Monica Ivette Davila Martinez
Expediente 1183/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Monica Ivette Davila Martinez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Mónica Ivette Dávila Martínez, con tres copias y un anexo que acompaña, contra el acto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que estima violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 8 de la Constitución General de la República; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el progresivo 1183/2021-VII y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, examinada la demanda de amparo promovida, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Además, precisa que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, del estudio integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de acordar la promoción de la aquí quejosa, presentada el trece de octubre del año en curso, dentro del juicio laboral 90/2021/P.P.S.; sin embargo, éste no constituye un acto de imposible reparación dictado en el proceso que afecte materialmente derechos sustantivos, pues únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal. Es así, porque del contenido de la demanda de amparo no se advierte la existencia de una abierta dilación dentro del procedimiento de origen, o su paralización total. Por tanto, se desecha de plano la demanda de que se trata al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a ALEJANDRO FRANCO MEDINA y LIZBETH DANIELA MELÉNDEZ LÓPEZ, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que señala, por así solicitarlo. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Mónica Ivette Dávila Martínez, con tres copias y un anexo que acompaña, contra el acto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que estima violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 8 de la Constitución General de la República; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el progresivo 1183/2021-VII y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, examinada la demanda de amparo promovida, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Además, precisa que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, del estudio integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de acordar la promoción de la aquí quejosa, presentada el trece de octubre del año en curso, dentro del juicio laboral 90/2021/P.P.S.; sin embargo, éste no constituye un acto de imposible reparación dictado en el proceso que afecte materialmente derechos sustantivos, pues únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal. Es así, porque del contenido de la demanda de amparo no se advierte la existencia de una abierta dilación dentro del procedimiento de origen, o su paralización total. Por tanto, se desecha de plano la demanda de que se trata al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a ALEJANDRO FRANCO MEDINA y LIZBETH DANIELA MELÉNDEZ LÓPEZ, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que señala, por así solicitarlo. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados
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