Monica Martinez Martinez

Expediente 456/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
456/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Monica Martinez Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Devolución de anexo. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Innecesario acuse de recibo. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Ténganse por recibidos y agréguense a estos autos los informes justificados de cuenta rendidos por el Magistrado Instructor de la Primera Ponencia y Magistrado en suplencia por falta temporal de la Magistrada Presidente, ambos de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con un anexo que se acompaña. Contenido del informe justificado Visto el contenido de los informes de mérito, se advierte que la mencionada autoridad responsable por una parte niega y por otra manifiesta que si son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen. "NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO" "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO." Anexo. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente del contenido de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa se señaló como acto reclamado el siguiente: Acto reclamado. La omisión de dictar las medidas de apremio para acceder al cabal cumplimiento de la sentencia dentro del juicio de nulidad 1651/19-25-01-1-OT, de manera destacada el proveído de veintitrés de febrero del año en curso, en el que la Sala responsable otorgó nuevamente un término de tres días, para que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informará el cumplimiento realizado a la sentencia. Por su parte, la documental allegada por el Magistrado Instructor de la Primera Ponencia, de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como justificación de sus actos, a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedida por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones; de la cual, se advierte que: El tres de abril de dos mil veintitrés, se dictó una nueva determinación en el expediente 1651/19-25-01-1- OT, en el cual al no dar cumplimiento con lo solicitado en proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, imponiéndose una multa a la autoridad aquí tercero interesada y a su vez se requirió de nueva cuenta para que en el plazo de tres días informará sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada, apercibida de nuevas medidas de apremio. En ese orden de ideas, si Sala responsable, dictó un nuevo proveído en el cual hizo efectivo el apercibimiento con el cual fue conminada la aquí tercero interesada, dictando las medidas de apremio para lograr el cumplimiento de la sentencia y que sustituyó procesalmente el auto de veintitrés de febrero del año en curso, que constituye el acto reclamado, resulta evidente que cesaron los efectos del mismo, por lo que procede el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto combatido y ahora se encuentra regido por la nueva determinación. El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La hipótesis legal contiene la cesación de efectos del acto reclamado. De manera abstracta, consiste en la desafectación a la esfera jurídica de la quejosa, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Como quedó asentado, la parte quejosa reclama la omisión de la Sala responsable de dictar las medidas de apremio para acceder al cabal cumplimiento de la sentencia, particularmente el proveído de veintitrés de abril de dos mil veintitrés, en el juicio 1651/19-25-01-1- OT, en el cual, se otorgó nuevamente un término de tres días, para que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informe el cumplimiento realizado a la sentencia. No obstante, como se advierte de la documental que la Sala responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de la actuación de fecha tres de abril de dos mil veintitrés, cuyo valor probatorio otorgado con antelación se reitera, se desprende que, si Sala responsable, dictó las medidas de apremio a efecto de lograr el cumplimiento de la sentencia e hizo efectivo el apercibimiento con el cual fue conminada la aquí tercero interesada y requirió de nueva cuenta para que informe el cumplimiento dado a la sentencia, apercibida con nuevas medidas de aprecio; por lo cual resulta evidente que cesaron los efectos del mismo. Es decir, que la determinación de tres de abril de dos mil veintitrés, decretó las medidas de apremio a afecto de lograr el cumplimiento a la sentencia, por lo cesó las omisiones reclamadas y su sustituyó procesalmente al acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, lo que constituye el acto reclamado, De ahí, que opere la cesación de sus efectos por sustitución procesal. Así las cosas, la determinación que prevalece y la que actualmente rige la situación jurídica de la parte quejosa en el expediente de origen, es la determinación de tres de abril de dos mil veintitrés. De ahí que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que impone sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma legislación. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Al igual que la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/22, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1262/2022-IV. (...) Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 73, 74, 75, 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mauricio Lizaola Díaz de León, en su carácter de apoderado legal de la moral Bodega Fortaleza San Luis, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados aquéllos y éstas en el segundo considerando de la sentencia, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de la misma. Notifíquese personalmente a las partes.

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