destruible, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  3. Principal

    Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, ante el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, Mónica Varela Macías, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES 3.3 Autoridades responsables. Se señalan como responsables a las autoridades que se precisan a continuación. I) Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con domicilio ubicado en calle del Mimbre, sin número, entre calle de las Flores y calle de los Comerciantes de la colonia Villas la Merced de esta ciudad. II) Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, con domicilio ubicado en prolongación Bravo esquina con Periférico Raúl López Sánchez de la colonia la Amistad de esta ciudad. III) H. Congreso de la Unión, con domicilio en calle H. Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciduad de México. IV) Presidente de la República Mexicana, con domicilio ubicado en Palacio Nacional, edificio 10, planta baja, Centro, Cuauhtémoc, Código Postal 06060, Ciudad de México. III. ACTOS RECLAMADOS 3.4. Actos u omisiones que de las autoridades se reclama. Ahora bien, a dichas autoridades se les reclama lo siguiente: A la autoridad mencionada en el inciso I) del apartado 3.3. se reclama la resolución de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 343/2021 del índice administrativo del propio juzgado responsable. A la autoridad mencionada en el inciso II) del apartado 3.3. se reclama la ejecución del retiro de circulación de vehículo automotor ordenas en el citado auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 343/2021 del índice administrativo del citado juzgado responsable. A la autoridad mencionada en el inciso IV) del apartado 3.3. se reclama la discusión, aprobación y expedición del artículo 1414 Bis 9 de Código de Comercio. A la autoridad mencionada en el inciso V) del apartado 3.3. se reclama la sanción y publicación del artículo 1414 Bis 9 del Código de Comercio". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien declaró carecer de competencia al tratarse de actos que resultan ser compatibles en la vía constitucional a través del juicio de amparo indirecto, por ende, declinó la competencia a favor del Juzgado de Distrito en La Laguna, en turno, en virtud de lo anterior, este juzgador federal, previa aclaración, mediante proveído de trece de enero de dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda con el número estadístico 1555/2021-I, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente, se ordenó la apertura del incidente de suspensión, y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, su ejecución tiene ejecución tiene lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México: i. La discusión, aprobación, expedición, sanción y publicación del artículo 1414 Bis 9 del Código de Comercio. Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón y encargado del despacho de la Dirección de Tránsito y Vialidad, ambos con residencia en esta ciudad: ii. La resolución de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del juicio especial mercantil (procedimiento especial de ejecución de garantías, otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía) 343/2021, de su índice, así como su ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Deben tenerse por ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México, y que consisten en la expedición de la norma reclamada. Es así, porque las precitadas autoridades convinieron en la certeza de los actos reclamados al rendir su respectivo informe justificado, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Ahora, en relación a la existencia del dispositivo que la parte quejosa tilda de inconstitucional, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Asimismo, son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado reconoció la existencia de los actos reclamados, consistentes en la resolución de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del juicio especial mercantil 343/2021, de su índice, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las documentales que allegó el Juez responsable, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 343/2021, dentro de las cuales obra la resolución reclamada; documentales que gozan de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Asimismo ha lugar a tener como ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable denominada encargado del despacho de la Dirección de Tránsito y Vialidad, con residencia en esta ciudad, pues si bien al rendir su correspondiente informe justificado negó categóricamente la existencia de los actos reclamados, dicha negativa queda desvirtuada con la existencia de los actos reclamados a la autoridad judicial de primera instancia, por lo cual su ejecución es de realización inminente, de ahí que en el caso particular deba tenerse como cierto el acto reclamado. Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En principio, para una mejor comprensión del presente asunto, conviene precisar a continuación los antecedentes de los actos reclamados, los que se advierten de las constancias que en copias certificadas remitió el Juez responsable, en apoyo a su informe justificado, derivadas del juicio natural, documentales a las que cabe otorgarles valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales son los siguientes: i. Mediante escrito de siete de abril de dos mil veintiuno, Arrendadora Afirme, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada Afirme Grupo Financiero por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas, licenciado Omar Alejandro Zúñiga Villegas, promovió procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión, en contra de Mónica Varela Macías, hoy quejosa. ii. En auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se radicó la citada demanda con el número 343/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, y se tuvo al licenciado Omar Alejandro Zúñiga Villegas, en su carácter de apoderado legal de Arrendadora Afirme, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada Afirme Grupo Financiero, demandando en la vía especial mercantil (procedimiento judicial de ejecución de garantías, otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía) a Mónica Varela Macías, en consecuencia, el juzgado de origen determinó requerir al demandado para que en diligencia hiciera entrega de la posesión material al actor de los bienes objeto de la garantía precisado en el contrato de apertura de crédito, consistente en: "automóvil GMC Acadia Denali, modelo 2019, clase TNN26-E, color rojo escarlata con número de serie 1CKKKN8LS7KZ282001. iii. Previo citatorio, en diligencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el