Monica Marlene García Velásquez y Otros.

Expediente 862/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
862/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Monica Marlene García Velásquez y Otros.
  • Monica Marlene García Velásquez
  • Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet
  • D. P. S. G.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito el escrito de la quejosa Mónica Marlene García Velásquez, mediante el cual interpone recurso de inconformidad y expresa agravios en contra del auto de treinta y uno de octubre del año en curso, en que se declaró cumplida la sentencia en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos copia del escrito de interposición del citado recurso y expresión de agravios, y distribúyase otra entre las demás partes. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de dicho escrito, así como el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno, con residencia en esta localidad, para la sustanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias necesarias relativas a este asunto. Asimismo, se autoriza al Secretario Judicial adscrito para que firme los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente a las partes, con excepción de la quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, mediante el cual solicita la vinculación del juicio de amparo en que se actúa, a efecto de consultar el expediente electrónico. En mérito de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional, para que habilite los permisos concernientes a la vinculación del presente asunto, en relación con el juicio de amparo 1083/2023 del índice de la autoridad oficiante, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por el plazo de diez días. Lo anterior, hágase del conocimiento del juzgado oficiante, para los fines legales procedentes. Finalmente, se autoriza al Secretario Judicial de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente acuerdo. Cúmplase.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. I. Estado de los autos. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, para que expusieran lo que a sus intereses conviniera en relación al cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo; asimismo, la parte quejosa realizó manifestaciones de las que se desprende que estima que el fallo constitucional no ha quedado cumplido a cabalidad. Sin que las demás partes realizaran señalamiento alguno. II. Antecedentes. Por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 144 a 160), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la impetrante. En razón de lo anterior, por acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés (fojas 169 a 171), causó ejecutoria la citada sentencia, por lo que, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. III. Diligencias de cumplimiento. Así, se tiene que por oficios con terminaciones 3467/2023-J, 3848/2023-J y 4373/2023-J, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, remitió copia certificada de diversas actuaciones emitidas en la causa penal 943/2021 (fojas 185 a 202, 223 a 226 y 248 a 250), siendo las siguientes: i) Proveído de veinticuatro de abril de este año, en el que por una parte, dejó insubsistente el auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, así como la audiencia celebrada el ocho siguiente, única y exclusivamente en cuanto a la determinación relativa a separar al licenciado Iván Reyes Bautista, del cargo de asesor jurídico de la víctima menor de edad de iniciales D.P.S.G., y emitió una nueva determinación, en la que consideró que el referido profesionista otorgó una deficiente asesoría en perjuicio de la citada víctima, por lo que, lo separó del cargo, y su lugar, designó al licenciado José Tomás Martínez Santiago (nombrado por la Directora Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Religiosos de la Secretaría de General de Gobierno), así como al licenciado Vicente Arango Arango (nombrado por el Subprocurador de Protección Especial de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca del Sistema DIF Oaxaca), como representante en coadyuvancia de dicha asesoría. ii) Auto de veintiocho de abril del corriente, en el que ordenó hacer del conocimiento de la menor víctima por conducto de su representante legal, que apreció una deficiente asesoría jurídica en su perjuicio, por lo que la requirió para que en el plazo de veinticuatro horas, manifestara si a pesar de las fallas u omisiones en que ha incurrido su asesor jurídico Iván Reyes Bautista, deseaba que éste continuara representándola, o bien, designara uno diverso para tal efecto. iii) Acuerdo de tres de mayo del corriente, en el que tuvo por recibido un escrito de Mónica Marlene García