Mónica Rocío Vergara Sánchez
Expediente 2388/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2388/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- Mónica Rocío Vergara Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mónica Rocío Vergara Sánchez, respecto del acto que reclamó a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por la razón precisada en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de San Blas, Nayarit, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera del acatamiento total del mismo. Notifíquese.
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TEPIC, NAYARIT, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio enviado en línea por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que el Magistrado Presidente de dicho Órgano, admitió el recurso de revisión interpuesto por la moral quejosa ********************, en contra de la resolución de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 2562/2018, del índice de este Juzgado; revisión que se registró con el número 903/2019. NOTIFÍQUESE.
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TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 207 a 209), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciséis de octubre de la presente anualidad (foja 210) se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 87 a 114), se determinó, por una parte sobreseer y por otra conceder a Carlos José Loera Núñez el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolvieran al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Resolución que fue recurrida por la responsable y el órgano colegiado revisor desechó dicho recurso mediante ejecutoria de veintinueve de agosto del presente año (fojas 175 a 194); por tanto se requirió el cumplimiento del fallo protector a través del auto de trece de septiembre del año en que se actúa (fojas 196 a 197). En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el quince de octubre de dos mil diecinueve (fojas 207 a 209), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el nueve de octubre del presente año hizo entrega del cheque 0001480 al quejoso, valioso por $9,348.52 (nueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y dos centavos), lo que se corrobora con la firma de recibido por éste (foja 208). En ese sentido, es oportuno destacar que los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (foja 16 y 18), y que se realizó la devolución mediante el título de crédito precisado en el párrafo anterior el nueve de octubre de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero al mes de octubre del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes agosto entre el mes de enero de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil diecinueve fue de 103.670 y para el mes de enero del presente año fue de 103.108, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0055. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional) y 280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) por concepto de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario, respectivamente, respecto de $9,876.84 (nueve mil ochocientos setenta y seis pesos con ochenta y cuatro centavos moneda nacional) es el importe de $9,297.84 (nueve mil doscientos noventa y siete pesos con ochenta y cuatro centavos). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.0055), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,297.84 (nueve mil doscientos noventa y siete pesos con ochenta y cuatro centavos) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,348.52 (nueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y dos centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $50.68 (cincuenta pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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