Mónica Vázquez Gómez
Expediente 156/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mónica Vázquez Gómez
Actuaciones
- Principal
VISTA CERTIFICACIÓN SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO Y NO SE RECURRIÓ EL PROVEÍDO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE EN VISTA DE LO PREVENIDO POR EL NUMERAL 2º DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE ESE ACUERDO HA CAUSADO ESTADO. SE DETERMINA NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE ORDENA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Mónica Vázquez Gómez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada por auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 9-10); puesto que manifestó bajo protesta de decir verdad, que es parte demanda en el juicio de origen, y que en la audiencia de remate que reclama no se adjudicó el bien inmueble embargado, y allegó copia de dicha diligencia; consecuentemente, se provee: Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, para una mejor comprensión del problema jurídico sometido a la consideración de este Tribunal Constitucional, se estima pertinente precisar, en lo que aquí interesa, los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, de los cuales se desprende lo siguiente: 1.- El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de remate en primera almoneda respecto del bien inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil M1206/2014, del índice del Juzgado Décimo Segundo Menor Civil de esta ciudad, donde se determinó que no era posible declarar fincado el remate en favor de persona alguna, en razón de que no se hizo presente postor alguno, así como tampoco la ejecutada a efecto de liberar sus derechos sobre el inmueble materia de la litis. Audiencia de remate que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, de la ley de la materia que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos emanados del procedimiento de remate, el amparo indirecto solo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento, siendo ésta aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, en lo concerniente a los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso que ocupa la atención, el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo, por lo que es claro que no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que no se ha dictado la resolución que en forma definitiva ordena la entrega del bien rematado, menos aún se ha ordenado la entrega material del inmueble. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado en caso de que éste fuera el supuesto, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y además hubieren trascendido al sentido de la resolución. No se soslaya, que en muchas ocasiones no se encuentra contenido en un mismo auto o resolución la orden definitiva de escrituración y la entrega material del inmueble adjudicado, y que en esa hipótesis, debe considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, aquélla que ordena en forma definitiva la entrega de la posesión del bien inmueble adjudicado. Acude en apoyo la jurisprudencia PC.I.C.J/2K (10ª.), pronunciada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2013, visible en la página 1738, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007355, cuyo rubro dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Asimismo, resulta orientadora la jurisprudencia III.5º.C.J/5 (10ª) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1454, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2006616, titulada: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA". De igual manera, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS". Tampoco se encuentra ubicada en el diverso caso de excepción, establecido para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos de la promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que de un análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la audiencia de remate en primera almoneda, en la cual no se adjudicó el bien inmueble embargado en autos del juicio de origen en virtud de que no acudió postor alguno, la cual no constituye un acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Por tanto, como en la especie la determinación reclamada sólo es un acto en el procedimiento de remate del juicio ejecutivo mercantil M1206/2014, ello revela que no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes que se ordena rematar, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como los que en el caso se alegan. Lo anterior, como ya se dijo, tiene como propósito el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia condenatoria dictada en el juicio natural y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público. Puesto que en el caso particular, no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega material del inmueble adjudicado, es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente de manera indudable, en términos de lo preceptuado en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor; máxime a que en la audiencia impugnada no se fincó el remate del bien objeto de la almoneda pública en favor de persona alguna, por no haber sido presentadas posturas. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada P.LVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 16, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO". Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Autorizado pretende cumplir con prevención. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por Pascual Moreno Hernández, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 9-10). Sin embargo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, dígasele que no ha lugar a tenerle por cumpliendo con la aludida exigencia, virtud de que el autorizado en términos amplios del citado numeral, solo tiene facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de los quejosos, tales como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la narración de antecedentes y formulación de conceptos de violación; por tanto, el ocursante no se encuentra facultado para promover en los términos que intenta, pues solo compete a la directa quejosa. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a ./J.50/2014 (10ª), al resolver la contradicción de tesis 61/2014, visible en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". Además, se puede observar que el escrito inicial de demanda fue signado por la directa quejosa Mónica Vázquez Gómez, por lo que se deduce que no se encuentra imposibilitada para cumplir con la prevención de mérito. En tales condiciones, requiérase de nueva cuenta a la peticionaria de amparo, para que cumpla con el requerimiento ordenado en proveído de siete de febrero del presente año. Atento a lo anterior, y en virtud de que la promovente fue notificada del auto de requerimiento el veintitrés de los corrientes, la cual surtiría sus efectos al día hábil siguiente (veintiséis de febrero), de tal suerte que el término concedido empezaría a computarse a partir del día veintisiete del mes y año que transcurre, y considerando que presentó su promoción el veintiséis de febrero pasado, esto es, antes de que comenzará a computársele el término concedido, indíquese a la promovente que cuenta con cinco días para desahogar la prevención que le fue hecha, cómputo que se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Finalmente, hágasele saber a la peticionaria del amparo que sigue subsistente el apercibimiento decretado en acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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