Velásquez, representante legal de la menor víctima, a través del cual desahogó el requerimiento formulado en el sentido de insistir en que Iván Reyes Bautista, continuara como su asesor jurídico; por lo que, el citado juzgador reiteró en designarle al licenciado José Tomás Martínez Santiago, como su asesor jurídico, y al licenciado Vicente Arango Arango, para que ambos coadyuvaran con el primero en su representación. iv) Auto de diecisiete de mayo de esta anualidad, por el que hizo del conocimiento lo siguiente: "[.] hágasele del conocimiento a la Autoridad Federal, que si bien en auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se separó del cargo al asesor jurídico de la víctima, licenciado Iván Reyes Bautista, por auto de fecha tres de mayo en curso, ante insistencia de la representante legal de la víctima, se le tuvo por designado de nueva cuenta a éste como su asesor jurídico, por lo tanto dicho profesionista sigue teniendo intervención en la presente casusa, y quienes colaboran con el mismo, son el asesor público y representante en coadyuvancia designados [.]". v) Las notificaciones correspondientes a dichas determinaciones. Constancias a las que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2°. Así, en acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintitrés (fojas 251 y 252), se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo constitucional. IV. Valoración del cumplimiento al fallo concesorio. Ahora bien, a fin de establecer si la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, o bien si hay imposibilidad para cumplirla, debe realizarse un estudio integral bajo los principios de congruencia y exhaustividad, los cuales obligan a dirimir todo tipo de cuestiones, tomando en consideración las que fueron materia del juicio de amparo, así como las que quedaron intocadas por la propia sentencia ejecutoriada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, registro 2010987, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". En el caso, se puede llegar a la conclusión válida de que la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, ello, se estima así al realizar una confrontación entre los efectos de la sentencia amparadora con las constancias remitidas por la responsable. En principio, es necesario destacar que la protección constitucional se concedió a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "(.) "1) Deje sin efectos el auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, y como consecuencia, la audiencia celebrada el ocho siguiente; única y exclusivamente en cuanto a la determinación relativa a separar al licenciado Iván Reyes Bautista, del cargo de asesor jurídico de la menor víctima de iniciales D.P.S.G. 2) En su lugar, con libertad de jurisdicción, dicté otra resolución en la que de forma fundada y motivada determine si la asesoría jurídica brindada a la menor de edad referida por el licenciado Iván Reyes Bautista, ha sido deficiente o no; y por ende, si se vulneró el derecho a contar con una defensa adecuada; conforme a los lineamientos emitidos en esta sentencia. 3) Lo que deberá notificar personalmente a la representante legal de la víctima y su asesor jurídico. Bajo el entendido, que en caso de insistir en que es deficiente la asesoría jurídica del mencionado profesionista, deberá tomar las medidas que estime pertinentes para que en las subsecuentes audiencia y actuaciones, se encuentre garantizado el derecho de la menor de edad a contar con asesoría técnica adecuada; permitiéndole hacer valer los planteamientos que resulten procedentes y conducentes." (.)". En esta línea, se estima que los efectos de la ejecutoria de amparo se encuentran satisfechos a cabalidad, pues el juez responsable, dentro de la causa penal 943/2021, realizó lo siguiente: 1. Mediante proveído de veinticuatro de abril de este año, dejó insubsistente el diverso de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 943/2021, así como la audiencia celebrada el ocho siguiente, única y exclusivamente en cuanto a la determinación relativa a separar al licenciado Iván Reyes Bautista, del cargo de asesor jurídico de la víctima menor de edad de iniciales D.P.S.G.; asimismo, con libertad de jurisdicción emitió nueva determinación en la que siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora, consideró que la asesoría jurídica brindada a la menor quejosa otorgada por el licenciado Iván Reyes Bautista ha sido deficiente; por lo cual, determinó separarlo del cargo y designó a diversos letrados para que la representaran en el citado proceso penal. 