Mónica Rivas Delgado

Expediente 388/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
388/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Mónica Rivas Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signados por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, el trece de mayo del año en curso (fojas 203 y 204), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de mayo de la anualidad que transcurre (foja 205), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el veintiuno de mayo del año actual (foja 208), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintitrés al veintisiete de mayo del presente año, sin que realizara alguna manifestación al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 162 a 180), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa la cantidad de ********* por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativo al instrumento público ********, emitido por el Notario Público número once, de la primera demarcación Notarial en esta ciudad de Tepic, Nayarit, que se pagó el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada concepto; es decir por Inscripción de documento público o privado y por Inscripción de Préstamo hipotecario; empero, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. De igual forma, la responsable deberá devolver los montos relativos a "Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N.", únicamente en la parte proporcional en que se haya causado respecto del impuesto por inscripción de documento público o privado e inscripción de crédito hipotecario, del cual se otorgó la protección constitucional. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Desincorporará de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 21, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en el presente y ni en el futuro; y, B). Devolverle al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada concepto; es decir por Inscripción de documento público o privado y por Inscripción de Préstamo hipotecario, respecto de la cantidad de ********que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de préstamo hipotecario; cantidad que debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por el ente responsable el trece de mayo del año en curso (fojas 203 y 204), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de **********, cantidad que debía ser debidamente actualizada. Por tanto, se procede a corroborar lo anterior, ahora bien si al monto de ********, se le resta la cuota mínima a pagar esto es $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada inscripción efectuada por la parte quejosa las cuales resultan ser dos, nos da como resultado la cantidad de ****), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y en el nueve de mayo del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil dieciocho a mayo del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de enero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil dieciocho fue 98.795; y para el mes de marzo de dos mil diecinueve 103.476 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0473809403. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de *******; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de ********. En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió al quejoso la cantidad total de ******. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el ocurso suscrito por Víctor Manuel Aguiar Najar, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del cual, solicita se requiera nuevamente a la autoridad responsable a fin de que informe las gestiones realizadas para obtener el cumplimiento a la sentencia de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al ente responsable para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación tenga a bien informar las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector dentro del presente sumario. Se le apercibe que de no hacerlo sin causa justificada, dentro del plazo que se le indica, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistas las constancias de autos, específicamente, la notificación del proveído de trece de marzo del año en curso, mediante el cual se dio vista a la partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Titular y Coordinador Administrativo ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit; asimismo, por el Secretario y Notificador, ambos de la Contraloría General del Estado de Nayarit, todas por conducto del Director General Jurídico adscrito a dichas dependencias, con residencia en esta ciudad y, toda vez que de ésta se advierte que no median al menos ocho días de anticipación al día de hoy, fecha en que se encuentra programada la audiencia constitucional en este juicio; en consecuencia, se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio número 7463, de veintiuno de febrero del año en curso (foja 91), mediante el cual, se devolvió el despacho 342/2018-VIII, al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a efecto de que practique el emplazamiento a juicio de la tercera interesada Rhonda Jessica Jones, en los términos ordenados en el proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 34 y 35). En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE para las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. **

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