Monica Ruth Jarquín Sánchez
Expediente 970/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Monica Ruth Jarquín Sánchez
- H. Congreso Constitucional del Estado de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por 1. Baltazar Solano Balderas, 2. Susana Jarquín Atilano, 3. Ubalda Valente Bedolla, 4. María Guadalupe Bautista Merino, 5. Ester Antonio Martínez, 6. Yadira Concepción Cuevas Vásquez, 7. Raquel Torres Martínez, 8. Floriberto Maurino Alejo Silva, 9. Margarita Elisabeth Torralba Estrada, 10. Ricarda Melo Valdez, 11. Laurentino Sandoval Prisciliano, 12. Nicanor Constantino Camacho, 13. Mónica Ruth Jarquín Sánchez y 14. David Javier López Morales, por conducto de su apoderado legal Gabriel Fuentes Cruz, carácter que acredita con la copia del acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 1052/2019 (1) de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, contra actos del Congreso del Estado de Oaxaca y otras autoridades. En consecuencia, regístrese bajo el número 970/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO DESECHAMIENTO DE DEMANDA. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de ser el caso, lo que procede es desechar de plano la demanda; numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo citado se advierte que los órganos jurisdiccionales de amparo tienen la facultad de desechar de plano la demanda de garantías, para lo cual, es necesario estar en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. Al respecto, por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. De ahí que, una causa de improcedencia manifiesta e indudable es aquella que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos, de tal manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama los actos siguientes: Del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Oaxaca reclama: El artículo 42 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Oaxaca. Del Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca reclama: El acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 1052/2019 (1) del índice de la citada Junta, en 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO SECCIÓN AMPARO MESA II-D. PRAL. 970/2023. ??????????????? el que requirió a la parte demandada realizar el pago de la condena decretara en laudo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, mediante un programa de pagos. De igual forma, del capítulo de hechos de la demanda de amparo, se advierte, en lo esencial, lo siguiente: 1. Los ahora quejosos demandaron en la vía especial laboral al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, demanda que se radicó bajo el número de expediente laboral 1052/2019 (1) de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; 2. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós se dictó el laudo correspondiente, en el que se condenó al referido Instituto al pago de las prestaciones reclamadas por los aquí quejosos; 3. Por auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, el Presidente de la aludida Junta determinó requerir al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca a fin de que en cumplimiento al laudo de referencia, por medio de un programa de cumplimiento de pago, realizara el pago de cada una de las cantidades a las que fue condenado. Actuación de la que derivan los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Ahora bien, es necesario precisar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que transgredan derechos humanos, razón por la cual, su concepción está fundamentada en diversos principios básicos que lo distinguen de los medios legales de defensa común. Entre los principios indicados se encuentra el de definitividad, previsto en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El principio de definitividad obliga a la parte quejosa a agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado prevea para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que significa que el juicio de amparo indirecto sólo procede en casos excepcionales previstos en la propia norma. Por ello, cuando existe un medio ordinario de impugnación que no agote previamente la parte quejosa, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia indicada, es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1. Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; 2. Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por el cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, 3. Que la parte quejosa no sea una persona extraña al juicio de origen, o se ubique en algún otro caso de excepción. 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO SECCIÓN AMPARO MESA II-D. PRAL. 970/2023. ??????????????? Tales requisitos se actualizan en el caso concreto, como enseguida se demostrará. El primer requisito, relativo a que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo, se actualiza, porque el acto reclamado es el proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en el juicio laboral 1052/2019 (1). El segundo requisito relativo a que proceda algún medio de defensa legal por el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama, también se actualiza, porque contra el proveído reclamado procede recurso de revisión, en términos de los artículos 849 al 852 de la Ley Federal del Trabajo, relativos al capítulo de la revisión de los actos de ejecución, aplicables al caso concreto, de conformidad con el artículo séptimo transitorio1 , primer párrafo, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, numerales que establecen, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; 1 "Séptimo. Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. [.]." 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley". Interpretando de modo sistemático los preceptos transcritos, se evidencia que procede el recurso de revisión contra actos de los presidentes de las Juntas, dictados, entre otros casos, en ejecución de laudos. Dicho medio de impugnación debe ser conocido y resuelto por los integrantes de la Junta Especial correspondiente cuando se interponga contra actos del Presidente como lo señalan los diversos preceptos 614 y 616, el cual tiene por objeto revocar o nulificar el auto sujeto a revisión. Cabe precisar que invariablemente, la fase ejecutiva de un juicio laboral nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena, asimismo, se destaca que el aludido normativo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no hace distinción entre la última resolución (que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo o su imposibilidad para cumplirlo) y las que constituyen resoluciones anteriores a aquella Por tanto, debe entenderse que contra cualquier acto emitido de manera individual por el presidente de la Junta en la fase de 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO SECCIÓN AMPARO MESA II-D. PRAL. 970/2023. ??????????????? ejecución de laudo, es procedente el recurso de revisión, así se trate de un acto que no estuviera encaminado directa e indirectamente a la ejecución de dicho fallo, sino más bien a preparar y lograr tal objetivo. Además, el numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo no es restrictivo en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquellas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo, sino también a todas aquellas que aunque no tengan estas características se emitan durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido un error que deba corregirse. Como sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 95/2002,Novena