2. En acuerdo de veintiocho de abril del actual, ordenó que se hiciera del conocimiento de la menor víctima por conducto de su representante legal, que apreció una deficiente asesoría jurídica en su perjuicio, por lo que la requirió para que manifestara si a pesar de las fallas u omisiones en que había incurrido su asesor jurídico Iván Reyes Bautista, deseaba que éste continuara representándola, o bien, designara uno diverso para tal fin. 3. Por auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el escrito de la representante legal de la menor víctima, insistiendo en que continuara en su cargo el licenciado Iván Reyes Bautista; por lo cual, el juez de la causa, designó diversos asesores jurídicos para que colaboraran con dicho letrado en la defensa de los intereses de la citada víctima. De lo anterior, se desprende que el juez responsable cumplió a cabalidad con los efectos del fallo concesorio, ya que dejó insubsistente el proveído y la audiencia reclamadas, en cuanto a la determinación de separar al licenciado Iván Reyes Bautista del cargo de asesor jurídico de la menor de edad referida, y en su lugar dictó diverso acuerdo, en el que consideró que la asesoría jurídica brindada a la menor víctima por el citado letrado resultó deficiente; por lo que, requirió a esta última para que manifestara si a pesar de las fallas u omisiones en que había incurrido aquél, deseaba que continuara representándola, o bien, designara uno diverso para tal fin; por lo que, ante el señalamiento de la representante legal de la infante, el juez responsable, determinó que el referido licenciado continuará como asesor jurídico; pero, atendiendo a los lineamientos expresados en la sentencia de amparo, designó diversos abogados para que colaboraran con éste en la asesoría de la multicitada víctima. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en autos, sin exceso ni defecto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, registro 2010987, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, las manifestaciones realizadas por Mónica Marlene García Velásquez, dado que sus argumentos esencialmente no corresponden a la materia del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como se verá a continuación. A efecto de dar una mayor facilidad en la comprensión del asunto, se dará contestación en grupos relacionados a un tema, a saber: Desde que tuvo verificativo la audiencia inicial, planteó la nulidad por "falta de asistencia legal a la víctima", por lo cual desde esa temporalidad debió decretarse la nulidad de actuaciones. Que la menor víctima -aquí quejosa- no contó con una asesoría jurídica especializada desde la audiencia inicial, dado que el licenciado Iván Reyes Bautista, fue quien la representó y estuvo presente en aquélla, por lo que, se tuvo que decretar la nulidad de todo lo actuado. Que en las determinaciones que el juez responsable emitió a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no hizo mención que desde la audiencia inicial se solicitó que se decretara su nulidad por falta de una debida representación legal de la menor aquí quejosa. De lo anterior, se desprende que la parte quejosa estima que para concluir que el fallo constitucional se encuentra debidamente cumplido, el juez de control debió determinar la nulidad de actuaciones conforme al artículo 97, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que éste último en la determinación de veinticuatro de abril de este año -que emitió a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo-, consideró que el licenciado Iván Reyes Bautista, dentro de la causa penal 943/2021, ha brindado una deficiente asesoría jurídica a la menor víctima de iniciales D.P.S.G., dado que se volvió una mera cuestión formal o decorativa. Argumentos que resultan ineficaces. Esto es así, dado que en los efectos de la sentencia amparadora, se concedió al juez de control libertad de jurisdicción para que dictara otra resolución en la que de forma fundada y motivada determinara si la asesoría jurídica brindada a la menor de edad por el licenciado Iván Reyes Bautista, había sido deficiente o no, debiendo atender las directrices plasmadas en aquélla, las que consistieron en: 1. Indicar las fallas o deficiencias advertidas en la asesoría jurídica (ausencia sin justificación de pruebas, silencio inexplicable, ausencia de interposición de recursos, omisión de asesoría, desconocimiento técnico del procedimiento penal y ausencia o abandono total de la defensa). Lo que así hizo el juez de control; pues, en la aludida determinación (veinticuatro de abril de dos mil veintitrés) precisó de forma detallada las fallas y deficiencias en que -a su consideración- incurrió el asesor jurídico mencionado en perjuicio de la víctima. Sin que sea materia del cumplimiento de la sentencia -como lo pretende la parte quejosa- el análisis