requerimiento de pago, con Víctor Eduardo Espino Varela, quien dijo ser hijo de la demandada, y no se identificó pero el fedatario recabo su media filiación como una persona del sexo masculino, tez clara, complexión media y de aproximadamente veinticinco años de edad, y al momento de requerirle la entrega del bien mueble, manifestó que no puede hacer la entrega de dicho bien en ese momento, y finalmente, se emplazó a la parte demandada. iv. Por proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte demandada Mónica Varela Macías, hoy quejosa, por contestando en tiempo la demanda instaurada en su contra, en tiempo y forma, de igual manera, se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho convenga. v. Por auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, se acordó lo relativo a las pruebas ofrecidas en el juicio de origen. vi. Posteriormente, en diverso escrito recibido el dos de junio de dos mil veintiuno, la parte actora solicitó la ejecución forzosa a la detención del vehículo descrito en párrafos precedentes, al cual le recayó diverso auto de catorce de ese mes y año, en el que se acordó de conformidad la solicitud planteada en los siguientes términos: Resolución la anterior que constituye el acto reclamado en el juicio en que se actúa. QUINTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, ya sea que lo haga valer alguna de las partes o se advierta de oficio. Respecto del acto reclamado consistente en la resolución de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 343/2021, del índice del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, así como su ejecución, en la especie se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS IMPROCEDENCIA". Para corroborar tal aserto, resulta oportuno transcribir los referidos preceptos de la ley en la materia, los cuales establecen que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los preceptos citados, se advierte, que el primero establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, en tanto que el segundo, se refiere a la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, los Plenos de Circuito, así como la que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito y que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. En efecto, la jurisprudencia invocada establece que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley estima consentidos, esto es, aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato un diverso acto que ha sido consentido por la parte quejosa; es decir, para que opere la causal de improcedencia en estudio se requieren dos supuestos: a) Un acto previo en contra del cual la quejosa no promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que ese acto haya sido consentido expresa o tácitamente. b) Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero, el que desde luego, no se combata por vicios propios. Supuestos los anteriores, los que se colman en el caso en estudio, en razón de que como se precisó en párrafos que anteceden la prenombrada quejosa consintió tácitamente los actos reclamados, ya que el hecho de que la quejosa combata el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, en el que se determina la ejecución forzosa, dentro de los autos del juicio especial mercantil 343/2021; lo anterior es así ya que al momento de ser emplazada a juicio, se le hizo saber el contenido del auto de radicación de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, el cual contiene la orden de entrega del vehículo objeto del juicio, con el respectivo apercibimiento que de no hacerlo se harían afectivas algunas medidas de apremio en su contra, ello en su calidad de demandada, inclusive la hoy quejosa, en esa calidad compareció a efecto de contestar la demanda instaurada en su contra, de ahí que en el caso particular haya lugar a determinar que la quejosa tácitamente consintió los actos que aquí reclama, generándose con ello la causal de improcedencia en estudio. En ese sentido, el acto aquí reclamado, es uno consentido derivado de otro, pues -se reitera-, la quejosa se apersonó al juicio y con esa voluntad se sometió al procedimiento especial mercantil de origen, incluso contestó la demanda y al no haber recurrido el auto de exequendo que contiene la orden de ejecución de entrega del vehículo de trato, consintió el acto que hoy reclama, el cual constituye propiamente una consecuencia del auto de radicación, el cual se hizo de su conocimiento desde el momento en que fue emplazada a juicio. De ahí que, si los actos reclamados que nos ocupan lo constituyen la resolución a través de la cual se determina la ejecución forzosa del retiro del vehículo señalado en párrafos anteriores, ello derivado del auto de radicación o admisión del juicio de origen; entonces, tal ejecución no es más que una consecuencia forzosa, legal y necesaria del proveído que se dictó en el juicio de origen (de veintiséis de abril de dos mil veintiuno), el cual se hizo de su conocimiento al momento de ser emplaza a juicio, por tanto, el acto reclamado en comento es derivado de otro que fue consentido. En consecuencia, respecto de los actos reclamados precitados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo, ello con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley en la materia. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada II.2o.C.43 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, julio de 1999, página 839, registro 193675, de rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". También se invoca, la tesis aislada III.1o.A.11 K, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, mayo de 1996, página 582, con registro 202345, que expresa: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". En esas condiciones, al actualizarse una causal de improcedencia respecto del acto concreto de aplicación de la norma impugnada (artículo 1414 Bis 9 del Código de Comercio), idéntica consideración debe de prevalecer en relación a los actos legislativos en cuanto a la impugnación de tal norma, al no ser procedente la acción constitucional respecto del primer acto de aplicación de la misma; por tanto, también debe decretarse el sobreseimiento del presente juicio en cuando a la ley reclamada, por no poder desvincularse el estudio del acto concreto de aplicación. Cobra aplicación al caso, la tesis jurisprudencial 71/2000, emita por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 235, que literalmente dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido dígasele que el veintidós de julio del año en curso, se resolvió en definitiva el incidente del suspensión en que se actúa, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.

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