Monica Noemi Pedraza Vazquez

Expediente 119/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
119/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Monica Noemi Pedraza Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la quejosa **********, haya recurrido el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, por medio el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ésta; por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, Estado de México. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 119/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. En mérito de lo anterior, quien esto juzga, advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 171 y 172, fracciones IX y X, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello.;" Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "De la autoridad señalada como responsable le reclamo haber dictado diversos acuerdos los días diecisiete, veintitrés y veinticuatro de enero del año dos mil veintitrés, saliendo publicados debidamente en el boletín judicial dentro del expediente **********, mismos que impiden sea desahogada debidamente la prueba testimonial ofrecida por la suscrita en tiempo y forma, admitida por parte de la autoridad responsable habiéndose señalado día y hora para su desahogo, autos que no se encuentran apegados a derecho en el juicio en mención, violando el debido proceso y mis garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna y en caso de continuar con el proceso causarían en mis garantías individuales y procesales graves daños violando el debido proceso, al que tengo derecho." Ahora bien, de la lectura del acto reclamado, así como de los antecedentes del mismo, se obtiene que cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En consecuencia, los proveídos de diecisiete, veintitrés y veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, mediante los cuales el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, impide que sea desahogada la prueba testimonial ofertada por la ahora parte quejosa dentro del expediente **********; de ahí que no es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de violaciones al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con la sentencia correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, se estima que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación, susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la hoy amparista, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre, obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las violaciones procesales no tocan por sí, tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, se tiene como domicilio procesal la lista que se publica en este juzgado federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el siete de noviembre de dos mil veintidós, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

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