del fondo de esa determinación, es decir, si constitucional y legalmente es válida o no, pues el efecto del amparo únicamente consistió en que señalara las razones particulares por las cuales estimaba que dicho letrado brindaba a la infante una asesoría legal deficiente, pues, en el auto de cuatro de julio de dos mil veintidós -acto reclamado- no lo había hecho, lo que se tradujo en una violación formal (principio de legalidad, contemplado en el artículo 16, de la Carta Magna), justamente ese es el límite del análisis del cumplimiento, que la autoridad vertiera argumentos de por qué consideraba que en la especie se actualizaba ese extremo (deficiencia en la asesoría jurídica); más no que se analizara el fondo de esos razonamientos, ya que en todo caso, sería materia de otro juicio de amparo y no de este análisis de cumplimiento. En otras palabras, los efectos de la concesión de amparo, no consistieron en que el juez de control resolviera en determinado sentido respecto a la deficiencia o no de la asesoría jurídica brindada a la menor víctima; menos aún, que declarara la nulidad de actuaciones -como lo pretende la parte quejosa-, pues como quedó establecido en líneas anteriores, la actuación del juez de control únicamente debía estribar en argumentar (fundamentación y motivación) su determinación. 2. En caso de que el juez de control considerara que existió una deficiente asesoría jurídica por parte del licenciado Iván Reyes Bautista, debía informar a la víctima -a través de su representante legal- dicha circunstancia, así como requerirla para que indicara si deseaba continuar con dicha representación o substituirla. Lo que así realizó el juez de control, ya que en auto de veintiocho de abril del corriente, ordenó informar a la menor víctima por conducto de su representante legal, que apreció una deficiente asesoría jurídica en su perjuicio, por lo que la requirió para que manifestara si deseaba que el aludido letrado continuara representándola, o bien, designara uno diverso para tal efecto. 3. En el supuesto de que la menor de edad manifestara que deseaba continuar con el mismo asesor legal (licenciado Iván Reyes Bautista), nombrara un asesor público para que colaborara en su defensa. Este extremo también fue acatado por el juez de control; pues, mediante proveído de tres de mayo de este año, al tener noticia de que la víctima deseaba que el licenciado Iván Reyes Bautista, continuara defendiendo sus intereses, le nombró a los licenciados José Tomás Martínez Santiago y Vicente Arango Arango, para que colaboraran con el primero en su representación. Es por ello, que no le asiste la razón a la parte quejosa, pues como se vio, los efectos de la sentencia de amparo, relacionados con las consideraciones que la conforman, no llegan al extremo de que el juez determinara la nulidad de actuaciones, sino únicamente en que subsanara deficiencias de forma, en el caso, indebida fundamentación y motivación. Apoya a lo anterior, por sus consideraciones esenciales, la jurisprudencia 115/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE". En este sentido, cabe señalar a la parte quejosa que si su intención es que se decrete la nulidad de actuaciones, conforme a lo establecido en el artículo 97, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra en aptitud de formular la solicitud correspondiente ante el juez de control, para que se determine su procedencia o no. En otro orden, también adujó la parte impetrante: Que el juez responsable incumplió con lo que establecen los artículos 160 y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como con lo dispuesto en el numeral 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no acordó favorable su solicitud de modificación de la medida cautelar impuesta al imputado por prisión preventiva justificada, señalando que quedaban expeditos sus derechos para solicitar fecha a efecto de que se debatiera al respecto; sin que el defensor público ni la fiscalía hayan promovido algo en defensa de la víctima infante. Que el juez de control prejuzgó que el licenciado Iván Reyes Bautista, ha promovido como si se tratara de la madre de la menor, es decir, usando su nombre, lo que provocó que la amonestara para respetarlo. Que el juez responsable pretende obligar a su asesor jurídico (licenciado Iván Reyes Bautista) la carga de probar, en el caso, sobre la cuantificación de la pensión alimenticia que debe recibir la menor de edad, siendo que esa carga corresponde a la institución ministerial. Que el resolutor en la determinación de veinticuatro de abril de este año, no señaló las deficiencias en que han incurrido los asesores públicos y la fiscalía, ya que desde la primera audiencia se debió