Monico Mata Delgado
Expediente 1008/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Monico Mata Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tribunal Colegiado informa. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, a través del cual en atención a lo solicitado en auto de diecisiete de noviembre del año en curso (foja 41), informa que previo a realizar pronunciamiento relativo a la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, realizó requerimiento a la autoridad responsable en los términos que indica, y que ésta no ha dado cumplimiento al mismo, por ende, aún no existe decisión asumida al respecto. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada por la superioridad, de lo que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y estese a la espera de mayores informes.
- Principal
Se solicita información. Visto el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que mediante auto de veinte de septiembre del año en curso (fojas 31-33), este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por el quejoso. Ahora bien, mediante proveído de veintiocho de septiembre de la presente anualidad (foja 40), se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, acusando recibo de los autos originales del expediente 1008/2023-III, del índice de este órgano jurisdiccional, asignando el número de juicio de amparo directo 825/2023, e informando que previo a realizar el pronunciamiento relativo a la competencia declinada por este juzgado de control constitucional, requirió a la autoridad responsable señalada por la quejosa en los términos ahí señalados. En consecuencia, tomando en consideración que a la fecha no se ha informado a este órgano jurisdiccional la determinación inherente a la competencia del presente asunto, solicítese comedidamente al referido Tribunal, que de no tener inconveniente legal alguno, informe si se avocó o no al conocimiento de la demanda que originó la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito.
- Principal
Tribunal Colegiado acusa recibo e informa. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, a través del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa e informa que previo a realizar pronunciamiento relativo a la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, realizó requerimiento a la autoridad responsable en los términos que ahí indica. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada, de la que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Incompetencia. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, se advierte que del contenido integral de la misma, que el impetrante de la acción constitucional tilda de inconstitucional la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Menor Quinto Civil de esta ciudad, así como las violaciones procesales que estima actualizadas en la substanciación en el trámite de dicho contradictorio; determinación que en términos de lo dispuesto en el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, al constituir una sentencia definitiva resulta susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Es aplicable la tesis número 1a. II/92, de la Octava Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, del semanario Judicial de la Federación, con registro número 206167, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, 170, fracción I, y 176 de la Ley de Amparo, así como 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.". "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. (.)". "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento.". Los actos que deben ser promovidos en la vía directa, competencia de los órganos jurisdiccionales mencionados, son las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. El artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio, como se reprodujo en líneas anteriores. Así como el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.". De los preceptos legales antes transcritos, se infiere que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, como la competencia se erige como un derecho fundamental de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; por ende, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de los juicios de amparo directos, resulta cierto, que para defender el enunciado principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir el acto reclamado la sentencia dictada en el juicio mercantil de origen; en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por los argumentos jurídicos que la sustentan y por analogía de razón es aplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2002-PL, visible en la página 10, del Tomo XVIII, de la Novena Época, Julio de 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido literal siguiente: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías". Asimismo, apoya a lo anterior la tesis visible en la página 41, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." Por su parte el artículo 34 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil en Turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital que corresponda, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la legal incompetencia planteada en la presente determinación, solicitando atentamente se sirva acusar de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que obste a lo anterior, que de la documental allegada por el quejoso, se haya asentado que se trata de la "sentencia de remate", ya que del contenido de la copia que adjuntó, así como de la transcripción que hizo parcialmente de algunos considerandos y resolutivos, y de los antecedentes del acto narrados bajo protesta de decir verdad, así como de los conceptos de violación, se advierte que lo que reclama el impetrante se trata de la sentencia definitiva del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Menor Quinto Civil de esta ciudad, de ahí que se estima como un error intrascendental. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, y como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a ********************y********************, por así haberse solicitado. V. Pronunciamiento en torno a la suspensión de los actos reclamados. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, ya que no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que prevé el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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