Mónica Sánchez Sánchez
Expediente 1265/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1265/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mónica Sánchez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra de la determinación emitida el nueve de octubre de dos mil veintitrés, mediante la cual se desechó de plano la demanda. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional 4. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la comparecencia del autorizado de la parte quejosa, por la cual se le devolvieron la totalidad de los documentos que fueron anexados a la demanda de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En el entendido, que de ser impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, deberá exhibirlo dicho documentos a fin de substanciar dicho medio de impugnación, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa a lo anterior redundará en su perjuicio. Notifíquese
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Jueza de Control del Distrito, mediante el cual hace del conocimiento que dentro de la causa de control **********, se ha verificó de nueva cuenta la inasistencia del quejoso **********, dentro de la audiencia intermedia de cinco de octubre de la presente anualidad, sin que haya justificado dicha inasistencia; por lo que se ordenó hacerle de su conocimiento que debía justificar dicha inasistencia, no obstante no le fue impuesta medida de apremio alguna; circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista Tercero interesado Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados de la Titular de la Secretaria de Finanzas, Procuraduría fiscal, Delegación de asuntos contenciosos, Naucalpan, Estado de México y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, y 16, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1265/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene esta juzgadora de examinar en su integridad la demanda de amparo y, si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." De ahí que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 4. Causal de improcedencia. Ahora, atendiendo a la lectura del escrito inicial de demanda, se advierte que, respecto al acto reclamado por la quejosa Mónica Sánchez Sánchez, se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso debió agotar previamente al juicio de garantías, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en estricto cumplimiento a la regla de derecho que deriva del principio de definitividad; numeral que en la porción normativa que se cita precisa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley ." El juicio de amparo es improcedente, según se desprende de esa porción normativa, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Asimismo, dispone que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado: ? Carece de fundamentación. ? Cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución. ? El recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable lo contemple. Ello, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión y sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de suspensión. Sentado lo anterior, para sostener que el peticionario de amparo tenía la obligación de cumplir con el principio de definitividad, resulta necesario asistir a la disposición jurídica contenida en el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el cual establece: "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares 7de carácter estatal o municipal, por violaciones 7cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." De lo antes expuesto se advierte que, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, es competente para conocer del juicio contencioso administrativo que se promueva en contra de las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo. Esa porción normativa constituye el fundamento legal de las facultades jurisdiccionales otorgadas al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para controlar la legalidad de los actos, resoluciones u omisiones de las autoridades administrativas del estado, en sus dos niveles de gobierno (estatal y municipal), tanto de la administración centralizada como de aquellas autoridades paraestatales. De modo que, la sede jurisdiccional a cargo de ese Tribunal Administrativo es la vía idónea a la que los particulares deben acudir, en primer y necesario lugar, a impugnar los actos, resoluciones u omisiones de las autoridades administrativas del Estado, previamente a acudir a las instancias o recursos constitucionales como lo es el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo constituye la vía de control de la jurisdicción constitucional de todos aquellos actos y leyes que vulneren derechos fundamentales; por lo que, al ser el amparo un juicio extraordinario por la materia que regula, resulta evidente que a él pueda acudirse únicamente cuando se haya agotado de manera previa el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que se está reclamando. Con base en lo anterior, debe señalarse que mientras exista la posibilidad de que la autoridad, a través de un recurso ordinario o medio de defensa pueda modificar, anular o revocar el acto que impugna el gobernado, el juicio de amparo deberá resultar improcedente. Lo anterior porque el término "poder", hace referencia a una expresión de permisión a quien no esté de acuerdo con una determinada resolución, para la oportunidad de presentar o no, un determinado medio de defensa; luego, el hecho de que en la legislación -federal o local- se empleé el vocablo "podrán" para hacer referencia a la interposición de una diversa forma ordinaria de impugnación, no implica que sea optativo o alternativo para el gobernado agotar o no el recurso establecido, previamente a acudir al juicio de garantías. Ello es así porque al establecer en la misma Ley de Amparo la obligación de agotar todos los recursos ordinarios que las leyes señalan, ello no es por una simple delegación alternativa de funciones jurisdiccionales o medios opcionales de justicia a modo de una potestad individual, sino que atañe a la importancia y función del juicio de garantías ya señalado anteriormente. Los anteriores lineamientos fueron tomados de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, la cual resulta aplicable al caso, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito."4 Caso concreto. En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable señalada como ordenadora lo siguiente: " A. Del Titular de la Secretaría de Finanzas, Procuraduría Fiscal, Delegación de asuntos contencioso Naucalpan, Estado de México, se reclama la omisión de dar contestación a la solicitud promovida por la quejosa en fecha 20 de julio del 2021, a la que se otorgó el número de expediente RR/40/2021, en el cual se solicitó, ante dicha autoridad, la tercería excluyente de dominio, en razón de que dicha institución por motivo de un crédito fiscal a nombre del tercero interesado, dejando así, en estado de indefensión a la hoy quejosa, ya que debido al bloqueo, no es posible realizar los pagos correspondientes de refrendo y verificación del vehículo, causando que este no pueda circular de manera normal. B. Titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Se reclama la acción de ejecutar el embargo precautorio de vehículo de la quejosa con base en un crédito fiscal que se encuentra a nombre del tercero interesado. C. Titular de la Secretaría de Movilidad de Naucalpan. Se reclama la acción de bloquear en el sistema de la secretaría de movilidad el vehículo en comentó. D. Titular de la Oficina de Control Vehicular de Naucalpan. Se reclama la acción de no permitir el cambio de propietario a nombre de la quejosa". Ahora bien, si el acto que por esta vía se reclama, consiste en la omisión de la responsable de dar contestación a la solicitud promovida por la quejosa en veinte de julio de dos mil veintiuno, en el expediente RR/40 2021, la cual, a la fecha no se ha dado contestación; esta juzgadora considera que se configura una negativa ficta., por lo que antes de acudir a la instancia constitucional, el solicitante de amparo debió promover el Juicio Contencioso Administrativo, previsto en la fracción V, del artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Ello en términos del artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México (normatividad por la que se rige el acto reclamado), el promovente debió formular el Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a efecto de recurrir la omisión que refiere, máxime que la ley que regula dicho juicio, contempla la suspensión de los efectos de dichos actos con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, según se advierte de lo dispuesto por los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito 1, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." Es oportuno señalar que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad; para constatarlo, es conveniente mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó la tesis jurisprudencial, 2 cuyo texto y rubro son: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En efecto, conforme a dicho criterio, se sostiene que el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que las excepciones al principio de definitividad, son las siguientes: 1) Si el acto reclamado carece de fundamentación. 2) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. 3) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese contexto, destaca que los actos reclamados no carecen de fundamentación, pues la autoridad citó los fundamentos que estimó aplicables para sustentar las determinaciones ahí adoptadas. El recurso o medio de defensa se encuentra previsto en una ley formal y materialmente legislativa como lo es el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y no en un reglamento. A través de dicho medio de defensa ordinario (juicio contencioso administrativo) se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados. Cabe mencionar que en el presente caso no se controvierte la constitucionalidad de algún ordenamiento legal de carácter general, ni tampoco se trata de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por lo expuesto, se concluye que los actos reclamados en esta instancia, no están exentos de cumplir el principio de definitividad, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Federal. 5. Se desecha demanda. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida por **********. 6. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que refiere. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de correo electrónico que refiere, dígasele a la autoridad oficiante que, no ha lugar a autorizar dicho medio de comunicación, ello en atención a que el mismo no se encuentra previsto dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. CON DOMICILIO EN NAUCALPAN. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en Naucalpan. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 8. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental3; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente
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