Época, Materia Laboral, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, página 374, registro digital 186133, de epígrafe y contenido siguientes: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO De igual forma, es aplicable el criterio invocado en la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.), Décima Época, Materia Laboral, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, mayo de 2018, Tomo II, página 1681, registro digital, 2017028, de rubro y contenido siguientes: RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia la parte quejosa, previo a presentar la demanda de amparo, debió agotar el recurso de revisión por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo. Por las razones que la informan, es aplicable la tesis aislada VII.2o.T.4 L (11a.), Undécima Época, Materias Común y Laboral, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Febrero de 2022, Tomo III, página 2637, registro digital 2024142, de título y contenido siguientes: 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO SECCIÓN AMPARO MESA II-D. PRAL. 970/2023. ??????????????? RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019. DEBE INTERPONERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, PUES DICHO PRECEPTO SIGUE SIENDO APLICABLE PARA LOS ASUNTOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHA REFORMA EN LOS LUGARES DONDE AÚN NO HAYAN INICIADO FUNCIONES LOS TRIBUNALES LABORALES, FEDERALES Y LOCALES, ASÍ COMO LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN RESPECTIVOS. Hechos: Un trabajador promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución emitida en la etapa de ejecución del laudo por la presidenta de una Junta en la que se declaró improcedente decretar el embargo solicitado. El Juez Federal desechó de plano la demanda por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, considerando que no se agotó el recurso de revisión regulado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Contra esa determinación aquél interpuso recurso de queja argumentando, entre otras cuestiones, que el juicio laboral se promovió con posterioridad al inicio de la vigencia del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual se derogó dicho precepto legal. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe interponerse el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, pues dicho precepto sigue siendo aplicable para los asuntos tramitados con posterioridad a la entrada en vigor de dicha reforma en los lugares donde aún no hayan iniciado funciones los Tribunales Laborales, federales y locales, así como los centros de conciliación respectivos. Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que el aludido decreto, de conformidad con su artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 2 de mayo de 2019, también lo es que de acuerdo con los transitorios séptimo y octavo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, y conforme a la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones vigentes antes de ello, hasta el inicio de funciones de los nuevos Tribunales Laborales, federales y locales, así como los centros de conciliación, lo que todavía no acontecía a la fecha de inicio del expediente generador del acto reclamado en el amparo indirecto mencionado. En el entendido de que, tratándose del Estado de Veracruz, Circuito al que pertenece este órgano jurisdiccional federal, es hasta el 3 de noviembre de 2021 cuando arranca formalmente la segunda etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, según declaratoria del Senado de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre del mismo año, en cumplimiento al artículo sexto transitorio del decreto referido." 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO Por otra parte, es preciso señalar que en el caso no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, toda vez que, si bien, el acto reclamado versa sobre un acuerdo que precisó la forma en la que debe cumplirse el laudo dictado en el juicio laboral 1052/2019 (1), lo cierto es que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Al margen de lo anterior, aun cuando la parte quejosa considerara que el acto reclamado es de imposible reparación, debió agotar los medios ordinarios de defensa, para cumplir con el principio de definitividad. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), Décima Época, Materias Común y Civil, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro X, julio de 2012, Tomo I, página 729, registro digital 2001155, de epígrafe y contenido siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO SECCIÓN AMPARO MESA II-D. PRAL. 970/2023. ??????????????? el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Finalmente, el tercero de los requisitos, relativo a que el peticionario de amparo no tenga el carácter de tercero extraño, también se satisface, porque de los hechos narrados en la demanda, bajo protesta de decir verdad, los quejosos señalaron que son parte actora en el juicio laboral 1052/2019 (1), de la que deriva el acto reclamado, por lo que son parte en el juicio natural, por tener el carácter de parte actora. Por consiguiente, si los quejosos, previo a acudir al presente juicio, no interpusieron el recurso de revisión, desatendieron el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que se actualiza, de forma notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. La misma suerte deben seguir en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Oaxaca y Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, de quienes reclama el artículo 42 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Oaxaca, toda vez que el acto reclamado se impugnó como heteroaplicativo, esto es, a través de un acto concreto de aplicación, sin que sea posible entrar al examen de una ley en forma desligada de su acto de aplicación, pues en ese supuesto, la protección constitucional carecería de eficacia, porque es el acto concreto de aplicación el que depara perjuicio a la agraviada y no la ley en sí misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 221, Séptima Época, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995. Tomo I, Parte SCJN, página 210, registro digital 389674, de epígrafe y contenido siguientes: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Resta señalar que a similar conclusión arribó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el amparo en revisión 240/2021. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, en términos del numeral 2, como lo solicita la parte quejosa, previa copia certificada y razón de recibo que se deje en autos, devuélvasele la documental que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Demetrio Tomas Cruz Cruz, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a los restantes profesionistas mencionados en el proemio de la demanda, por así haberlo solicitado expresamente. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Toda vez que en la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) http://sise.cjf.gob.mx/sise/Expediente/AutorizadosExpediente.aspx 01/05/24 21:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO SECCIÓN AMPARO MESA II-D. PRAL. 970/2023. ??????????????? se desprende que el usuario DEMTOMCRUZ, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se le autoriza para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" (antes analista jurídico) adscrito a este Juzgado de Distrito. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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