solicitar la prisión preventiva justificada. Refiere que se tome en cuenta la sentencia dictada en el juicio de amparo 1142/2018, el treinta de enero de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la que se estableció que la pensión alimenticia no debe ser tratada como un formalismo, ni archivada como letra muerta, porque ello ocasionaría un perjuicio no solo a la menor de edad, sino a la sociedad. Se inconforma con lo determinado por el juez de control en la audiencia intermedia celebrada el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, así como la participación de sus asesores jurídicos y del Ministerio Público, pues a su consideración, no han promovido lo necesario en representación de la menor de edad. El juez responsable nombró a José Tomás Martínez Santiago como asesor jurídico de la menor víctima; sin embargo, ha sido omiso en promover a favor de ésta. El Ministerio Público desconoce el procedimiento penal, ya que no sabe cómo incorporar una prueba documental, en el caso, la resolución del incidente de liquidación, ni ha demostrado la verdadera cuantía de la pensión alimenticia. Que el fiscal fue quien solicitó la separación del licenciado Iván Reyes Bautista, como asesor jurídico de la menor víctima, en razón a que la representante legal de la menor le reclamó que actualizara la cuantificación de la pensión alimenticia. Argumentos que resultan ineficaces. Esto en razón a que se encuentran relacionados con temas externos a este juicio de amparo, como los son: la emisión de determinaciones en las que no se acordó favorable la petición de modificar la medida cautelar por prisión preventiva justificada, pensión alimenticia, audiencia intermedia, intervención del Ministerio Público y los asesores jurídicos nombrados para que colaboraran con el licenciado Iván Reyes Bautista. Lo que se afirma, pues los actos reclamados que resultó procedente su análisis constitucional en este asunto, fueron: El auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, en el que en lo que interesa, la juez de control ordenó separar al licenciado Iván Reyes Bautista, del cargo de asesor jurídico de la menor víctima de iniciales D.P.S.G., al estimar que resulta notorio su desconocimiento sobre las reglas que rigen el proceso penal acusatorio. Audiencia de ocho de julio de ese año, donde la resolutora ordenó que se retirara de aquélla, impidió plantear a la representante legal de la menor de edad su solicitud de nulidad de actuaciones; y, bloqueó el audio-parlante al momento en que la progenitora de la infante se encontraba realizando alegaciones. Siendo que en el caso se concedió el amparo -básicamente- al advertir deficiencias formales (principio de legalidad) en la separación del cargo del licenciado Iván Reyes Bautista, como asesor jurídico de la menor víctima, pues la otrora juez de control fue omisa en expresar sus razones para haber arribado a esa determinación; es por ello, que los efectos del amparo estribaron en que subsanara esa deficiencia procesal. De lo anterior, resulta patente que tanto los actos reclamados como los efectos de la sentencia concesoria, no se encuentran relacionados con los temas alegados por la parte quejosa, que se destacaron en líneas superiores. Efectúense las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En diverso contexto, se desprende que mediante escrito recibido en auto de dieciocho de septiembre del año en curso (fojas 290 y 291), en lo que interesa, la quejosa solicitó se requiriera al Juez de Control responsable, para que remitiera todo lo actuado en la causa penal 943/2021, de su conocimiento, así como las constancias que integran la carpeta de investigación que dio origen al referido proceso penal, de igual forma, que se tuviera a la vista el juicio de amparo 481/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello a efecto de resolver sobre el cumplimiento dado por el juzgado responsable a de la ejecutoria dictada en el presente juicio. En su atención, dígasele que no es dable proveer favorablemente su petición, en razón lo determinado en párrafos precedentes. Gírese oficio a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales procedentes, para lo cual, se autoriza a los Secretarios de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente acuerdo Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus a secretaria efectos legales procedentes, el escrito de la quejosa Mónica Marlene García Velásquez, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se tienen por hechas sus manifestaciones las cuales se tomaran en consideración al momento de calificar el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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